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Las órdenes ejecutivas de Trump y América Latina: Lo que hay que saber

(29/01/2025)

Crédito: WOLA.

En sus primeras 24 horas en el cargo, el presidente Donald Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas. Estas 22 órdenes, elaboradas bajo el lema de su agenda “Estados Unidos Primero”, buscan transformar desde las políticas migratorias hasta la asistencia internacional. En WOLA, estamos siguiendo de cerca estos acontecimientos y hemos analizado lo que significan para América Latina y para las relaciones entre Estados Unidos y la región en el futuro.

A continuación, exploramos las principales órdenes ejecutivas ya promulgadas por la nueva administración y sus amplias implicaciones. Desde el cierre de las vías de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México hasta la suspensión por 90 días de programas clave de asistencia internacional, estas acciones representan cambios drásticos en las políticas de Estados Unidos que tendrán repercusiones en toda la región.

Poner fin al asilo y a otras vías legales

El artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece claramente que cualquier persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo si teme por su vida o su libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Este derecho, añadido a la legislación estadounidense en 1980, se aplica independientemente de cómo haya entrado la persona no ciudadana a Estados Unidos.

A pesar de ello, desde el 20 de enero prácticamente no hay forma de acceder al sistema de asilo estadounidense en la frontera entre Estados Unidos y México.

  • Una orden ejecutiva ha suspendido la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos bajo cualquier circunstancia, justificándose bajo el argumento de una “invasión”. Los agentes de la Patrulla Fronteriza están rechazando a las personas de manera sumaria. La orden sostiene que las personas que consigan llegar a suelo estadounidense «tienen restringida la posibilidad de invocar» disposiciones como el asilo. Además, restringe aún más a las personas indocumentadas que no pueden demostrar antecedentes médicos y penales satisfactorios.
  • Otra orden ejecutiva canceló el uso de la aplicación móvil CBP One que, durante dos años, permitió a más de 936,500 solicitantes de asilo en territorio mexicano programar citas en los puertos de entrada fronterizos de Estados Unidos. En junio de 2024, la administración Biden prohibió en gran medida el acceso al asilo para las personas que cruzaban entre los puertos de entrada, una norma que sigue vigente y enfrenta desafíos legales. Entre la regla de Biden y la cancelación de CBP One, actualmente no existe una vía práctica de protección en la frontera.
  • La misma orden ejecutiva reinicia el programa “Quédate en México”, que obliga a quienes solicitan asilo y no son de nacionalidad mexicana a esperar las fechas de sus audiencias en Estados Unidos en territorio mexicano. En sus comentarios del 21 de enero, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no señaló que su gobierno se opondría al reinicio del programa, que según ellos es una acción unilateral de Estados Unidos. Durante la primera administración de Trump, más de 71.000 solicitantes de asilo tuvieron que «quédarse en México». Organizaciones de monitoreo de derechos humanos recopilaron más de 1.500 ejemplos de crímenes violentos que estas personas sufrieron durante su espera a manos del crimen organizado en México y de funcionarios corruptos. El programa enriqueció a los cárteles al proporcionarles una población vulnerable a la que secuestrar y extorsionar, y complicó las relaciones entre Estados Unidos y México. Entonces, con el asilo fuera de alcance y la frontera supuestamente sellada a las personas indocumentadas, no está claro cómo la nueva administración planea aplicar un revivido programa “Quédate en México”.
  • Esa orden también exige que los diplomáticos estadounidenses negocien nuevos acuerdos de “tercer país seguro.” Estos obligarían a otros gobiernos a aceptar deportaciones de personas ciudadanas de terceros países por parte de Estados Unidos, quienes tendrían que buscar asilo en el sistema del país receptor. Tras intensas negociaciones transaccionales, la primera administración de Trump firmó los llamados “Acuerdos de Cooperación de Asilo” con Guatemala, Honduras y El Salvador. El acuerdo con Guatemala fue el único que llegó a operar antes de que la pandemia de COVID suspendiera su implementación. Según un informe del Senado de Estados Unidos de 2021, 945 solicitantes de asilo que no eran de nacionalidad guatemalteca fueron enviados a Ciudad de Guatemala bajo este acuerdo, ninguno de los cuales recibió asilo.
  • La misma orden ejecutiva cierra otra vía: el uso de una autoridad presidencial de libertad condicional humanitaria para permitir que un total combinado de 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con pasaportes y patrocinadores con sede en EE.UU., entren en Estados Unidos sin tener que cruzar una frontera terrestre. El programa proporcionó un permiso de dos años dentro de Estados Unidos a más de 531.690 personas de dichos países desde finales de 2022, aliviando la presión en la frontera.
  • Otra orden ejecutiva, que ya se enfrenta a múltiples demandas en los tribunales federales, y que ya ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal, desharía la histórica concesión de la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus de sus padres. La figura de la ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la primera frase de la 14ª Enmienda de la constitución estadounidense, con un lenguaje específico, desde 1868. No puede deshacerse con algunos párrafos de una orden ejecutiva.

