De la masacre ocurrida el primero de marzo en el Putumayo, lo primero que se conoció fue una fotografía difundida en redes sociales, en la que se ven los cuerpos de tres adolescentes extendidos sobre el piso, vestidos con prendas militares y ensangrentados. Todos con las botas pantaneras puestas, recostados al lado de un machete.

Uno de los muertos viste la camiseta de la selección Colombia. A su lado yace una joven de 14 años y uno de 13, que juntos parecen estar dormidos, con un brazo detrás de la cabeza y otro en el torso. En esta historia el joven se llamará Estefan Velandia, para protegerlo a él aunque ya esté muerto y a sus familiares de posibles represalias.

Pero, en realidad, es la historia de un chico de 13 años enamoradizo, reclutado por un grupo armado y abatido por otro al mes de haberse enrolado; también es el relato de un padre que tuvo que exhumar de la selva el cadáver de su hijo y transportarlo por medio país, en plena pandemia por el COVID-19, para poder enterrarlo cerca de su familia.

Entre el 18 y el 19 de junio de 2020, su muerte se volvió el centro de un debate entre el senador Roy Barreras y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa. Mientras el congresista Barreras cuestionó en Twitter la falta de información pública sobre el crimen, el minDefensa Trujillo respondió en un comunicado que el asesinato de los jóvenes menores de edad fue producto de «un enfrentamiento» entre guerrilleros disidentes de las FARC.

Pero, en realidad, es la historia de un chico de 13 años enamoradizo, reclutado por un grupo armado y abatido por otro al mes de haberse enrolado; también es el relato de un padre que tuvo que exhumar de la selva el cadáver de su hijo y transportarlo por medio país, en plena pandemia por el COVID-19, para poder enterrarlo cerca de su familia.

A la guerra por amor 

Los combatientes del Frente Carolina Ramírez, que dicen ser las verdaderas FARC y que no se desmovilizaron tras los Acuerdos de Paz, vinieron por Estefan Velandia a finales de enero 2020, mientras su padre, Marcos, trabajaba en una vereda cercana llamada Nueva Paya, en el Putumayo.

Estefan ayudaba a un vecino a fabricar cajones de madera, a limpiar y bolear machete en el selvático municipio de Puerto Leguízamo cuando conoció a una muchacha que pertenecía a ese grupo. “No sé si era ya que lo tenía endulzado (pero) andaban para arriba y pa’ abajo, porque estaban enamorados parece”, cuenta Marcos, con el hablado seco y rápido de los campesinos de la región. 

Cuando finalmente logró contactarlo su padre, al cabo de una semana de haber sido reclutado, Estefan simplemente le respondió que ya no había marcha atrás. “Como siga con eso lo matan a usted y me matan a mí”, fue lo único que alcanzó a decir el joven. Esa fue la última vez que hablaron.

Lo siguiente que supo Marcos fue que el primero de marzo unos guerrilleros disidentes del Frente 48, que se hacen llamar Sinaloas porque alguna vez tuvieron un líder aficionado a la música mexicana, anunciaron en el pueblo que habían abatido cinco enemigos del Frente Carolina Ramírez, con el que se disputan el control de la región. Y que los familiares podían ir a recoger los cadáveres.

“Como siga con eso lo matan a usted y me matan a mí”, fue lo único que alcanzó a decir el joven. Esa fue la última vez que hablaron.

De acuerdo con lo que informó la Defensoría del Pueblo en respuesta a un cuestionario de Cuestión Pública, la muerte de Estefan y los otros dos menores fue producto de un “atentado” contra la barca en que se movilizaban, más que de un «enfrentamiento» entre el «Grupo Armado Organizado residual Estructura Primera (GAOR) y la Estructura 48», como  señaló el ministerio de Defensa en el comunicado.

“La embarcación venía con seis personas, pero los muertos fueron los menores por la falta de experiencia. Los otros eran adultos y fueron los que se lograron poner a salvo”, contó bajo anonimato una fuente local a Cuestión Pública.

 Una región en disputa 

En la época en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban alzadas en armas, el Putumayo era uno de sus bastiones en donde operaba, entre otras, la columna móvil Teófilo Forero. Con la firma del acuerdo de paz en 2016 que desarmó a unos 7.000 guerrilleros, la calma pareció instalarse por un tiempo en la región.

