Los responsables de la paz

(04/06/2019)

Natalia Abril es investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

No hablemos de la JEP, no hablemos de los incumplimientos al Acuerdo, no hablemos de Iván Márquez, El Paisa y Santrich. Tampoco hablemos de las disidencias ni de los diálogos con el ELN. Tan solo limitémonos a pensar en las propuestas para el campo en los 170 municipios priorizados para implementar las estrategias del “posconflicto”. Ya conocemos las cartas del gobierno actual y veremos qué tan lejos estamos de cumplirles a estas comunidades con las elecciones regionales de octubre.

Los PDET terminaron a fines del año pasado con más de 90 mil millones de pesos invertidos para realizar los espacios de participación y una lista al niño dios de lo que necesitan estas 16 subregiones escogidas. Los puntos más importantes de esta lista hacen referencia a políticas a nivel nacional, como infraestructura y provisión de bienes públicos, que implican recursos y un trabajo decidido de todas las entidades del Estado, y otras medidas puntuales que requieren el trabajo de las autoridades locales.

Para los municipios PDET, el Plan Nacional de Desarrollo plantea la creación de “la hoja de ruta para la implementación de la política de estabilización como una herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, con los planes y programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de recursos y consolidar la acción coordinada del Gobierno nacional, las autoridades locales y la cooperación internacional”. Es decir, se pretende “estabilizar” los territorios con la acción coordinada de las entidades del Estado a nivel internacional, nacional y local, pero en este punto no se explica qué es la estabilización, ni cómo la van a lograr, ni mucho menos se explican las metas e indicadores con los que se piensa medirla.

Lo que sí nos da luces para adivinar qué es la estabilización es el resto de políticas para el campo que la fundadora de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales, Prodeter, explicó en una columna en La Silla Vacía. En esta columna, Jhenifer Mojica explica las razones por las que el Plan Nacional de Desarrollo no tiene estrategias específicas para mejorar las condiciones del campesinado, por no hablar de las comunidades étnicas. En resumen, los planes y proyectos del PND no promueven la seguridad alimentaria, no incluyen medidas para proteger e incentivar la economía campesina, no es clara la forma en que las comunidades van a participar en los programas que las afecten y la provisión de servicios públicos queda atada a la formulación de proyectos agroindustriales de gran escala. Todas medidas que van en detrimento de buena parte de la población rural.

Entonces, podríamos decir que la estabilización de estos municipios no va de la mano con lo que han pedido las comunidades campesinas a gritos: el acceso a tierras y la consolidación de su economía. La primera queda reducida a la formalización de los predios, para legalizar la propiedad que ya existe, más no se preocupa por otorgar tierras a quienes no las tienen o las tienen de manera insuficiente, como pretendía el Acuerdo a través del Fondo de Tierras, y como estipula la Constitución con el acceso progresivo a la tierra. Con respecto a la segunda, no hay medidas concretas para consolidar la economía campesina, que implica justamente el acceso a tierras, la provisión de servicios públicos, el acceso a tecnologías productivas y mercados seguros para la comercialización.

Ahora bien, a nivel local, los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que son el documento final que sale de los ejercicios PDET, plantean estrategias que dependen de las decisiones de alcaldes y gobernadores que se juegan las elecciones en octubre. Por ejemplo, los pescadores de un corregimiento en Arenal, al Sur de Bolívar, le apuestan a que a través de los PDET las autoridades ambientales habiliten unas compuertas para que el agua del río Magdalena entre a la ciénaga y puedan volver a pescar. Y en Montes de María existe una propuesta de realizar el dragado del rio magdalena y sus afluentes en la zona de influencia de los municipios PDET. Estos son tan solo unos ejemplos de las muchas iniciativas que competen exclusivamente a las autoridades locales y a las cuales hay que hacerles seguimiento.

Así, en el ojo del huracán también tienen que estar los candidatos y candidatas a las gobernaciones y alcaldías de estas 16 subregiones. ¿Sus propuestas para la región se corresponden con los PATR? ¿Cuentan con los recursos para materializar estas propuestas? ¿En qué piensan invertir el dinero que obtiene el departamento y el municipio? La responsabilidad para cumplir lo pactado también está en estas autoridades locales, en la prioridad que le den en sus políticas a las peticiones de las comunidades y en la capacidad que tengan para gestionar y tramitar las demandas de sus regiones a nivel nacional. Una agenda que todavía está por verse.

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