(28/05/2020)
A Juan Mario, enclaustrado en casa por el coronavirus, no le han llegado ayudas oficiales en medio de la pandemia. En su hogar todos contrajeron la enfermedad: mamá, papá, esposa y hermana. Solo sus dos hijos se salvaron. La calamidad los dejó a todos sin empleo —salvo a su hermana, contadora—, por eso ahora viven de la caridad de vecinos y amigos.
Desesperado, advierte: “Ya nosotros estamos viendo si salir con la protección (…) porque si no nos vamos a morir de hambre aquí”. Aunque pide reservar su nombre por miedo a ser estigmatizado, precisa que vive en el barrio Ciudadela Metropolitana, de estrato uno, en el municipio de Soledad, el segundo más grande del Atlántico. Allí en la entrega de las ayudas “se volaron sectores”, dice: las ayudas no llegaron en algunas zonas.
Su caso no es único. Según tres líderes sociales de Soledad consultados por Cuestión Pública, en al menos diez barrios de estratos uno y dos de ese municipio no han llegado mercados para paliar la pandemia. A pesar de que el confinamiento nacional inició el 24 de marzo. Lo mismo ocurre en varias zonas del municipio de Malambo. Por otro lado, varios pobladores de ambos municipios que sí han recibido mercados se quejaron de haber recibido alimentos vencidos desde el año pasado e incluso re-etiquetados burdamente para esconder la caducidad, según reportaron el periódico El Tiempo y Semana.
Alertados los entes de control Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, tomaron cartas en el asunto y anunciaron, el 24 de abril, investigaciones contra las administraciones de ambos municipios que apuntaron a dos contratos firmados el 26 de marzo con la fundación El Lirio de los Valles. Una entidad sin ánimo de lucro encargada de entregar 80 mil kits alimentarios a familias vulnerables de Malambo por $4.000 millones y 60 mil kits por $2.100 millones en Soledad.
Cuestión Pública obtuvo los informes presupuestales que la fundación entregó a las alcaldías de Malambo y Soledad, en los que vienen los precios estimados por cada producto de los kits. Según estos documentos, El Lirio de los Valles cotizó y cobró a la alcaldía los montos recomendados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Sin embargo, al escudriñar las facturas de lo que realmente pagó la fundación El Lirio de los Valles por los mercados, Cuestión Pública estableció que habría obtenido casi un tercio de ganancias netas sobre los productos revisados. Lo cual resulta extraño porque es una fundación sin ánimo de lucro. En algunos casos recabados, como en el café, el sobrecosto para la administración fue de 143%. En el caso del atún fue de 55,24% y 32,7% en la leche.
Para realizar el cálculo, este medio comparó el precio real pagado por cada producto, disponible en las facturas obtenidas, y lo comparó con el informe presupuestal entregado por la fundación a las alcaldías de Malambo y Soledad. Luego, descontó los costos indirectos de logística, impuestos y otros, declarados por El Lirio de los Valles.
Se revisaron 14 facturas por un total de $526.050.368,8 de los mercados que se repartieron en Malambo. Según el informe presupuestal entregado por esa fundación a la alcaldía, ésta cobró por esos mismos productos $718.622.878,24. Es decir, una diferencia nada despreciable de $192.572.309,64, dinero con el que se habría quedado El Lirio de los Valles.
En otras palabras: la fundación Lirio de los Valles cobró a la alcaldía de Malambo al menos 36,3% más de lo que pagó por los productos de mercado que repartió, al menos en lo que se observa en las facturas en poder de Cuestión Pública. Según estos datos y los cálculos realizados, se podría concluir que esta fundación se llevó un beneficio neto de cerca de 26% en los productos analizados. Ese porcentaje es un beneficio libre de gastos de impuestos, logística y otros, estimados en 13,48% del total del contrato, según indicado en el informe oficial. La investigación realizada por la Contraloría parece ir en la misma línea, en la medida en que, según el análisis obtenido por Cuestión Pública, detectó un daño fiscal al patrimonio del Estado equivalente a cerca de una cuarta parte del total del contrato de Malambo.
