(26/10/2021)

Un elefante por cárcel en Yarumal

Se trata de una antigua edificación que debía ser acondicionada como una colonia agrícola de mínima seguridad; tendría que estar en funcionamiento desde diciembre de 2018, pero una auditoría de la Contraloría General arrojó posibles irregularidades en la compra del inmueble, así como en la ejecución de $2.353 millones en el proyecto.

En el predio Seminario Cristo Sacerdote existe una zona llamada La Herradura, conformada por una estructura de cuatro edificios. El primero de tres pisos, el segundo y el tercero de cuatro, y el último de cinco. En esta impera un silencio, mezclado con olvido, que desde hace tres años espera que lo quiebren las 1.328 personas privadas de la libertad que iban a ser reubicadas allí. De herradura solo tiene el nombre, porque ni de amuleto de buena suerte ha servido, no ha cuidado el paso de nadie y con el abandono se transformó en un elefante blanco.

La propiedad está rodeada de lotes agrícolas que suman 41 hectáreas de extensión, en donde se construiría la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal, Antioquia, una iniciativa que nació en noviembre de 2017 con un fondo de $65.201 millones para su ejecución. Los dineros venían de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que aportó $51.201 millones. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín aportaron, cada una, $7.000 millones.

Casi tres años después de su nacimiento este proyecto no ha comenzado a funcionar. ¿Por qué?

Puedes ver el estado del predio en la siguiente galería. (Desliza el cursor sobre las imágenes. Si estás desde tu celular, haz clic sobre ellas).

Lo que encontró la Contraloría

El Informe Definitivo de la Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud de diciembre de 2019, hecho por la Contraloría General de la República (CGR), reveló que antes de la firma del convenio que le dio vida al centro penitenciario Camis no se habían realizado los “estudios de suelo y de vulnerabilidad a las estructuras existentes […] que permitieran establecer la viabilidad del proyecto”. Consultada la Uspec, la entidad confirmó a Cuestión Pública que dichos análisis técnicos se realizaron posterior a la compra del predio. 

Pero, según la Contraloría, debieron realizarse antes de firmar el convenio, no después.

Con lo anterior, según el informe de la CGR, se habría vulnerando el principio de planeación y responsabilidad contractual, lo que configuraría un “hallazgo con presunto alcance penal, disciplinario y otra incidencia para trasladar a la Contraloría Departamental de Antioquia”. El incumplimiento de los requisitos de ley afecta directamente los derechos de los detenidos a cumplir sus condenas en prisiones sin hacinamiento.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue la entidad que adquirió la propiedad en enero de 2018 por $8.500 millones. Esta compra se hizo a pesar de que, previo al inicio del convenio, la Uspec  advirtió las dificultades que podrían presentarse al intervenir una edificación para adecuarla y darle otro uso. Según esta última entidad, “lo usual y más efectivo es realizar construcciones nuevas y[a] que el uso de edificaciones existentes tiene unas necesidades de estudios […] que dificultan el proceso”.

Maqueta del proyecto de la cárcel agrícola en Yarumal. Foto: Gobernación de Antioquia.

Pasados tres meses de la compra, en abril de 2018, pareció nacerle la trompa al elefante. La entidad fiscal supo por un informe contratado por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) —compañía escogida para realizar los diseños y ejecución del proyecto— con la firma Consultora Sociedad Ingeniería Básica SAS, que la estructura ubicada en el predio adquirido por el Inpec no cumplía “ningún parámetro estructural para un posible reforzamiento” y por lo tanto debía ser demolida. 

Para la Uspec “el estudio realizado por la empresa ejecutora (Viva), arrojó como resultado que este no cumple con los parámetros estructurales necesarios, situación que actualmente las partes analizan para determinar las acciones a adelantar, en cuanto a la ejecución del proyecto”.

Según el informe de auditoría de la Contraloría, otra de las inconsistencias en la compra del predio reside en dos avalúos, cuya diferencia es de $1.870 millones. Ambos fueron realizados por la Lonja Agro Ambiental SAS, una empresa inmobiliaria dedicada a actividades relacionadas con bienes raíces.

