Son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

La decisión se tomó este 27 de agosto durante una sesión extraordinaria realizada en Villavicencio. En el proceso se determinará si presuntamente recibieron coimas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de apoyar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, como la de Salud.

Tras una labor investigativa que incluyó declaraciones y pruebas técnicas, la Corte concluyó que existen indicios suficientes para llevar a juicio al expresidente del Senado, Iván Name, del Partido Verde, y a su homólogo Andrés Calle, expresidente de la Cámara por el partido Liberal. 

Desde el pasado 7 de mayo, ambos se encuentran bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota.

En el caso de Calle, el delito de cohecho impropio está relacionado con la presunta recepción de $1.000 millones en Montería por parte del entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, a mediados de octubre de 2023. El objetivo era apoyar reformas como la pensional y de la salud, lo que estaba dentro de su resorte como presidente de la Cámara en el periodo 2023-2024.

Como les contamos en House of Nariño de Cuestión Pública, Andrés Calle fue el segundo congresista, por fuera del Pacto Histórico, que más visitó el palacio presidencial en 2023, año en que se llevó a cabo el robo a la UNGRD. También encontramos que apoyó todas las iniciativas del Gobierno Petro en el legislativo: desde la Paz Total hasta la reforma pensional. Calle hizo parte de un grupo de ‘hombres del presidente’ que identificamos en dicha investigación. 

Por su parte, el cohecho propio para Name se habría materializado con la entrega de un soborno de 3.000 millones de pesos entre el 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá, semanas antes de las elecciones regionales. Con este dinero habría financiado la campaña al Concejo de Bogotá de su hija María Clara Name. 

La Corte Suprema adelanta dichas pesquisas desde 2024, cuando estalló el escándalo de corrupción, y tiene en la mira a al menos 28 congresistas que estarían salpicados en estos hechos.