Pero lo curioso es que aunque ese relato coincide con el de otros académicos, choca de frente con las limitaciones que impone la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a los jueces de tierras para investigar casos de despojo ocurridos antes de 1991. Lo que hace casi imposible obtener sentencias jurídicas anteriores a esta fecha. 

A esto hay que que sumar el hecho de que “el Estado también acolitó todo eso, el despojo a través de su aparato, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como la Oficina de Registro de Instrumento Público y las mismas notarías se prestaron para para legalizar títulos que eran falsa tradición en el fondo”, señaló sentado en un café de Cali, Jorge Balanta, abogado de 75 años quién trabajó durante años con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Oficina de Registro de Instrumento Público de Cali.

Especialista en temas de propiedad, él mismo lleva ante la Unidad de Restitución de Tierra (URT) un caso ocurrido en el municipio de Buenos Aires (Cauca), que quiere someter a la unidad y del que dejó ver una copia a Cuestión Pública, acerca de un predio adquirido en 1913 por una familia afro expulsada durante los años del periodo histórico conocido como La Violencia. El terreno fue adjudicado a una mujer que se lo vendió a una sociedad. Y luego de varios traspasos, durante los cuáles fue rentado al Ingenio del Cauca para la siembra de caña, terminó en manos del Instituto Colombiana de Desarrollo Rural. Aunque una primera petición le fue negada por tratarse —entre otros motivos— de un asunto anterior a 1991, no pierde la esperanza de poder volver a presentarlo pronto ante la existencia de evidencias sobre una subsecuente expulsión ocurrida en plena expansión paramilitar en la región. 

Más no es el único en esta situación. En respuesta a un derecho de petición, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció que en el norte del Cauca existen al menos 104 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en 5 municipios. En caso de prosperar en un juzgado, esos casos evidenciarían que además de las expulsiones previas a 1991, que prácticamente ya no se pueden investigar, existen otros despojos o expulsiones forzadas posteriores a 1991 productos del conflicto interno reciente, que son investigados por esta Unidad.

Una investigación llevada a cabo por Sebastián Herrera para la Universidad de los Andes encontró en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación 3.310 noticias criminales sobre casos de despojo ocurridos en el Valle del Cauca y 1548 en el Cauca entre 2006 y 2019. Aunque lamenta que “las bajas tasas de esclarecimiento de delitos asociados con el despojo de tierras en Colombia generan que los responsables de estos hechos no sean judicializados”.

De facto, la expansión del monocultivo de la caña no concentró la propiedad de la tierra, pero ocupa los terrenos mediante figuras de alianzas y arriendos de tal forma que termina usufructuándolos como si fuera el propietario. Esto concentra el uso y aprovechamiento de la tierra en pocas manos en el valle geográfico del río Cauca.

El poderoso pulpo empresarial logra esto porque no hay en la zona quién compita ni quién ayude a las comunidades a preservar sus lugares de arraigo. Si bien Asocaña aseguró que 12.000 familias comparten 80% de la titularidad de los predios y que los ingenios sólo disponen del 20% restante, sus propias cifras indican que el tamaño promedio de esas propiedades es de 63 hectáreas, es decir, 12,6 veces más que la Unidad Agrícola Familia, que es de 5 hectáreas en la zona. Una figura jurídica que parece ensanchar la cerca de lo permitido.

“Aquí tener una finca de 50 hectáreas es tener bastante dinero”, asegura Mario Pérez, economista ecológico de la Universidad del Valle y miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA). Al tratarse de un valle fértil, es un espacio en el que el metro cuadrado cultivable es costoso, por lo que muchos de sus propietarios “no son campesinos, muchos son hasta rentistas porque tienen sus tierras alquiladas a los ingenios. Entonces, en realidad, los ingenios tienen una parte importante de las tierras”, agregó.

Lo mismo señaló el informe de Forest People Programme, Enramada y el Palenke Alto Cauca, al lamentar que la falta de transparencia no permite saber quiénes son los compradores de la caña de azúcar que se cultiva en el valle. En el caso que maneja Jorge Balanta, cuando menos, el terreno en disputa es rentado a un ingenio, aunque no le pertenezca directamente.

Pero el alcance del poderío de la casa de azúcar no puede medirse sólo en términos económicos. Entre las familias beneficiadas por este macronegocio se encuentran, eso sí, las de prominentes políticos como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, candidato del partido Revivamos Cali, y la familia senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.