¿El registrador empeñado?: Vega y su roscograma
(26/05/2022)
Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.
Alexander Vega arrastra serios cuestionamientos por el abanico de irregularidades en las pasadas elecciones legislativas y un conflictivo pasado familiar: su papá Campo Elías Vega Goyeneche fue condenado por compra de votos en 2013, como reveló Diana Salinas en Cuestión Pública el pasado 21 de marzo. También enfrenta una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por su vertiginoso e intrépido ascenso que lo coronó registrador en 2019.
Pero volvamos al presente que lo ubica como garante de la primera y segunda vuelta presidencial, pese al descrédito que lo envuelve. Encontramos 4 altos funcionarios de su administración vinculados familiar o laboralmente a cuestionados políticos y 8 más que, como el propio Vega, arrastran escándalos o han rebotado de una de las ‘ías’ a otra.
El reinado de los García Bustos
Miguel Santiago García Bustos es el secretario privado de Vega y uno de los alfiles menos conocidos del clan García de Cundinamarca. Su hermano Nicolás García Bustos, actual gobernador de Cundinamarca, se ha robado todo el protagonismo. Su nombre ha figurado en presuntas operaciones de volteo de tierras en ese departamento junto al del exalcalde de Mosquera, Álvaro Rincón, para quien también trabajó, como señaló Daniel Coronell en agosto de 2019.
En el ejercicio político, el hermano del funcionario, el gobernador Nicolás García se ubica del lado de los partidos tradicionales que avalaron su candidatura en Cundinamarca y detrás de su exjefe Jorge Emilio Rey Ángel, un cuestionado cacique político y exgobernador de Cundinamarca también denunciado por volteo de tierras.
La política atraviesa hasta su esfera familiar. En 2018, el actual gobernador contrajo matrimonio con Angie Natalia Tavera, sobrina del fallecido narcotraficante Ernesto Tavera y prima del exgobernador de Santander, Didier Tavera Amado.
Miguel y Nicolás son hijos de Miguel Guillermo García Polanco, un próspero empresario de la papa y uno de los más ricos del sector agrario, como contó el columnista Yohir Akerman.
También son hermanos de Juanita María García Bustos, quien según la página de la Función Pública pasó de ser la directora de Talento Humano de Productos Agrícolas Agua Clara, un local de su papá, a ser contratista del Estado: primero del Ministerio de Trabajo —entró en abril de 2020—, y casi en paralelo en el Ministerio de Justicia —ingresó en junio de 2020—, que en aquel año aún presidía Margarita Cabello.
Esta no es la única presunta cuota política en la Registraduría de Vega, cuya carrera política comenzó precisamente en Cundinamarca como personero de Chía en 2004 cuando apenas se había graduado de abogado y no tenía mayores credenciales a las de tener buenas amistades.
Bien conectados
De su mano derecha pasamos a Marcelo Mejía Giraldo, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación. Mejía es hijo de Jairo Antonio Mejía Álvarez, exalcalde de Manizales y excandidato a esa misma alcaldía en 2007 por Cambio Radical. También es cercano al líder de este partido, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según La Patria de Manizales.
Antes de aterrizar en la Registraduría, en enero de 2020, Mejía Giraldo figuraba como contralor delegado para el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la administración de Carlos Felipe Córdoba. Su relación viene de la Federación de Departamentos donde Mejía lo reemplazó como director encargado, posterior a su salida en agosto de 2018 debido a su elección como contralor general.
Antes de llegar a la Contraloría, según La Patria, Mejía fue el director administrativo y financiero de la Registraduría, cargo que hoy ocupa Sabrina Cajiao Cabrera. La FM reveló en enero de 2020 que la funcionaria es hermana del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá, Alfonso Cajiao Cabrera.
Cajiao llegó a esta posición con el apoyo del Centro Democrático, los conservadores y La U, según reportó la prensa en su momento. Como magistrado, le correspondió por reparto una querella interpuesta contra la vicefiscal general Martha Mancera y otros funcionarios, por «presunta corrupción y complicidad con magistrados para proteger a sus amigos, Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto», fiscales investigados por presuntamente favorecer a narcos en Cali y por falso testimonio.
Antes de la Registraduría, Sabrina Cajiao trabajó en la Secretaría Distrital de Hábitat de finales de 2017 a finales de 2019, en la administración de Enrique Peñalosa, según la página de la Función Pública.
Otro caso llamativo es el de Roberto Carlos Cadavid, director del Censo Electoral de la Registraduría. En 2015, Cadavid fue asesor de Ana Paola Agudelo, representante a la Cámara por el Partido Mira. Para junio 2019 repitió como asesor de Agudelo, esta vez en el Senado, de acuerdo con registros de ambas Cámaras.
Así como Mejía y Cadavid, otros funcionarios del organigrama de la Registraduría son viejos conocidos que saltan de una entidad a otra.
- Benjamín Ortiz Torres es secretario general de la Registraduría. Entre 2002 y 2017, según la página de la Función Pública, trabajó en el Consejo Nacional Electoral donde llegó como magistrado Alexander Vega Rocha, su hoy jefe, en 2014.
- Javier Felipe Sánchez Iregui es el jefe de la oficina de comunicaciones y prensa de la Registraduría. En 2014 suscribió un contrato de alrededor de $17 millones en la administración de Alejandro Ordóñez como representante de la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A. para prestar sus servicios de apoyo técnico en la realización de las subastas inversas electrónicas en la Procuraduría.
- Aura Helena Peñas Felizzola es coordinadora del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE). Previamente, trabajó desde 2014 como directora de la Especialización en investigación y juicio oral de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia, adscrita a la Fiscalía General, durante la administración de Nestor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, según su perfil de LinkedIn. También fue asesora de la fiscal general Viviane Morales entre 2011 y 2012.
- José Fernando Flórez es director de la Oficina de Planeación de la Registraduría. Según su hoja de vida consignada en la página de la Función Pública, se ha alternado entre la docencia y su paso por varias entidades como la Fiscalía General en la administración de Barbosa (2018-2019) y la Alcaldía de Bogotá (2016) en la administración de Peñalosa.
- Alejandro Alberto Campo es gerente de informática de la Registraduría. Este ingeniero de sistemas ingresó a la Registraduría en 2020. Según Diario Criterio, se vio envuelto en irregularidades electorales recientemente. Campo, según la página de la Función Pública, fue gerente de operaciones de Indra Col. Ltda (2016-2017), empresa española que provee el software contratado por la Registraduría para el escrutinio electoral que aún no ha sido usado. El diario denunció que ya en la Registraduría, Campo seguía atendiendo cotizaciones de sus antiguos empleadores.
- Esta no sería la única irregularidad. El pasado febrero, Jhon Jairo Hernández, coordinador de Talento Humano de la Registraduría, se vio envuelto en un escándalo denunciado por Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, por exigir conexiones políticas y dinero a funcionarios para renovar sus contratos.
“Después de los dos años largos que lleva Alexander Vega en la Registraduría, uno puede decir sin temor a equivocarse que todo lo que rodea al registrador está ambientado por una nube de oscuridad», dijo Enciso en RCN Radio el 13 de mayo de 2022.
El nubarrón de los roscogramas se ha tomado las ‘ías’ desde hace décadas y no parece que sea algo que vaya a cambiar en el corto plazo. En el caso de Vega en la Registraduría como en el de Margarita Cabello en la Procuraduría, pareciera que las ‘ías’ están empeñadas a las conexiones políticas de quien las encabeza.
