Más de 3.500

muertes

sospechosas

de COVID-19

no se reportaron

en cinco meses
Solo a quienes se les practicó una prueba
molecular están incluidos en el conteo de
fallecidos del Ministerio de Salud. Pero
estas cifras aún no arrojaban diferencias
significativas ni posibles subregistros hasta
que, el pasado 6 de agosto, el Departamento
Nacional de Estadística (DANE) liberó la
información de defunciones por
enfermedades del periodo marzo-julio
de 2020 y ahí saltó la anomalía.

(11/08/2020)

Por: María Clara Calle e Iván Serrano

El COVID-19 ya deja miles de muertos que no aparecen en los sistemas de conteo del Ministerio de Salud. Así lo evidencian las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que muestran que, entre el 2 de marzo y el 19 de julio, se registraron 9.124 muertes asociadas al COVID-19. Esto equivaldría a un subregistro de 2.388 fallecidos que no reportó el Ministerio de Salud para esa fecha. 

Otro de los grandes hallazgos a raíz de las cifras reveladas por el DANE es que en el mismo periodo, marzo-julio de 2020, hay 3.506 muertes sospechosas de COVID-19, un dato que no se reportó en los primeros cuatro meses de la pandemia.

Los sospechosos que no cuentan

El Registro Único de Afiliados (RUAF) es el sistema electrónico que manejan los centros de salud, particularmente los médicos tratantes, para inscribir tanto los nacimientos como las muertes en Colombia, incluyendo los fallecimientos por COVID-19. Esta información va directamente al Ministerio de Salud, que es el único que administra este registro y se encarga de reportar cuántas muertes está dejando la pandemia en el país. 

Si bien los médicos deben registrar en el RUAF si la causa de la muerte fue COVID-19 o si fue un deceso considerado sospechoso por coronavirus, el Ministerio de Salud sólo difunde el número de casos confirmados. El Ministerio comparte esta información con el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad que está a la cabeza de la estrategia de contención del coronavirus.

Hasta ahora, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que registra cada trimestre los nacimientos y muertes en todo el país, ha sido la única entidad gubernamental que ha ofrecido datos que revelan el exceso de muertes que pueden estar relacionadas con el coronavirus.

El 6 de agosto presentó un informe sobre las defunciones en Colombia que reveló 9.124 muertes confirmadas por COVID-19 ocurridos entre el 2 de marzo y el 19 de julio de 2020. Esto representa un subregistro de 2.388 fallecidos por el virus que no fueron reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social que registró 6.736 muertes para el 19 de julio. Además, hay 3.506 muertes sospechosas de COVID-19 entre los meses de marzo a julio del 2020.

A pesar de esta diferencia, Julián Fernández, director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, aseguró en su cuenta de Twitter que las cifras que presentó el DANE en agosto no son comparables con las de julio del Ministerio porque “la mortalidad se actualiza de forma permanente”. Y es que esta cartera estudia las muertes que aparecen en el RUAF como sospechosas y que no tengan pruebas de laboratorio para determinar que el deceso fue por COVID-19. 

Hasta ahora, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que registra cada trimestre los nacimientos y muertes en todo el país, ha sido la única entidad gubernamental que ha ofrecido datos que revelan el exceso de muertes que pueden estar relacionadas con el coronavirus.

Fernández dice que en ese proceso se han hecho más de 2.000 autopsias verbales y que se han realizado diferentes análisis de nexo epidemiológico, lo que ha llevado a reclasificar diferentes muertes para confirmar que sí ocurrieron por el brote. En otras palabras, los decesos que se comprueban ocurrieron por COVID-19 pasan de la lista de sospechosos a confirmados, que es esta última la que publica el Ministerio. Sin embargo, el Ministerio no da números exactos sobre cuántas muertes pasaron de ser sospechosas a ser confirmadas.

En efecto, el boletín técnico del DANE coincide con el Ministerio en que el proceso de verificación de muertes sospechosas se hace a través de un cotejo estadístico y complementando la información epidemiológica con lo que se registra en las historias clínicas o con un interrogatorio a los familiares del fallecido.

El desfase en el registro de muertes 

Una de las grandes dificultades que hay en Colombia para conocer el número real de los muertos por COVID-19, tanto confirmados como sospechosos, son las demoras de los registros manuales y las fallas que ocurren durante el ingreso de datos en los certificados de defunción. 

