Los rastros de ejecuciones extrajudiciales que borraría obra de ficha Gnecco en cementerio de El Copey

(18/07/2022)

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han comparecido 12 miembros del batallón La Popa, responsables de ejecuciones extrajudiciales al norte del Cesar. El Copey es uno de los municipios que aloja los restos de las víctimas. Allí, la construcción de un nuevo camposanto, prohibida por la JEP, torpedeó durante casi dos años la exhumación e identificación de las víctimas. En el contrato impulsado por el alcalde del municipio y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, participa un aliado de esta casa que, además, fue parte del partido Alas Equipo Colombia, cuestionado por parapolítica.

Cementerio alterno de El Copey con las bóvedas ya construidas por la alcaldía.
Junio de 2022. Fuente: archivo.

El 17 de junio de 2020 el alcalde de El Copey, Francisco Meza, firmó un convenio interadministrativo para la construcción del Parque Cementerio de El Copey con la Gobernación del Cesar, encabezada por Luis Alberto Monsalvo Gnecco. El cuestionado político tiene una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que fue imputado por la Fiscalía en junio de 2022. 

La necesidad del nuevo camposanto radica en que el antiguo cementerio colapsó a mediados de 2020 debido a la pandemia, por falta de capacidad para enterrar a quienes fallecían, no solo en el municipio, sino en las veredas aledañas.

Por eso, la nueva construcción se planteó en un lote de 5 hectáreas, conocido como “cementerio alterno”, ubicado en la calle 7 con carrera 33, donde ya se habían realizado exhumaciones en el marco del conflicto armado. Como en Dabeiba, Antioquia, en El Copey  también se sabía de la presencia de restos óseos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón de Artillería N° 2 La Popa, y desapariciones forzadas, realizadas por grupos paramilitares y otras organizaciones armadas del Cesar.   

Aún con ese precedente, a mediados de julio de 2020, el alcalde Francisco Meza ordenó construir nuevas sepulturas en el lote para ubicar a los muertos por COVID-19. En medio de esa diligencia, un ciudadano informó a través de un video, que se habían encontrado restos humanos y que, probablemente, podría tratarse de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Ante estos hechos, el 29 de julio de 2020, la Comisión Colombiana de Juristas elevó una solicitud de medidas cautelares provisionales ante la JEP para proteger los restos de manera urgente. La petición fue atendida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, la cual le ordenó al alcalde de El Copey, un día después, “la SUSPENSIÓN INMEDIATA de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno de El Copey”, según reza un documento de la entidad.

Ese mismo día, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) declaró su interés sobre esa propiedad para la búsqueda. Como la articulación de ambas entidades pretendía detener toda obra en el “cementerio alterno”, la Alcaldía municipal realizó el desenglobe del predio en tres lotes, y continuó la intervención en el denominado Lote 1, a pesar de que las restricciones interpuestas por la JEP comprendían las 5 hectáreas del predio, es decir, su totalidad y no solo una fracción. 

De acuerdo con Sebastían Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, el alcalde continuó con las obras alegando que la división del lote había sido autorizada con anterioridad, a través de una acción popular, cuya resolución se aprobó en marzo de 2020. Esto puso en riesgo la identificación de las personas sepultadas allí, dado que eliminó marcaciones y se construyeron, sobre posibles nichos de restos de personas no identificadas, dos hileras de bóvedas nuevas. 

A pesar de los hallazgos de algunos restos humanos en el predio, el 10 de noviembre de 2020 la autoridad municipal envió un correo a la JEP, asegurando que allí no existía “evidencia de la presencia de cuerpos relacionados con la medida de protección ordenada”. Tampoco paró la intervención hasta que la JEP ratificó las medidas cautelares sobre el cementerio en mayo de 2022.

Distribución actual del lote, ubicado en la carrera 7 con calle 33 del barrio el Carmen en El Copy, Cesar. En amarillo, las dos hileras de bóvedas ya construidas por la Alcaldía en el Lote 1.

El contratista y su conexión con los Gnecco


El 29 de septiembre de 2020, Francisco Meza, alcalde de El Copey, firmó el Contrato de Obra Pública N.251 para la “construcción del Parque Cementerio El Copey”. Quien se encargaría de ejecutarlo, por $2.184 millones, sería el Consorcio Bóvedas, a pesar de que sobre el terreno reposaba ya la medida cautelar provisional.

