Al mismo tiempo y en todas partes: abogada de Hollman Morris es quien asesora a RTVC para hacer demandas a quienes critican su gestión y para crear políticas de género

Claudia Cristancho, quien representa al gerente de RTVC en el juicio contra Lina Castillo —procesada tras exponer su caso en radio—, ingresó como contratista a la entidad hace dos años. De acuerdo con una revisión de este medio, sus funciones incluyen acciones legales y la formulación de políticas de género.

Así lo pudo determinar Cuestión Pública tras revisar los documentos de ejecución y otros anexos de los tres contratos públicos que la abogada ha firmado: desde el primero, que fue suscrito el 8 de mayo de 2024, hasta el actual cuya ejecución inició el 23 de diciembre de 2025 y terminará el 30 de junio de este año. De acuerdo con lo que se puede ver en estos documentos, todos se suscribieron de forma directa, bajo la modalidad de prestación de servicios y suman un total de 438 millones de pesos.

Entre las tareas que ha reportado en sus informes de gestión está la de presentar demandas y hacerle seguimiento a los pleitos judiciales que se instauran en el del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Colombia (RTVC), entre ellos procesos contra personas que se considera que han difamado y calumniado a este medio de comunicación en redes sociales. Pero no solo eso, también indica que sostiene encuentros directos con Morris para conversar sobre estos procesos jurídicos y sobre lo que se dice en redes sociales sobre el medio.

Las tareas de la abogada Cristancho, de acuerdo con lo que reporta la propia contratista en su informe, pasan por mantener una comunicación con el gerente de RTVC, esto a pesar de que en los contratos aparece como supervisora directa la jefa de la oficina de asesoría jurídica, Junny Cristina Laserna Bula, en calidad de Subgerente de Soporte Corporativo (encargada).

El tema no es menor, toda vez que Cristancho, a la par que lleva su trabajo jurídico con RTVC, también asiste a las audiencias públicas como abogada defensora de Morris en el proceso por injuria y calumnia que le instauró el actual gerente de RTVC a la defensora de derechos humanos Lina Castillo, luego de que ésta lo denunciara por acoso sexual.

El 28 de enero de 2019, Castillo relató que en el tiempo que trabajó con Morris cuando era concejal de Bogotá, éste le habría hecho comentarios de contenido sexual, insinuaciones sobre su forma de vestir y, en un almuerzo de trabajo, le habría tocado las piernas. 

Sus denuncias fueron respaldadas por la secretaria privada de Morris, Carolina Valencia Bernal, quien también fue testigo de los presuntos actos de acoso sexual de Morris hacia Lina y, en entrevista con la emisora Blu Radio, describió el ambiente laboral como “un infierno”. Ana Bejarano, la defensora de Lina, ha señalado que tras hacer públicas estas denuncias, su apoderada habría sido víctima de amenazas físicas y verbales y  consideró que el proceso ha sido “una tortura”.

La ‘fábrica de denuncias’ basadas en redes sociales 

Todo lo anterior lo determinó Cuestión Pública porque está en los documentos de informe de gestión que, por obligación, deben presentar todos los contratistas ante la entidad para la que trabajan como requisito para recibir el pago.

En las tareas específicas de esos informes, se puede ver que al menos tres, en los diferentes contratos firmados, tenían relación directa con la gerencia general, a cargo de Morris, para lo cual debía reunirse con él para revisar procesos penales a su cargo.

Así quedó consignado en el informe del 4 de agosto de 2025, donde escribió: «Asistí a dos reuniones de carácter institucional con la gerencia para tratar sobre el avance de los procesos penales a mi cargo».  Esto como parte de uno de los contratos que suscribió y que, como los demás, tiene como finalidad «prestar sus servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría jurídica especializada para la formulación de estrategias jurídicas en desarrollo de la articulación interna e interinstitucional de la entidad mediante el análisis y participación en los asuntos jurídicos relacionados con litigio, negociación o resolución de conflictos».

Y en otra se desprende que Cristancho, además de llevar el caso personal de Morris, trabajaba codo a codo con él para analizar posibles acciones judiciales. En el informe de ejecución presentado el 11 de marzo de 2025, se puede leer: «Absolví todas las preguntas que de manera directa y verbal me ha hecho el Gerente General de RTVC, relacionadas con las publicaciones que por redes sociales han hecho varios ciudadanos que involucran a RTVC».

De esas charlas personales con el gerente al parecer surgían nombres para avanzar en posibles demandas o procesos legales, tal como se puede leer en otro de los informes de ejecución del contrato, fechado en febrero de 2025, y en el que se señala que la jurista absolvió todas las preguntas que Morris le hacía «de manera directa y verbal» y de las cuales «han derivado denuncias, una ya radicada y otras en construcción». 

