Pavimentar humedales: las preguntas sobre la rehabilitación ecológica en Bogotá

(1/12/2022)

En las últimas dos administraciones distritales se han aprobado $895 mil millones para la intervención de estas áreas protegidas, a través del proyecto de Corredores Ambientales. Sin embargo, en el desarrollo del mismo se han evidenciado una posible manipulación del cauce (el nivel máximo de las aguas) del Humedal Tibabuyes, la construcción en zonas prohibidas y el incumplimiento de los planes de manejo de los humedales.

Las áreas protegidas son para cuidar las especies silvestres. Pero en Bogotá, las dos últimas administraciones distritales vienen siendo señaladas de haberse empeñado más en desarrollar proyectos urbanísticos dentro de sus áreas protegidas, que en revisar las graves consecuencias que estos podrían generar en el medio ambiente. 

Así ha sucedido con el proyecto denominado Corredores Ambientales, planeado para seis humedales de la ciudad. Según denuncias de ambientalistas, con casi un billón de pesos de presupuesto se viene pavimentando encima de áreas protegidas y afectando el hábitat natural de decenas de especies de aves residentes y migratorias. También de anfibios, reptiles, mamíferos y plantas, nativas y endémicas de los Andes y de la Sabana de Bogotá.  

Proyecto “Conexión Corredor Juan Amarillo” con Permiso de Ocupación de Cauce por Resolución 2767 de 2017 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Algunos aspectos claves deberían ser revisados por las autoridades y entes competentes. Por ejemplo: evidencias de una posible manipulación del acotamiento oficial del cauce (el nivel máximo de las aguas) del Humedal Tibabuyes en el sector de la obra Conexión Corredor Ambiental; la construcción en zonas en donde está prohibido; el incumplimiento de los planes de manejo de los humedales; y la violación de diferentes tratados internacionales de protección de la biodiversidad, lo que puede resultar muy grave al tratarse de ecosistemas que cumplen una función determinante en la absorción de carbono.

¿Un negocio de pavimentar y posar de ambientalista? 

En la capital de la Potencia Mundial de la Vida –como suele referirse el presidente Gustavo Petro a su plan de gobierno–, desde 2018 se realizan intervenciones urbanísticas cuestionadas en humedales. Estas son áreas denominadas por el gobierno nacional como de importancia internacional y reconocidas por la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de estos espacios. 

Para tales intervenciones, en 2016 el Concejo de Bogotá le aprobó al entonces alcalde Enrique Peñalosa la construcción de 38.5 kilómetros de “parques lineales para recuperar el sistema hídrico” en seis humedales de Bogotá. Esto bajo el Programa de Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal. Con ese fin, el Distrito programó 895 mil millones de pesos y ejecutó 266 mil millones de pesos entre 2016 y 2019.  

Presupuestos de las alcaldías de Enrique Peñalosa (arriba) para “construir tres parques lineales” y de Claudia López (abajo) para “terminar” tres “Corredores Ambientales”. Valores en millones de pesos y sin ajustes por inflación.

Con vigencias futuras comprometidas y las obras sin terminar, el Concejo de Bogotá versión 2020 le aprobó $652 mil millones a la alcaldesa Claudia López para terminar el proyecto a 2022, lo que faltando solo un mes para acabar el año ya parece imposible de cumplir. El interrogante que surgió desde la primera aprobación presupuestal y que hasta ahora no ha podido ser explicado con claridad es: ¿Cómo un “parque lineal” (una vía en concreto para peatones y ciclistas) puede servir para recuperar un sistema hídrico?

La cifra presupuestal a primera vista parece bastante alta, por lo que es válido preguntarse: ¿Para qué alcanzan $895 o $652 mil millones en proyectos reales de conservación de la biodiversidad? Como comparación, en la siguiente gráfica se muestra el presupuesto 2016-2019 y 2020-2022 para las 64 áreas del Sistema de Parques Nacionales en el país, que equivalen a más de 14 millones de hectáreas terrestres y 23 millones de hectáreas marinas. 