La represión de las personas que solicitan asilo y el cierre de las vías legales seguramente reducirán a corto plazo el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Del mismo modo, en los primeros meses de la última administración Trump se produjo el menor número de aprehensiones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza durante el siglo XXI: menor, incluso, que durante los primeros meses de la pandemia de COVID.

Sin embargo, con todas las vías cerradas, podemos esperar ver un aumento del número de migrantes que cruzan a Estados Unidos sin someterse a la Patrulla Fronteriza: en su lugar, tratarán de evitar una captura, así pudieran haber cumplido los requisitos para obtener asilo. Esto es muy peligroso: un mayor número de personas, incluidos niños, niñas y familias, nadando en el Río Grande, escalando el muro fronterizo o caminando por el desierto significará inevitablemente un mayor número de personas muriendo en el intento. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han encontrado los restos de más de 10.000 migrantes en territorio estadounidense desde el año 2000. El cierre de vías seguras de protección provocará sin duda un aumento de las muertes en proporción a la población total de personas que cruzan la frontera.

La justificación de la “invasión” y el peligroso uso interno del ejército de EE.UU.

Prohibir el acceso a la protección en la frontera entre Estados Unidos y México es claramente ilegal y, además, una violación flagrante de los derechos. Para justificar esta acción, las órdenes ejecutivas adoptan una teoría legal extrema que argumenta que quienes solicitan asilo y las personas migrantes económicas cumplen con la definición de “invasión” según el Artículo IV de la Constitución. Medidas como la prohibición total de entradas de personas indocumentadas se basan en la supuesta existencia de una “invasión” y no serán levantadas hasta que el presidente Trump decida que la “invasión” ha terminado.

Esta absurda idea de que individuos desarmados, sin vinculación estatal ni liderazgo, con necesidades humanitarias, constituyen una ‘invasión’ surgió por primera vez en los círculos republicanos durante la administración Biden. Cuando los gobiernos de los estados -especialmente el de Texas- han intentado utilizar la cláusula de ‘invasión’ de la Constitución para justificar políticas antiinmigración de línea dura, “los tribunales las han rechazado uniformemente”, explicó en marzo de 2024 Ilya Somin, de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason. Ese y otros análisis señalan un peligro aún más grave al afirmar que existe una invasión: la administración Trump podría utilizarla como pretexto para suspender el derecho de las personas estadounidenses al Habeas Corpus en virtud de la Cláusula de Suspensión de la Constitución.

Otra orden ejecutiva implicaría directamente a las fuerzas armadas. Esta encarga al Comando Norte de Estados Unidos, el organismo responsable de las actividades militares en Estados Unidos, Canadá, México y las Bahamas, “la misión de sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos repeliendo las formas de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades delictivas”. El 22 de enero, el Departamento de Defensa anunció el despliegue de 1.500 soldados e infantes de marina en servicio activo a la frontera, y añadió: “esto es sólo el principio”.

