El Ejército perdió armamento y el Comando General intentó taparlo

Cuestión Pública documentó la pérdida de 123 mil municiones y armas en el Ejército, así como los intentos del Comando General por ocultarlo, con base en informes y testimonios a los que este medio tuvo acceso.

Según fuentes de la Inspección del Ejército y documentos en poder de Cuestión Pública, en diciembre de 2023 el general Mauricio Ospina, comandante para entonces de esa institución, citó a una reunión al entonces Inspector del Ejército, general David Gómez Pulido y su equipo para ordenar la apertura de una investigación sobre pérdida de municiones y armamento en algunas unidades críticas.

En esta les comunicó  que se tenía información de una posible pérdida de  armamento con destino a los grupos al margen de la ley. Llegaron a esa sospecha a raíz de que ese mismo mes, la Policía Nacional envió al Ejército un informe en el que aseguraba que en el atentado del peaje de Pipiral, Meta, se encontraron restos de granadas pertenecientes al Ejército Nacional.

Fue entonces cuando la Inspección del Ejército emitió la circular número: 2024101002844903 en la que daba “Instrucciones de coordinación para prevenir y detectar casos de connivencia” y   programó misiones de trabajo encaminadas a realizar la inspección de las municiones y armamento. Para esto se priorizaron las unidades más críticas  y se conformó un equipo de 230 uniformados de la Inspección y la Contrainteligencia del Ejército con el fin de realizar las revisiones en terreno.

La investigación por parte de la comisión del Ejército consistió en la revisión de los armerillos para contrastar la existencia del material registrado en el sistema de información dispuesto para el control de armas y municiones de las unidades del Ejército Nacional, llamado SAP; así como en la comprobación de la documentación y de los soportes físicos de los movimientos y otras novedades no registradas en el sistema.

De acuerdo con los informes, las primeras unidades seleccionadas para inspeccionar fueron las que estaban ubicadas en el Fuerte Tolemaida, donde se concentra el mayor número de integrantes del Ejército Nacional, y en unidades orgánicas de la Primera División.

Línea de tiempo de las misiones de trabajo adelantadas por la Inspección y remitidas a la Contraloría General de la Nación

Caso Tolemaida

En concordancia con la información enviada por la Policía Nacional, en el Fuerte Tolemaida (Misión de Trabajo 17 y Misión de Trabajo 019) se encontraron diferentes novedades. Entre ellas, la posible pérdida de granadas de mano M26, granadas de 40 mm, municiones calibre 5.56 mm, entre otras. 

Uno de los casos más graves descubiertos por la Inspección se dio en la Escuela de Lanceros (ESLAN) del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), ubicado en Tolemaida, donde se halló un faltante de 120 granadas de mano M26 y 4920 cartuchos calibre 5.56 mm.

Para cuando se dan las presuntas irregularidades sobre las granadas y la munición,  la escuela era comandada por el teniente coronel Ramón Raúl Royero García.

El teniente coronel Royero García es recordado porque en octubre de 2024, en pleno discurso de despedida del Ejército, agradeció al general retirado Alejandro Nava, de quien aseguró, era su padre en la Institución; y al general retirado Eduardo Zapateiro, su amigo.

La revista Semana aseguró que su salida se debió a su cercanía con el exgeneral Zapateiro. 

Pero la cercanía entre el informe —sobre la pérdida de 120 granadas y 4.920 municiones bajo su mando— y su salida de la institución, podría ser otra razón aún no aclarada por el coronel Royero García.

Según la documentación de la ESLAN, dichas granadas y municiones habrían sido prestadas temporalmente a la Compañía Calarcá para su uso en el entrenamiento de los cursos de lanceros 499 y 500. Aunque existe el acta de salida del material del armerillo en calidad de préstamo, la Inspección no encontró el acta de entrada a la Compañía Calarcá.

El comandante, mayor Javier Quezada Rubio, aseguró en entrevista con la Inspección no haber recibido dicho material ni haber realizado lanzamiento de granadas en dichos cursos, debido a que no se contaba con disponibilidad de este armamento para realizar el entrenamiento.

Los participantes de los cursos de Lanceros 499 y 500, manifestaron de forma unánime, a través de una encuesta, no haber hecho entrenamiento de lanzamiento de granadas.

A pesar de esto, se aportaron por parte de la ESLAN varias minutas que formalizaron el gasto de la munición y las granadas en los cursos 499 y 500.

Sin embargo, los documentos no aparecieron en ORFEO [el nombre del software de gestión documental del Estado colombiano], y quien supuestamente firmó las minutas, el capitán Cristian Rojas Muñoz, aseguró en indagación con la Inspección que la firma en el registro era falsa.  

