Por: David González @Davo_gonzalez, Ingrid Ramírez @_iramir_ y Diana Salinas @DianaSalinasP

No se pueden ir del lugar donde están y tampoco pueden escapar. Son 111.578 personas que están obligadas a ser caldo de cultivo de contagios y fallecimiento por COVID-19 por estar privadas de la libertad: el sistema de salud no llega a los centros penitenciarios con las pruebas PCR de manera masiva para saber si son portadores o están contagiados por el virus. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, encargado de garantizar el servicio de los internos e internas, confirmó para esta investigación que hay un poco más de 2.067 contagiados y 6 fallecidos entre la población carcelaria en todo el país. 

En respuesta a una labor de acceso a la información iniciada el 3 de junio al Ministerio de Salud, luego a tres entidades más, finalmente contestaron a la alianza entre Cuestión Pública y Salud con Lupa que en medio de la pandemia se ha “observado una baja letalidad” del virus en las cárceles. 

La entidad que contestó es el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, del que hace parte la Fiduprevisora. Son estos los encargados de ejecutar los recursos de la salud, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“La mayoría de casos identificados como positivos que representan al 1.95% de todos los PPL [Población Privados de la Libertad] han sido reportados como asintomáticos, exigiendo a la fecha una baja demanda de hospitalización y [Unidad de Cuidados Intensivos] UCI, por lo cual la mayoría de la población ha sido atendida directamente en los establecimientos de reclusión con todas las medidas necesarias de aislamiento para los mayores de 60 años”, explicaron los del Consorcio en la respuesta.

La alianza periodística analizó los datos entregados y encontró que no habría cómo establecer la baja letalidad reportada por el Consorcio y tampoco hay una metodología epidemiológica que permita establecerlo. 

Esta es la información entregada:

Pruebas insuficientes para la población hacinada

Lo que sí muestran los datos del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL es que se han practicado pocas pruebas para detectar el COVID-19: 7.153 pruebas en un rango de 90 días. Esto significa que el 6.41% de los presos de Colombia ha sido testeado. De los 133 centros carcelarios incluidos en la información entregada por esta institución, se evidencia que sólo en 43 se han tomado pruebas. Es decir, hay cárceles en las que no se ha practicado ni una sola prueba, por lo tanto y hasta la fecha, no se puede determinar cuál es el porcentaje real de contagios en la población carcelaria del país.

Hay casos como el de Pitalito, en el departamento del Huila, en la que en una población de 1.216 reclusos se han practicado tan solo dos pruebas con un resultado de cero contagios. En la cárcel de Tunja, que se podría testear a todo el personal porque hay 193 personas,  se han practicado 14 pruebas. 

La cárcel de Cali, otro de los focos del contagio en cárceles, cuenta con 5.377 internos. Según la información entregada por el Consorcio, se practicaron 1.071 pruebas para detectar el contagio por COVID-19. De esas, 460 resultaron positivas. Los presos de Cali, a través de la organización Movimientos Cárceles al Desnudo, denunciaron que las autoridades dejaron de hacer pruebas cuando “se dieron cuenta que todas las pruebas que hacían salían positivas, (…)  muchas personas están enfermas y el gobierno no las va hacer para que no sea escándalo público”.

Otro recluso que habló en una rueda de prensa convocada por el Movimiento Nacional Carcelario, plataforma de derechos humanos, dijo a esta alianza periodística: “No hay atención médica, lo único que hacen es tomarte la temperatura y preguntan: ¿Cuándo has tenido tos? No más…” El recluso asegura que los médicos prefieren no tomarles las pruebas de diagnóstico. “No hacen el tamizaje porque puedes salir positivo. Eso es lo que dicen los médicos, esa es la irresponsabilidad hasta donde hemos llegado”, dijo. Tampoco hay cómo saber si hay un conteo diario de la evolución del virus en las cárceles porque la información no está visible ni es pública. 

Según Mauricio Iregui Tarquino, el gerente del Consorcio, la mayoría de los 2.067 contagiados de la población intramural está siendo atendida directamente en los establecimientos de reclusión. Pero las cifras presentadas en su respuesta parecen confirmar las quejas de los internos.

Villavicencio,  foco de la pandemia en los centros penitenciarios

Si bien el Consorcio explicó que estaban atendiendo a la población carcelaria, lo que no se entiende es ¿cómo?, porque la Contraloría General de la República en un informe de 537 páginas advirtió que ningún centro carcelario de Colombia tiene adecuaciones para atender urgencias. El informe abarca desde el 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 

La pandemia tras los barrotes está lejos de ser controlada por dos razones: no hay unidades de urgencia, según el informe de la Contraloría, en cambio hay más del 90% de hacinamiento en muchas cárceles del país. El aislamiento es imposible en una celda hacinada, como el resto de la prisión.  Hay cinco médicos para 1.638 reclusos, 814 de ellos contagiados con el virus, según cifras entregadas por el Consorcio. No obstante, algunos presos aseguraron a Cuestión Pública que nadie los está atendiendo y que los enfermos están en un sitio abandonado que era utilizado para la reclusión de las mujeres que se inunda cuando llueve.

Pero incluso lavarse las manos es una odisea. ‘Z’, un recluso de la cárcel de mediana seguridad, explicó: “El agua llega a las 4:00 de la mañana y se va a las 4:30, y llega a las 7 de la noche y se va a las 7:30. Es no más para bañarse porque no es agua potable”. Esa misma agua la recogen en baldes para lavar su ropa y las manos, según cuenta. 

La humedad de la ciudad, cuya temperatura oscila entre los 28 a 30 grados centígrados, agrava las condiciones en esta cárcel. Algunos presos presentan cólicos, diarreas y brotes en la piel que se confunden con los síntomas del COVID-19. 

“No han hecho ninguna segunda prueba, hay enfermos durmiendo debajo de las camas, en los baños, en patios inhabitables, no reciben insumos médicos, tapabocas y antibacteriales apenas, los médicos que van son decorativos, no hay servicio de salud”, denunció un recluso. Aseguró también que las redadas para decomisar los teléfonos y castigar a quienes hablen con el exterior son una constante, al menos desde que comenzó la pandemia. A pesar de todo, los presos denuncian en redes sociales lo que están viviendo intramuros.

Los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que también han resultado contagiados, han recurrido a remedios caseros para atender la emergencia y dan a los presos una mezcla de agua de panela con jengibre y limón como tratamiento contra el virus, como el caso de Z.

Adentro, los enfermos con síntomas propios del COVID-19 siguen surgiendo día tras día. “Anteayer [13 de junio] sacaron tres ahogados que no podían respirar, entre ellos un señor al que le dicen Tarifa y según el gobernador todo está bien. Pero acá no nos dan ni una aspirina”, denuncia Z.

La Contraloría ya había advertido la crisis de salud en los centros penitenciarios

Un informe de la Contraloría, que abarca auditorías y visitas a cárceles desde 2018 hasta el 30 de junio de 2019, advirtió que ningún centro carcelario tiene adecuaciones para atender urgencias médicas.

“El Modelo de Atención en Salud (….) reconoce que el SERVICIO DE URGENCIAS no puede ser habilitado en ninguno de los ERON [Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional] a cargo del INPEC [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario], ya que dicho servicio presupone la existencia de una dotación especial, equipamiento (sic) biomédico específico, de un equipo interdisciplinar entrenado y experto en el manejo de urgencias, servicios complementarios que brindan apoyo a la misma, como por ejemplo cirugía, entre otros requisitos”.

Por esta razón, consta en el informe, el Ministerio de Salud definió un modelo en el que la atención inicial de urgencias fuera una valoración del paciente, “emisión de un diagnóstico presuntivo o de impresión, estabilización del paciente (o si lo determina el profesional de manera intramural) y la decisión de remitir o no a un centro asistencial que cuente con el servicio de URGENCIAS, para lo pertinente”. 