La Guardia Nacional y pequeños despliegues de fuerzas militares en servicio activo han operado en la frontera desde la administración de George W. Bush. Éstos han sido explícitamente “en apoyo de” las agencias civiles de aplicación de la ley en la frontera, con poca probabilidad de confrontación, o normalmente incluso de contacto, entre soldados entrenados para el combate y migrantes -u otros civiles- en suelo estadounidense. Las misiones fronterizas anteriores han sido excepciones a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de militares en la aplicación de la ley, un fenómeno que WOLA ha observado con preocupación en algunas democracias de América Latina. Aun así, las administraciones anteriores han tratado de minimizar la huella y el alcance de estas excepciones.

La misión prevista en la nueva orden ejecutiva es diferente. Es probable que impulse al Comando Norte a emular el modelo que el estado de Texas ha adoptado para el personal de la Guardia Nacional al mando del gobernador Greg Abbott (R). Desde el 2021, las fuerzas de Texas han realizado numerosos encuentros agresivos con migrantes en la frontera, incluyendo disparos contra civiles y denuncias de abusos contra los derechos humanos. Ahora existe un peligro considerable de que esta postura militar de confrontación en suelo estadounidense se federalice, creando un oscuro precedente para las relaciones cívico-militares democráticas en los Estados Unidos.

Sin embargo, el peligro de esta unión cívico-militar va más allá. Una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en la frontera exige una revisión de las políticas de uso de la fuerza militar y un proceso de 90 días para que los secretarios de Seguridad Nacional y Defensa determinen si el presidente Trump debe invocar la Ley de Insurrección de 1807. Ese estatuto raramente utilizado, y que representa una excepción expansiva a la Ley Posse Comitatus, podría permitir a Trump desplegar fuerzas militares no sólo contra personas migrantes, sino también contra personas estadounidenses que participen en protestas políticas.

Deportación masiva

Una pieza central del programa de la administración Trump es su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de «deportación masiva», expulsando potencialmente a millones de personas indocumentadas de Estados Unidos. Esto, también, dependería probablemente del apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses en otro nuevo e incómodo papel militar. Como detalló recientemente el Washington Post, la principal agencia civil responsable (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – ICE), carece de personal (5.500 agentes de Operaciones de Ejecución y Expulsión), espacio de detención (actualmente 41.500 camas) y capacidad de transporte (poco más de una docena de aviones disponibles) para deportar masivamente a las personas migrantes por sí sola. Es posible que se llame a las fuerzas militares para colaborar y, de hecho, ya se han asignado cuatro aviones militares de carga para ayudar en las  deportaciones.

Una orden ejecutiva crea “grupos especiales de seguridad nacional” para gestionar las operaciones de deportación en los 50 estados. Pide una ampliación drástica de los centros de detención y el alistamiento de las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar en la deportación. Pide que se recorten los fondos federales a los estados y municipios que no cooperen plenamente con el ICE, incluidos aquellos que temen que dicha cooperación dificulte la labor policial en las comunidades con una población considerable de personas indocumentadas. La nueva administración aceleraría aún más las deportaciones aplicando la expulsión acelerada en el interior de Estados Unidos. Este procedimiento, que sólo suele utilizarse en la frontera entre EE.UU. y México, resuelve rápidamente las demandas sin la intervención de un juez de migración.

Los funcionarios de la administración Trump encargados de gestionar la “deportación masiva” indican que se centrarán inicialmente en las personas migrantes con antecedentes penales, y luego se expandirá a la población indocumentada más amplia, que podría llegar a ser de 13 millones de personas (más del 3 por ciento de la población estadounidense). Con promesas de redadas de «choque y miedo» por parte del ICE en las principales ciudades de EE.UU. durante los primeros días de la administración, estos funcionarios están sembrando deliberadamente el miedo en las comunidades de inmigrantes en estos momentos.

