La placa embodegada: Ejército sigue sin pedir perdón a la familia de Katherine Soto

(14/09/2022)

El 13 de agosto de 2020, el Tribunal Superior de Cali le dio 5 días al Ejército Nacional para instalar una placa conmemorativa y reconocer en acto público su responsabilidad por el asesinato de Katherine Soto Ospina. Sin embargo, dos años después, la placa reposa en el Batallón Pichincha y Julieta Ospina, madre de la joven, sigue esperando que el Ejército le pida perdón.

***

El Ejército Nacional sigue sin pedir perdón después de que uniformados asesinaron a Katherine Soto Ospina, el 3 de agosto de 2007. Era estudiante de ciencias naturales de la Universidad del Valle y ejercía como profesora de química en un colegio de la ciudad de Cali. Le apasionaban la naturaleza y los animales, por eso, el primero de agosto de ese año partió con su novio Rolando Quintero al corregimiento de San Cipriano, reconocido por la belleza de su reserva natural.

Tenían programado volver a Cali dos días después, pero ella no regresó con vida. La madrugada del 3 de agosto se levantaron temprano y calcularon erróneamente que eran las 5 de la mañana. Pensaron que el amanecer los iba a alcanzar saliendo de San Cipriano y se fueron a pie, porque a ella el transporte local no le parecía seguro. 

La luz era tenue y la visibilidad escasa. Cuando estaban atravesando el puente ubicado sobre el río Dagua, un grupo de militares confundieron sus figuras con las de dos guerrilleros que, se decía, vigilaban el puente. El comandante del pelotón, Brian Ránces Palacios Romaña, dio la orden de abrir fuego sin mediar palabra y las ráfagas de los disparos rompieron el silencio. Rolando cayó al río, herido en la pierna derecha y Katherine fue fulminada por los proyectiles que impactaron en su cuerpo.

Katherine Soto Ospina tenía 21 años cuando fue asesinada la madrugada del 3 de agosto de 2007. Fuente: archivo.

Los miembros del Ejército se dieron cuenta tarde de que no eran subversivos, sino que eran dos jóvenes con mochilas de viaje que no iban armados y no parecían pertenecer a ningún grupo insurgente. Debido a que Rolando cayó al río Dagua y no recibió impactos letales, sobrevivió y su testimonio fue vital para determinar la responsabilidad de los militares. 

Desde entonces su madre Julieta sigue luchando para que el Ejército acepte de manera pública la responsabilidad en el asesinato de su hija. Sin embargo, según dice, en estos 15 años el caso sigue “en completa impunidad”, porque los supuestos responsables están en libertad y la institución aún no le ha pedido perdón como lo ordenó la justicia.

Entre el incumplimiento y el exilio

El 24 de enero de 2019, el Consejo de Estado declaró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Katherine Soto. Ordenó que, en el término de 6 meses, dichas instituciones realizaran un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a través del cual le ofrecieran disculpas públicas a la familia Soto Ospina. 

Además, solicitó: “la instalación de una placa en un lugar visible de la ciudad de Santiago de Cali, previo acuerdo con la familia y las autoridades locales, que permita recordar y conmemorar los hechos ocurridos”. Según narró Julieta Ospina a este medio, aunque el calendario siguió corriendo, no hubo avances en el proceso.

“Yo esperé [el cumplimiento del fallo] y nada, no pasaba nada desde el 2019, entonces yo le dije a la abogada metamos una tutela porque tienen que cumplir”. Fue por esto que la abogada Libia Ruiz Orjuela la asesoró hasta que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali emitió un fallo de tutela de segunda instancia. En este decidió a favor de la familia Soto Ospina el 13 de agosto de 2020. En su decisión, el tribunal le ordenó al Ejército Nacional, en el término de 5 días, la instalación de la placa y la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad sobre la muerte de Katherine, tal y como había ordenado antes el Consejo de Estado.

Ella estaba dichosa porque pensó que ahora no habría impedimentos. No obstante, según narró la señora Ospina en diálogo con este medio, para obtener la instalación de la placa de su hija y para que se realice el acto de perdón han sobrado las trabas.

La primera dificultad fue pactar la apariencia y el contenido de la placa. Según cuenta Julieta: “Ellos [el Ejército] querían una plaquita ordinaria, de esas blanquitas, de esas de cementerio. Entonces yo dije que no, que tenía que ser negra con letras doradas. Yo hice ese diseño y ahí se complicaron. Decían que había que esperar presupuesto porque eso valía como un millón de pesos. No querían decir ‘perdón’ sino que había sido una equivocación (…) Entonces ahí fue esa pelea con ellos [el Ejército]. Fue complicado para que hicieran esa placa y colocar lo que yo decía (…)”, dice.  

Julieta asegura que recibió la placa a través de una foto de WhatsApp, enviada por el Ejército, transcurrido un año del fallo del tribunal. Estaba contenta. “Yo sentí como que por fin podía limpiar el nombre de mi hija con esa placa. Cuando vi el ‘perdón’, aunque no había justicia, sentí que ya con eso no iban a seguir pensando que era guerrillera. Pero no se pudo, pusieron muchas trabas”. Es por esto, según dice, que la placa aún reposa en el Batallón Pichincha de Cali.

