Corte Suprema de Justicia

El delito y la justicia en Colombia rara vez se cruzan, descubre sus efímeros encuentros.

La decisión había sido tutelada por el jurista. El recurso fue negado y hoy, tras impugnar, quedó en firme. Serían tres años de castigo por malas prácticas.

El expediente del Parqueadero Padilla, en el que hace veinticinco años se hallaron las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), condujo a #CuestiónPública a una paradoja temporal de pruebas inéditas del testigo estrella del actual Caso Uribe.

Revelamos la comunicación que al parecer tenían las autodefensas con el entonces representante del departamento de Antioquia en 1997 y la Brigada del Ejército en los albores de la masacre del Aro.

Una trama judicial aún no resuelta que incluye giros de dinero hacia el exterior y un papel de prestamista interpretado por el empresario Carlos Dada.

Refrescamos sus procesos judiciales, propiedades y los negocios de su familia.

La jueza 41 penal del circuito de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía de precluir en favor del exsenador, es decir de cerrar el proceso antes del juicio. Por esta razón el expresidente podría ser acusado para luego ser juzgado por soborno en la actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el ente acusador y la defensa apelaron la decisión, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá deberá revisar lo decidido por la jueza.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del conservador David Barguil, por la presunta injerencia en la adjudicación de contratos en Sucre, semanas después de su campaña al Senado en 2018. Cuestión Pública ya había investigado al exsenador y encontró que familiares suyos recibieron contratos del Estado luego de que aportaran a su campaña política en 2010 y de qué él ocupara una curul en el Congreso.

Con contratos fueron beneficiados 3 de sus 7 donantes de campaña. Lo hizo a través de dos municipios cuyos alcaldes son sus aliados: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Los valores de dichos negocios públicos ascienden a más de $1.458 millones. Al gobernador Buanerges lo rodean familiares y conexiones políticas también cuestionadas.

Cuestión Pública tuvo acceso a la acusación de la Corte Suprema, del pasado 18 de agosto, en el que determinó que este tendría participación en el proceso de Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición de la ciudadanía la resolución.