Las contradicciones del coronel Royero

Gran parte del material probatorio recogido, tanto documental como de entrevistas, parece contradecir el testimonio del coronel Royero García, quien ante la Inspección insistió que, pese a la evidencia contraria, las granadas sí habrían sido utilizadas en los cursos de entrenamiento.

Royero aseguró haber hablado con el mayor Quezada, quien le habría dicho que fue testigo del uso de las granadas, lo cual fue negado por el propio Quezada. También aseguró que dos mayores a quienes les pidió revisar el campo de tiro habrían encontrado cuatro seguros correspondientes al lote en cuestión.

Reconoció haber firmado las actas de consumo del material pero aseguró que fue engañado, pues esta contenía la firma de 14 funcionarios más y fue el último en firmar; así como la solicitud de municiones inicial que se hizo a la unidad superior en Bogotá, después de haber llegado de Amazonas, sin mayor conocimiento de las fechas consignadas [esto porque la inspección encontró dos solicitudes iguales con diferentes fechas].

Caso Primera División

Al igual que en Tolemaida, en la Primera División del Ejército, que comprende los departamentos de la Costa Caribe, se halló la pérdida de 868 granadas y una gran cantidad de munición. En el informe se puede observar que se comprobó la remarcación de los seriales de varios fusiles para que coincidieran con los que estaban registrados en el inventario y la posible desaparición de los originales. Así como una gran cantidad de munición sobrante, denominada bajo la etiqueta: “munición defectuosa”. Para ese entonces, el actual comandante del Ejército, el general Royer Gómez Herrera, era el comandante de esta unidad.

En el caso de la munición sobrante marcada como “defectuosa”, según las fuentes consultadas por Cuestión Pública, esta suele usarse para cuadrar los inventarios, con el fin de intercambiar material nuevo por material dañado o averiado con actores criminales. Adicionalmente, las fuentes manifestaron que el material sobrante también puede presentarse por la falta de control por parte de quienes están llamados a mantener el inventario al día en los armerillos y polvorines del Ejército y sus superiores. 

La mayor pérdida de armas se habría presentado en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate n.º 10, Cacique Upar, en Valledupar. Según fuentes que participaron de la operación, aunque solo se iba a comprobar la existencia o no de la munición registrada en los inventarios, un miembro de la inteligencia de la Primera División avisó al equipo de la Inspección General del Ejército que se estaría presentando remarcación de la fusilería, lo que se comprobó en la verificación. Adicionalmente, se demostró  un faltante de 849 granadas de mano.

Cuestión Pública indagó con dos fuentes de la Inspección del Ejército sobre por qué no se investigó a los responsables directos de estas pérdidas, pues en los informes sólo se señaló las pérdidas de munición y armamento, más no a posibles responsables de su control, a diferencia del caso de la ESLAN. En sus respuestas, ambos aseguraron que el mando solicitó bajar la intensidad de las investigaciones, una vez se conoció el informe de Tolemaida.

Así, en la Primera División no se realizó la trazabilidad completa de la cadena de custodia y de los documentos que la soportaban y tampoco se señalaron presuntos responsables directos.

Falsificaciones e ‘intercambios’: los mecanismos del tráfico y la desprotección 

La investigación da cuenta de, al menos, dos posibles mecanismos que podrían indicar el tráfico de armamento y munición desde unidades del Ejército en el Caribe y Tolemaida hacia los grupos armados, y que involucrarían a oficiales del Ejército.

El primero de ellos se daría a través de la legalización del gasto de munición en cursos de entrenamiento, mediante la falsificación de firmas en documentos oficiales, mientras se desvía dicha munición a los ilegales. 

Y en el segundo, miembros del Ejército entregarían armas nuevas y en buen estado a los grupos ilegales a cambio de armamento viejo, que luego rotulan como munición deficiente. Para evadir los controles de la misma organización, alterarían los seriales de las armas.

La revelación de los hallazgos del informe por parte del Presidente habría desatado una persecución dentro del Ejército contra quienes lideraron y apoyaron la investigación. Algunas personas con quienes Cuestión Pública conversó, hablan incluso de un posible desmantelamiento de la Inspección del Ejército. A la fecha, algunos de los partícipes fueron llamados a calificar servicios y otros habrían sido enviados a lugares de “castigo”, como sucedió recientemente en el caso de los policías que investigaron a alias Papá Pitufo.