Comparación de los presupuestos distritales asignados a Corredores Ambientales entre 2016-2019 y 2020-2022, con el presupuesto de Parques Nacionales de Colombia para los mismos periodos. Fuentes: PNN, Alcaldía Peñalosa y Alcaldía Claudia López.

La suma de los presupuestos de Parques Nacionales es de 879 mil millones de pesos, algo menos que los asignados a los Corredores Ambientales en 2016. Entonces, teniendo en cuenta que quedan menos de 800 hectáreas de humedales en Bogotá declaradas como áreas protegidas: ¿Para cuántos años de restauración ecológica real hubieran alcanzado $895 mil millones en la capital, si alcanzaban para proteger durante 7 años todos los Parques Nacionales? 

Algo que también llama la atención es que el billonario proyecto de Corredores Ambientales involucra además constructoras del cuestionado William Vélez Sierra, “el contratista preferido de Uribe” según Gustavo Petro. El empresario tiene sociedades investigadas en Honduras y su nombre estuvo enseñalado de testaferros por jefes paramilitares hace una década. Vélez es dueño de empresas que hacen parte del Consorcio ejecutor de obras de Corredores Ambientales en el Humedal Tibabuyes. 

Empresas de William Vélez Sierra pavimentando el humedal Juan Amarillo o Tibabuyes. Capturas de páginas web.

Dos posturas enfrentadas 

La Conexión Corredor Ambiental Juan Amarillo es una obra de perfiles viales en cemento reforzado de un kilómetro de largo y 76 pilotes en concreto, enterrados seis metros dentro uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Además, dentro de una zona de amenaza por inundación y de restauración ecológica de un área protegida (Ver mapa 1).

Para algunos, llamar a perfiles viales “obras de recuperación de la estructura ecológica principal”, como lo han hecho el Concejo Distrital y la Alcaldía de Bogotá desde 2016, sería contrario a lo establecido por las leyes ambientales y de ordenamiento territorial. Esto debido a que las obras de construcción son elementos artificiales del espacio público, mientras que los humedales son elementos naturales del espacio público, según lo determina el Decreto 1077 de 2015 del sector vivienda, ciudad y territorio.

Sobre las consecuencias penales de los daños ambientales, la ley es clara. El Código Penal, en el Artículo 331 (vigente entre 2016 y 2021) señala que “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales (…) incurrirá en prisión de dos a seis años y multa”.   

Y sobre los daños causados por Corredores Ambientales también es claro el Concepto Técnico 06686 de 2022, de Juan Manuel Esteban Mena, subdirector de Control Ambiental al Sector Público (Scasp) de la Secretaría Distrital de Ambiente. Advierte sobre las obras en Tibabuyes que “las actividades desarrolladas son contrarias al régimen de uso de suelo y contrarias a las actividades permitidas según el Decreto 190 de 2004, lo cual genera una afectación a bienes de protección de la estructura ecológica principal (EEP)”. 

Ante ese proyecto, planteado como de rehabilitación ecológica, se oponen diferentes organizaciones ciudadanas, vecinas de las localidades de Suba y Engativá. Defienden los derechos de la Chupqua, el nombre muisca con el que muchas prefieren llamar al humedal. Algunas de estas defensoras han acudido a las medidas legales y constitucionales.

En respuesta a dichas acciones, a través de sus representantes legales, la Empresa de Acueducto de Bogotá acusó a las defensoras que instauraron una querella por las obras ante la Inspección 11G de Policía. Las acusaron por “abuso en el ejercicio del derecho”, aun cuando las denuncias de las querellantes no tienen decisiones definitivas todavía

La visión hidráulica de los humedales 

Todo lo anterior pone en evidencia las grandes diferencias entre la visión que tienen de la Chupqua sus defensoras y la que tienen la Alcaldía de Bogotá y el Acueducto. Para los defensores del humedal, con base en la cultura indígena, la vida es sagrada y es un tejido colectivo del cuál todos hacemos parte. El Acueducto, la Alcaldía y un grupo de concejales, han defendido una visión hidráulica de los humedales como “cuerpos de agua” que deben “controlarse” y “recuperarse”, incluso con el uso de cemento.   

