(22/07/2020)
Cada día Rafael Hernández se desvanece de a poco. Moverse es un infierno por el dolor que carga en la pierna y apenas puede atravesar los tres metros de su cuarto para ir al baño solo. El resto del tiempo contempla el techo y las paredes grises de la pequeña pieza que alquila en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, a la espera de un milagro. Por ser mayor 70 años, lleva cuatro meses encerrado por decreto del Gobierno, para cuidarlo de la pandemia.
Según Dora Idaly, quien le arrienda el cuarto, el hombre de 72 años “se queja mucho (…) su alimentación no es buena porque no come granos, no come proteína, solo líquidos, gelatina, compotas, chocolates, caldos pero en muy poca cantidad”. Rafael mide un metro con setenta y pesa 43 kilogramos. Está prácticamente esquelético, según puede verse en fotos y videos. Como a muchos ancianos mayores en la pandemia, a Rafael Hernández lo está matando el encierro, la soledad y la imposibilidad de atender sus males mientras el sector salud se focaliza en atender a los pacientes con COVID-19.
Hace diez años vivía de arreglar ollas a presión y licuadoras, y del rebusque. Hace cinco empezó su calvario. Sus prójimos vieron cómo se debilitaba y bajaba de peso, hasta que se le dificultó valerse por sí mismo, sin que se supiera bien por qué. El pasado 6 de abril, todo empeoró. Rafael Hernández bajó a pie la loma de su casa para cobrar el subsidio de adulto mayor que ofrece el Estado colombiano a los ancianos más desfavorecidos. Pero en el trayecto le “dio vértigo y se cayó, lastimando la pierna derecha”, relató Idaly, quien lo cuida junto con su hija Erika. “Sintió mucho dolor, no pudo caminar”, dijo.
Poco tiempo después, una ambulancia lo vino a visitar. Luego de chequearlo, el enfermero determinó que no tenía fractura, sin tomar siquiera una radiografía. Le dijo que luego lo vería un doctor, que nunca llegó. En junio, cuando el dolor se volvió insoportable, Rafael Hernández se fue en el taxi de un amigo al Hospital Meissen que tampoco aceptó recibirlo por pertenecer a una población de alto riesgo de contraer COVID-19 , según lo cuenta él mismo: la de los ancianos. Lo reenviaron a su hogar, a la espera de otra visita médica que aún no llega.
Cuestión Pública ha intentado comunicarse con la oficina de prensa de Capital Salud EPS, a la que Rafael pertenece y ha pedido una silla de ruedas para poder moverse solo, sin éxito. Rafael asegura que los técnicos a los que llama le dicen que el proceso que acompaña la solicitud se encuentra activo, pero no vislumbra una posible fecha de entrega.
Cuestión Pública ha intentado comunicarse con la oficina de prensa de Capital Salud EPS, a la que Rafael pertenece y ha pedido una silla de ruedas para poder moverse solo, sin éxito.
Antes de la emergencia sanitaria sus hermanas, Cecilia y María Hernández, lo apoyaban con una parte de los $100.000 que paga por el arriendo de la pieza donde vive. Pero al llegar la pandemia y con ella el confinamiento, ellas también se quedaron sin recursos. Entonces Idaly dejó de cobrar la renta para que Rafael pudiera conservar los $120.000 mensuales que normalmente recibe del gobierno: $80.000 del gobierno nacional y $40.000 de la alcaldía capitalina. Trabajador informal de toda la vida, no tiene pensión ni ingreso extra para subsistir.
Hasta el año pasado, se reunía con otros ancianos en el centro Casa Mayor del barrio El Mirador en Ciudad Bolívar, donde recibía una colación, jugaba bolirana y conversaba con amigos. Luego, dejó de ir cuando empeoró su condición, antes de caerse y quedar prácticamente inválido. “Siento tristeza, depresión, aburrimiento. Siento que estoy aquí impotente sin poder hacer nada, ¿qué más puedo sentir?”, dijo Rafael Hernández, en un video donde se le ve sentado en una cama, con sus largas piernas delgadas colgando de la cama. Con el dinero del bono compra “chocolate panecito, por allí unos huevitos”… Apenas le alcanza para darle algo a la señora que viene a ayudarlo a bañarse, adquirir alimentos y productos de aseo.
