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Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.

Se trata de una antigua edificación que debía ser acondicionada como una colonia agrícola de mínima seguridad; tendría que estar en funcionamiento desde diciembre de 2018, pero una auditoría de la Contraloría General arrojó posibles irregularidades en la compra del inmueble, así como en la ejecución de $2.353 millones en el proyecto.

El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreada a las 111.578 personas privadas de la libertad y tampoco están dentro de sus estadísticas. Las dos entidades encargadas de esta misión, el Inpec y la Uspec, responden con información que no es técnica.