El escrache es una denuncia, no una razón para convertir a las mujeres en victimarias

Después de siete años de proceso penal contra Lina Castillo, la jueza 55 penal del circuito de Bogotá mantuvo la preclusión por calumnia frente a sus denuncias de presunto acoso sexual y laboral contra el exdirector de RTVC, Hollman Morris. Se reconoció el escrache como una expresión protegida que debe analizarse con enfoque de género.

El pasado 28 de septiembre, la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa declaró prescrita la acción por injuria en segunda instancia y precluyó el delito de calumnia. Castillo enfrentaba estos cargos desde 2019, cuando señaló a Morris por presunto acoso sexual y laboral. La decisión ratificó que el escrache está amparado por la libertad de expresión al denunciar violencias basadas en género.

Para la jueza, una denuncia de este tipo puede constituir un escrache y, por tanto, está amparada constitucionalmente. La decisión acogió los criterios de la Corte Constitucional según los cuales permite que las mujeres puedan exponer abusos por vías no institucionales, sirviendo no solo como desahogo individual, sino como alerta colectiva para prevenir nuevas agresiones.

Según el fallo, a una mujer que denuncia una experiencia propia no se le pueden exigir los mismos estándares de veracidad e imparcialidad que a un tercero o a un medio que informa sobre hechos ajenos. Esto no implica dar por cierto lo denunciado,  sino reconocer que quien habla lo hace desde una experiencia que afirma haber vivido.

Ese enfoque también impide partir de la idea de que una mujer miente porque no denunció inmediatamente, porque no tiene testigos o porque otras mujeres tuvieron experiencias diferentes con el hombre señalado. El proceso no buscaba determinar si Morris cometió o no los hechos denunciados, sino establecer si Castillo incurrió en calumnia al hacerlos públicos. 

En ese análisis, el juzgado tuvo en cuenta que algunas mujeres entrevistadas describieron a Morris como una persona respetuosa o dijeron no haber presenciado situaciones de acoso. Sin embargo, consideró que esas experiencias podían coexistir con la relatada por Castillo y que, por sí solas, no demostraban que ella hubiera fabricado conscientemente su relato. 

Este razonamiento fue uno de los elementos que sustentó la preclusión por calumnia frente a las denuncias de presunto acoso sexual y amenazas. Asimismo, la jueza decretó la prescripción de la acción penal para el delito de injuria al haber transcurrido el tiempo límite legal desde el traslado del escrito de acusación.

La jueza afirmó que tampoco encontró elementos suficientes para sostener que Castillo hubiera utilizado el escrache con la intención específica de difamar a Morris. 

Para Ana Bejarano, abogada de Castillo, la importancia de la decisión está precisamente en que la protección constitucional del escrache pasó de la jurisprudencia abstracta a un expediente penal concreto.

«Esta es la primera decisión que recibe Lina Castillo con enfoque de género después de tantos años sin que se le reconociera por parte de la administración de justicia y es una esperanza para la protección legal del escrache en Colombia y en América Latina», le dijo Bejarano a Cuestión Pública.

Siete años sin enfoque de género

El caso comenzó públicamente el 24 de enero de 2019. Castillo publicó en su cuenta de Facebook un relato sobre situaciones que dijo haber vivido y conocido mientras participaba en el entorno político de Hollman Morris entre 2016 y 2017. Afirmó haber sido víctima y testigo de acciones violentas,  de acoso laboral y sexual contra mujeres del equipo. 

Cuatro días después de su publicación en redes sociales, Castillo reiteró sus señalamientos en una entrevista con la emisora La FM. Ese mismo año Morris la denunció penalmente por injuria y calumnia. 

En marzo de 2023, la Fiscalía formuló escrito de acusación contra Castillo por esos delitos, pero ella se sostuvo en su inocencia. Durante tres años, su defensa, organizaciones feministas y este medio insistieron en la ausencia de enfoque de género en la investigación. La respuesta llegó finalmente en marzo de 2026, cuando la fiscal general Luz Adriana Camargo reasignó el expediente a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El cambio no fue menor. La justicia pasó de tener a Castillo camino a un juicio por injuria y calumnia a reconocer que parte de sus declaraciones estaban insertas en un ejercicio de escrache protegido por la libertad de expresión. 

Es decir, durante más de siete años Lina Castillo estuvo enfrentando un proceso que no le correspondía. «La idea también es que la Fiscalía entienda que eso es un derecho y que no puede judicializar a las mujeres cuando lo usan correctamente», dijo Bejarano.

Aunque la decisión del pasado 28 de septiembre cerró el proceso relacionado con las denuncias de presunto acoso sexual y amenazas y declaró la prescripción de la injuria, una parte quedó abierta: la afirmación de que habría sido atropellada por una camioneta vinculada al esquema de seguridad de Hollman Morris. 

En ese caso, la jueza negó la preclusión por calumnia al considerar que existe una afirmación fáctica concreta y verificable que requiere debate probatorio en juicio oral, por lo que ordenó la ruptura de la unidad procesal para que el trámite matriz continúe por este hecho específico.

Este punto tiene una particularidad: Castillo ya se había retractado públicamente de esa afirmación meses antes de la decisión.

Durante la audiencia del 18 de marzo de 2026 ante el juzgado 123 penal municipal, la defensa de Castillo informó que había realizado una retractación pública en el mismo medio en el que años atrás habló del episodio. Ese día, la jueza también dejó constancia de haber recibido una solicitud en la que ella precisaba que su retractación se limitaba al señalamiento del atropellamiento y no comprendía sus demás denuncias contra Morris.

Durante la audiencia, su abogada, Ana Bejarano, explicó el alcance de esa decisión y reprodujo las palabras con las que Castillo había rectificado públicamente: 

«Yo dije que él me había atropellado. No tengo cómo probarlo. Y como no tengo cómo probarlo, entonces me retracto».

Sin embargo, para ese momento y sin tener en cuenta el enfoque de género, la jueza no negó la solicitud de preclusión y ordenó la continuación del juicio. 

La diferencia es importante: Castillo no reconoció que hubiera inventado el atropellamiento ni afirmó que el episodio fuera falso. Se retractó de haberlo atribuido a Morris porque, según explicó, no tenía cómo demostrarlo.

Después de siete años de proceso, Bejarano resumió así lo que, desde su perspectiva, está en juego: «Denunciar las violencias es muy difícil, pero lo más difícil es vivirlas. Y eso es lo que tenemos que erradicar, y para poder erradicarlas hay que denunciar».