En Soledad, por otro lado, Cuestión Pública accedió a 7 facturas por un total de $193.742.445. De acuerdo con el informe presupuestal, esos productos, uno por factura, fueron cobrados a la alcaldía en $291.894.340. Lo que significa que la fundación se llevó en estos $98.151.895. Allí, la fundación sin ánimo de lucro cobró por su labor el 33,62% del precio de las facturas analizadas. Luego se restó del contrato un 11,87% de gastos de impuestos, logística y otros. En este caso los gastos indirectos no fueron desglosados uno por uno, como fue el caso en el informe presupuestal de Malambo, por lo que se dedujo que corresponden al precio total del contrato, menos el precio neto de los alimentos. Con esos recursos se habrían podido comprar 3.851 mercados suplementarios para Malambo y 2.804 en Soledad.
La fundación Lirio de los Valles cobró a la alcaldía de Malambo al menos 36,3% más de lo que pagó por los productos de mercado que repartió, al menos en lo que se observa en las facturas en poder de Cuestión Pública.
Cabe precisar que Cuestión Pública accedió a una muestra representativa de facturas no a la totalidad de las mismas. No tomó en cuenta tampoco las de productos como Frutiño o arepas que no venían planeadas en los informes presupuestales y suman $42.172.940. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) no aparecen registradas las facturas.
En entrevista con Cuestión Pública, la representante legal de la fundación, Marla María Macía, dijo que, contrario a lo que se expone en este artículo, la fundación se llevó “aproximadamente un 3% de la utilidad del ejercicio”. Según ella, la diferencia podría deberse a que se entregaron las facturas en dos ocasiones. En la primera “no estaba la totalidad de la facturación entregada”. Además de que pudieron tener nuevos gastos indirectos no previstos en un inicio. “Esa diferencia se debe (…) a los otros gastos incurridos para nosotros prestar el servicio”.
Como Cuestión Pública descontó en sus cálculos los gastos indirectos de ejecución presentados en el informe presupuestal, la fundación Lirio de los Valles tendría que precisar cuáles fueron los nuevos gastos y las nuevas facturas que justifican la diferencia de casi 27% entre las dos estimaciones.
La señora Marla María Macía también aclaró que los productos compartidos en ambos kits fueron comprados en conjunto a diferentes productores para que estos no fueran acusados de monopolio. También que los productos vencidos entregados a la población y denunciados por El Tiempo y Semana corresponden a un “operador de otro programa distrital”. Mientras que el atún, presuntamente en mal estado, cumplía con los requisitos sanitarios. “No entregamos nada diferente a lo plasmado en la ficha técnica”, dijo.
Las alcaldías de Soledad y Malambo no respondieron a las solicitudes de entrevista de Cuestión Pública, a pesar de que se los buscó en reiteradas ocasiones por teléfono y whatsapp. El jueves 21 de mayo, el procurador general Fernando Carrillo, informó en rueda de prensa que el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve, fue suspendido por tres meses por presuntas irregularidades en el contrato de entrega de mercados. La fiscalía anunció una imputación en su contra así como de Marla Macías. Sobre el caso del municipio de Soledad no se realizaron anuncios.
“si no, lo que están contratando es un revendedor, y allí es donde se genera el sobrecosto”. Lo que adquirieron en este caso, según la fuente, fue “un mercado pobre cuando el Estado está pagando por comida de calidad”.
Según el abogado Guillermo Cáez Gómez, especializado en resolución de controversias, en contratación pública el margen de ganancia “no es objeto de acuerdo entre los contratantes”. Antes de contratar, las administraciones públicas deben tener un estudio de mercado del valor de los bienes que vaya a adquirir que les permita delimitar su compra en cantidad y precios. Por lo que el margen de ganancia del contratista “es indiferente a la entidad, siempre y cuando haya sido bien planeada su contratación y los precios sean de mercados”.
Sin embargo, una alta fuente judicial que indaga el caso aseguró a Cuestión Pública que las administraciones tienen la obligación de asegurarse de cuáles son los mejores precios a los que se pueden adquirir alimentos de buena calidad, “si no, lo que están contratando es un revendedor, y allí es donde se genera el sobrecosto”. Lo que adquirieron en este caso, según la fuente, fue “un mercado pobre cuando el Estado está pagando por comida de calidad”.
Malambo tiene una pobreza que alcanza al 30% de los 139.566 habitantes, según el DANE (41.869). En Soledad hay 123.028 personas en esa situación según el departamento de estadísticas: 18,5% de los 665.021 habitantes.
