Bucaramanga

Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.

Cinco de las siete personas que aportaron a la campaña de Rodolfo Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, contrataron con su administración por más de $515 millones, en total. Uno de los aportantes fue Alejandro Galvis, entonces presidente corporativo de Vanguardia, cuya empresa matriz fue contratada. Otros dos aportantes fueron los esposos Alid Lindarte y Antonio Sanabria. La primera fue nombrada contadora de Bucaramanga por Hernández y participó en el ingreso de dineros presuntamente irregulares al presupuesto de la Alcaldía, y el segundo es hoy concejal de la ciudad por el movimiento político del candidato presidencial.

Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos determinantes en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de cargos de la Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo.