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Solo a quienes se les practicó una prueba molecular están incluidos en el conteo de fallecidos del Ministerio de Salud. Pero estas cifras aún no arrojaban diferencias significativas ni posibles subregistros hasta que, el pasado 6 de agosto, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) liberó la información de defunciones por enfermedades del periodo marzo-julio de 2020 y ahí saltó la anomalía.

El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreada a las 111.578 personas privadas de la libertad y tampoco están dentro de sus estadísticas. Las dos entidades encargadas de esta misión, el Inpec y la Uspec, responden con información que no es técnica.

Si nos remitimos a los historiadores e investigadores más consagrados a la imparcialidad de los hechos en Colombia, (debería ser la norma, no la excepción) podemos indicar que cada vez que las fuerzas políticas dominantes alzan su voz con mensajes violentos, las consecuencias directas son hechos de violencia ocasionando la muerte de miles de personas.

Uribia está entre los municipios más pobres de Colombia, y sin embargo eso no detiene a decenas de familias wayuu asentadas en Venezuela que migran a esta zona tras abandonar sus tierras en busca de alimento y trabajo; recursos ya escasos en esta región de La Guajira. Según el Instituto Nacional de Salud, 45 niños han muerto de hambre en lo que va del año. Solo la semana pasada murieron diez. Todos eran wayuu, informó El Heraldo.