El encierro para los adultos mayores fue decretado a partir del 20 de marzo para preservarlos del virus que ataca con más dureza a los ancianos. El presidente Iván Duque ordenó su confinamiento total, salvo para abastecerse de medicamentos, alimentos o acceder a servicios financieros urgentes. Pero no todos tienen ahorros para paliar el confinamiento o familiares con los que contar. En los meses de abril, mayo y junio, el gobierno dobló el subsidio de Colombia Mayor para dejarlo en $160.000… Con lo que don Rafael sobrevivió durante ese tiempo con $200.000, en un país donde el salario mínimo vigente mensual es de $877.803.
“Siento tristeza, depresión, aburrimiento. Siento que estoy aquí impotente sin poder hacer nada, ¿qué más puedo sentir?”, dijo Rafael Hernández
Si algunos adultos mayores como Rafael Hernández hacen malabares para sobrevivir con el dinero que les entrega el Estado, otros ni siquiera acceden a esos beneficios. Es el caso de Fernando Dicelis, un reciclador con una puntuación muy baja de 37.66 en el Sisbén que, aunque reúne todos los requisitos, no recibe el subsidio del adulto mayor. También vive en Ciudad Bolívar y era un asiduo asistente del centro Casa Mayor que coordinaba Mayerli Peña, antes de su cierre por la pandemia. Desde entonces, mata el tiempo y el aburrimiento como puede, encerrado en su casa. Vive de donaciones de conocidos.
Fernando fue ayudante de construcción durante buena parte de su vida, hasta que las fuerzas ya no le dieron y se dedicó a darle una segunda oportunidad a las basuras de otros. A sus 63 años, no hace parte de la población adulta mayor estrictamente confinada y como reciclador podría trabajar, pero el temor de adquirir la enfermedad lo mantiene en casa. Es, no obstante, parte de la población de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dijo que “tiene miedo” del coronavirus y la policía. En el barrio se murmura que varios ancianos han sido multados por estar en la calle, explicó. En internet han circulado videos, entre otros en El Tiempo, donde se ve a uniformados someter con fuerza a personas mayores que laboran en la pandemia.
Como Fernando, casi 600.000 de los 2.3 millones de adultos mayores “que cumplen requisitos para ser beneficiarios del programa Colombia Mayor” no reciben ayuda del gobierno, según indicó a Cuestión Pública el servicio de prensa del Ministerio del Trabajo, el pasado 4 de junio. Su inscripción “depende de disponibilidad de recursos”, admitió con resignación uno de los encargados de la entidad.
El presidente Iván Duque afirmó el pasado 20 julio en su discurso de instalación de legislatura que los auxilios para el adulto mayor eran un éxito. El pasado 28 de mayo, el presidente aseguró que en la crisis se había inyectado casi 11% del PIB en la economía, equivalente a más de $117 billones. Pero según evidenció a finales de abril Cuestión Pública, son recursos principalmente inyectados al sistema financiero. Una tendencia que se prolonga desde entonces.
Los ejemplos de adultos mayores necesitados son numerosos y abundan en el chat de Facebook de cada alocución presidencial cotidiana. Contactada por ese medio, Myriam Sofía Olarte, de 65 años, asegura que vive en el barrio Juan Pablo II de Ciudad Bolívar y es otra adulta mayor que no recibe ayuda económica del Estado y pasa penurias. Antes de la crisis trabajaba como empleada doméstica, pero perdió su trabajo en medio de la pandemia.
Como Fernando, casi 600.000 de los 2.3 millones de adultos mayores “que cumplen requisitos para ser beneficiarios del programa Colombia Mayor” no reciben ayuda del gobierno, según indicó a Cuestión Pública el servicio de prensa del Ministerio del Trabajo
En términos médicos, la propuesta parece haber dado resultados, porque de los 161 pacientes con coronavirus que ocupan UCI en la capital, apenas 54 son mayores de 60 años, según lo reportado en la página web de la Secretaría de Salud de Bogotá el 17 de julio de 2020. Pero otros 1.006 casos no entran en la estadística por ser sospechosos de COVID-19, aún por confirmar.