Dicho consorcio está compuesto por las empresas Algor S.A.S., cuya participación es del 10%, INMCOL S.A.S., que tiene el 25%, y Hernando Fidel Guerra Maldonado, el cual ostenta la porción más grande, el 65%, y es, además, un aliado de la casa Gnecco que ya había contratado con entidades del Cesar, cuando Luis Alberto Monsalvo fue gobernador por primera vez (2012-2015). 

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, registra que, entre 2012 y 2015, Hernando Fidel Guerra fue representante legal de 5 consorcios y una unión temporal que celebró 6 contratos. El objetivo: realizar obras públicas con la Gobernación del Cesar y las alcaldías municipales de la Jagua de Ibirico y El Paso. Estos procesos suman $25.336 millones.

Guerra Maldonado no solo está conectado con Monsalvo Gnecco. También con Jose Alfredo Gnecco Zuleta, senador del Partido de la U, a quién Guerra apoyó en su campaña en la Jagua de Ibirico, para las elecciones legislativas del Congreso de este 2022. Los Gnecco pertenecen a una de las casas políticas que dominan el Cesar. Algunos de sus integrantes como Lucas Gnecco, padre de José Alfredo, y Jorge Gnecco Cerchar, su tío, tienen pasados cuestionables. El primero fue gobernador del Cesar dos veces (1995 y 1998) y condenado por corrupción en tres ocasiones. Al segundo se le atribuye la conformación de una Convivir, llamada Sociedad Guaymaral Ltda, junto a Salvatore Mancuso, que fortaleció el paramilitarismo en el departamento, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Cartagena. 

Como los Gnecco, Hernando Guerra también ha escrito su propio capítulo en la política. En 2007 fue candidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico por el Movimiento Alas Equipo Colombia. Álvaro Araújo Castro, cabeza del partido, fue condenado a 9 años de prisión por haberse aliado con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por ‘Jorge 40’, en el sur del Cesar.

Si bien a Guerra no se le atribuye ninguna vinculación con grupos de autodefensas, su cercanía a aristas del poder que sí han estado vinculadas con los paramilitares en el Cesar, produce desconfianza en los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que tienen a sus muertos en El Copey, según comentaron en conversaciones con la reportera de Cuestión Pública. 

Ellos interpretan la insistencia del alcalde Francisco Meza de intervenir el cementerio, como una manera de enterrar el proceso de exhumación de sus seres queridos. 

Lo que la tierra no pudo borrar

Desde hace 14 años, Doris Tejada, Linda Bilbao y los hermanos Camilo y Alicia Leal buscan por todos los medios a sus familiares asesinados en 2008 por el Batallón de Artillería N° 2 La Popa, ubicado en Valledupar. Sus restos reposan, según informes de la Fiscalía General de la Nación, en el cementerio alterno de El Copey. 

“A Germán, Octavio y Óscar los asesinó el Ejército colombiano (…) De acuerdo a los informes militares, (su deceso) se dio aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche de ese 16 de enero (de 2008). Esos homicidios hoy se pueden llamar ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falso positivo”, nos contó Sebastián Bojacá, abogado de derechos humanos de la Comisión Colombiana de Juristas.

Germán Leal Pérez tenía 37 años cuando su hermana Alicia lo vio por última vez el 15 de enero de 2008:

“Dijo que se iba a ir a trabajar con tres personas en una finca en Valledupar, entre ellos un amigo de la infancia”, recuerda ella. Como quién lo invitó a tomar ese trabajo era un amigo de la infancia, él aceptó sin chistar y se fue a Valledupar sin documentos.

A las 6:30 a.m. del 16 de enero de 2008, Alicia habló por última vez con su hermano. Él le dijo que había llegado al Terminal de Valledupar y que allí iban a recogerlo. No le dio muchos detalles, pero le prometió que iba a llamarla luego. Pasaron las horas, los días, las semanas y Germán nunca volvió. 

En la misma incertidumbre quedaron los familiares de Octavio Bilbao, quien también vivía en Cúcuta y tenía pocos días de haber prestado servicio en la Armada. En ese entonces, él estaba buscando trabajo y la invitación de un conocido, el mismo amigo de Germán Leal, lo llevó a encaminarse hacia Valledupar. Lo mismo sucedió con Óscar Alexander Morales Tejada, de 26 años, el hijo de Doris Tejada, quien se encontraba en Cúcuta vendiendo mercancía y planeaba regresar a la casa materna en Fusagasugá, después del puente de reyes.

