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La ley de cuotas en Colombia, que establece que al menos el 30 % de las listas a cargos de elección pública deben estar conformadas por uno de los géneros que en su mayoría terminan siendo mujeres, genera opiniones diversas entre candidatas y expertos. Aunque muchas reconocen que la norma ha permitido avances en la participación femenina, también coinciden en que su implementación sigue siendo limitada y, en algunos casos, meramente formal.

La participación femenina en la política, especialmente en escenarios como el Senado, se ve constantemente obstaculizada por diversas formas de violencia y una persistente doble exigencia. A pesar de los avances legislativos, como la Ley Estatutaria 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres (VCMP), la realidad en el terreno sigue siendo desafiante.

Otra barrera evidente es la baja participación de mujeres en los debates públicos debido a la falta de invitaciones a estos espacios, cruciales para la visibilización de las candidaturas. Se ha observado que, incluso en debates centrados en las cabezas de listas al Senado, pese a haber varias mujeres liderando, su presencia es mínima.

Cuestión Pública Feminista consultó a siete candidatas de diferentes partidos y la mayoría coincidió en que una de las dificultades más significativas a la hora de hacer política es la doble carga relacionada con el cuidado del hogar.

Esta barrera se agrava al observar cómo se distribuyen los recursos en la política. Cuestión Pública rastreó cuáles han sido los conglomerados empresariales que más dinero han aportado a las campañas al Senado desde 2010 y descubrimos que las grandes empresas financian principalmente a los hombres.

La brecha para ser elegidas sigue llena de obstáculos: menor acceso a financiación, violencia política y una carga desigual de cuidados que condiciona su participación. Hoy representan casi el 40 % de las candidaturas y solo ocupan 34 de las 108 curules de la cámara alta del Congreso.

Las personas que menstrúan conforman un mercado millonario que beneficia a 17 empresas. Pero, ¿qué hay detrás de las marcas que prometen comodidad y cuidado? Investigamos las empresas, la cadena de suministro, la fabricación, distribución y venta de toallas higiénicas. Descubrimos una industria que encubre información, una legislación que la ampara y condiciones de difícil acceso a toallas para la gestión menstrual.

En los resultados del censo 2018 se reportó una inexplicable disminución del 30% en el total de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal del país. El DANE continúa sin cumplir en su totalidad las órdenes de la Corte Constitucional para reparar esta situación.

De las más de 54.000 víctimas mortales que ha dejado el Covid-19 en Colombia, no se sabe a ciencia cierta el número que corresponde a las muertes de profesionales de la salud. Cuestión Pública consultó a dos organizaciones y sindicatos, que tienen sus propios conteos, y encontró un subregistro que ronda los 40 y 70 fallecidos.

Solo a quienes se les practicó una prueba molecular están incluidos en el conteo de fallecidos del Ministerio de Salud. Pero estas cifras aún no arrojaban diferencias significativas ni posibles subregistros hasta que, el pasado 6 de agosto, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) liberó la información de defunciones por enfermedades del periodo marzo-julio de 2020 y ahí saltó la anomalía.