¿Quién responde por la vida?

(11/02/2019)

Natalia Abril es investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Hace diez años, cuando el Movimiento Ríos Vivos todavía no se llamaba así pero las comunidades ya se estaban organizando, los pescadores, barequeros, agricultores de los 12 municipios que compromete la hidroeléctrica de Ituango alertaban sobre lo que ese proyecto les iba a traer. Lo siguieron haciendo luego de que el proyecto comenzó y, desde entonces, decidieron enunciarse como comunidades afectadas por Hidroituango. A pesar de sus múltiples denuncias, actividades y resistencia para hacerse sentir, los decidimos silenciar, poco a poco, como solo en Colombia sabemos hacer, con olvido e indiferencia.

Solo hasta el momento que se inundó y se desalojó el corregimiento de Puerto Valdivia, en mayo del año pasado, por complicaciones en la hidroeléctrica, vinimos a escuchar a estas comunidades, o por lo menos, a preguntarnos por sus preocupaciones. Solo hasta que ocurrió la primera catástrofe les pusimos atención. Y digo la primera porque después, cuando ya los habíamos vuelto a ignorar, EPM decidió cerrar las compuertas de captación de agua y el río quedó represado. Los ocho municipios de aguas abajo (más al norte de Valdivia) amanecieron con el río seco y, entonces, ocurrió la segunda catástrofe. Catástrofe para estos ocho municipios que no fueron tenidos en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental como área de influencia de la hidroeléctrica, pero para quienes las decisiones que se tomen aguas arriba los afectan en su cotidianidad.

Pero nosotros no somos los únicos que los hemos ignorado. Los mismos ideólogos de la hidroeléctrica, las autoridades ambientales y las instituciones locales, que supuestamente tienen que escucharlos, tampoco lo hicieron. Así lo ha contado en repetidas ocasiones una de las líderes que le ha hecho frente a los avances del proyecto, y así lo volvió a contar en una entrevista divulgada por el portal Sapiens Colombia con la reciente catástrofe.

Lo más indignante y doloroso es que lo tendrá que seguir contando porque no se han atendido las necesidades y exigencias de los 20 municipios afectados. Los dirigentes de la hidroeléctrica, quienes fueron gobernadores de Antioquia en momentos decisivos para el proyecto, directivos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, congresistas e incluso periodistas defienden a capa y espada el proyecto tal y como ha venido funcionando. Y no está mal que lo hagan, es una insignia de Colombia. El problema es que esa insignia se ha impuesto con todo tipo de violencia.

Desde la década de los 80 se empezaron a hacer los primeros estudios de factibilidad para construir la hidroeléctrica. A fines de los 90, principios de los 2000, se dio trámite a la licencia y finalmente en 2009 se le dio vía libre a la construcción. Durante este mismo tiempo en que se tomaban las decisiones y se desarrollaba el proyecto, se cometieron 62 masacres en este territorio. Asunto que llamó la atención de una Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien pidió a la Fiscalía investigar si las acciones paramilitares beneficiaron a Hidroituango, “porque lo más importante para este proyecto era lograr sacar a la guerrilla y pacificar la zona para darle vía libre a la obra”. Por supuesto, de esta investigación no se supo nada.

Además, desde que empezó la obra, tampoco se ha informado debidamente a las comunidades lo que va a pasar con el río del que ellos viven. La poca información que tienen la han recibido en unas audiencias públicas a las que, según denuncia la socióloga y activista, ni siquiera la mitad de estos pescadores, barequeros, agricultores y demás habitantes de la zona pudieron asistir. Lo siguiente que supieron fue que se instalaron bases militares, y el Esmad y un helicóptero del ejército llegaron a la zona para apoyar la construcción de la obra, que implicaba desalojar a la gente.

También, a las preguntas de Ríos Vivos sobre las complicaciones con el Cauca y el bosque seco tropical que destruyeron las han ignorado y rechazado, como denuncia la misma líder. Al punto que este movimiento no es bienvenido en las reuniones de la obra y sus aportes, que vienen de las mismas comunidades que viven y conocen la zona y su naturaleza, son ignorados.

Así, lo poco que sabemos de la hidroeléctrica y de su funcionamiento es lo que nos han querido decir quienes están al frente de la situación: que la obra se salvó, que EPM pudo evitar una catástrofe mayor, que todavía no se pueden calcular las pérdidas del desbordamiento del río, que están haciendo todo lo posible por terminar la obra. Y justamente esa información, ese conocimiento que tenemos de lo que pasa al norte de Antioquia, es lo que ha ido borrando, silenciando, lo que las comunidades afectadas nos quieren decir.

Ese discurso de EPM y de Hidroituango raya con las experiencias de quienes se ven afectados por el proyecto, y no nos deja ver esa otra realidad, marginal, de quienes ven en esta obra una amenaza para sus vidas. No sabemos qué otra catástrofe pueda ocurrir para quienes están en constante riesgo, pero es seguro que solo hasta ese momento volveremos a hablar de ellos y repetiremos este ciclo de silencio que es, a su vez, violento.

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