viernes, abril 19, 2024

AFP

Reforma de pensiones: el modelo de las AFP que fracasó en Latinoamérica

Luego de varios intentos por cambiar las fallas del sistema de pensiones basado principalmente en el modelo de capitalización individual de las AFP, Perú, Chile y Colombia debaten estos días las reformas de sus sistemas previsionales. El escenario es el mismo: altas comisiones que solo benefician a las AFP, inversiones en empresas cuestionadas, baja cobertura y pensiones que no cubren las necesidades básicas de sus afiliados. Un reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, en Perú y Chile, y Cuestión Pública, en Colombia.

El negocio de las pensiones: AFP invierten millones en empresas de sus mismos grupos...

En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.

Sabemos lo que hiciste con nuestro ahorro pensional – El pecado original de las...

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.