El presidente Petro aseguró en un trino de X que las denuncias contra el exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, y contra el comandante del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, por sus presuntos vínculos con alias Calarcá, serían una retaliación por ayudarle a identificar “oficiales corruptos”, como en el caso de robo de armas en La Guajira. 

Cuestión Pública indagó con los oficiales de la Inspección del Ejército y de la contrainteligencia que participaron de la investigación, así como con los funcionarios del Ministerio de Defensa que conocieron de la misma, quienes aseguraron que ni Mejía ni Huertas habrían participado o brindado información para detectar las pérdidas de munición o armamento.

En el caso de la Guajira, que es el que señala el presidente Gustavo Petro en su trino, una de las fuentes que participó en la investigación y que estaba presente en el momento de la inspección, aseguró que la remarcación de fusiles le fue denunciada por un integrante de la inteligencia de la Primera División y por eso se decidió ampliar la revisión a alguna fusilería de forma aleatoria, con los hallazgos mencionados.

El tapen-tapen del Comando General y la persecución a los investigadores

Luego de las declaraciones del Presidente, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, decidió enviar a Tolemaida otra comisión de la Inspección, ya no del Ejército, sino del Comando General de las Fuerzas Militares (unidad superior al Ejército) para verificar los hallazgos.

Como resultado, se produjo un informe de 11 páginas, que contrasta con las 79 que tenían los informes previos y con el despliegue de investigadores que realizó el Ejército. En este, se obvia el caso del coronel Robayo, se asegura que en las unidades de Tolemaida solo se encontraron faltantes en munición (mucho menor a la reportada por el Ejército), detonadores  y cargas de demolición, sin hallazgos sobre las granadas de 26 MM. 

Asimismo, se desestimaron y se les restó importancia a los hallazgos del Ejército, adjudicándose a desórdenes administrativos e inconsistencias en la documentación, entre otros.

Este medio pudo saber que cinco de los oficiales que participaron de la investigación interna sobre la pérdida de armas fueron llamados a calificar servicios o enviados a lugares alejados que suelen considerarse dentro de las Fuerzas Militares como unidades de castigo.

Entre los oficiales de la Inspección del Ejército entrevistados existe un consenso sobre la persecución que sufrieron tras la revelación de las investigaciones. Según ellos, quien estaría detrás de las presuntas retaliaciones sería el que, para 2024, era el segundo comandante del Ejército, el general Omar Esteban Sepúlveda. 

Según uno de los uniformados, en una reunión con sus superiores, se le informó que el segundo comandante habría exigido, palabras textuales:“dígale a ese coronel triple HP que pida la baja o lo doy de baja”; frente a lo cual, el uniformado se retiró no sin exponer los abusos sufridos. En razón de ello, lo trasladaron en numerosas ocasiones y postergaron su salida. El año anterior le aceptaron el retiro voluntario y ahora enfrenta un proceso como denunciante del acoso que sufrió.

En otro caso conocido por este medio, a uno de los oficiales se le intentó trasladar a una “zona roja”, es decir, donde hay confrontaciones con grupos armados organizados, como Caquetá, Cauca, Arauca, Catatumbo, entre otras. Según su testimonio, esta decisión fue reversada por el entonces ministro, Iván Velásquez. El afectado reveló que habría recibido amenazas en varias ocasiones tras su participación en las investigaciones a la Escuela de Lanceros, mediante llamadas en las que le informaban que conocían el paradero de sus hijos y que debía cuidarse.

Otros oficiales, además de ser trasladados a zonas que enfrentan crimen organizado, fueron objeto de montajes a través de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) anónimos, en los que se les señalaba de delitos sin prueba alguna, por lo que aún se encuentran enfrentando procesos disciplinarios asumiendo el costo de su defensa legal.

El general David Gómez Pulido, exinspector del Ejército Nacional y quien lideró los procesos, también fue llamado a calificar servicios. 

Finalmente, según las fuentes consultadas, las investigaciones internas de las FFMM se habrían cerrado. La Contraloría, aunque en un informe ratificó todo lo dicho por el Ejército en sus informes, no ha avanzado en dicho proceso, y no se conocen avances tampoco de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso. 

Contactamos a todas las personas nombradas en esta investigación: el coronel Royero, el general Helder Giraldo, al Ejército Nacional y al Comando General de Fuerzas Militares. Una vez lleguen sus respuestas serán adjuntadas a esta investigación.

El general Sepúlveda, por su parte, respondió que no tiene vinculación laboral en el momento y que no cuenta con ninguna investigación vigente de tipo disciplinario o administrativo por acoso laboral. Aquí se puede consultar su respuesta completa.