WOLA se une al gran número de organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes alarmadas por la probabilidad de que la “deportación masiva” implique innumerables violaciones graves de los derechos humanos y del debido proceso, incluida la separación deliberada de familias (o, como han dicho Trump y otros funcionarios, la emigración forzada de personas con ciudadanía estadounidense junto con sus familiares sin ciudadanía). Tomamos nota del trabajo de analistas como el Consejo Americano de Inmigración, que calculan que la deportación masiva podría costar al presupuesto de EE.UU. unos 88.000 millones de dólares al año, una cifra que los funcionarios de la administración no han discutido aún, y podría elevar la inflación al tiempo que contrae la economía de EE.UU.  Añadimos la preocupación de que las deportaciones masivas podrían llevar a las economías latinoamericanas a una recesión, el efecto de un aumento repentino de la población desempleada, la pérdida de los pagos de remesas y quizás el daño causado por los aranceles, lo que, a su vez, estimularía una mayor emigración hacia Estados Unidos.

Inclusión de grupos criminales en la “lista de terroristas”

Otra orden ejecutiva pide que se incluyan los “cárteles” mexicanos (que se especificarán más adelante) y dos pandillas latinoamericanas -la MS-13, originaria de El Salvador, y el Tren de Aragua, originario de Venezuela- en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado. Esta sería la primera vez que grupos puramente criminales, que generan beneficios para su propio beneficio económico en lugar de utilizarlos para un supuesto objetivo religioso o político, serían añadidos a la lista de FTO. La orden también hace referencia a la posibilidad de nombrar a dichos grupos como Terroristas Globales Especialmente Designados.

La inclusión en la lista de FTO podría direccionar recursos de defensa e inteligencia para perseguir a estos grupos. Sin embargo, no da a la administración Trump el derecho a llevar a cabo ataques militares dentro del territorio de otro Estado como México sin el consentimiento de ese gobierno. La Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, parte de la política de “Guerra Global contra el Terror” de 2001 sólo permite tales ataques contra grupos terroristas vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Una inclusión en la lista de FTO tampoco tendría mucho efecto sobre las penas a las que ya se enfrentan los líderes de los cárteles y las pandillas en virtud de la legislación estadounidense vigente, como la Ley Kingpin.

Más allá de su falta de efectos prácticos, incluir a los grupos criminales en la “lista de terroristas” es una propuesta compleja por varias razones.

  • La definición de “cártel” es difusa. Los grupos cambian de nombre con frecuencia y tienden a fragmentarse. Algunos operan como “franquicias” o “marcas” con estructuras de mando muy laxas. Rara vez es sencillo determinar quién es miembro de un cártel y quién es un delincuente común (vendedores de drogas en las esquinas, traficantes de migrantes de bajo nivel) que opera con el permiso del cártel para usar su “territorio.” Tampoco está claro si los funcionarios corruptos que colaboran con los cárteles deben ser considerados miembros de dicha organización.
  • Si los cárteles mexicanos y otras pandillas pasan a figurar en la lista de las FTO, entran en vigor las disposiciones sobre «apoyo material» de la Ley PATRIOT y otros estatutos. Aquellos que hayan tenido tratos financieros con ellos o les hayan proporcionado otro tipo de apoyo se convierten en “apoyo material al terrorismo”. Si los funcionarios mexicanos corruptos se enfrentan a acusaciones fiables de transacciones pasadas con los cárteles, se convierten en objetivos de Estados Unidos, o al menos en personas con las que los funcionarios estadounidenses ya no pueden interactuar. Lo mismo ocurre con agentes bancarios, inmobiliarios y otros -a ambos lados de la frontera- que pueden haber ayudado a lavar fondos de los cárteles, así como con empresas estadounidenses en México que a menudo tienen que pagar cuotas de extorsión para poder operar. Aunque ésta puede ser una medida anticorrupción deseable, puede ser más de lo que la administración Trump está negociando.
  • Una persona solicitante de asilo que huye de las amenazas de un cártel se convertiría en una persona solicitante de asilo que huye de las amenazas de una FTO incluida en la lista. Eso reforzaría su caso en el tribunal de inmigración estadounidense. Sin embargo, un resultado trágico podría ser que las personas obligadas a hacer pagos a los cárteles, como las que tuvieron que pagar rescates para ser liberadas de secuestradores, o que contratan a un traficante, podrían encontrarse sin derecho a asilo, como ha sucedido en casos de asilo que WOLA ha apoyado desde Colombia.
  • Estados Unidos ha mantenido una lista de terroristas separada de las listas de “personas nacionales especialmente designadas” y de traficantes por una razón. Si el gobierno estadounidense empieza a considerar a todo el mundo como terrorista, independientemente de sus motivaciones, básicamente nadie es terrorista, y el enfoque posterior al 9/11 sobre la amenaza terrorista internacional se difumina.