Según alertas de la Defensoría del Pueblo e informes de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el Frente Carolina Ramírez y el frente 48 – en alianza con remanentes de paramilitares- se disputan las 24.972,91 hectáreas de coca sembradas en la región en 2019, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Una cantidad que se mantuvo estable desde 2016, cuando sumaban 25.162,41 hectáreas, pero con una mayor productividad.

El frente Carolina Ramírez y el frente 48 – en alianza con remanentes de paramilitares- se disputan las 24.972,91 hectáreas de coca sembradas en la región en 2019 según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Para el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, la consolidación y expansión de estructuras armadas ilegales “en zonas que antes fueron manejadas por las FARC EP” en el Putumayo, sumada a la falta de oportunidades para los menores, “potencia al máximo el riesgo de reclutamiento que, como lo suponemos por hechos como el del 1 de marzo, se ha recrudecido”.

Desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta julio de 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha verificado 600 casos de reclutamiento de menores para combatir en Colombia.

Exhumar a su hijo en pandemia

Mortificado, Marcos Velandia se resolvió finalmente a ir a buscar el cadáver de su hijo, pero este ya había sido recogido por el frente Carolina Ramírez y enterrado en la selva. Diez días después, tras pedir inútilmente ayuda de las autoridades y bajo su propio riesgo, el hombre se aventuró con otras personas en la espesa selva para rescatar el cuerpo de su hijo Estefan.

“Entonces (…) a mí me tocó desenterrarlo (…) A los tres que estaban allá. Eso fue el 11 de marzo”, recuerda con un ligero quiebre en la voz. Para ese momento ya se habían detectado nueve casos del nuevo coronavirus en Colombia y eran conocidos los estragos que había provocado la enfermedad en Asia y Europa.

De la exhumación quedó tan solo una foto de autoría desconocida, donde se ven dos personas cubiertas con máscaras, tapabocas y delantales blancos, cavando con palas la tierra húmeda para rescatar los cuerpos de sus hijos reclutados y asesinados por las disidencias.

El segundo entierro

Días después del incidente, el periodista Germán Arenas, corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en el Putumayo, documentó la llegada de los restos de Estefan Velandia al casco urbano de Puerto Leguízamo. 

Arenas fotografió al padre de Estefan amarrando en aguas lodosas la barca donde transportaba los restos de su hijo, contenidos en bolsas de plástico blancas que dibujaban el pequeño cuerpo. 

También capturó imágenes de cuando las subió a un camión de mudanzas, al tiempo que abrazaba a Relámpago, la mascota del joven.“El perro lloraba por la muerte de su pequeño amo”, recuerda con tristeza el periodista Arenas.

Ante los rumores de un posible confinamiento para frenar la enfermedad que ha dejado a la fecha más de 2.300 muertos en Colombia, Marcos emprendió una carrera contrarreloj para llevar los restos de su hijo a Bogotá, en plena emergencia sanitaria. Luego viajó a Villavicencio donde los enterró por segunda vez cerca de donde vive su madre. Fuera de la Defensoría y la junta comunal, las autoridades brillaron por su ausencia en todo el proceso. “Fue muy duro”, admite el campesino.

Pero allí no acabaron sus penas. Por querer rescatar el cuerpo de su hijo y su memoria, Marcos Velandia tuvo que exiliarse del Putumayo por amenazas y vive ahora oculto, temeroso y sin poder volver a su hogar por falta de garantías de seguridad. Las circunstancias lo condenaron a la tristeza y al exilio. “Por eso estoy por acá”, explica sin precisar dónde, “y mantengo encerrado porque da miedo hasta salir”. 

Los y las menores de edad son considerados como víctimas y su reclutamiento es siempre una grave violación del Derecho Internacional Humanitario que deben prevenir los Estados y evitar los actores armados, de acuerdo con lo que evidencia el documento llamado Protección jurídica de los y las menores de edad en los conflictos armados del Comité Internacional de la Cruz Roja, que lista los protocolos relativos a su cuidado en el conflicto.