La presidenta de la SAE fue abogada del 'Clan Char' en un proceso penal que continúa abierto
(01/11/2026)
Cuestión Pública encontró que, desde 2020, la actual presidenta de la SAE, Diana Bravo Vélez, fue la abogada de Alejandro Char en un proceso por fraude procesal y prevaricato que la Fiscalía ha intentado precluir tres veces este año.
La mujer que hoy administra los bienes incautados a los grupos al margen de la ley en Colombia fue la abogada de Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla y heredero del control del ‘Clan Char’, en un proceso penal que sigue abierto por medio de la firma De La Espriella Lawyers.
Diana Patricia Bravo Vélez llegó en agosto de 2026 a la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), nombrada por Abelardo De la Espriella, que hasta julio era su socio en De la Espriella Lawyers. En noviembre de 2020, Bravo firmó ante la Fiscalía de Barranquilla como «apoderada judicial del señor Alejandro Char Chaljub».
El expediente, con radicado 080016001257201600030, investiga a Char por fraude procesal y prevaricato en su primer periodo como alcalde de Barranquilla. Se trata de hechos que se remontan a 2008. Dieciocho años después, la Fiscalía lo mantiene activo y en indagación, aunque en 2026 pidió tres veces precluirlo. La última vez fue el 18 de junio, tres días antes de la segunda vuelta presidencial.
De contrato en contrato con los Char
Mientras el expediente contra Alejandro Char dormía en la Fiscalía, la firma De La Espriella Lawyers que lo había defendido contrataba con su alcaldía. El 20 de febrero de 2026, 28 días después del contrato de $357 millones con la Alcaldía de Char, la Fiscalía pidió por primera vez precluir el proceso por atipicidad.
En un segundo intento, volvió a pedirlo el 15 de mayo, dos semanas antes de la primera vuelta presidencial. Ningún juez ha cerrado el caso.
El 7 de agosto, De la Espriella se posesionó como presidente y siete días después, el 14 de agosto, la Alcaldía de Barranquilla le adjudicó a la firma otro contrato directo, por $297,5 millones. El 19 de agosto, Diana Bravo, la abogada que sustituyó a De la Espriella durante el proceso penal contra Alejandro Char, fue nombrada presidenta de la Sociedad de Activos Especiales.
Antes de que Abelardo De la Espriella, el exsocio de Diana Bravo según su perfil de LinkedIn, entrara a la carrera presidencial, su firma ya contrataba recibiendo dineros públicos del Atlántico. Entre diciembre de 2024 y abril de 2025, De la Espriella Lawyers Enterprise firmó dos contratos por $642.896.000. El primero fue con la Gobernación del Atlántico, por $47,9 millones, en diciembre de 2024. El segundo, con la Alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char, por $595 millones, el 11 de abril de 2025.
El comité del movimiento Defensores de la Patria, con el que De la Espriella se lanzó a la Presidencia, se inscribió el 16 de julio de 2025. Desde entonces, la firma sumó cuatro contratos más con las mismas dos entidades, por $854.500.000.
La Gobernación del Atlántico le adjudicó $100 millones en julio de 2025 y otros $100 millones en enero de 2026. La Alcaldía de Char le adjudicó $357 millones en enero de 2026, en plena campaña, y $297,5 millones el 14 de agosto de 2026, una semana después de la posesión presidencial. En total, la firma ha recibido $1.497.396.000 de ambas entidades desde diciembre de 2024, y el 57 % de ese dinero se contrató después de que su fundador se convirtiera en candidato.
De ser abogada de clanes políticos a administrar bienes de grupos al margen de la ley
Bravo fue fiscal antes de ser abogada de la firma. Entró a la Fiscalía en 2003 como investigadora judicial II en Cali y llegó a directora seccional de Fiscalías, primero en Valledupar y después en Barranquilla.
Antes había sido asesora jurídica del Ejército, abogada de control interno de la Alcaldía de Cali y abogada externa de la empresa Calitubos. Es especialista en Alta Gerencia y en Derecho Administrativo, y tiene una maestría en Administración (MBA).
En 2015 entró a De la Espriella Lawyers Enterprise como directora administrativa y jurídica. Fue socia de la firma hasta julio de 2026.
En la campaña presidencial formó parte del comité inscriptor del movimiento Defensores de la Patria, que recogió las firmas de la candidatura de De la Espriella. También manejó el dinero de la campaña.
El 19 de agosto de 2026, con el Decreto 1255, De la Espriella aceptó la renuncia de Amelia Pérez a la SAE y nombró a Bravo en su lugar.
Los documentos que incluyen a Alejandro Char
El poder (agosto de 2020). En papel membretado de De la Espriella Lawyers Enterprise, Abelardo de la Espriella se dirige al fiscal 56 seccional de Patrimonio Económico de Barranquilla, Gustavo Orozco. Se presenta como apoderado de Alejandro Char Chaljub y sustituye ese poder a Diana Bravo, con facultades para recibir, desistir, transigir, conciliar y recurrir, entre otras funciones. En el asunto figuran el denunciante, Fabián Araujo Polo; el denunciado, Char; y el radicado 080016001257201600030.
La suplencia (noviembre de 2020). Bravo firma «en mi calidad de Apoderada Judicial del señor Alejandro Char Chaljub» y designa como apoderada suplente a otra abogada de la firma. Las dos usan correos del dominio lawyersenterprise.com.
El correo del fiscal (11 de noviembre de 2020). A las 10:33 a. m., Bravo radica la sustitución y la suplencia en un buzón de la Fiscalía. El mensaje se reenvía ese día a Gustavo Adolfo Orozco Pertuz. A las 5:27 p. m., Orozco responde a las dos abogadas: acusa recibo y les da su correo institucional y el de su asistente. Firma como F-56 Seccional, Unidad de Patrimonio Económico.
Orozco Pertuz es el fiscal que, según Araujo, nunca acusó a Char. RAYA lo describe como un fiscal conocido en Barranquilla por su cercanía a la familia Char. También reporta que paga una condena de tres años por prevaricato por omisión, confirmada por la Corte Suprema, en otro caso: el del ex rector de la Universidad Metropolitana, Jaller Raad. Según esa sentencia, retardó sin justificación las órdenes de trasladar aquel expediente a Bogotá (RAYA).
El proceso: 18 años sin imputación
El caso que Bravo llevó por Char sigue abierto. Al 29 de octubre de 2026, el SPOA lo registra activo, en etapa de indagación y asignado a la Fiscalía 5 Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción en Barranquilla. Los delitos registrados son fraude procesal (artículo 453 del Código Penal) y prevaricato por acción (artículo 413).
Los hechos datan del 8 de mayo de 2008, durante la primera alcaldía de Char. Ese día se firmó la escritura 740, con la que, según la denuncia de Araujo, Char declaró baldíos 38 hectáreas privadas de La Loma y las adjudicó al Distrito para el proyecto urbanístico que desarrolló Edubar. Araujo representa a las familias que reclaman esos predios (RAYA).
En 2026, la Fiscalía pidió tres veces la preclusión por atipicidad, es decir, alegando que los hechos no constituyen delito. La última solicitud es del 18 de junio, semanas después de la primera vuelta presidencial. La decisión le corresponde a un juez, y el caso sigue activo.
La Fiscalía usó la misma causal el 6 de julio de 2026 en el caso de Elsa Noguera sobre el POT de La Loma, un día antes de que se anunciara su llegada al gobierno, según RAYA.