Poner fin a todos los programas federales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad y ordenar el reconocimiento de sólo dos sexos

Una de las órdenes ejecutivas de Trump pone fin a todos los “mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades” de la DEI y la DEIA financiados con fondos federales, y todos los empleados de las oficinas de DEIA han sido puestos en baja administrativa. La inclusión, la equidad y la protección de todas las personas que trabajan en las agencias de EE.UU. dan como resultado mejores entornos de trabajo y la retención de profesionales de todos los orígenes.Si las personas con diferentes orígenes y experiencias de vida pueden hablar y contribuir libremente sin temor a represalias en el trabajo, se genera una toma de decisiones más acertada, decisiones informadas y políticas y programas más efectivos. Para que el trabajo sobre América Latina sea sostenible y avance, se necesitan opiniones diferentes basadas en experiencias de vida. Recortar todos los mandatos de la DEI y la DEIA envía un terrible mensaje a los países latinoamericanos, donde una de las principales causas de la violencia y las economías ilícitas es la desigualdad y la exclusión de grupos por motivos de clase, género, raza y etnia. Para frenar el crimen organizado, el narcotráfico, las economías ilícitas y la emigración se necesitan instituciones que traten de abordar estas disparidades.

Otra de las órdenes ejecutivas establece un sistema de discriminación institucional contra las personas trans y otras personas con diversidad de género al afirmar que la política estadounidense dividirá a partir de ahora a todas las personas en sólo dos categorías: hombre (definido como “una persona perteneciente, en el momento de la concepción, al sexo que produce la célula reproductora pequeña”) y mujer (“una persona perteneciente, en el momento de la concepción, al sexo que produce la célula reproductora grande”).

Si se aplica en dichos términos, el sistema binario de identidad basado en la célula reproductora afectará todo, desde los documentos de identidad expedidos por el gobierno, hasta quién puede buscar refugio en un determinado centro de acogida contra la violencia, pasando por quién puede recibir financiación federal. La orden ejecutiva también ordena la anulación parcial o total de anteriores programas del gobierno sobre temas como “Creación de entornos escolares inclusivos y no discriminatorios para los estudiantes LGBTQI+”, “Afrontar el acoso anti-LGBTQI+ en las escuelas”, el acoso en el lugar de trabajo y varias medidas de apoyo e igualdad diseñadas específicamente para las personas intersexuales y trans.

Estas medidas aumentan y fomentan la discriminación contra poblaciones que ya se enfrentan a la marginación, el estigma y la violencia. Las repercusiones se sentirán más allá de las fronteras de Estados Unidos, incluso en América Latina, donde los países copiarán estas ideas y harán que la región en general sea más intolerante. Esa intolerancia puede conllevar a más conflicto y violencia. La ayuda internacional no debe condicionarse con tales requisitos, sino mantenerse flexible para que las personas encargadas de la formulación de políticas puedan determinar el mejor curso de acción para alcanzar los intereses de Estados Unidos.

Pausa en la ayuda internacional de EE.UU.

Otra orden ejecutiva congelaría toda la ayuda internacional estadounidense durante 90 días mientras el Departamento de Estado y la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca revisan todos los programas. El objetivo sería cancelar y reprogramar la financiación de los programas de ayuda que, en opinión de la administración Trump, “desestabilizan la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armoniosas y estables internas y entre países.”