Pero el resultado de las inspecciones de la Contraloría arrojan que ni siquiera hay suficiente personal de salud en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON). Por ejemplo, el informe señala que la cárcel de Bellavista, en Medellín, no tiene sitios para atención de pacientes graves y deben ser atendidos en las celdas de castigo.

En la cárcel de Puerto Triunfo, en Antioquia, el área de observación de pacientes estaba ocupada por tres reclusos que dormían en el suelo y no contaban ni siquiera con servicio de agua. En situación similar están las cárceles de Puerto Berrío, Palmira, Tuluá y  Riohacha, de acuerdo con el informe de la Contraloría. 

Además, al revisar el número de médicos que atienden la pandemia en cada centro carcelario, de acuerdo con la información entregada por el Consorcio a Cuestión Pública, es posible pensar que persisten los mismos problemas señalados por la Contraloría en tiempos en los que no había pandemia por COVID-19.

Las finanzas de la salud en las cárceles

Al menos 600 mil millones de pesos ha administrado el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, desde el 2015 hasta el 2019, según las notas de los informes financieros de 2019 consultados por Cuestión Pública en la página web de la Fiduprevisora. Los dineros provienen del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, que funciona bajo la supervisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y está conformado por la Fiduprevisora y por Fiduagraria S.A. 

El informe de la Contraloría también señaló que las inconsistencias en la prestación del servicio de salud en los centros penitenciarios se debe a “deficiencias de gestión y seguimiento a los contratos suscritos por la USPEC para la atención en salud de la PPL, con el riesgo de agravarse la salud de dicha población y de que se interpongan tutelas contra la entidad”.

De hecho, a finales de 2019, el Fondo Nacional de Salud ya contaba con ocho procesos administrativos de Reparación Directa, en el que las demandas suman 7 mil millones de pesos por la inoportuna prestación de servicios en salud en las cárceles, según consta en el mismo informe financiero del Consorcio.

Un detalle más. El Consorcio de la Fiduprevisora responde a la Superintendencia Financiera. Parece estar desligada de las entidades responsables de salud en el país y celebra contratos por miles de millones de pesos sin que la Contraloría logre entrar de fondo a revisarlos porque el ente investigativo fiscal no obtiene toda la información requerida al solicitarlos, así también lo dejó consignado en el informe.

Respuesta tardía 

A tres meses del inicio de la emergencia sanitaria en el país, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL emitió, el 8 de junio, una circular para cotizar los servicios de una consultoría que determine las necesidades del manejo de la pandemia en las cárceles, “(…) caracterización epidemiológica de los casos identificados a la fecha; caracterización del estados de salud de la PPL objeto de intervención; identificación de los recursos de personal (profesionales sanitarios), infraestructura (red de prestación de servicios de salud) y administrativos disponibles para prevención y atención de casos de COVID-19 en PPL”. 

Cinco días antes, el 3 de junio de 2020, la Corte Constitucional había emitido un auto en el que exige medidas en el tratamiento de la crisis del COVID-19 en las cárceles. Para la Corte las entidades penitenciarias son responsables de la velocidad de propagación del virus y la falta de atención. 

En su solicitud de información de medidas implementadas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 el tribunal concluye: “las entidades requeridas no hicieron mención alguna a los resultados obtenidos con la aplicación de medidas concretas de protección”.

La Corte también mencionó que las entidades no respondieron satisfactoriamente como se habían preparado para la identificación temprana de pacientes sintomáticos, la realización de pruebas de laboratorio a reclusos y funcionarios con síntomas respiratorios, la modificación de protocolos en la atención en salud. Y que tampoco reforzaron o hicieron ajustes en “la prestación de servicios públicos, suministro de alimentos y programas de resocialización”. 

Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).