En su testimonio, el exsubdirector de Gestión del Riesgo, aportó pruebas del presunto desvió de un multimillonario contrato de mitigación de inundaciones en Sahagún, Córdoba, para favorecer al congresista del Partido de la U. 

Fuertemente escoltado, con chaleco, escudo y casco antibalas, Pinilla compareció este 25 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia. El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó evidencias de la presunta intervención del senador en la adjudicación irregular de un contrato valorado en más de 22.090 millones de pesos en Sahagún.

Pinilla relató que fue instruido por Olmedo López, exdirector de la entidad, para agilizar, bajo la categoría de “trámite urgente”, un proyecto de mitigación de inundaciones. Se trataba de unas obras de canalización en el casco urbano de dicho municipio. El exfuncionario de la UNGRD señaló que el senador Chagüi le facilitó directamente el contacto del secretario de Infraestructura de Sahagún, Jorge González, para gestionar el contrato. 

Además, presentó ante la magistrada Cristina Lombana chats de WhatsApp que demostrarían coordinación de viajes, reuniones y ajustes técnicos del proyecto entre él, Chagüi y Yacir Ramírez, asesor de la subdirección que lideraba Pinilla en la Unidad. Este testimonio se enmarca en un proceso judicial más extenso, en el que Pinilla habría obtenido un principio de oportunidad ante la Fiscalía General a cambio de colaborar con la justicia.

La diligencia pone nuevamente en el foco público a Julio Elías Chagüi, quien se habría visto favorecido por el direccionamiento de contratos por parte del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, según Olmedo López, durante el trámite de la reforma a la Salud en el Congreso en 2023. 

Cuestión Pública encontró que un consorcio representado por Juan Carlos Amador, amigo de Chagüi, suscribió un contrato de la UNGRD para proteger la ribera del río Arauca. Esto ocurrió el seis de noviembre de ese año. El proceso, que estaba trabado por las dificultades que tenía el consorcio para cumplir uno de los requisitos, se destrabó el 4 de diciembre de ese año cuando López envió una carta a la Fiduprevisora pidiendo cambiar los requisitos. 

Sin embargo, esta última entidad le confirmó a Cuestión Pública que en mayo de 2025 aún no había pagos al contratista.