Un congelamiento de ayuda que conlleve recortes en la asistencia pondría en peligro numerosos esfuerzos en América Latina que respaldan los objetivos e intereses de Estados Unidos que la nueva administración afirma defender. El objetivo de reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos se vería debilitado por los recortes a las estrategias de “causas de origen” que generan empleo, permiten que los países integren a las personas migrantes por sí mismas y combaten la corrupción que fortalece a los grupos criminales que obligan a muchas personas a migrar. El objetivo de reducir el suministro de drogas ilícitas se ve afectado al recortar los esfuerzos para aumentar la presencia del gobierno en las áreas desprotegidas por el Estado donde se producen estos cultivos ilícitos, o para fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de miembros de grupos criminales organizados. Una lección aprendida del esfuerzo liderado por Estados Unidos con el “Plan Colombia” es que abordar la violencia y garantizar la seguridad requiere inversiones en la construcción de instituciones, justicia, derechos humanos y desarrollo económico. Retirar esos fondos será desestabilizador y socavará los intereses de Estados Unidos. Además, abrirá la puerta para que otras potencias competidoras como China y Rusia llenen el vacío que deje Estados Unidos.

Salir del Acuerdo de París sobre el cambio climático

Como ya se había anticipado, Trump también emitió una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015 para hacer frente al cambio climático. La retirada estadounidense de este acuerdo clave de coordinación de políticas climáticas de la ONU entrará en vigor dentro de un año, apenas unos meses después de que Brasil celebre la próxima Conferencia de las Partes sobre el clima en noviembre de 2025. Trump también se retiró del acuerdo de París en 2017, al inicio de su primer mandato, pero el presidente Joe Biden se reincorporó al acuerdo al asumir el cargo en 2021. Según Trump, París y otros acuerdos internacionales sobre el cambio climático son injustos para Estados Unidos y perjudiciales para la economía y las empresas estadounidenses. De hecho, los objetivos de emisiones de carbono del Acuerdo de París son voluntarios, y la salida de Estados Unidos del acuerdo brindará oportunidades a otros países, incluida China, para tomar la iniciativa en política climática y perfilar la agenda medioambiental internacional.

El retiro de Trump del Acuerdo de París también conlleva que los países de América Latina y el Caribe no pueden esperar ningún nuevo apoyo financiero de la administración Trump mientras luchan por responder a los devastadores impactos climáticos que ya se están produciendo, y por crear resiliencia para hacer frente a las crisis aún más graves que inevitablemente llegarán.Las medidas de Trump se producen a pesar de que Estados Unidos es, con mucho, el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero -al haber construido la enorme riqueza del país quemando combustibles fósiles- y, por lo tanto, tiene una responsabilidad significativa en la creación de la crisis climática. Por el contrario, América Latina y el Caribe en su conjunto tienen una responsabilidad histórica mínima en las emisiones que calientan el planeta, sin embargo la población de la región es muy vulnerable a los desastres provocados por el clima. En Centroamérica, por ejemplo, el cambio climático es una de las principales causas de desplazamiento forzado interno en la región. Para muchos Estados insulares del Caribe, el aumento del nivel del mar -propulsado por el cambio climático- supone una amenaza existencial.

Cuando Trump salió del Acuerdo de París en su primer mandato, ningún otro país le siguió. Esta vez podría ser diferente. Otros líderes autoritarios y populistas de América Latina comparten la desconfianza de Trump hacia las políticas sobre cambio climático y su desdén por las protecciones medioambientales. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado el cambio climático de “mentira socialista” y ha amenazado con retirar a Argentina del Acuerdo de París. Sin duda, el simple hecho de participar en el acuerdo de París no significa que un país cuente con políticas eficaces de protección medioambiental y climática.Sin embargo, el acuerdo climático crea un marco que incentiva a los países a establecer objetivos climáticos ambiciosos y proporciona una base para distribuir la carga, especialmente en términos de financiación para la recuperación de desastres y el aumento de la resiliencia.