Crédito: Fundación para la Libertad de Prensa

(16/12/2021)

Abogado especialista en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en periodismo de la Universidad de los Andes. Editor legal de Cuestión Pública. Coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales.

Por: Camilo Vallejo Giraldo

Una gira que demuestra que la resolución del caso a su favor, que reconoció la violencia que sufren las mujeres periodistas, es uno de los hitos de 2021 en derechos humanos.

Ahora bien, por los días en que se conoció el fallo, llamó la atención que la entonces directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, en su columna en El Espectador, dirigió a la periodista en agradecimiento por su lucha. Lo hizo en estos términos: “Gracias, Jineth, porque recordaste ante el mundo lo difícil que resulta ser mujer y periodista”. 

Se puso de presente así que lo crucial de esta decisión contra el Estado de Colombia es su reconocimiento institucional de la lectura interseccional entre libertad de prensa y género. Un lectura que puede pensarse desde dos dimensiones, las cuales, al final, no son más que dos caras de lo mismo, como lo aprendimos de Jineth: (1) una lucha de género con perspectiva de libertad de expresión, y (2) una lucha por la libertad de expresión con perspectiva de género.

Luchas de género con perspectiva de libertad de expresión

En primer lugar, la decisión de la CorteIDH termina de enmarcar aprendizajes de las luchas feministas en su oposición también a la dominación y la disriminación que busca el silenciamiento de mujeres.

Sobre esto punto no me detendré mucho. Acuso desconocimiento y una falta de legitimidad evidente para hablar en el campo del feminismo. Pero sí quiero resaltar que fue desde las luchas de género que apareció con fuerza la idea que anima esta columna, la “interseccionalidad”. 

Mara Viveros Vigoya recuerda que la interseccionalidad es una perspectiva muy propia de las luchas feministas que busca dar cuenta de que los abusos y las discriminaciones contra de género vienen de diferentes relaciones de poder que se cruzan. Que se puede sufrir violencia por ser mujer pero también por ser pobre, por ser mujer o también por ser obrera. Recuerda que fue la abogada Kimberlé Crenshaw quien acuñó el término cuando demostró que mujeres negras que trabajaban para General Motors sufrían discriminación, no solo por su género sino también por su raza.

En este punto, la riqueza del caso de Jineth, de su campaña “No es hora de callar” y de su reconocimiento por la CorteIDH como fórmula de reparación y no repetición, es quizás su aporte en esta alerta interseccional. Se advierte que se sufre discriminación, abuso y violencia por ser mujer pero también por ser periodista. Entendiendo también el oficio del periodismo, de opinar e informar, como un factor adicional de vulnerabilidad, discriminación y victimización por razones de género.

Lucha por la libertad de expresión con perspectiva de género

Del otro lado, la sentencia de la CorteIDH da mayor impulso a la perspectiva que propone que la lucha por la libertad de prensa es un campo en el que es ineludible dar especial atención a las realidades diferenciadas y agravadas que viven las reporteras.

En un principio, corría uno el riesgo de pensar que la perspectiva de género en el periodismo o en la libertad de expresión se ceñía solo a alertar violencias machistas dentro los discursos expresados por medios y periodistas. 

Sin embargo, justo por la incursión de “No es hora de callar” en 2010, acompañada de agendas como la de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, se comenzó a transitar hacia demandas que también resaltaban las violencias y discriminaciones que vivían las mujeres periodistas, por motivo de su género, en salas de redacción y espacios de reportería.

En 2009, la Unesco había publicado “Instalar el equilibrio: igualdad de género en el periodismo”. Sirvió para revisar algunos primeros marcos sobre esta intersección feminista dentro del periodismo y la libertad de expresión. Más tarde, Frank La Rue, entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, advirtió en su informe de 2012 que 

“las mujeres periodistas corren peligros adicionales como la agresión sexual, la violencia sexual de la turba contra periodistas que cubren acontecimientos públicos, o el abuso sexual cuando se encuentran en detención o cautiverio. La existencia de poderosos estigmas culturales y profesionales hace que no se den a conocer muchos de estos atentados. Por lo tanto, al considerar medidas para hacer frente a la violencia contra los periodistas hay que tener en cuenta las cuestiones de género”

En 2013, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), bajo el liderazgo de Catalina Botero Marino, publicó su informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios”. En este se pudo consultar un primer capítulo sobre la violencias que vivían las mujeres periodistas. De resaltar allí fue el llamado a los países de la región a construir diagnósticos y políticas diferenciales sobre lo que viven las periodistas.