La noche del 16 de enero de 2008, Doris soñó con Óscar y lo vio tendido boca arriba, con el cuerpo cubierto de sangre, dispuesto sobre la maleza de un campo abierto. Despertó de golpe y sintió que algo se había desprendido de sus entrañas. Según dice, era él quién se estaba yendo, porque la fecha y la hora coinciden con los archivos militares que dan cuenta de su deceso.

Solo hasta el 2011, Linda Bilbao y Doris Tejada fueron informadas de que los restos de Óscar, Germán y Octavio reposaban en El Copey y que habían sido asesinados por el Ejército porque, según la versión de las FFMM, los tres hacían parte de un grupo armado ilegal.

Tras unirse al colectivo de Madres de Falsos Positivos, en 2014, Doris llegó por primera vez a El Copey en una peregrinación de familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Allí, con la señal del arcoíris en el cielo copeyano, vio materializado el escenario de la pesadilla que tuvo en 2008, cuando vislumbró con sus propios ojos, el potrero en que su hijo exhalaba el último aliento. Se entregó al llanto, pero se prometió encontrarlo y hallar también a sus compañeros. La esperanza unió a las 3 familias en El Copey a comienzos de junio de 2022, desde donde le exigieron a la Fiscalía y al Estado celeridad en el proceso.

Para Doris, Linda y los hermanos Leal, el proceso de búsqueda de los tres muchachos ha sido denigrante por la ausencia de acciones contundentes por parte de la Fiscalía, y los intentos del alcalde de El Copey y sus contratistas por intervenir el predio.  

La Unidad de Búsqueda inició un plan de rastreo a inicios de junio de este año y ya se han desenterrado restos óseos en el Lote 1, los cuales serán cotejados con pruebas de ADN para verificar si alguno corresponde a Germán, Óscar u Octavio. Dichos avances pueden derivar, de una vez y para siempre, en el fin de una búsqueda que mantiene en vilo a las tres familias desde hace 14 años, y a los seres queridos de las aproximadamente 60 víctimas de desapariciones forzadas en El Copey

“Cuando llegué vi que toda la Unidad estaba trabajando y me pareció muy duro estar en el mismo lugar donde se encuentra mi hermano y no saber dónde está enterrado, porque es como buscar una aguja en un pajar. Anteriormente, había árboles y palos, pero como el alcalde ordenó construir, quitó todas las señales que el sepulturero había indicado. Entonces ahora toca sacar todo lo que hay allá y cotejar todo con el ADN”, afirma Linda Bilbao, quién viajó por primera vez a El Copey este año, para conocer los avances de la Unidad de Búsqueda.

Linda Bilbao en el cementerio alterno. Foto: archivo personal.

La intervención de la Unidad de Búsqueda iba hasta el pasado 25 de junio, fecha en que se tiene programado el fin de la revisión en la zona priorizada del Lote 1. La jefatura de prensa de la UBPD confirmó que el perímetro evaluado: «corresponde a un polígono de más de 8.000 m2», y que están trabajando en la intervención de una segunda zona. 

En adelante, quien debe asumir la investigación es el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, cuyo plan de trabajo debe incluir “las zonas priorizadas del Lote 3 respecto de las que no habrá intervención de la UBPD”. Así lo estipula la JEP en el auto 167 del 10 de mayo de 2022

En el mismo auto, la JEP le hizo un llamado de atención al alcalde Meza y le ordenó la adopción de medidas de seguridad y vigilancia para el predio, con el fin de evitar cualquier afectación que pueda amenazar la posibilidad de recuperar cuerpos de personas desaparecidas. 

Nos pusimos en contacto con el alcalde de El Copey para preguntarle sobre la forma en que ha manejado la medida cautelar impuesta por la JEP, pero, aunque se programaron 3 posibles encuentros, Francisco Meza no confirmó su asistencia a ninguno y no respondió la preguntas enviadas a su número personal. 

A pesar de los años de lucha, las familias de Óscar, Germán, Octavio, y otras posibles víctimas del conflicto armado en el Cesar, esperan que entre los cuerpos exhumados por la UBPD estén los de sus familiares, cuyos huesos no pudo borrar la tierra.