#DESCARGA | Oficial Huertas Herrera firmó documentos de operación que terminó en un ‘falso positivo’
(09/12/2025)
El 20 de junio de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la condena al Ministerio de Defensa por una ejecución extrajudicial cometida por el Ejército el 6 de julio de 2003 en Granada (Antioquia). Cuestión Pública tuvo acceso a la sentencia, la cual les compartimos en primicia.
Solo hasta el 2015 la familia de Norberto de Jesús Isaza Guzmán se enteró de que él había muerto. La trágica noticia fue comunicada por su hija Claudia Milena, quien la recibió de Alicia del Rosario Galeano Rave, hermana de Medardo Ángel Galeano Rave, asesinado junto a Norberto en ese trágico 6 de julio de 2003.
Al darse cuenta de su muerte algunos familiares de Isaza Guzmán se desplazaron a Granada. Allí indagaron sobre el enfrentamiento entre el Ejército con la guerrilla, el cual habría ocurrido en la vereda de San Cosme de esa localidad del oriente antioqueño.
Las autoridades municipales les dijeron que «no existe una vereda San Cosme en ese municipio y que dentro de sus registros no reposaba ningún reporte de enfrentamientos entre el Ejército y grupos al margen de la ley para el 6 de julio de 2003».
Los signos mortales de Norberto de Jesús Isaza Guzmán «no coinciden con los que normalmente presenta un cuerpo sin vida después de un combate».
Según lo consignado por el magistrado ponente Carlos Enrique Pinzón Muñoz, «dentro de la investigación realizada [por la Fiscalía] se recopilaron pruebas que desmienten la versión declarada por el Ejército», la cual aseguró que el 6 de julio hubo un combate en esa localidad.
Reza en esta sentencia del Tribunal que los signos mortales de Norberto de Jesús Isaza Guzmán «no coinciden con los que normalmente presenta un cuerpo sin vida después de un combate» y las coordenadas donde habría ocurrido el enfrentamiento «corresponden a un lugar de difícil acceso por tratarse de zona selvática, sin caminos ni viviendas».
La muerte de Norberto de Jesús
Norberto de Jesús Isaza Guzman era un vendedor de frutas y aguacates en la capital de Antioquia. También cargaba mercancía, barría locales y ayudaba a los comerciantes del sector del Hueco y la Plaza Minorista de Medellín.
El testimonio de Orlando de Jesús Isaza Guzmán, hermano de la víctima, citado en esta sentencia dice que «el 2 de julio de 2003, Norberto se encontraba en el sector del Hueco y a las 10:00 pm se acercaron cuatro sujetos vestidos de civil y con corte militar (…) les dijeron que necesitaban unas personas para descargar una mercancía, para lo cual Norberto de Jesús Isaza Guzmán accedió a acompañarlos».
En esta sentencia se resume el informe de necropsia practicado al cuerpo de Norberto de Jesús Isaza. Lo que está allí escrito es contundente: «La muerte fue consecuencia natural y directa del shock traumático debido a laceración de masa encefálica, cerebelo, pulmones, hígado, e intestino por heridas con proyectil de arma de fuego de carga única y alta velocidad».
Las ‘lecciones aprendidas’ del general Huertas
Fue el entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera, oficial de operaciones del Batallón de Artillería N° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), quien el 21 de julio de 2003 le envió a la Justicia Penal Militar las «Lecciones aprendidas» de la Operación Marcial Norte, realizada contra las guerrillas de las Farc y el ELN que operaban en el oriente antioqueño.
En su informe del año 2003, Huertas Herrera no reportó ninguna irregularidad en esa operación.
Para el Tribunal, en este caso reposan pruebas de las que se extraen inconsistencias que les hacen concluir que «la muerte de Norberto de Jesús Isaza Guzmán se trató de un crimen de lesa humanidad atribuible al Estado».
De acuerdo con el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de los cuatro muertos en la «operación Marcial Norte» se encontraba Norberto de Jesús Isaza Guzmán.
En su informe, Huertas habría avalado que en esa operación se «dio de baja a cuatro bandidos», pero entre las personas muertas en ese presunto combate se encontraba Isaza Guzmán, un civil.
Armamento extraviado, información que se quemó
La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia aseguró en esta sentencia que «el material bélico incautado [en esta operación], del cual su custodia fue encomendada a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional por parte del Fiscal Seccional 5 de Bello (Antioquia), fue extraviado».
Es decir, que las presuntas armas incautadas a los supuestos guerrilleros no aparecen por ninguna parte. Lo mismo ocurrió con las órdenes del día y actas de gasto de munición de la Operación Marcial Norte.
De acuerdo con este fallo, el policía judicial Edwin Andrés Fernández Restrepo consignó en el acta de inspección del 10 de noviembre de 2015 que en el «Archivo Central del Batallón no se encontró información relacionada con las órdenes del día y actas de gasto de munición».
