Pecar por omisión

(05/11/2018)

Natalia Abril es investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Sin armas y sin amenazas los habitantes del corregimiento de Oriueca, en Zona Bananera, Magdalena, han tenido que salir de sus hogares. Lo han hecho no porque los hayan presionado, sino por falta de posibilidades para la actividad agrícola. En el municipio hay cultivos agroindustriales que se están expandiendo, áreas naturales protegidas que se han degradado, comunidades étnicas que aún no tienen un reconocimiento de su territorio y campesinos que se resignan a salir. Pero sobretodo, hay un Estado que no aparece para ordenar, controlar, sancionar y proteger a quienes han visto limitados el acceso a recursos.

Zona Bananera es uno de los 14 municipios que hacen parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, un complejo de humedales protegidos internacionalmente, que requiere del constante flujo de agua dulce y salada para mantener vivo su ecosistema. Este municipio también es el cuarto productor de banano a nivel nacional y el primero en el departamento, donde los cultivos alcanzan las 10.802 hectáreas, por lo que también necesita enormes cantidades de agua para producir esta fruta.

Según los estudios de la Convención Ramsar, la Contraloría General de la República y el Centro de Estudios en Derecho y Justicia –Dejusticia-, el agua dulce no llega ni a la Ciénaga ni a la gente en parte por la producción agroindustrial en los municipios, entre ellas el banano.

Se supone que, para que esto no siga pasando, las autoridades ambientales como el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma de Magdalena tendrían definir las políticas de conservación, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos del país. Pero el Ministerio de Ambiente dice que “no podemos pronunciarnos respecto de las actividades en este municipio”, porque solo le competen las políticas generales para la Ciénaga Grande de Santa Marta, las cuales han sido más bien poco exitosas según el informe de la Contraloría. Mientras que la Corporación, que le corresponde otorgar las concesiones de agua para los distritos de riego que alimentan los cultivos de palma y banano, entre otras tareas, guarda silencio frente a los permisos que ha dado.

En este municipio también se encuentra el Concejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento de Orihueca –Concomori- que lleva esperando tres años para que se le adjudiquen los baldíos “La Suana” y “Nuevo Horizonte”, en el corregimiento de Orihueca, con el fin de constituir su territorio colectivo. Pero a enero de 2018, la Agencia Nacional de Tierras no había hecho la visita topográfica obligatoria “por falta de personal”, por lo que el trámite no ha podido avanzar y la comunidad no ha podido acceder a la tierra.

Mientras eso se resuelve, algunos miembros del Concejo denuncian que los predios que están reclamando ya están siendo ocupados por cultivos de banano, y las comunidades denuncian las presiones de desplazamiento. En el corregimiento de Oriueca, varios pobladores mencionan que la expansión de los cultivos, la falta de agua para consumir y la falta de tierra para cosechar lo propio, los está obligando a desocupar. “Ellos sin decirnos ‘desocupe’, nos están haciendo desocupar”, dice un habitante de la zona. De hecho, muchos campesinos perdieron cultivos de banano, pancoger o frutales porque no tienen agua para irrigarlos.

El despojo y el desplazamiento no siempre se han sido provocados por manos armadas o por agresiones directas. Experiencias internacionales en Indonesia y Myanmar muestran que las mismas políticas del Estado frente a cultivos agroindustriales como la palma han permitido el despojo de ciertas comunidades en esos países.

En Colombia, hay suficiente evidencia que demuestra que el despojo se ha dado legalmente a través de compraventas masivas con la complacencia de funcionarios de las alcaldías, notarías y personerías, como sucedió en el municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar. Pero también se ha provocado un despojo silencioso, indirecto, con la contaminación de bienes comunes y sistemas agroalimentarios locales, por el uso de agroquímicos tóxicos en los cultivos del arroz en la región de la Mojana en el Caribe colombiano.

La situación de Zona Bananera no es menor. Las comunidades ven una limitación en sus derechos de acceso y uso de los bienes de subsistencia del municipio, como lo son el agua y la tierra, y las entidades estatales encargadas de ordenar y regular el territorio han sido cómplices. No por una voluntad decidida por sacar a las comunidades, sino por la falta de acción y articulación para tomar medidas concretas en el asunto. Pecar por omisión es pecar al fin y al cabo.