Al leer el Plan de Manejo Ambiental PMA del Humedal Tibabuyes (Conservación Internacional Colombia, 2010) se explica el origen de esta visión hidráulica de los humedales: “En la segunda mitad de los 90´s, con el Programa de desmarginalización, la administración de Enrique Peñalosa legalizó la mayor parte de los barrios, en paralelo se desarrolló una visión hidráulica del Humedal y sus franjas como parque lineal recreativo, que se materializa en el dragado masivo y conformación del lago del tercio alto y se construye la alameda con cicloruta”.   

Las dos recientes administraciones de Bogotá han mantenido esa visión hidráulica donde prevalece la función recreativa de los humedales sobre su función ecológica y de conservación de la biodiversidad. Así en sus planes distritales de desarrollo indicaron que las obras de pavimentación con concreto reforzado son para “la recuperación integral y sostenible de las zonas de ronda que se encuentran en desuso”.   

En realidad, esas zonas catalogadas como en “desuso” son Zonas de Restauración Ecológica del Plan de Manejo (es decir las Zonas de Manejo Transitorio, de Recuperación Ecológica, de Recuperación Asistida y de Rehabilitación Ecológica del PMA). Como se tratra de “zonas en desuso” no deben usarse: son para la restauración del ecosistema. Sin embargo, más de 48 mil metros cuadrados de Zonas de Restauración Ecológica del Humedal Tibabuyes fueron endurecidos por las obras de Corredores Ambientales

Ilustración propia de obras construidas de Conexión Lisboa-Cortijo (parte inferior) de Corredores Ambientales a junio 2022, en grises y negro, sobre Zonas de Restauración Ecológica del Humedal Tibabuyes, tercio bajo. Solo se podía construir en Zona de Amortiguación y Zona Terrestre Consolidada (en café). Fuente de archivos SIG oficiales: Secretaría Distrital de Ambiente.

Por esto, el proyecto Corredores Ambientales iría en contra del Fallo 254 de 2001 del Consejo de Estado, ya que según la abogada Constanza Atuesta, consultora jurídica de la Misión Humedales: “Esta sentencia del Consejo de Estado resulta relevante (…) porque hizo prevalecer la función de preservación y restauración de la biodiversidad y los recursos hídricos, sobre la función recreativa de los humedales, ciñendo su decisión también a lo dispuesto en materia de recreación pasiva por el Decreto 619 de 2000”. 

Un memorando que evidenciaría falsificación del cauce 

Un documento que resulta clave dentro de la investigación es el que detalla cómo se alteró la modelación original del cauce oficial, es decir, el límite máximo de inundación, del Humedal Tibabuyes. Se trata del Memorando Interno 2620001-2018-DIE-080 del 15 de febrero de 2018, dirigido a Rolando Higuita Rodríguez. 

En este, la Dirección de Ingeniería Especializada (DIE) le dice a la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico (DGASH) de la Empresa de Acueducto de Bogotá que “una vez realizada la modelación hidráulica del humedal, se determinó que, para las condiciones evaluadas, el área inundada incluiría parcialmente la zona donde la EAB [Acueducto] proyecta realizar las obras” de la Conexión Lisboa-Cortijo de Corredores Ambientales. Ante esta situación, la gerencia general del Acueducto solicitó a la DIE analizar posibles alternativas que permitieran mostrar un cauce que no afectara las obras. 

En respuesta a la nueva solicitud, la DIE evaluó posibles alternativas de delimitación del cauce con la modelación de dos barreras de contención artificiales o jarillones. La dependencia respondió a la DGASH que en ambos casos se lograba “contener el área inundada dentro de los límites requeridos”. Finalmente, entre los dos jarillones ficticios, que no están proyectado en documentos de planeación del Acueducto o del Distrito, se decidió optar por la llamada Alternativa 1 en el memorando. Se estableció entonces una delimitación alterada del cauce que fue oficialmente adoptada en la Resolución 0970 de 2018, firmada por Adriana Lucía Santa Méndez, de la Dirección de Gestión Ambiental, de la Secretaría de Ambiente.