En el Informe Ejecutivo realizado por la Fiscalía el 21 de febrero de 2013 se dice que «de los hechos se desprende que la muerte de los señores Medardo Ángel Galeano Rave, Aldemar Suárez Díaz, Norberto de Jesús Isaza Guzmán y Ramón Enrique Rengifo, ocurrida en el supuesto enfrentamiento, fue cometida en circunstancias ajenas a los actos del servicio, fue un acto voluntario y alejado de las actividades propias de las fuerzas militares».
No hay lugar a dudas para el Tribunal Administrativo de Antioquia, «el Ejército Nacional no logró demostrar que Norberto de Jesús Isaza Guzmán perteneciera al 9 Frente de las FARC ni a ningún otro grupo al margen de la ley, como se consignó en el Informe de la Operación Marcial Norte».
No se trató, como lo justificó el Ejército Nacional, de una muerte en combate.
Los elementos analizados por el Tribunal permitieron inferir «que se trató de un ardid para encubrir el asesinato de una persona indefensa y vulnerable, lo que genera la responsabilidad jurídica del Estado».
Para el Tribunal, en este caso reposan pruebas de las que se extraen otras inconsistencias, las cuales les hacen concluir que «la muerte de Norberto de Jesús Isaza Guzmán se trató de un crimen de lesa humanidad», veamos:
- Tanto el capitán Juan Miguel Huertas como el teniente Nelson Enrique Carvajal, reportaron que el presunto combate había sido en la vereda San Cosme, pero el Personero Municipal de Granada, por medio del oficio No. 566 del 3 de junio de 2008 «informó que la vereda San Cosme no está comprendida dentro de la competencia territorial del municipio». Es decir, la información oficial es falaz respecto del punto exacto de la supuesta confrontación.
- En la sentencia también se cita el informe 005 del 20 de enero de 2010, elaborado por Juan Carlos Bedoya, Coordinador de la Unidad de Asuntos Humanitarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en el que se aseguró que «el lugar donde se ubican las coordenadas 68° 04′ 47″ / 75° 07′ 15”, es de difícil acceso, ya que no cuenta con camino, zona quebrada, con gran cantidad de piedras y a su alrededor con mucha vegetación, no hay viviendas cercanas».
- En el informe del entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera —hoy general del Ejército reintegrado en agosto por el gobierno Petro— se dice que se observó «en una vivienda a un grupo de bandidos que están preparando campos minados, se procede a rodear la vivienda y a emplazar la armas de apoyo». El CTI no encontró una vivienda, pero en el informe de Huertas Herrera la casa sí aparece.
- Otra de las inconsistencias encontradas fue la declaración del teniente Nelson Enrique Chisco Carvajal. Inicialmente dijo que «se habían encontrado unas personas al interior de una vivienda preparando campos minados», pero en la indagatoria del 31 de octubre de 2008 declaró que el enfrentamiento «se dio por unos movimientos extraños cerca de un camino y aledaño a una vivienda de la vereda».
- Y para rematar, la Personería de Granada no tuvo conocimiento del supuesto enfrentamiento armado del 6 de julio de 2003, donde perdió la vida Norberto de Jesús Isaza Guzmán y 3 personas más.
Es por eso que una de las conclusiones del Tribunal es que tanto en el «Informe de la Operación Marcial Norte como en las declaraciones de indagatoria se faltó a la verdad por parte de los militares que desarrollaron la operación».
La JEP y Huertas Herrera
De acuerdo al Auto 048 de 2022 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos de la JEP, Huertas Herrera aparece mencionado en dos dos versiones voluntarias rendidas por comparecientes que estuvieron en el Batallón de Artillería N° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), durante su periodo como Jefe de Operaciones de dicha unidad militar: dichos comparecientes son: Edwin Leonardo Toro y Rubén Briam Blanco Bonilla.
El nombre de Norberto de Jesús Isaza Guzmán volvió a aparecer el 30 de agosto de 2023.
Esa es la fecha del auto 062 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documento en el cual se determinaron «los hechos y conductas ocurridos en el Oriente Antioqueño durante los años 2002 y 2003, atribuibles a miembros de la IV Brigada», en el marco del caso 003 «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».
Allí se citó un caso relacionado con el Batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (BAJES), unidad militar de la cual el hoy general Juan Miguel Huertas Herrera fue jefe de operaciones cuando ocurrió la operación Marcial Norte en la que murió Norberto de Jesús Isaza.
De acuerdo con este auto de la JEP, el 6 de julio de 2003, militares del BAJES, en el marco de una orden de operaciones «suscrita por el comandante, teniente Iván Darío Pineda y autenticada por el [entonces capitán] Juan Miguel Huertas Herrera», reportaron haber dado de baja a cuatro personas e incautado material de guerra en la vereda San Cosme, de Granada (Antioquia), entre ellos al señor Norberto de Jesús Isaza Guzmán.