Aunque los centros de salud deben reportar las muertes al RUAF de manera inmediata, en la práctica hay casos que demoran semanas. Por eso, las cifras oficiales que publica a diario el Ministerio de Salud con los detalles de las muertes y contagios evidencian que muchos decesos ocurrieron en días diferentes a la fecha en la que se reportaron públicamente.

A fines de julio, el Instituto Nacional de Salud comenzó a especificar cuántos de los fallecidos incluidos en las cifras diarias realmente murieron en días anteriores y allí se vio por primera vez el retraso en los registros: de las 302 muertes por COVID-19 que se reportaron públicamente el 9 de agosto, 289 correspondieron a días anteriores. 

“Cada reporte diario trae fallecidos de los últimos diez días, como es la dinámica normal en el reporte de fallecidos por todas las causas. Ocasionalmente, trae algunos pocos fallecidos de fechas anteriores a ese período”, aclara el Instituto Nacional de Salud en su página web. 

Imagen tomada de la página del INS

 

El DANE también advierte que su estadística “puede presentar una diferencia (en días) entre la fecha en que ocurre el hecho vital y la fecha en que es reportado en el sistema”. 

Además de existir un desfase en las fechas, hay incompatibilidades entre los mismos números oficiales. El 10 de junio el congresista Wilson Arias apuntó a que las cifras de muertos del Ministerio de Salud no cuadran con las del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), pues mientras el primero reportaba 822 fallecidos para el 28 de mayo, el segundo tenía 848.

El Sivigila es un documento electrónico adicional a la historia clínica del paciente que es manejado por las enfermeras. Este se utiliza para registrar ante el Instituto Nacional de Salud los datos de todos los pacientes que llegan con algún padecimiento que se considere de interés para la salud pública. El COVID-19 ahora está dentro de esa lista, lo que significa que si una persona contrae el virus o se sospecha que puede tenerlo, el centro de salud debe reportarlo en el Sivigila. Si ese paciente muere, los hospitales deben notificarlo en dicho documento electrónico. Para ello toman la información registrada en el RUAF, refiere Martha Ospina, directora del INS. 

A fines de julio, el Instituto Nacional de Salud comenzó a especificar cuántos de los fallecidos incluidos en las cifras diarias realmente murieron en días anteriores y allí se vio por primera vez el retraso en los registros: de las 302 muertes por COVID-19 que se reportaron públicamente el 9 de agosto, 289 correspondieron a días anteriores. 

En teoría, los números de fallecimientos por COVID-19 que están en ambos sistemas deberían coincidir, pues en esencia son los mismos. “Por eso, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud verifica si los muertos por COVID-19 que están en el RUAF ya fueron notificados a Sivigila. Si no lo han hecho, el Ministerio los hace notificar”, aclara la doctora Martha Ospina, directora del INS. Pero no siempre es así, tal como lo revelan los datos del senador Arias. 

Atlántico: confusión por cremaciones de personas que no murieron por COVID-19 

El Atlántico es el departamento que tiene más muertes confirmadas y sospechosas por coronavirus. Según el protocolo nacional de disposición de cadáveres, en ambos casos los cadáveres deben ser cremados. Esta disposición ha ocasionado que se incineren a personas que no tenían el COVID-19 según pruebas de descarte al virus cuyos resultados llegaron demasiado tarde.  

Desde hace tres años, Alberto de la Cruz era paciente de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que generó su adicción al tabaco en su juventud. El pasado 7 de mayo tuvo una crisis respiratoria y fue llevado de emergencia a este servicio de salud, donde se quedó internado. Tres días después, falleció “por causa natural”, según su certificado de defunción escrito por su médico tratante.

Su hija Rosalía Fonseca se había encargado sola de su cuidado, pero no tenía dinero suficiente para enfrentar los gastos de su sepultura. Cuando aún no terminaba de asimilar la noticia de su muerte, ese domingo de mayo su celular sonó en repetidas ocasiones con distintas alternativas que la sorprendieron. La llamaron de varias funerarias, de la Gobernación del Atlántico y de la Alcaldía de Barranquilla ofreciéndole la cobertura del sepelio. Al día siguiente, el personal de la clínica le informó que el costo del servicio funerario de su padre estaba cubierto y que ya no debía preocuparse pues el Cementerio Universal de Barranquilla, a través de un contrato para disposición de cadáveres con la alcaldía local, se haría cargo del proceso.

El 11 de mayo, Rosalía Fonseca recibió las cenizas de su padre en una urna pocas horas después de su cremación a la que no fue convocada. El cuerpo fue incinerado según el protocolo que se sigue en Colombia para el manejo de los cadáveres por COVID-19 aunque su papá no contrajo el virus. Su prueba resultó negativa el 2 de junio. La muestra, según el informe de resultados emitido por el laboratorio, se envió para su procesamiento el 13 de mayo, es decir, dos días después de que su cuerpo fuera cremado.  

