Violencia política y doble rasero: el costo extra de ser mujer en campaña

La participación femenina en la política, especialmente en escenarios como el Senado, se ve constantemente obstaculizada por diversas formas de violencia y una persistente doble exigencia. A pesar de los avances legislativos, como la Ley Estatutaria 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres (VCMP), la realidad en el terreno sigue siendo desafiante.

Tatiana Villarreal, candidata de Salvación Nacional, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y ahora candidata al Senado por Ahora Colombia, afirmaron que han sido objeto de ataques descalificantes y ofensivos en redes sociales. Estos incluyen comentarios misóginos que buscarían deslegitimar su participación política.

En el informe sobre la implementación de la Ley Estatutaria 2453 de 2025, la Misión de Observación Electoral (MOE) detectó un aumento en redes sociales de expresiones y discursos que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política. Estos ataques se manifiestan a través de señalamientos sobre su vida personal, comentarios sobre su apariencia física y otras declaraciones estigmatizantes que constituyen formas de violencia simbólica y digital.

Las candidatas también afirmaron que existe la percepción de que a las mujeres se les exige mucho más para demostrar su capacidad en la política. Betzy Martínez de Con Toda por Colombia y Tatiana Villarreal coinciden en que las mujeres «deben demostrar que pueden, que sí tienen con qué», mientras que a los hombres se les exige menos.

Esta doble exigencia se agrava cuando se observa que, a pesar de las denuncias de violencia de género o comportamientos machistas por parte de algunos candidatos hombres, la atención pública y las consecuencias suelen ser mínimas. 

Un ejemplo es el caso del candidato César Lorduy, quien fue denunciado en 2023 por presunto acoso sexual contra la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, así como por la presunta solicitud de favores sexuales o dinero a otra congresista para favorecer un concepto político. Además, tal como lo denunciamos en Cuestión Pública,  presuntamente fue autor de un feminicidio.

Otro caso es el de Moisés Cetré, señalado por estudiantes de presunto acoso sexual y amenazas en universidades. Aunque hubo procesos disciplinarios que fueron archivados, las denuncias públicas continúan.