Desde el año 2015, los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) comienzan a tener capítulos más sistemáticos sobre la situación de las mujeres periodistas en Colombia (ver acá ejemplos de informes de 2015, 2016 y 2017). Tambien la tradicional encuesta a periodistas a cargo del Proyecto Antonio Nariño comenzó a incorporar preguntas específicas sobre discriminaciones a mujeres periodistas.

La FLIP había acompañado los casos particulares de periodistas que sufrieron violencias como Jineth Bedoya, Claudia Julieta Duque o Maryluz Avendaño. Aún así, en el 2014 apostó por una metodología piloto adicional con mujeres que ejercían el periodismo en el departamento de Córdoba, el cual quedó consignado en el informe “Autocensura en Córdoba: las piezas del rompecabezas”. 

En ese piloto, con encuestas y mesas de trabajo se encontraron actos de discriminación y violencia como: (1) falta de garantías igualitarias y económicas como trabajadoras en medios; (2) desconocimiento de rutas diferenciales de protección; (3) restricción a cubrir ciertos temas; (4) persistencia e instrumentalización de estereotipos de género; (5) agresiones sexuales en el cubrimiento y en las salas de redacción.

En el 2015, también el informe de memoria sobre violencia contra la prensa, del Centro Nacional de Memoria Histórica, “La palabra y el silencio”, dispuso un subcapítulo para enfatizar en la caracterización de la violencia contra la prensa que vivieron mujeres periodistas en los últimos 30 años.  

Lo que viene a partir del fallo

El fallo del caso Jineth Bedoya en este 2021, abre el espacio institucional y la obligación estatal para que este recorrido de avances en la libertad de expresión y en el feminismo pasen ya de los informes preliminares y los pilotos a la sistematicidad y los resultados concretos,

La sentencia estableció medidas de reparación que hacen énfasis en la interseccionalidad de reparar a la mujer y a la periodista:

  1. Difusión de la campaña “No es hora de callar”, el cual debe ser transmitido por el sistema demedios públicos durante 5 años. “Con el fin de generar conciencia respecto a los derechos de las mujeres en el ejercicio del periodismo en Colombia”.
  2. Creación de un plan de capacitación y sensibilización para funcionarios, fuerza pública y operadores judiciales. “Para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.”
  3. Creación del Centro “No es Hora de Callar”. Con exposiciones permanentes sobre la labor de la periodista Jineth Bedoya, exposiciones temporales sobre casos o temas de violencia contra las mujeres y el periodismo, programas de difusión de memoria colectiva para mujeres en otros casos de violaciones de derechos humanos, encuentros para periodistas y defensoras de derechos humanos, sobrevivientes de violencia contra las mujeres y otros grupos focalizados.
  4. Diseño de un sistema de recolección de información integral “sobre violencia basada en género y violencia sexual contra periodistas para dimensionar la magnitud real de este fenómeno”. Esto para diseñar estrategias de prevención y atención oportuna.
  5. Creación de un fondo, “el cual debe ser destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género en el ejercicio de su profesión”.

Como se puede ver, siempre la interseccionalidad entre periodismo y género. Una mirada desde el primer día en que Jineth Bedoya y otras periodistas dejaron de callar, hasta la decisión final de la CorteIDH. Es así que estos caminos que se juntaron entre la libertad de prensa y las luchas feministas no podrán dividirse nunca más. Por el contrario, han edificado un camino conjunto que ahora el Estado tendrá que apoyar y defender. Con Jineth al cabeza, como lo ordena el mismo fallo, con las periodistas y demás mujeres que la han acompañado, con la FLIP y  las organizaciones de medios siempre de la mano de las organizaciones feministas.

Al cierre del año, según contó Jonathan Bock, director de la FLIP, el gobierno colombiano sigue sin contactar a Jineth Bedoya para comenzar en el trabajo de esta reparación de la violencia interseccional. Estamos en ese punto en el que nos toca a todas y todos ponernos el expediente de la sentencia bajo el brazo, exigir que nos abran las puertas públicas que siguen cerradas y recordar que esta lucha fue el hito en derechos humanos de 2021

*La Tribuna es el espacio de columnas de pensamiento de nuestros analistas y expertos en Cuestión Pública. Sus contenidos no comprometen al medio.