El segundo impedimento que le surgió a Julieta fue el lugar de la instalación de la placa. Ella asegura que eligió la entrada peatonal de la Univalle por la Avenida Pasoancho, dado que Katherine era una estudiante muy querida en la universidad y ya le habían hecho homenajes antes en el plantel. Según dice, cuando supo del fallo del Consejo de Estado, habló con el rector Edgar Varela Barrios y con el vicerrector.

La instalación de la placa requería la construcción de un túmulo y, según su relato, en ese momento el rector se ofreció a mandarlo a construir en la entrada peatonal. De hecho fue con ella al Ejército para exponer la propuesta, por lo que el acuerdo quedó verbalmente pactado a inicios de 2021. Pero nuevamente pasaron los meses y no ocurrió nada. 

Posterior a eso, fue citada a una reunión en la universidad, con un ingeniero, un arquitecto, el rector y miembros del batallón para mostrarle otras posibles opciones de ubicación final para la placa. De acuerdo con su relato, a Julieta le dijeron que fuera sola y la llevaron a un sitio al interior de la Univalle distinto al elegido por ella: “Querían colocarla dentro de la universidad (…) como al lado de un lago toda escondida. Por ahí no pasaba casi nadie. Les dije: es que la placa tiene que ser pública”. 

El argumento de la universidad y el Ejército para negar la instalación en la entrada peatonal era, según dice, que los estudiantes rompían las piedras cuando había protestas y seguro la iban a dañar. Al ver su malestar le propusieron otro espacio en una entrada vehicular que a ella le disgustó todavía más porque no era un espacio muy transitado. 

Como Julieta Ospina insistió que ya había pactado con el rector que la placa estuviera en la entrada peatonal, el personal del centro educativo y funcionarios del Ejército se retiraron, hablaron en privado con la abogada Libia Ruiz. Al regresar, ella le dijo a Julieta:  “Si no es donde dicen los de la universidad, no se puede, busque otro sitio. Así me dijo mi abogada. Entonces me quedé otra vez sin nada”, dice.

Después de eso, la señora Ospina asegura que intentó hablar varias veces con el rector, pero él no volvió a atenderla. Sobre esto, David Galeano, miembro del consejo estudiantil de la Univalle, cuenta que en un consejo académico al que asistió el rector Edgar Varela Barrios, el 23 de junio de 2022, lo increpó por las demoras con la placa. El rector, junto a otros administrativos del plantel, le dijeron que a ella se le presentaron 5 sitios y que no estuvo de acuerdo y que como no hubo consenso no se había instalado. 

La tercera piedra en el camino, dice Julieta, fueron las condiciones para la disculpa pública que debía llevar a cabo el Ejército Nacional: “Cuando ya estaba la placa me dijeron eso [el Ejército], que si se hacía el evento de perdón eso era semiprivado. Nada de periodistas, que nada de invitar a nadie. Yo dije, ¿Cómo así, si ella tenía familia? Tenía muchos amigos en la universidad, era muy conocida. (…) Yo dije: no, que pena, yo llevo la gente porque eso es un perdón público”. 

Pero las trabas en el proceso no estuvieron solo del lado de las fuerzas militares. En la Univalle el rector le dijo a David Galeano que el Ejército debía ingresar su esquema de seguridad a la  universidad y él no estaba de acuerdo. Así lo relató el representante de los estudiantes:

“El rector mencionó que no iba a permitir ingresar a la fuerza pública. Lo cual es absurdo, porque recordemos que un año antes le dio paso a la Policía, al Esmad y al GOES para entrar [previo al inicio del Paro Nacional]. Entonces, por esa razón, según la administración [de la Univalle] no se ha podido y hasta el momento la placa está guardada”.

Nos pusimos en contacto con el brigadier general John Jairo Rojas Gómez, comandante de la Tercera División. También con otra funcionaria del Ejército (que prefirió no ser mencionada), quien nos remitió con el sargento Mauricio Gómez, de comunicaciones estratégicas. Le solicitamos información sobre las razones del aplazamiento de la instalación de la placa y su versión sobre el testimonio de la señora Julieta Ospina. No recibimos respuesta. Tampoco se refirió sobre el asunto el rector de la Universidad del Valle. El área de comunicaciones del plantel aseguró que como los funcionarios estaban en vacaciones, no se garantizaba la realización de la entrevista. Esta, finalmente, no se programó. 

Entre tanto, Julieta Ospina aguarda en el exilio que se limpie por fin el nombre de su hija Katherine Soto. Según dice Paola, su segunda hija, tuvo que sacarla del país hace diez meses por los hostigamientos que las dos vivieron desde el 2007. En el extranjero, la madre repite como una proclama sagrada la sentencia del Consejo de Estado a todo el que le pregunta qué pasó con la placa de su hija y libera algunas lágrimas producto de la frustración. David Galeano asegura que, apenas la universidad retome actividades académicas, seguirá acompañando la lucha de Julieta, a quien el Estado no deja de revictimizar desde hace 15 años.