¿Qué se sabe de la fundación?
Según consta en la base de datos del SECOP, la fundación El Lirio de los Valles, cuyo representante legal es Marla María Macía Beleño ha obtenido nueve contratos por $21.461.287.445 con la alcaldía de Barranquilla entre 2014 y 2020. Siete bajo la modalidad de contratación directa, dirigidos principalmente a fortalecer hogares comunitarios y al desarrollo y la atención de la primera infancia vulnerable.
Uno de esos contratos, celebrado por Yolanda Ruiz Pinzón y finalizado por Rossmery Maldonado Fontalvo, llama particularmente la atención. El 22 de diciembre de 2014, una unión temporal dirigida por la Fundación el Lirio de los Valles obtuvo un contrato de $625.587.816 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para atender menores de cinco años en el municipio de Sabanagrande, Atlántico.
Según se observa en el documento, la unión temporal fue elegida a pesar de no ser la primera en orden de elegibilidad entre los participantes en la convocatoria, con 60 puntos, por detrás de varias otras uniones que obtuvieron 100. Las dos funcionarias firmantes fueron imputadas por la fiscalía el 5 de enero de 2016 por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales dos años después, por un presunto desfalco al ICBF en los contratos 331 y 346 de 2014.
De acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación el Lirio de los Valles que apunta a “propender el bien común” y no tiene como objeto distribuir alimentos tenía en febrero de 2020 un patrimonio de $4.557.847.723. Según el periódico El Heraldo, la sede operativa de la fundación es una casa-bodega en desuso y la administrativa corresponde a una dirección inexistente. Marla Macías María Macía Beleño fue anteriormente representante legal de la fundación Amira de la Rosa, también con contratos con gobiernos locales, según el SECOP. Algunos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, según la cuenta de Twitter de la fundación.
El 13 de abril, la alcaldía de Soledad firmó un otrosí para modificar el contrato con la Fundación El Lirio de los Valles, reduciendo el valor de los kits a $33.425, alegando que el 4,5% de impuestos departamentales sería utilizado para adquirir 2.827 mercados suplementarios. El 17 de abril, la administración firmó un nuevo contrato, nuevamente por $2.100.000.000 para 62.827 kits que no se llevó a cabo porque la fundación no encontró una aseguradora que acepte cubrir el contrato. Los otros fueron ejecutados en su totalidad y pagados, según indicó Marla Beleño.
Otrosí Oficial Alcaldía Soledad (Text)
En medio de estos vaivenes judiciales y en plena pandemia, una decena de habitantes de barrios deprimidos de Soledad manifestó el 11 de mayo con tapabocas y pancartas dirigidas al alcalde Rodolfo Ucrós que rezaban: “te apoyamos, ahora cúmplenos, tenemos hambre”. En paralelo a los avances sobre posibles abusos en Malambo y Soledad, la Procuraduría abrió una investigación a la gobernación de Atlántico también por la contratación de mercados para familias vulnerables en medio de la pandemia. Ya estamos escarbando.
- Lo primero que se debe hacer es dividir el monto del contrato de interés por la cantidad de productos pactados.
En el caso de Malambo, que servirá de ejemplo, fueron 80.000 kits alimentarios por $4.000.000.000.
4.000.000.000/80.000= 50.000.
- Luego se deben restar a los kits los costos indirectos. Normalmente deben venir en el informe presupuestal. De lo contrario, se puede solicitar a los entes de control un aproximado. O se puede deducir un promedio a partir de contratos similares.
En el caso de Malambo, estos costos explicitados en el informe presupuestal fueron de: 5,9% de impuestos ($2.950) + 3,38% en logística ($1.691) + 3,20% en fletes ($1.598) + 0,51% de póliza de garantía ($256) + 0,24% en bolsas ($120) + 0,15% en sticker ($74) + 0,1% en arriendo ($50) = 13,48%, ($6.739).
50.000-6.379=43.261. Ese es el valor neto de los alimentos.
- En un tercer momento se puede calcular el precio promedio recomendado de los alimentos presentes en el informe presupuestal y/o en los kits entregados, según el boletín semanal del DANE llamado SIPSA y disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-semanal-1
En el caso de Malambo, tomamos los precios de referencia de los mercados mayoristas de Barranquillita y Granabastos —siempre el más bajo—, ambos en la capital del Atlántico, para la semana del 14 al 20 de marzo, según lo indicado en el informe presupuestal.