Sin embargo, en el procedimiento funerario se le consideró como un caso de muerte sospechosa de COVID-19, pero el caso de Alberto de la Cruz no se sumó al reporte numérico que publica el Ministerio de Salud sobre los fallecimientos por coronavirus en Colombia. Las únicas cifras públicas y oficiales de muertos provienen de los confirmados con pruebas moleculares. 

Además de lo sucedido con Alberto de la Cruz, conocimos de otra persona que fue cremada como cadáver COVID-19 sin que se tratara de un caso confirmado. Esto ocurrió con Rosaura Castro, quien falleció el 11 de mayo en la Clínica del Caribe, en Barranquilla, por complicaciones respiratorias. Horas antes había celebrado el Día de la Madre sin presentar ningún malestar que preocupara a sus hijos.

Los médicos de la clínica donde murió Rosaura Castro, de 89 años, ordenaron que fuera cremada sin esperar los resultados de la prueba molecular que le practicaron para identificar si era una paciente contagiada del virus. Su cuerpo fue incinerado en contra del deseo de sus hijos que querían darle sepultura en tierra. Ahora, al dolor de la pérdida, esta familia se siente desconcertada porque sabe que su pariente nunca contrajo el coronavirus: recibieron el resultado negativo de la prueba el 29 de mayo, 18 días después de su cremación.

En Colombia los casos de personas cuyo cuerpo fue tratado como un cadáver COVID-19 sin serlo han causado desconcierto en varias familias, particularmente, en el departamento del Atlántico. Este es el departamento que tiene más muertes confirmadas por coronavirus en Colombia, con 1.134 de los 12.540 fallecimientos de todo el país ocurridos hasta el 8 de agosto, según el Ministerio de Salud. También tiene la cifra más alta de muertes sospechosas  por coronavirus del país: 757 casos, según datos preliminares del 2 de marzo al 19 de julio del Dane. 

En el Atlántico muchas familias se resisten a cremar a sus seres queridos porque va en contra de sus creencias religiosas y su cultura. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, los pacientes sospechosos de COVID-19 deben ser cremados para resguardar al personal que ejecuta las autopsias y prevenir la diseminación del virus. 

Además de rechazo a la cremación de un sector de la población, el desborde de los hornos crematorios de Barranquilla que prestan servicios al departamento del Atlántico y a otras regiones hizo que esta alcaldía adaptara su protocolo para la disposición final de los fallecidos y autorizó las inhumaciones o sepultura en tierra de muertos confirmados o sospechosos de COVID-19 desde el 5 de junio. 

Este no es el único problema que se ha presentado en esta zona por la disposición de los cadáveres. La Secretaría de Salud de Barranquilla investiga las denuncias de familiares que sostienen que no se les entregó el cuerpo de su pariente, sino de otra persona. En este caso están involucrados directivos de la Clínica El Prado por presuntamente haber incumplido los protocolos para la disposición y entrega de los cuerpos de personas fallecidas por el virus.

Este es el departamento que tiene más muertes confirmadas por coronavirus en Colombia, con 1.134 de los 12.540 fallecimientos de todo el país ocurridos hasta el 8 de agosto, según el Ministerio de Salud. También tiene la cifra más alta de muertes sospechosas  por coronavirus del país: 757 casos, según datos preliminares del 2 de marzo al 19 de julio del Dane. 

Desde antes de la pandemia, Colombia tenía comités de mortalidad que integran los centros de salud, las aseguradoras y los gobiernos locales para analizar las muertes. En la actualidad, estas reuniones se están haciendo en el Atlántico cada semana para estudiar la historia clínica de un paciente que se sospecha que murió por el coronavirus, pero no se le tomó la prueba molecular. Si este comité declara que la muerte fue ocasionada por el virus, el nombre de la persona es ahora registrado e incluido en el informe público que todos los colombianos reciben a diario del gobierno. 

Actualmente, hay limitaciones para contrastar todas las cifras, ya que los registros no son abiertos y lo único que se publica diariamente son los reportes del Ministerio de Salud sobre las muertes confirmadas por coronavirus. 

Salud con lupa y Cuestión Pública solicitaron una entrevista a este Ministerio para conocer el proceso para contar las muertes, pero hasta el cierre de esta edición nuestra solicitud no tuvo respuesta.

Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). 

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