Otras atenciones urgentes
Hay que tener en cuenta la cantidad de adultos mayores cuyas enfermedades diferentes al Coronavirus no están siendo atendidas, bien sea porque los centros de atención y diagnóstico están cerrados o porque a los pacientes les da miedo acudir a citas en persona, asegura Nury Villalba, quien ayuda a pacientes con enfermedades graves y crónicas a interponer tutelas para acceder a servicios de salud a través de la fundación Esperanza Viva.
“Una de las grandes preocupaciones mundiales en este momento es que va a aumentar la incidencia de muchas enfermedades, va a haber muchos diagnósticos tardíos, aumento de la mortalidad porque el Coronavirus se convirtió en una nueva barrera de acceso a tratamientos oportunos y continuados. Yo lo estoy viviendo con pacientes de cáncer”, afirmó.
De momento, es prácticamente imposible establecer una estadística de las graves afectaciones en salud que podría estar provocando en adultos mayores el encierro que acompaña la pandemia en Colombia. A pesar de que los expertos concuerdan en que ya se vislumbra un crecimiento importante de los males debido al confinamiento y la falta de diagnósticos oportunos. La tasa de mortalidad del trimestre, que podría ser un indicador confiable si se compara con el año anterior, estará disponible hasta el mes de septiembre, según el servicio de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El ministerio de Salud la entrega anualmente.
Los estudios sobre las afectaciones del encierro a adultos mayores en medio de la emergencia sanitaria “apenas están en curso”, pero queda claro que la depresión apuntalada por el encierro y la soledad se ha multiplicado durante el confinamiento, afirmó Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Según un estudio que coordinó y que fue publicado en 2018 con foco en la capital, arrojó que uno de cada cuatro adultos mayores —que representan el 10% de la población de Bogotá— sufría entonces depresión.
“En otras emergencias sanitarias ya se ha visto la mayor incidencia de problemas depresivos, de estrés, de trastornos del sueño” (…)“Por atender covid no estamos teniendo capacidad para atender otras condiciones” asegura el reconocido psicogeriatra José Manuel Santacruz.
“En otras emergencias sanitarias ya se ha visto la mayor incidencia de problemas depresivos, de estrés, de trastornos del sueño”, aseguró el reconocido psicogeriatra José Manuel Santacruz. Por lo que en un país con un sistema de salud limitado, “el escenario no es alentador”. Explicó: “Por atender el virus COVID-19 no estamos teniendo capacidad para atender otras condiciones”, así que “una de las consecuencias más duras que va a traer esta pandemia son las secuelas sobre la salud mental”, afirmó. Un adulto mayor como Rafael Hernández “tiene una triple estigmatización en este momento, porque es pobre, es viejo y además se le impone la idea de que es el que tiene que estar encerrado, el que se va a enfermar, el que va a morir… Es una bomba de tiempo. Ser víctima de tanta estigmatización es muy lesivo para la salud [mental] de la gente”, señaló.
Ante el confinamiento mucho más estricto que el del resto de la población al que se vieron sometidos, algunos ancianos y ancianas decidieron emprender lo que llamaron una Rebelión de las Canas. Entre otros, convocaron a congregarse en el centro de Bogotá como protesta, pero apenas dos docenas de adultos mayores se reunieron en la plaza. Eduardo Umaña Mendoza y el grupo se fragmentó en cuanto empezó a llover.
Otra acción fue la interposición de una tutela para exigir los mismos derechos que el resto de la sociedad —como el de poder salir a diario a hacer ejercicio y no solo tres veces por semana— que la juez 61 de Bogotá falló a su favor a inicio de julio temporalmente, mientras la Corte Constitucional decide a fondo sobre la legalidad de su encierro inflexible. La medida enfureció a Duque, que calificó públicamente el fallo de “absurdo” y anunció su impugnación.
Sin embargo, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, uno de los promotores de la tutela, calificó el hecho como un hito en el derecho a la igualdad. “Los mayores de 70 años estábamos siendo sometidos a un tratamiento discriminatorio y exagerado (…) Nosotros somos perfectamente conscientes de que tenemos que cuidarnos, quedarnos en casa, no salir si no es absolutamente necesario”, declaró en un video colgado en su Twitter. Para los más pobres, que tuvieron que enfrentar a la vez el confinamiento y la precariedad, el apoyo entregado por el gobierno “no corresponde al sacrificio que impone el encierro forzoso”, declaró Hommes a Cuestión Pública.
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