¿Ladrón que roba ladrón? Al parecer, Abelardo De La Espriella se chupó la plata de otra clienta

No fue solo David Murcia Guzmán. Mónica Mazzilli Rossi, salpicada en el millonario fraude de DMG, señaló al hoy candidato presidencial de haber incumplido en su defensa tras haberle pagado 300 mil dólares en honorarios para representarla en un proceso penal.

El escándalo estalló en la segunda mitad de 2008. Alrededor de 70 mil millones de pesos de la Fiduciaria del Banco de Bogotá que manejaba el dinero de los pensionados de Ecopetrol habían sido desviados por Mazzilli. La Fiscalía la investigaba por el delito de estafa agravada, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Para defenderse, ella y su esposo Jaime Durán, también investigado en el caso, contrataron los servicios de Abelardo De La Espriella.

El abogado fue hasta Milán, al norte de Italia, lugar donde había viajado Mazzili desde que se destapó el fraude, con el propósito de apostillar el poder de representación en el consulado de esa ciudad. Allí, de acuerdo con la queja interpuesta, habría recibido 300 mil dólares de honorarios. Sin embargo, el monto pactado en el contrato por sus servicios, que fue aportado como prueba en el proceso, fue por 250 mil dólares.

El primer hecho que expuso la denunciante fue que, ante los temores de una eventual captura, De La Espriella le aconsejó volver a Colombia para atender el proceso penal en persona. Le aseguró “que él estaría pendiente de ella, que no era cierto que existiera en su contra orden de captura alguna, pero el día en que la misma llegó a Bogotá, el 23 de abril de 2009, fue capturada por la INTERPOL sin que su defensor se hiciera presente para ejercer activamente su defensa”, de acuerdo con el expediente. 

Mazzili fue trasladada al complejo judicial de Paloquemao para hacer la legalización de captura e imputación de cargos. De acuerdo con lo manifestado en la queja, durante el curso de la audiencia preliminar, De La Espriella, quien ya era su abogado, no se opuso a la medida de aseguramiento.  

La explicación fue “que hablaría con su amigo Mario Iguarán (entonces fiscal general de la Nación), que no pasaría más de 20 días en la cárcel (…)”, pero que para eso “tocaba darle aproximadamente $1.000’000.000 de regalo al doctor Mario Iguarán para que aceptara sacarla pronto de la cárcel”, de acuerdo con un documento judicial del caso al que tuvo acceso Cuestión Pública.

Aunque le designó el caso a su socio Carlos Sánchez, quien trabaja en su bufete De La Espriella Lawyers, Mazzilli señaló en la queja judicial que el hoy candidato presidencial le exigió 1.700 millones de pesos por honorarios. El dinero fue pagado, una parte en efectivo y la otra a través de bienes inmuebles.

La sorpresa llegó el 2 de junio de 2009, cuando, durante una de las audiencias del caso,  Abelardo de la Espriella se presentó también como representante de la Fiduciaria del Banco de Bogotá, que se había declarado víctima en el proceso por desfalco, según señaló Mazzilli.  

Si no puedes con la justicia… ¿Intenta sobornarla?

Casi un año después, a mediados de 2009, los vientos corrían a favor de Abelardo y la Fiduciaria y en contra de Mónica Mazzili. Miguel Antonio Gómez Torres, el operador financiero de la Fiduciaria Bogotá, a través del cual ella orquestó el desfalco, estaba a punto de ser condenado. 

Bajo ese escenario, De La Espriella habría pedido que le girara 250 millones de pesos más: 100 millones para supuestamente subsanar impuestos derivados del contrato de prestación que habían firmado y 150 millones restantes “para entregar a unos funcionarios y agilizar la salida de la cárcel y se fuera para su casa pronto, so pena, de que todo se complicara”. 

Ante el temor de una condena mayor, Mazzili le entregó una camioneta Jeep Grand Cherokee y otro inmueble para que el abogado sacara de allí el dinero.

Días después, De La Espriella le habría dicho que lo mejor era que se allanara a los cargos, que a lo sumo le darían ocho años de cárcel porque “los amigos de la Fiscalía”, incluyendo al fiscal general Mario Iguarán, “le habían quedado mal, y por ende, no podía sacarla de la cárcel”.

Según la queja a la que tuvo acceso Cuestión Pública mediante derecho de petición, el hoy candidato presidencial se comprometió a devolverle gradualmente el dinero recibido para los presuntos sobornos y le aseguró que la representaría hasta el final del proceso penal. 

Pero eso, al parecer, no ocurrió. De La Espriella no se presentó a la audiencia siguiente. En su lugar, mandó a su socio Carlos Sánchez, quien ejerció, según la denunciante, una defensa tan precaria que el despacho judicial le recomendó cambiar de defensor. Incluso le ofreció uno de oficio, si así lo deseaba. Mónica Mazzili Rossi decidió cesar los servicios de De La Espriella y su firma en octubre de 2009. Agregó que, aunque los abogados le ofrecieron un preacuerdo con la Fiscalía, este resultó inocuo, pues debía devolver el 50 % del dinero que había defraudado, es decir, 35 mil millones de pesos. 

