Hoy se cumple un mes de la masacre ocurrida el 9 de septiembre en Bogotá y este medio se pregunta ¿en qué van las investigaciones por parte de la entidad encargada de investigar en materia penal a los policías que estuvieron involucrados esa noche? Aquí les contamos.

Cuestión Pública supo que ya se identificaron los uniformados de la Policía responsables del fallecimiento de cuatro personas la noche del 9 de septiembre, dos de ellas en Verbenal, Usaquén. Las investigaciones reposan en los despachos 415, 371, 326 y 58 de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación.

A pesar de que se tiene certeza de la identidad de los determinadores de los casos en las investigaciones que adelantan estos despachos, y de que entregaron la información pertinente a los fiscales correspondientes, hay preocupación al interior de esta entidad porque, al parecer, no se ha llamado o citado a los implicados y tampoco se ha procedido con la imputación de cargos. 

“Nosotros no tenemos en este momento determinadores claros ni mucho menos. Lo que la Procuraduría dijo hoy [8 de octubre]  es que tenían citaciones para unos uniformados que aparentemente habrían disparado ese día, pero eso es [la] Procuraduría”.

Al respecto, el abogado Miguel Angel del Río, que interpuso una denuncia a los policías, al director de la Policía y al ministro de Defensa por lo ocurrido esa noche del 9S, aseguró tener información de que la Fiscalía está tratando de dilatar el proceso para que no haya resultados: «Aquí hay mucha negligencia y como casi todas las familias son humildes parece que no hubiera doliente, ni nadie que le exigiera a la Fiscalía un compromiso con ellas», dijo el abogado.

➤Lee aquí la primera entrega del especial La noche del 9S

Este medio conoció una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado martes 6 de octubre en la que conmina a la Fiscalía “para que imprima un criterio de celeridad prevalente y especial a las investigaciones penales que se adelantan por los posibles hechos delictivos acaecidos en el marco de las protestas de los días 9, 10 y 11 de septiembre del presente año con el fin de que las acciones penales respectivas no lleguen a prescribir”.

Por esta misma razón la Procuraduría, como ministerio público, ya actúa por orden de la Corte en asegurar la actuación rápida por parte de la Fiscalía y ya está en los despachos donde reposan las investigaciones para garantizar que los procesos sean llevados con celeridad. Así lo dijo a Cuestión Pública la viceprocuradora Adriana Herrera Beltrán: “En materia disciplinaria, la Procuraduría adelanta el poder preferente por todos los casos, somos nosotros quienes vamos a investigar directamente los procesos disciplinarios; también adelantamos participación en procesos penales en todos los casos de personas fallecidas el 9 y 10 de septiembre. Ya estamos actuando en la práctica de pruebas tanto físicas como testimoniales, hay procuradores judiciales vigilando que se adelante la búsqueda de evidencias físicas, así que pueden contar con que ya estamos ahí hace más de 20 días en los procesos penales y como ministerio público”, dijo la viceprocuradora a este medio. 

Por su parte, Paola Tovar, jefe de prensa de la Fiscalía, dijo a este medio que desde esa entidad trabajan en en la investigación de once casos de personas que perdieron la vida la noche del 9 de septiembre: ocho en Bogotá y tres en Soacha. “Nosotros no tenemos en este momento determinadores claros ni mucho menos. Lo que la Procuraduría dijo hoy [8 de octubre]  es que tenían citaciones para unos uniformados que aparentemente habrían disparado ese día, pero eso es [la] Procuraduría”. 

Cuando los asesinatos en este país se cometen contra personas con nombre y con poder las investigaciones son muy rápidas, pero aquí no hay dolientes. Entonces, ¿qué pasa? que la Fiscalía inicia las investigaciones en la Unidad de Vida, una unidad local que no tiene la capacidad estructural ni siquiera para hacer una investigación de estas.

«¡Es que a un mes ya debería haber decisiones!», le dijo el abogado del Río consultado por este medio y continuó: «Es que hay videos, registros, hay personas que identifican a policías y, aparte, hay un tema de credibilidad de la Fiscalía, que nos de un parte de tranquilidad de que se están moviendo, pero es que no tenemos imputaciones, se escucha que hay declaraciones de policías amañadas, que hay cierto tipo de complicidad en los procesos».

Según el abogado, la Fiscalía en estos casos hizo la de «divide y vencerás», porque envió las investigaciones a diferentes despachos: «Hay un problema estructural: son varios despachos los que llevan la investigación y nosotros lo que pedimos es que se unifique en un solo despacho especializado; cuando los asesinatos en este país se cometen contra personas con nombre y con poder las investigaciones son muy rápidas, pero aquí no hay dolientes. Entonces, ¿qué pasa? que la Fiscalía inicia las investigaciones en la Unidad de Vida, una unidad local que no tiene la capacidad estructural ni siquiera para hacer una investigación de estas. Esto tiene que pasar a una unidad especializada en Derechos Humanos, para que se tomen decisiones a la mayor brevedad, porque a un mes ya debería haber resultados».

En efecto, la Procuraduría expidió un comunicado en el que dijo avanzar “en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, de los ciudadanos Jaider Alexander Castillo (17 años), Julieth Ramírez Meza, Germán Smith Puentes, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero, Mauricio González, Cristian Camilo Hernández, Lorwan Stiven Mendoza, Anthony Gabriel Estrada Espinosa y Cristian Andrés Hurtado, y continúa  el juicio en el caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez.”

➤Lee aquí la segunda entrega del especial La noche del 9S: voces de una masacre

La Procuraduría busca “identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y/o cuando circulaban por diferentes vías de la capital”, lo que aún no comunica la Fiscalía un mes después de los hechos. 

la Procuraduría en el marco de los procesos disciplinarios había individualizado a los policías que dispararon contra los manifestantes la noche del 9 de septiembre y que los avances de la investigación, en el caso que él lleva, se los comentan únicamente en persona.

Un abogado que representa uno de los casos de Verbenal, en la localidad de Usaquén, consultado por este medio, dijo que la Procuraduría en el marco de los procesos disciplinarios había individualizado a los policías que dispararon contra los manifestantes la noche del 9 de septiembre y que los avances de la investigación, en el caso que él lleva, se los comentan únicamente en persona.

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, en una moción de censura del Congreso el pasado 7 de octubre, forzado por los congresistas y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, reiteró sus “disculpas” por los excesos de la fuerza pública “durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”. No se refirió a los hechos ocurridos en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre contra el abuso policial.

Hoy, un mes después de la masacre en la que perdieron la vida 13 personas, no se conocen más detenidos que los uniformados sindicados en el caso del asesinato de Javier Ordóñez.

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