La primera semana del nuevo gobierno deja a la deriva a pueblos y ciudades devastados por el terremoto y a civiles heridos por bombardeos

En las veredas de Norte de Santander donde el operativo dejó tres civiles heridos, hay alertas de la Defensoría del Pueblo. Aun sin atender con ayuda efectiva al Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó, el presidente siguió con los bombardeos, incluso en zona rural de Jamundí, cerca a Cali, una de las ciudades más afectadas.

El pasado lunes 10 de agosto, luego de que la tierra sacudiera a casi todo el país en el terremoto más fuerte de los últimos diez años, las veredas del Catatumbo enfrentaban su propio sismo, provocado por el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, quien determinó que este sería un buen momento para que los cazas de combate y helicópteros de la Fuerza Aérea bombardearan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander.

Fue tras el terremoto que se supo que “El 11 de agosto de 2026 en horas de la madrugada se registró un bombardeo por parte de la fuerza aeroespacial colombiana empleando aviones de combate y helicópteros para ametrallamiento en la vereda El Sinaí, jurisdicción del municipio de San Calixto, Norte de Santander, en límites con los municipios de Tibú y El Tarra y Sardinata”, según denunciaron líderes sociales de la zona, la Defensoría del Pueblo y la Personería de San Calixto, junto con el equipo jurídico Derecho de los pueblos.

Según las denuncias en el sitio web del equipo jurídico, “el bombardeo se realizó de manera indiscriminada hacía viviendas de la población civil, infringiendo los principios de distinción, precaución y proporción del Derecho Internacional Humanitario. Producto de este bombardeo, una vivienda fue impactada por la detonación de los artefactos explosivos, dejando como saldo tres civiles gravemente heridos, una pareja de esposos y un trabajador de la finca.”

De acuerdo con El País de América, las víctimas son Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Yadimier Ascanio.

Tras las denuncias, el nuevo ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, negó todo. Incluso, el lugar del operativo.

Afirmó que la operación estuvo dirigida contra el ELN y que dejó como resultado dos presuntos guerrilleros neutralizados, la incautación de 1,5 toneladas de explosivos y la destrucción de campamentos criminales.

Desde su cuenta de X, el minDefensa confirmó que se efectuaron en el municipio de San Calixto. No obstante, la vereda El Sinaí, donde resultaron heridos tres campesinos, está ubicada en el mismo municipio en el que reconoció que hubo bombardeos.

La Defensoría del Pueblo confirmó de manera preliminar que varias familias tuvieron que desplazarse hacia el casco urbano de El Tarra como consecuencia de la ofensiva.

Juan Carlos Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCANCATO), detalló a Cuestión Pública que los tres campesinos heridos son miembros activos de la Junta de Acción Comunal de El Sinaí y sufrieron graves afectaciones físicas y psicológicas, además afirmó: “ellos dicen que hay bajas del ELN y dan un parte de guerra de unos drones, unos explosivos y unos muertos (…) lo que nosotros conocemos materialmente, que es palpable, que es visible, es que hubo un bien civil impactado y unos civiles heridos.”

Primero fueron evacuados de emergencia a El Tarra y luego remitidos al municipio de Ocaña, según dijo Juan Carlos Quintero.

En diálogo con este medio, el líder Quintero comentó que en El Sinaí, además, algunas viviendas civiles se vieron afectadas después de recibir el impacto de los bombardeos.

La imagen resultaba difícil de separar de lo que ocurría al mismo tiempo en el resto del país. Mientras unos removían escombros buscando sobrevivientes del terremoto, en el Catatumbo otras familias dejaban sus casas en medio de una ofensiva militar.

En medio de las necesidades apremiantes y pasadas las primeras 48 horas del sismo devastador y el bombardeo, Estados Unidos anunció que Colombia le autorizaba realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”. El anuncio lo hizo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Mientras miles de familias quedaron sin nada y lloraban a sus seres queridos en Cali, Pereira, Chocó, Buenaventura, en Norte de Santander se registraban tres personas heridas producto del bombardeo, Colombia ya era oficialmente el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas.

Por su parte, la congresista de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, afirmó en su cuenta de X que esta decisión es inconstitucional, ya que en el artículo 173 de la Constitución se establece que quien debe aprobar el ingreso de tropas extranjeras a Colombia es el Senado de la República.

Con el paso de los primeros tres días, 265 personas perdieron la vida en el país producto del terremoto, y en las ciudades donde sucedió el desastre natural denunciaban la falta de rescatistas, maquinaria y reubicación de las familias.

En paralelo, el gobierno nacional se daba el lujo de rechazar ayuda internacional de México y otros países, pese a las críticas y el clamor de la ciudadanía.

Nada cambió la agenda militar del presidente, quien celebraba el jueves que a media hora de Cali —una de las ciudades más afectadas— había dado “Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo”.