Haciendo el cálculo, de haber comprado esa semana en esos mercados los productos requeridos, al precio recomendado, cada kit habría sido de$41.727,3.
La diferencia entre el pago total de la alcaldía y el costo real, de $1533,7 (50.000-41.727,3), multiplicado por la cantidad de kits comprados (80.000), habría dejado al intermedio una diferencia de $122.696.000, es decir una utilidad de aproximadamente 3,067%.
Este cálculo ofrece una primera estimación de lo precios que es recomendado que pague el contratista.
- Pero para realizar el cálculo de lo que realmente pagó el contratista, se deben conseguir un máximo de facturas. Como se trata de información pública, se puede solicitar al contratista, a la entidad contratante, o a los entes de control, directamente o por derecho de petición. Si no, se pueden buscar directamente con los proveedores.
- El cuarto momento consiste en restar el precio pagado por el contratista por cada uno de los productos, disponible en la factura, al que cotizó y cobró a la alcaldía, fuera de gastos indirectos.
Pondremos el ejemplo del atún. Según se observa en la factura, la Fundación El Lirio de los Valles compró en esta ocasión 7.200 unidades de atún Luhomar rallado en aceite, de 170 gramos. Cada unidad costó $1.592 + un IVA de 19%= 1.894,99. La factura fue de $13.643.940.
Según el informe presupuestal entregado a la alcaldía de Malambo, la misma fundación cobró $2.491 por una pieza de ese producto, una vez restados los 13,47%, de gastos indirectos que reportó oficialmente.
Es decir que sobre ese producto, se llevó una ganancia de $1.046,01, lo que representa un sobrecosto para la administración de alrededor de 55,20% (1.046,01/1.894,99).
En el cálculo se debe tener especial cuidado con el hecho de que algunos productos vienen en medidas diferentes, libras y kilogramos, por ejemplo, por lo que hay que hacer las conversiones exactas.
- Si se disponen de numerosas facturas, se pueden sumar para comparar la cifra obtenida con lo que cotizó y cobró a la alcaldía, disponible en el informe presupuestal. Si no tienen acceso al informe presupuestal, el portal web la Silla Vacía indicó en una investigación que en promedio estos gastos pueden rondar el 10%, tomando en cuenta un 8,3% promedio de estampillas y 1,1% de pago de pólizas y garantías. Como se observa en el caso de Malambo, esa cifra puede variar y hay que sumarle logística, almacenamiento, salarios, etc. El artículo completo está disponible acá: https://lasillavacia.com/plata-mas-48-contratos-mercados-se-habrian-alimentado-68-mil-familias-76388
- La comparación obtenida ofrecerá una tendencia de cuanto pudo ser el sobrecosto en los productos investigados.
En este caso, las 14 facturas analizadas por Cuestión Pública sumaron $526.050.368,8; mientras que por los mismos productos, la Fundación El Lirio de los Valles cotizó y cobró $718.622.878,24.
- A pesar de que la diferencia de valores no es suficiente para demostrar judicialmente el sobrecosto, ya que el contratista puede haber incurrido en otros gastos entre tiempo, o puede haber compensado esa alza con pagos mayores en otras facturas o con productos que no estaban previstos en un inicio, si es grande, puede ser suficiente para realizar una denuncia que motive la investigación de entes de control.
En este caso, Cuestión Pública revisó 17,96% de la facturación total (718.622.878,24/4.000.000.000).. Es decir, más de una quinta parte.
- Nota final: Cuando se habla de sobrecostos, normalmente se investiga el hecho de que con recursos públicos se hayan pagado productos por encima del valor del mercado.
Sin embargo, según explicó a Cuestión Pública una importante fuente judicial, cuando la diferencia entre lo que contrata una administración y lo que paga el proveedor es alta, también se habla de sobrecostos en la medida en que la administración pagó más de lo necesario y pudo haber recibido otros productos, o productos de una mejor calidad, por el mismo precio, enriqueciendo al contratista en detrimento del patrimonio público. De ser el caso, muestra, cuando menos, una mala planeación. Si la ganancia del contratista se hace en detrimento de la calidad del producto, también puede ser sancionado.
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