De acuerdo con los documentos oficiales que reposan en la plataforma de contratación estatal Secop II, algunas de las actividades hechas por Cristancho reportadas en agosto de 2025 fueron:  «Brindé orientación respecto a las publicaciones emitidas por el periodista Santiago Ángel Patiño» y luego agrega: «Preparé y presenté escrito de denuncia ante la gerencia en contra el periodista Santiago Ángel Patiño».

Cuestión Pública buscó a Santiago Ángel, quien comentó que efectivamente, se refieren a él, pues desde el diario El Colombiano y luego desde La República, ha realizado varias investigaciones sobre RTVC. «He hecho muchas publicaciones, desde hace tres años, que son incómodas para ellos. Aunque mi apellido no es Patiño, tengo claro que se refieren a mí», afirmó.

En noviembre del año pasado publicó la columna titulada ‘revuélquele la vida a ese malparido’, en la que, entre otras, se denunciaban prácticas poco transparentes para acallar a los críticos del gerente de RTVC. Incluso señala la publicación que se habló de «canales para hacer espionaje más efectivos que Pegasus».

La respuesta de RTVC fue un comunicado en el que tildó de falsa dicha columna.

Al respecto, el periodista señaló a Cuestión Pública que no iba a retractarse de lo escrito en la columna, «pues todo está sustentado y así les respondimos con mis abogados». Y dijo que, tras la respuesta, no ha recibido una denuncia oficial.

¿Asesora de género?

Otro de los hallazgos hechos por Cuestión Pública, y que resulta irónico, es que la abogada Claudia Cristancho, quien actualmente representa a Morris en el proceso judicial contra Lina Castillo y que ha sido considerado como revictimizante, sea contratada por RTVC para que actúe como una de las voces activas en la elaboración de la política de género de RTVC. Política que debe ser aprobada, precisamente, por Hollman Morris.

En marzo de 2025, la abogada informó que se reunió con la asesora de género de RTVC, Camila Manzanares, con el fin de plantear «una agenda que nos permita hacer un seguimiento a las leyes y políticas públicas vigentes referidas al tema de “mujer y género”», esto con la finalidad, se señala en los informes consultados, de «presentar un insumo que apoye la política en construcción en RTVC sobre “mujer y género”. Ya se fijó agenda y se va a presentar a Gerencia para aprobación».

En ese mismo informe se señala que ese mes sostuvo una nueva reunión con Manzanares «en la que se abordó el tema de mujer y género, desde el ataque mediático de medios corporativos que sistemáticamente se han venido realizando contra RTVC».

Tanto la abogada de Hollman Morris, y contratista de RTVC, como la asesora de género de RTVC estuvieron presentes en la audiencia contra Lina Castillo, en la que se decidió no precluir el caso y llevarla a juicio. Un proceso por injuria y calumnia que, bien se sabe, fue interpuesto por el propio Morris en retaliación por el escrache feminista que ella le hizo en la radio.

Fue Ana Bejarano, la abogada de Lina Castillo, quien denunció la presencia de personas de la entidad en aquella sala judicial el pasado 18 de marzo. Manzanares cuestionada por esto dijo ante la jueza de la audiencia que era defensora de derechos humanos y omitió estar vinculada con la entidad como asesora de género de RTVC, entidad de la cual Morris es el gerente.

Manzanares fue increpada por la editora del medio feminista Volcánicas, Ita María en X.

Castillo, abogada de Morris, ha manifestado que no tiene nada que ocultar frente a estos temas. En declaraciones al periódico El Tiempo, señaló que  «respecto al contrato con RTVC, toda la información está expuesta al público y es totalmente verificable». 

Antes de esta publicación, Cuestión Pública envió un derecho de petición al gerente de RTVC, Hollman Morris en aras del equilibrio informativo para conocer su versión mediante 20 preguntas.

Esperamos su respuesta.

¿Acoso judicial a medios y víctimas? Responde una experta

Frente a los hechos y hallazgos expuestos en este artículo, Cuestión Pública consultó a Raissa Carrillo, abogada de la Universidad de los Andes y magíster en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Northwestern, quien manifestó que «el uso de mecanismos judiciales se ha convertido en una forma de judicializar la libertad de expresión y es una nueva forma de amenaza contra los discursos de interés público».

Agrega la jurista que «los procesos por injuria y calumnia plantean un grave riesgo para la libertad de expresión. Particularmente, cuando se inician contra una víctima que denunció y acudió al “escrache” como denuncia pública para condenar al agresor y las fallas de la administración de justicia».

Para Carrillo, «el derecho penal sólo debe operar como último recurso en relación con la libertad de expresión, lo que significa que las sanciones penales sólo deben aplicarse cuando otros mecanismos legales (civiles, administrativos) son insuficientes para proteger bienes jurídicos superiores.».