La entidad fiscal auditó que hubo un primer avalúo por $8.780 millones realizado el 28 de agosto de 2017 y el segundo por $10.650 millones hecho el 5 de septiembre del mismo año. 

La razón de esta presunta inconsistencia, según el ente de control, se debió a que un día antes del segundo avalúo (4 de septiembre de 2017) el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia emitió la resolución N° 51575. En el documento se procede “a la rectificación de la inscripción de un predio en el municipio de Yarumal” y se modificaron dos datos: a) el área del terreno, que pasó de 42.6 a 41.6 hectáreas y b) el área total construida, que pasó de 8.03 a 22.59 metros cuadrados.

Para la Contraloría, la tasación no cumplió con “la aplicación del análisis a los materiales y al estado de conservación” de la edificación y “no se aplicaron las normas establecidas para implementar una adecuada gestión predial […] de conformidad con la ley”. Lo anterior, según el ente de control, tiene una connotación disciplinaria que fue informada a la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) en diciembre de 2019.

Consultamos a Beatriz Giraldo Montes, representante legal de la Lonja Agroambiental SAS sobre los avalúos realizados al predio Seminario Cristo Sacerdote y respondió que lo hecho desde esa empresa frente a este trabajo “había cumplido con todos los requisitos de ley”.

En la auditoría de la CGR también se evidencia el desembolso de $2.353 millones  para actividades de cerramiento, estudios de vulnerabilidad y de suelos que no correspondían, según la entidad, a actividades autorizadas en el presupuesto contractual, es decir, los $65.201 millones.

Frente a señalado por la CGR, la Uspec aseguró en respuesta a un cuestionario enviado por Cuestión Pública que se ha buscado “avanzar en la solución de problemas que permitan reducir el impacto de las situaciones presentadas y dar continuidad al proyecto [y] lograr el fin para el cual fueron entregados los recursos”.

Cuestión Pública le solicitó a la Uspec la respuesta que envió a la Contraloría sobre su auditoría pero no fue posible obtener la información. Argumentaron que “la entidad [Uspec] aún se encuentra en revisión de estos [documentos de la Contraloría] para realizar un pronunciamiento completo […] por lo cual no es posible remitir dicha documentación”.

¿En qué va el proyecto?

Las autoridades de Medellín y Antioquia piden liquidar el convenio y que se definan los pasos a seguir para la construcción del nuevo penal, esta solicitud se hace porque dicen tener la misma calidad de cooperantes en un “proyecto a cargo de la Nación” Así lo aseguró Clara Izquierdo, jefe de prensa del alcalde Daniel Quintero.

Pasillo al interior del edificio Seminario Cristo Sacerdote, fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en 1969. Foto: Jaime Pérez. (El Colombiano)

Cuestión Pública buscó la opinión del director de la cárcel de mediana seguridad de Yarumal, Pablo Yamid Ramírez Peña, quien aseguró no estar autorizado para dar declaraciones. También intentamos contactar a Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, pero al cierre de la edición  de esta nota no obtuvimos respuesta.

El Inpec, por su lado, no respondió a nuestros cuestionamientos argumentando que la entidad encargada de todo lo relacionado al Camis (gestión del dinero y adecuación del predio) es la Uspec.

El proyecto de la construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal está suspendido desde el 28 de enero de 2019. Solo se ha demolido la parte trasera del seminario y se hizo un cerramiento del perímetro del edificio en forma de herradura.

Mientras se decide sobre la posible liquidación del proyecto carcelario de Yarumal, el ‘elefante blanco’ sigue paseando por el municipio sin que las autoridades locales, departamentales y nacionales lo vean pasar. Las 1.328 personas privadas de la libertad siguen en condiciones infrahumanas de hacinamiento.

Créditos

Directora Cuestión Poder
Diana Salinas
Texto y reportería
Jose Marulanda
Investigación
Sergio Mesa
Edición
Ingrid Ramírez Fuquen
Diana Salinas

Cover
Heidy González
Edición legal

Camilo Vallejo
Webmaster
Valentina Hoyos G

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