La Sala Especial de Primera Instancia declaró culpable al exrepresentante a la Cámara (2018-2022), Gustavo Londoño, como coautor del delito de corrupción al sufragante.

La pena impuesta por el alto tribunal fue de 66 meses y un día de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas igual al de esta sentencia y una multa de quinientos un (501) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

En la resolución de acusación emitida por la Sala de Instrucción, la Corte le atribuyó al expolítico del partido Álvaro Uribe, que “a cambio de obtener votos a su favor, por interpuestas  personas, ofreció a la población del Vichada títulos de bachillerato, realizados bajo la modalidad de validación”.

Dentro de las pruebas recogidas por la Corte Suprema, se encuentran declaraciones notariadas que dejaron en evidencia que se “ofreció la obtención del grado de bachillerato mediante validación, a razón de un mes por cada dos grados de educación media; programa del cual podía obtener información en la sede de campaña” de Londoño García.

El exrepresentante del Centro Democrático también fue señalado de ofrecer “títulos en cursos de atención a la primera infancia, entregando entre los días 6 y 8 de marzo de 2018, aproximadamente tres mil diplomas a residentes del Vichada”.

Estos documentos fueron emitidos por el establecimiento educativo Petroschool, con sede de Villavicencio, instituto que según la Corte, no tenía la autorización del Ministerio de Educación para operar en el Vichada, departamento donde Londoño ejerció su actividad política.

La Sala Especial encontró probada la coautoría en cabeza del exrepresentante a la Cámara Gustavo Londoño García, por al delito de corrupción al sufragante, porque “se acreditaron los elementos esenciales que estructuran esta forma de participación, pues se advierte el acuerdo de voluntades o plan común entre el procesado y el rector de la institución educativa Petroschool, Fernando Gonzalez Peralta, orientado a ofrecer títulos educativos como incentivo a cambio de respaldo electoral”.

Para el alto tribunal, el entonces representante a la Cámara, “tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos”.

Londoño se habría apropiado de tierras de forma irregular

En el 2019, la Liga Contra El Silencio informó que el congresista Gustavo Londoño se habría apropiado de forma irregular de un predio en Vichada del tamaño de la isla de San Andrés, por lo que la justicia le ordenó devolverlo. “El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa. Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo en el río Tomo. La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas”, documentó la Liga el 23 de abril de 2019.

Se trató de más de seis mil hectáreas de tierras baldías del Vichada que habían sido entregadas de forma irregular al Representante a la Cámara, Gustavo Londoño. Un fallo del Tribunal Superior Judicial del Meta, ordenó que estas volvieran a la nación.

¿Quién es este personaje?

De acuerdo con la Liga Contra el Silencio, Gustavo Londoño nació en Cartago, Valle del Cauca. Hizo fortuna primero en la venta de semillas y luego como contratista público en el Meta. En 2015 intentó llegar a la Gobernación del Vichada, pero perdió las elecciones. En su perfil de LinkedIn se presentaba como dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que abastece a ganaderías y plantaciones en el Vichada.

Londoño obtuvo una curul en la Cámara de Representantes en 2018 por el Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. Uno de sus lemas de campaña fue “El Vichada es de todos”. Sin embargo, de manera irregular se declaró propietario de miles de hectáreas de tierras que solo podían adjudicarse a campesinos sin tierra.

Ahora, con la nueva sentencia por corrupción al sufragante, la defensa del excongresista del Centro Democrático podrá apelar esa condena ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Solo al definir ese recurso la sentencia queda ejecutoriada, y en caso de confirmarse, el político pagaría los 66 meses y un día de prisión a los que fue condenado.

En esta misma sentencia, la Corte Suprema lo absolvió del cargo de tráfico de votos.

*Esta nota la hicimos con la ayuda de la herramienta Chat GPT.