Lideradas por la organización SOS Tibabuyes, defensoras del humedal conocieron el memorando durante una mesa virtual “de acotamiento” — una reunión con expertos del Acueducto de Bogotá—. Se celebró el 27 de abril de 2022 y fue citada por la Secretaría de Ambiente, como parte del proceso sancionatorio que se adelanta desde el 2020 y del cual se espera un fallo contra las obras del humedal el próximo año.

Las defensoras habían exigido esa mesa para aclarar irregularidades en la delimitación del cauce del humedal. Durante la reunión, el ingeniero hidráulico Daniel Rodríguez, del Acueducto de Bogotá, aclaró los cuestionamientos basándose en el contenido del memorando y explicó que la delimitación provenía de la modelación de jarillones imaginarios. Su intervención y explicación quedaron registradas en un video de la Mesa. Las defensoras del humedal esperan que esta grabación y el memorando hagan parte del fallo del proceso sancionatorio. 

Ilustración propia tomada de la modelación original del cauce natural del Humedal Tibabuyes (azul), con el diseño sobrepuesto del proyecto Conexión Lisboa-Cortijo. Tomada del Memorando Interno 2620001-2018-DIE-080 del 15 de febrero de 2018.
Ilustración propia tomada de la modelación de jarillones o barreras artificiales como “alternativas” a la modelación original del cauce del Humedal Tibabuyes, con el diseño sobrepuesto del proyecto Conexión Lisboa-Cortijo. Tomada del Memorando Interno 2620001-2018-D.

Según lo manifestó el ingeniero Rodríguez en su presentación en la Mesa de Acotamiento, la Secretaría Distrital de Ambiente también conoció la existencia del Memorando Interno 2620001-2018, por lo tanto, sabía que las obras proyectadas quedaban dentro del cauce del humedal y en zona de alta amenaza de inundación por desborde, según los POT 2004 y 2021. Es decir, que aún conociendo el concepto de la Empresa de Acueducto también habría participado de la alteración del acotamiento del cauce (el nivel máximo de las aguas) del Humedal Tibabuyes en el sector de la obra Conexión Corredor Ambiental.

La modelación de jarillones imaginarios que realizó el Acueducto para acomodar el acotamiento del cauce a las obras de Corredores Ambientales no es acorde al fin determinado por Ley, según lo establece el Decreto 2245 de 2017 para la delimitación de un cauce natural. Esa era la obligación técnica del Acueducto y legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, quienes en cambio habrían ocultado el cauce real del humedal con uno ficticio.

Contestando al señalamiento de la posible falsificación del cauce, la Secretaría de Ambiente, en respuesta a un derecho de petición, señaló que “la afirmación de cauce correcto o no correcto, se sustentará en los soportes tanto legales como técnicos para establecer que el definido en el acto administrativo citado lo es o no o lo es”. Luego de esto, la entidad no ha actuado sobre el acto administrativo, pero deberá incorporar estas evidencias al fallo del proceso sancionatorio que emitirá sobre las obras en Tibabuyes en 2023. 

Concejo de Bogotá: la hoy ministra de Ambiente y los Corredores Ambientales  

Uno de los momentos más llamativos y controversiales del proyecto se vivió el 13 de septiembre de 2021, cuando el Concejo de Bogotá realizó un debate de control político a las obras de construcción de perfiles viales en concreto dentro de humedales. Este fue citado por la concejal María Fernanda Rojas y allí fue ponente la entonces concejal y hoy ministra de ambiente Susana Muhamad.   

De ese debate participaron investigadores de las comunidades que presentaron las que podrían ser pruebas contundentes de varios presuntos delitos cometidos para construir los mal llamados “Corredores Ambientales”. En especial la Conexión Lisboa-Cortijo del Corredor Ambiental Juan Amarillo (dos umbrales, dos puentes, tres miradores, una pasarela elevada) sobre el humedal más grande de Bogotá. Con este, según la administración distrital, se busca movilizar hasta 20 mil usuarios diarios por encima de un área protegida a la que llegan aves migratorias y viven especies endémicas en peligro de extinción.  

