(20/03/2022)

En libertad enfrenta caso policía imputado por muerte de joven durante Paro Nacional en Cali

Marcelo Agredo Inchima murió por un impacto de bala en la cabeza, el 28 de abril de 2021, cuando participaba en el primer día de protestas en el oriente de Cali. El patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, fue imputado por la Fiscalía por el homicidio del joven de 17 años. Desde el pasado 2 de febrero el uniformado se defiende en el proceso sin estar detenido.

La decisión se conoció en una audiencia virtual que tuvo lugar el primero de febrero de 2022. Durante la diligencia, Iber James Moreno Hernández, juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías, aceptó la petición del abogado del policía Piedrahita, Luis Fernando Bayona, de dejar a su representado en libertad por vencimiento de términos. 

Por medio de una carta firmada por el subteniente Fabián Alexander Arteaga Toro, jefe de la oficina de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal) le informó a Cuestión Pública que «El funcionario [Luis Ángel Piedrahita Hernández] hizo su presentación el día 03/02/2022 a las 16:30 horas, quien verificado en el Sistema para la Administración del Talento Humano se encuentra suspendido».

El abogado Bayona argumentó que su cliente está en libertad debido a que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 317 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal: “Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio”.

Pero el abogado Gonzalo Perdomo, representante de la familia de Marcelo Agredo, dijo a Cuestión Pública vía WhatsApp que “los 120 días que transcurrieron son producto de una maniobra dilatoria de la defensa”.

La Fiscalía, la Procuraduría y el abogado Perdomo apelaron la decisión del juez Moreno de dejar en libertad al patrullero Piedrahita mientras continúa el proceso. De acuerdo con el abogado Perdomo, hasta la fecha de publicación de este texto, no ha existido pronunciamiento por parte del despacho penal sobre el recurso interpuesto.

El uniformado Piedrahita Hernández fue capturado el 13 de mayo de 2021. Ese día la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado ya que “al parecer accionó su arma de dotación contra [Marcelo Agredo], un adolescente de 17 años”. El patrullero Piedrahita no aceptó los cargos. 

Al día siguiente fue cobijado con medida de aseguramiento. Según nos confirmó el abogado de la familia de Marcelo Agredo, Piedrahita permaneció en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Santa Mónica, al norte de Cali, hasta que se ordenó su libertad en febrero de 2022.

El 30 de agosto de 2021 se llevó a cabo la audiencia donde se presentó el escrito de acusación contra el patrullero Piedrahita Hernández. Su abogado argumentó ante Nelly Amparo De La Cruz Gómez (jueza tercera penal con funciones de conocimiento) que ella no era competente para conocer el caso y que debía cursar en la Justicia Penal Militar. 

Aunque la jueza sí se declaró competente para conocer el caso, dio trámite a la proposición de la defensa del uniformado y De La Cruz remitió el expediente del proceso a la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2021. El alto tribunal debe decidir si este sigue su curso en la justicia ordinaria o si debe migrar a la Justicia Penal Militar. Cuestión Pública indagó en la Corte Constitucional y a la fecha, aún no se ha emitido la decisión.

La familia de Marcelo Agredo Inchima se pronunció sobre la libertad del patrullero mientras se da trámite al proceso, a través del abogado Perdomo. Manifestaron que tienen sentimientos de desconcierto, decepción y que sienten “que no van a poder encontrar verdad ni reparación”.

Cuestión Pública consultó al abogado Bayona sobre su reacción frente a la decisión del juez al conceder la libertad por vencimiento de términos a su defendido, el policía Piedrahita, pero se abstuvo de hacerlo. Dijo: “Tengo a la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas encima”.

El homicidio de Marcelo

Marcelo Agredo era aficionado a los deportes. Foto: cortesía.

Según dijo Armando Agredo a Cuestión Pública, a su hermano le dispararon entre las tres y las cuatro de la tarde del 28 de abril, día en que habían citado movilizaciones en Cali por el inicio del Paro Nacional de 2021.  “Las personas que viven en barrio Mariano Ramos habían llamado a la Policía porque un gentío estaba destruyendo una tienda de Yamaha y una sucursal del Banco de Bogotá”, agregó.

Cuestión Pública hizo una reconstrucción forense con tres videos grabados ese 28 de abril. La autenticidad de las imágenes fue comprobada por este medio, por el diario The New York Times y Human Rights Watch, organización que para ese entonces era dirigida en América Latina por José Miguel Vivanco.

En el primer video se ve cuando el joven le da una patada al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, que está en una moto oficial. El uniformado giró, apuntó su pistola contra el joven y disparó al menos dos veces, luego bajó del vehículo.

Este segundo video obtenido por Cuestión Pública se convirtió en una prueba reina de lo sucedido. En él se ve cuando el adolescente de 17 años recibió el impacto de bala en la cabeza, pierde su gorra y cae herido de muerte. 

En el tercer video se ve a Marcerlo tendido en el piso y mientras la comunidad intentaba auxiliarlo. De acuerdo a lo que su hermano Armando le dijo a Cuestión Pública “En el Hospital, antes de remitirlo aún con vida a la Fundación Valle de Lili, nos dieron la valoración casi al instante: herida con arma de fuego en cráneo con compromiso de la masa encefálica”. Según el informe del Instituto de Medicina Legal, Marcelo recibió atención médica en la Fundación Valle de Lili,  donde falleció a las 17: 35 horas del 28 de abril de 2021.

La causa básica de muerte según este instituto fue: trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego con carga única.

Otras investigaciones 

En Cali se adelantan dos procesos relacionados con homicidios, amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas presuntamente cometidas durante el Paro Nacional de 2021.

1) El primero de diciembre de 2021 la Fiscalía imputó cargos contra Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, al teniente Néstor Mancilla comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y al patrullero Wilson Orlando Esparragoza. La imputación se realizó por los presuntos delitos de homicidio agravado y  lesiones personales.

2) Audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Andrés Escobar, cuatro civiles y 12 policías, esto de acuerdo con el abogado Sebastián Caballero, único representante de víctimas en ese proceso. La diligencia judicial, que ha sido aplazada en dos ocasiones, está programada para el 31 de marzo y el 1 de abril del presente año.

Según el informe “Prohibido Olvidar: haciendo memoria para re-existir” publicado en diciembre de 2021,  “de un aproximado de 80 víctimas mortales en todo el país, 59 corresponden a personas asesinadas en el Valle del Cauca, es decir el 73,75% […] Y de esos asesinatos, de acuerdo a lo recabado por estas organizaciones, 35 fueron presuntamente perpetrados por organismos de seguridad del Estado (Policía, Esmad, GOES, CTI)”. 

El homicidio de Marcerlo Agredo Inchima se encuentra dentro de los 35 casos presuntamente perpetrados por organismos del Estado. Su familia espera que su muerte no quede en la impunidad.

A menos de un mes de que se cumpla un año del inicio del Paro Nacional de 2021 y el exceso de fuerza violenta del Estado que vivió Cali, no hay ningún policía condenado, ni preso. Todos enfrentan sus casos en libertad.

Créditos

Texto y reportería
Jose Marulanda
Edición
Ingrid Ramírez Fuquen
Factcheck
Valeria Báez

Cover
Heidy González
Edición legal

Camilo Vallejo
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Valentina Hoyos G

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