Firma de abogados creada por ministro Iván Cancino incrementó sus ingresos por contratos públicos en 442 % este año frente a 2025
(25/10/2026)
Desde enero hasta octubre de este año, la firma de abogados creada por el hoy ministro de Justicia, Iván Cancino, ha firmado contratos que suman 720 millones de pesos. Los hizo, primero a su nombre, y luego la empresa cambió su razón social y representación legal para quedar en manos de Laura Kamila Toro, considerada su mano derecha. Se trata de un muy alto crecimiento si se tiene en cuenta que en todo el 2025 los convenios firmados sumaron 133 millones de pesos.
Ejemplo de eso es que, el 9 de enero, Cancino firmó un contrato con la Defensoría del Pueblo como coordinador académico en defensa pública, por COP 63,25 millones. Posteriormente, este convenio fue cedido a la abogada Laura Kamila Peña Toro.
Otro caso es el suscrito el 19 de enero con el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles (FPS) del gobierno de Gustavo Petro, como abogado especialista, por COP 68,09 millones, también cedido a Peña. El 23 de enero, cuando aún era su firma, IVAN CANCINO ABOGADOS S.A.S., cerró dos contratos directos: uno por $95 millones con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá y otro por $357 millones con la Barranquilla de Alejandro Char, para asesorar el diferendo limítrofe con Puerto Colombia, un litigio territorial para un abogado penalista. De ese contrato ya se facturaron $267 millones según lo consignado en la plataforma digital de contratación estatal SECOP.
El 31 de enero entró en vigor la Ley de Garantías y el inicio oficial de las campañas electorales. Con dos adiciones posteriores, una de ella aprobada cuando el contrato ya había sido cedido a Toro Peña, los cuatro contratos suman COP 647 millones. Entre 2017 y 2026, Cancino y firma con su nombre acumulan 26 contratos por más de COP 2.000 millones, y 2026 es el año que más convenios ha firmado. Pasada la segunda vuelta, la UAESP y el FPS les sumaron dos adiciones, una de ellas aprobada cuando el contrato ya había sido cedido a Toro Peña. Hoy los cuatro suman COP 647 millones.
2026, el año de mayor contratación de Iván Cancino y su firma
Valor de los 26 contratos que firmaron con el Estado Cancino, como persona natural, y su firma, Ivan Cancino Abogados S.A.S., hoy MAJA LEGAL SAS, entre 2017 y 2026, sin la parte de los contratos que cedió. Toque un año para ver sus contratos.
Fuente: SECOP I y SECOP II (Colombia Compra Eficiente), 26 contratos, consulta y verificación de valores del 15 al 22 de octubre de 2026. En los contratos cedidos en 2026 solo se cuenta el periodo anterior a la cesión. Elaboración: Cuestión Pública.
El tiempo electoral de los tigrillos
Para entonces, Cancino respaldaba en público a Abelardo De la Espriella como uno de sus tigrillos más fieles, que había lanzado su campaña en noviembre de 2025. Según La Silla Vacía, fue una de sus voces más activas en X, aunque la borró una vez quedó ministro. En mayo, el clan Char oficializó su apoyo al mismo candidato. Los contratos de enero siguieron vigentes durante toda la contienda, y Cancino siguió cobrando de la Defensoría y del FPS mientras hacía campaña. Aunque, la ley no se lo prohíbe a un contratista, la pregunta es cómo conviven esas horas facturadas con la campaña.
De la Espriella ganó el 21 de junio. Nueve días después, el 30 de junio, Laura Kamila Toro Peña firmó en la Notaría 39 de Bogotá un acta como «accionista única» de IVÁN CANCINO ABOGADOS. Cambió el nombre a MAJA LEGAL SAS, se nombró representante legal y trasladó los correos de ivancancinogonzalez.com a ofiabogados.com.
En abril de 2025, el único accionista que firmaba las actas era Cancino. Los documentos de la Cámara de Comercio no muestran cuándo ni por cuánto pasaron las acciones.
Al día siguiente, en medios de comunicación se publicó que Cancino sería ministro. Ese mismo 1 de julio, la UAESP solicitó la adición de COP 47,5 millones al contrato firmado el 23 de enero. En julio, Cancino cedió a Toro Peña el contrato de la Defensoría, por «motivos personales»; el 21, el del FPS.
El 30 de julio, declaró como persona expuesta políticamente que no es contratista. : «declarante es contratista: NO». El 6 de agosto, el FPS le adicionó COP 16,35 millones al contrato cedido y MAJA LEGAL firmó con el Fondo Nacional del Ahorro por COP 90 millones. Cancino se posesionó al día siguiente. El 1 de octubre, la firma volvió a contratar con la UAESP. Según el abogado Francisco Bernate, citado por La Silla Vacía, Cancino dijo que su firma desaparecería. Pero solamente cambió de representación legal.
¿Quién es Laura Kamila Toro?
Toro Peña no llegó con la reforma. Su historial público la muestra ocupando, meses después, los puestos que dejaba Cancino.
En marzo de 2021, la Gobernación de Santander contrató a Cancino como abogado de su Oficina Jurídica, en el proyecto de «fortalecimiento institucional». En octubre de 2021, contrató a Toro Peña para el mismo proyecto y la misma oficina. En la Alcaldía de Ibagué, Cancino tuvo en 2021 el contrato de asesoría jurídica identificado con el código OFJ02. En enero de 2022, ese mismo código fue para Toro Peña. Volvió a contratar con Ibagué en 2023 por COP 62 millones.
Cuestión Pública adquirió correos y expedientes de la Fiscalía General de la Nación que muestran que trabajaban juntos. El 20 de abril de 2022, un asistente de la firma escribió a la Fiscalía desde “@ivancancinoabogados.com” para recoger el material probatorio del caso Odebrecht. Anunció que llevaría un computador y un disco duro de 2 TB, preguntó si el despacho quedaba en el búnker y adjuntó “la autorización que me confiere el Dr. Iván Cancino González y la Dra. Laura Kamila Toro».
Las dos autorizaciones iban dirigidas al fiscal segundo del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht. Cancino defendía a Andrés Sanmiguel Castaño y Edna Karina Méndez Trujillo, señalados por la Fiscalía de recibir, a través de su empresa Gistic, COP 3.894 millones de la Ruta del Sol con un contrato ficticio. Toro Peña defendía a Ricardo Rey Pulido en el mismo expediente. El membrete marcaba la misma dirección que MAJA LEGAL registra hoy en SECOP.
El 31 de julio de 2026, siete días antes de la posesión, la Gobernación del Tolima contrató a Laura Kamila Toro por COP $50 millones como profesional especializada en un proyecto de infraestructura vial y puentes.
Lo que está en juego
El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos contratar con el Estado «por sí o por interpuesta persona». Formalmente, Cancino ya no es dueño de la firma. Las preguntas son otras: si Toro Peña pagó por las acciones, cuánto, y si el ministro conserva algún beneficio de los contratos que su antigua firma sigue firmando.
Para resolver esta y otras preguntas y en aras de equilibrio informativo, Cuestión Pública buscó a Iván Cancino y a Laura Kamila Toro Peña para conocer su versión. La respuesta del ministro de Justicia y ministro de Interior (encargado) tras la sorpresiva salida de Rodrigo Lara fue: “creo yo es mejor no contestar nada”. Laura Kamila Toro no ha respondido previo a la publicación de esta historia.
