Pasados tres meses de la compra, en abril de 2018, pareció nacerle la trompa al elefante. La entidad fiscal supo por un informe contratado por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) —compañía escogida para realizar los diseños y ejecución del proyecto— con la firma Consultora Sociedad Ingeniería Básica SAS, que la estructura ubicada en el predio adquirido por el Inpec no cumplía “ningún parámetro estructural para un posible reforzamiento” y por lo tanto debía ser demolida. 

Para la Uspec «el estudio realizado por la empresa ejecutora (Viva), arrojó como resultado que este no cumple con los parámetros estructurales necesarios, situación que actualmente las partes analizan para determinar las acciones a adelantar, en cuanto a la ejecución del proyecto».

Según el informe de auditoría de la Contraloría, otra de las inconsistencias en la compra del predio reside en dos avalúos, cuya diferencia es de $1.870 millones. Ambos fueron realizados por la Lonja Agro Ambiental SAS, una empresa inmobiliaria dedicada a actividades relacionadas con bienes raíces.

La entidad fiscal auditó que hubo un primer avalúo por $8.780 millones realizado el 28 de agosto de 2017 y el segundo por $10.650 millones hecho el 5 de septiembre del mismo año. 

La razón de esta presunta inconsistencia, según el ente de control, se debió a que un día antes del segundo avalúo (4 de septiembre de 2017) el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia emitió la resolución N° 51575. En el documento se procede “a la rectificación de la inscripción de un predio en el municipio de Yarumal” y se modificaron dos datos: a) el área del terreno, que pasó de 42.6 a 41.6 hectáreas y b) el área total construida, que pasó de 8.03 a 22.59 metros cuadrados.

Para la Contraloría, la tasación no cumplió con “la aplicación del análisis a los materiales y al estado de conservación” de la edificación y “no se aplicaron las normas establecidas para implementar una adecuada gestión predial […] de conformidad con la ley”. Lo anterior, según el ente de control, tiene una connotación disciplinaria que fue informada a la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) en diciembre de 2019.

Consultamos a Beatriz Giraldo Montes, representante legal de la Lonja Agroambiental SAS sobre los avalúos realizados al predio Seminario Cristo Sacerdote y respondió que lo hecho desde esa empresa frente a este trabajo “había cumplido con todos los requisitos de ley”.

En la auditoría de la CGR también se evidencia el desembolso de $2.353 millones  para actividades de cerramiento, estudios de vulnerabilidad y de suelos que no correspondían, según la entidad, a actividades autorizadas en el presupuesto contractual, es decir, los $65.201 millones.