Según el informe realizado por el capitán Juan Miguel Huertas Herrera —hoy general [suspendido provisionalmente] del Ejército Nacional— fechado el 6 de julio de 2003, el oficial señaló que se observó «en una vivienda a un grupo de bandidos que están preparando campos minados, se procede a rodear la vivienda y aproximadamente a las 16:30 se inicia un combate de encuentro con el grupo de bandidos, dando de baja a cuatro bandidos pertenecientes a las ONT- FARC del 9no. Frente y recuperando material de guerra, intendencia y comunicaciones».
Material de guerra que luego desapareció.
El 14 de junio de 2022, Juan Miguel Huertas Herrera rindió versión voluntaria ante la JEP por el caso 03, «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».
Cuestión Pública tuvo acceso a esa declaración en exclusiva, en la que Huertas Herrera negó haber estado en el BAJES para julio de 2003, y por ende dijo que él no habría hecho esos informes de operaciones. Los documentos indican lo contrario.
Sobre este y otros aspectos de la Operación Marcial Norte buscamos vía WhatsApp y correo electrónico al general Juan Miguel Huertas, pero no ha respondido nuestros mensajes. De hacerlo, sus respuestas serán incluidas al final de la nota.
En la resolución N° 3038 del 11 de septiembre de 2023, se remite por competencia el caso del militar Huertas Herrera a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, para que esta persona proceda a suscribir el acta de sometimiento formal ante esa jurisdicción.
Preguntamos a la oficina de prensa de la JEP sobre este caso y nos respondieron que él «es compareciente forzoso. Él no tiene que firmar acta para ser vinculado a un proceso».
Según la JEP, el Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES) fue una de las unidades militares que más casos de ejecuciones extrajudiciales reportó en el país. La JEP documentó 261 víctimas atribuidas a esta unidad adscrita a la IV Brigada entre 2002 y 2007.
Llamado a calificar servicios y reintegro
De acuerdo con la JEP, el 27 de mayo de 2022 la Dirección de Personal del Ejército Nacional le aportó a esa jurisdicción una copia de la hoja de vida militar certificando que hizo parte de la institución desde marzo de 1988 hasta marzo de 2022.
En ese momento el presidente de Colombia era Iván Duque.
Según información de prensa, en agosto de 2025, fue formalizado el reintegro del general Juan Miguel Huertas a las Fuerzas Militares. Hoy, Herrera es el encargado del Comando de Personal (COPER) del Ejército Nacional.
Acción de repetición
En su fallo el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que por los hechos sucedidos el 6 de julio de 2003 en Granada (Antioquia), ya había sido condenado el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. En ese otro proceso, las demandantes fueron Beatriz Elena Gil (esposa de Norberto de Jesús Isaza Guzmán), Claudia Milena Isaza Gil (hija), Manuela Isaza Gil (hija) y Mónica María Isaza Gil (hija), en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que les compartimos hoy, las que iniciaron la acción judicial fueron la madre, los hermanos y sobrinos de Norberto de Jesús.
De acuerdo con W Radio, el 20 de noviembre de 2024 el Ministerio de Defensa presentó una acción de repetición contra el hoy general Juan Miguel Huertas Herrera y otros militares por el proceso adelantado por la pareja de Norberto.
Lo que busca esa acción judicial es que Huertas y otros militares paguen económicamente por una muerte que la justicia administrativa ya determinó como responsabilidad del Estado.
Asimismo, hay otra sentencia condenatoria contra la nación «donde fungieron como demandantes los familiares de Medardo Ángel Galeano Rave, providencia dictada el 21 de agosto de 2024 por esta Corporación, con ponencia del Dr. Gonzalo Zambrano Velandia».
En la decisión que les compartimos hoy, la nación deberá pagarle a 18 familiares de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, por lo ocurrido el 6 de julio de 2003, más de $ 1.441.293.750 millones.
En la decisión que les compartimos hoy, la nación deberá pagarle a 18 familiares de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, por lo ocurrido el 6 de julio de 2003, más de $ 1.441.293.750 millones.
Ese día Norberto de Jesús Isaza y tres personas más fueron ejecutadas extrajudicialmente por hombres del Ejército Nacional, aunque el reporte oficial decía que ese día habían caído abatidos cuatro integrantes de las Farc.
Uno de esos informes de operaciones tiene el nombre y la firma del hoy general Juan Miguel Huertas Herrera.
*El valor total de lo que deberá pagar la nación en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia lo sacamos con la ayuda de Gemini de Google.
Preguntas enviadas al Brigadier General Juan Miguel Huertas Herrera.
