El martes 22 de julio, el Juzgado 06 Penal Especializado de Antioquia condenó en primera instancia a siete exejecutivos de esa multinacional a 11 años de prisión por financiar a las AUC en el Urabá antioqueño.

Según la jueza Diana Lucila Monsalve Hernández, la financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y a la paz social. No se afecta solamente la seguridad pública como bien jurídico, sino también la integridad de los ciudadanos colombianos, por lo que les impuso la pena más alta para el delito de concierto para delinquir agravado.

Mientras la jueza afirma en la sentencia que el caso prescribe el 28 de septiembre del 2028, el abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, afirmó que podría prescribir en septiembre de este año. Según el abogado hay varias interpretaciones sobre la fecha de prescripción de la acción penal.

“Aún no tengo conocimiento de que la defensa haya apelado la decisión, pero de ser así, se espera que el Tribunal Superior de Antioquia resuelva rápidamente, debido a que ya es un caso en el que se ha trabajado por casi 20 años y ya se confesaron los delitos”, comentó Vega a Cuestión Pública.

De presentarse la solicitud de apelación, el Tribunal tiene aproximadamente 15 días hábiles para admitir el recurso presentado por la defensa. 

Los condenados son: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Giacoman Hasbún. Además de la pena privativa de la libertad, deberán pagar una multa de 9.750 SMLMV, lo que equivale a más de 13 mil millones de pesos.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó como prueba clave la confesión de Chiquita Brands en 2007 ante autoridades de EE. UU., donde admitió haber hecho más de 100 pagos ilegales —por 1,7 millones de dólares— a las AUC, y fue sancionada con una multa de 25 millones. En 2024, un tribunal en Florida la condenó a pagar 38,3 millones de dólares a ocho familias colombianas afectadas por la violencia paramilitar.

Según la Fiscalía, los pagos fueron legalizados mediante la contratación de servicios de protección y vigilancia, ofrecidos por siete cooperativas privadas de seguridad, conocidas en ese momento como Convivir. Estas organizaciones brindaban seguridad en las plantaciones, las instalaciones y al personal relacionado con las empresas bananeras.

Los condenados se encuentran actualmente en libertad, por lo tanto una vez la sentencia quede en firme se emitirá una orden de captura.

Por otra parte, el juzgado absolvió a Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín, exdirectivos de Banacol S.A., quienes también eran investigados en este caso.

Publicada a las 4:00 pm