El 4 de mayo de 2011, Mazzilli fue condenada a 14 años de cárcel y se le impuso una reparación integral de casi $67.500 millones por haber desfalcado en 70 mil millones a la Fiduciaria de Bogotá, que administraba una parte del fondo de pensiones de Ecopetrol. El dinero era representado en títulos de portafolio administrados por Fidubogotá y custodiados por el Banco de la República y fue desviado a través de las empresas Latina de Aviación y GIA international Colombia, que ambos gerenciaban. 

El 18 de noviembre de 2016 fue puesta en libertad condicional. 

¿Ladrón que roba a ladrón, le fallan a favor?

La queja interdisciplinaria por estos hechos fue presentada por Mazzili el 14 de marzo de 2016 ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial a través del abogado Arcadio Martínez Pumarejo, contendor de De La Espriella en otros procesos judiciales. 

Le correspondió al magistrado Richard Navarro May, a quien ya hemos investigado periodísticamente en Cuestión Pública, como expareja de la fiscal Magda Antury Meneses.  La funcionaria a la que el entonces fiscal general Francisco Barbosa le reasignó la investigación en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. Sin embargo, el proceso fue archivado en favor de Abelardo De La Espriella y su socio Carlos Sánchez.

El magistrado argumentó que, según la Ley 1123 de 2007, la acción prescribía a los 5 años, como era el caso, pues los hechos habían terminado el 2 de octubre de 2009, cuando Mazzilli había finalizado la representación con De La Espriella y la queja se había presentado siete años después. 

Por ello, el 21 de abril de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, terminó y archivó el proceso. 

Aunque la defensa apeló señalando que, al no haberse devuelto los dineros, el tiempo de prescripción no debía correr, el Consejo Superior de la Judicatura, ratificó la decisión de la sala y señaló que dichos dineros correspondían a pagos por honorarios y sumas entregadas “para eventuales actuares antiéticos como lo era la realización de cohechos”, lo cual no frena la prescripción disciplinaria.

Por los bienes y el dinero entregado a De La Espriella bajo presuntos engaños, la Fiscalía investigaba esos hechos, según dejó constancia el abogado Martínez en la queja disciplinaria. Consultado por Cuestión Pública, el defensor dijo que se instauró la denuncia penal y “se adelanta en la Fiscalía Seccional Bogotá”. 

Una raya más que le sale al Tigre 

En el expediente quedó registrada la declaración juramentada de Mónica Giovanna Mazzilli Rossi, en la que declaró sentirse “defraudada y engañada” por la mala representación de Abelardo De La Espriella. El caso parece calcado al que denunció David Murcia Guzmán, condenado por el millonario desfalco financiero de DMG, el pasado 11 de febrero al Reporte Coronell. 

Murcia Guzmán, acusó al candidato presidencial de haberlo perjudicado y abandonado en el proceso para facilitar su captura en Panamá por esta pirámide, presuntamente favoreciendo intereses del gobierno de Álvaro Uribe y la Fiscalía de Mario Iguarán. Además, agregó que, como Mazzili, también lo robó y le pidió dineros para presuntos sobornos. 

El cerebro de DMG dijo que le pagó 5.000 millones de pesos en honorarios que, según él, se esfumaron, y que De La Espriella también le pidió 760 millones de pesos para presuntamente sobornar congresistas para que votaran en contra de un proyecto de ley que buscaba regular el dinero en efectivo y que perjudicaría a DMG.

“Fue un abogado que me defendió mal, abusó de mi confianza y se quedó con el dinero”, señaló David Murcia Guzmán. 

Pero la representación de De La Espriella no es lo único que une a Mónica Mazzili y a David Murcia, cerebro del millonario desfalco de DMG de 2008 y quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, pagando una sentencia de 30 años por captación ilegal y lavado de activos, tras ser condenado en Estados Unidos.

“Fue un abogado que me defendió mal, abusó de mi confianza y se quedó con el dinero”: David Murcia

Investigaciones de la DEA revelaron que Murcía sacó al menos 2.2 millones de dólares hacia ese país a través de una cuenta de la sociedad panameña Blackstone International Development Inc. en el banco neoyorquino Merrill Lynch. A través de esta compañía se lavó dinero del narcotráfico.

De acuerdo con el medio Panamá América, esta empresa era representada por las firmas Rosas & Rosas y Overseas Management Company (OMANCO), para Murcia. El 7 de diciembre de 2005, tres años antes de que estallara el desfalco a la Fiduciaria de Bogotá, la compañía Ultra Mega, representada por Sandra Vásquez, renunció a su participación en Blackstone. A su turno, entró como secretaria Mónica Giovanna Mazzilli Rossi, de acuerdo con el expediente mercantil de la empresa.

Marcela Lombardo, entonces vicepresidenta de OMANCO, señaló que en el 2005, el “cliente” colombiano, es decir, Murcia, pidió reemplazar a Ultra Mega Development como directiva de Blackstone para introducir a Mónica Mazzilli Rossi, la presunta víctima de De la Espriella. 

Cuestión Pública contactó a De La Espriella y al exfiscal Mario Iguarán para conocer su versión sobre los hechos, también al abogado Arcado Martínez y a Mazzilli para conversar sobre el caso y hablar con ella. De llegar sus respuestas, serán adjuntadas.