GEA

En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.

Cuestión Pública revela que 1 de cada 3 aportantes que registró el hoy aspirante a la Casa de Nariño en las elecciones regionales de 2015 fue nombrado en cargos públicos o celebró contratos durante su administración. Varios han sido cercanos al Gobierno de Iván Duque. Aunque no recibió contratos, también lo apoyó Protección S.A., la administradora del fondo de pensiones privado que ha invertido en la Ruta del Sol 3 e Interbolsa, como revelamos en Sabemos lo Que Hiciste con Nuestro Ahorro Pensional. Le aportó al hoy candidato presidencial $25 millones para aterrizar en la Alcaldía de Medellín en 2016.

Cuestión Pública creó una herramienta ciudadana para que 17.266.418 colombianos puedan conocer cómo se administra el dinero que les han descontado de sus pagos laborales y examinar los datos de 15 años de portafolio de inversión de los fondos privados de pensiones. Explora #ADóndeVaMiPensión.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.