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Se trata de una antigua edificación que debía ser acondicionada como una colonia agrícola de mínima seguridad; tendría que estar en funcionamiento desde diciembre de 2018, pero una auditoría de la Contraloría General arrojó posibles irregularidades en la compra del inmueble, así como en la ejecución de $2.353 millones en el proyecto.

El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreada a las 111.578 personas privadas de la libertad y tampoco están dentro de sus estadísticas. Las dos entidades encargadas de esta misión, el Inpec y la Uspec, responden con información que no es técnica.