En efecto, las defensoras de la Chupqua mostraron a los y las concejales evidencias de que se falsificó el cauce (el límite máximo que pueden alcanzar las aguas)del humedal. Esto con el fin de hacer ver como si no se inundara el área de construcción de la Conexión Lisboa-Cortijo. Un área que además aparece claramente en el POT 2004 y en el POT 2021 dentro de zona de alta amenaza de inundación.   

Como antecedente relevante al momento, hay que decir que fue este mismo Concejo de Bogotá el que en 2020 aprobó el presupuesto de 652 mil millones de pesos para los Corredores Ambientales. Las irregularidades presentadas en el debate de 2021, incluso por la hoy ministra de Ambiente Susana Muhamad, no han sido investigadas con rigurosidad. Y la sensación que quedó para muchos de los defensores que asistieron es que el sentido del mismo fue para mostrar una falsa participación ciudadana ya que no ha pasado nada con sus denuncias. 

Hoy, catorce meses después, el Distrito prepara los contratos para terminar las obras atrasadas sin que el Concejo haya interpuesto medidas. Nadie se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a la definición del cauce y continúa el posible daño a la Chupqua por las obras de pavimentación. 

¿Miente el Distrito?  

Tres preguntas fundamentales surgen en el desarrollo de las obras de Corredores Ambientales en Bogotá: ¿Cumplen con el sentido de los humedales como áreas protegidas? ¿Son obras viales? ¿Cumplen con el porcentaje máximo de área del humedal que se puede endurecer? 

Frente al primer interrogante, el Distrito respondió que, según el Permiso de Ocupación de Cauce POC de 2017 otorgado por la Secretaría de Ambiente, “se podría presumir que con las obras a desarrollar se contribuye a la rehabilitación ecológica del humedal y se mejorará la calidad de vida de los habitantes de la zona”. Dice que así se brinda un espacio en el cual interactúan elementos urbanos y naturales para el goce y disfrute, y que además se optimiza la movilidad en el sector y se reducen tiempos en trayectos.

Pero usar el humedal para movilidad no es lo mismo que rehabilitar ecológicamente.  El Decreto 1076 de 2015 señala que el uso sostenible se da cuando se utilizan los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o degradación. Además, define la restauración como el restablecimiento “parcial o total de la composición, estructura y función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados”. 

Existe la preocupación de que los Corredores Ambientales no solamente no pueden hacer ambas cosas a la vez, sino que ni siquiera son de uso sostenible. La pavimentación con cemento produce altas emisiones de carbono y destruye coberturas vegetales y suelo orgánico. Además es material contaminante en su producción y no restablece ni parcialmente la biodiversidad

Sobre la duda de si estos denominados Corredores Ambientales corresponden a obras viales, a pesar de que en el Plan Distrital de Desarrollo de Peñalosa aparecen como “parques lineales” y su objetivo es “optimizar la movilidad”, el Acueducto de Bogotá respondió que: “Ninguno de los corredores es un proyecto vial, puesto que su propósito, diseño y función, está destinada únicamente al uso de peatones”.  Al solicitarle ejemplos de obras con la misma función, el Acueducto citó obras de malecones y parques lineales a lo largo de ríos. 

Sin embargo, el tipo de obras de Corredores Ambientales corresponden a lo que el Decreto 1077 de 2015 define como perfiles viales en su artículo 1.2.1.1.. Incluyen áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, camellones, sardinales, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, entre otros. 

Sobre el cumplimiento del área que se puede endurecer, el Acueducto de Bogotá señaló que las intervenciones en el humedal cumplen con lo definido en las normas con relación a los índices de ocupación y construcción. Resalta que “las edificaciones requeridas para el desarrollo no podrán ocupar más del 0.04% del total del área del humedal y se podrá adecuar para zonas duras hasta 6.30% del área total. En términos de área, el índice de ocupación de 6.30% equivale a un área de 140,400 m2”. 

Con este mismo argumento el Acueducto de Bogotá habría inducido a engaño en 2019 a la Contraloría General de la República, que cuestionaba las obras de Corredores Ambientales en un Informe de auditoría a las autoridades ambientales sobre el cumplimiento de la Política Nacional de Humedales Interiores. En el Informe la Contraloría General acepta los argumentos del Acueducto sobre el aparente cumplimiento de los índices de ocupación en humedales, aunque insiste en otros cuestionamientos. 

Lo que no especifica el Acueducto es qué porcentaje del humedal ya estaba endurecido antes de las obras. Este porcentaje, sin embargo, se puede calcular a partir de la cartografía oficial de la zonificación del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Tibabuyes, y del levantamiento topográfico oficial de las obras de Corredores Ambientales, suministrado mediante derecho de petición

Así que, sumando los porcentajes correspondientes, se puede decir que en 2010 antes de la construcción de Corredores Ambientales el humedal ya tenía un índice de ocupación de 9.76%, muy por encima del límite oficial de 6.30%.  Además, en Tibabuyes el 66% de las obras se hicieron sobre Zonas de Restauración Ecológica donde está prohibido cualquier tipo de uso (ver Figura 4).  Corredores Ambientales endureció adicionalmente 48,152 m2 de Zonas de Recuperación Ecológica para elevar el índice de ocupación a 11.93%.

Índice de ocupación (% de zonas duras). Tope normativo antes y después del proyecto de Corredores Ambientales.

“Chupqua es vientre de la Madre Tierra en muisca” 

Los humedales de Bogotá fueron declarados áreas protegidas en 1994. Su propósito coincide con la causa promulgada por grupos de defensores y defensoras, que es la preservación y restauración de la biodiversidad. “Las Chupquas son una entramada de vida interconectada con derechos”, dice la joven abogada Laura Sofía Castillo Villareal, que creció en Engativá y hace 4 años es defensora del Humedal Tibabuyes, como integrante del colectivo Somos Uno.   

Para ella el daño ha sido extenso porque “al río y al humedal siempre los han separado, olvidando su relación íntima de sinergia en la que se ayudan. El río alimentando de agua a la chupqua, y la chupqua limpiando las aguas del río”. Dice que con construcciones de jarillones lograron que el humedal esté más cerca de secarse y el río esté completamente contaminado. Según señala, “al romper esta relación necesaria y conocida por los indígenas muiscas, se ha causado una verdadera tragedia que nos afecta a todos”. 

¿Cuáles son los derechos del humedal?, le preguntamos a Sofía. Ella explica que “la Chupqua no es un objeto, sino un sujeto de derechos, una fuente de vida, activa, compleja. Su derecho fundamental es su derecho a existir sana y libre”.

Los derechos de la Chupqua. Bajo las obras en cemento de Conexión Lisboa-Cortijo, la restauración ecológica natural del humedal reclama su espacio vital. Humedal Tibabuyes, foto noviembre 24 de 2022. ¿Qué hará el Acueducto con los árboles cuando sigan creciendo?.

Para la defensora del humedal, el proyecto Corredores Ambientales en la práctica viola la integridad de la Chupqua porque consiste en el cambio del uso del suelo de humedal a suelo para movilidad. De suelo natural a suelo artificial de cemento.  “La construcción, fragmentación, cementación, deforestación, endurecimiento y pérdida de suelo orgánico, así como la entrada de más agentes contaminantes al ecosistema sin tener en cuenta su capacidad de carga ecológica, pretende únicamente el beneficio antropocéntrico, insostenible y superficial”. 

Laura Sofía dice que las necesidades de movilidad ciudadana y de una supuesta sensibilización o educación ambiental no llegarán jamás construyendo puentes y vías sobre menos del 1.5 % de humedales que quedan en Bogotá, de lo que hace solo unos 80 años eran más de 50,000 has.  

El futuro de ese frágil porcentaje de humedales que le quedan a Bogotá está en manos del gobierno Distrital. Aunque las defensoras esperan para 2023 un fallo favorable en el proceso sancionatorio ambiental en el Humedal Tibabuyes, en los demás humedales de Bogotá, donde no ha habido una resistencia comunitaria tan fuerte, las obras de Corredores Ambientales avanzan. 

Créditos

Investigación y texto

Juan Carlos Sandino

Edición

Rainiero Patiño M.

Con el apoyo de