(19/06/2019)

1 de cada 3 trabajadoras sexuales en Colombia es venezolana y no hay duda que la migración de miles de venezolanos afectará las dinámicas del país.

Para tener claro los términos, por un lado, la explotación sexual según UNICEF, implica ganancia financiera para personas, estados y una industria multimillonaria, a partir del abuso de la sexualidad de mujeres, niñas o niños, y revocando sus derechos a la dignidad, la igualdad, la autonomía, y el bienestar mental y físico.

Por otro lado, la prostitución es una actividad que no es ilegal ni está penalizada en Colombia según la sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional, pero carece de los mismos derechos y beneficios que otro tipo de trabajo.

Ahora, la problemática de hoy en día no solo abarca a trabajadoras o personas explotadas sexualmente de nacionalidad colombiana sino también personas migrantes, en especial Venezolanas debido a la fuerte inmigración de personas del vecino país.

Según un informe del 2017 de la Secretaría Distrital de la Mujer y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, donde se entrevistaron a 2,758 personas que se dedican a la prostitución, el 37% de venezolanas inmigrantes son jóvenes de entre 18 y 25 años son trabajadoras sexuales. De la anterior cifra, el 54% terminó el bachillerato y 33% la universidad.

Violencia: del mismo documento se extrae que el 70% de estas mujeres son atacadas físicamente y 91% abusadas verbalmente. Las cifras van más allá y nos demuestran que no es solo la cantidad de mujeres trabajando en este sector, sino es lo que implica trabajar en este.

Salud Pública: ¿está Colombia preparada para penalizar la explotación sexual y regular un sistema de salud y laboral respecto a la prostitución?

Por ejemplo, Carlota Almeciga Romero, Directora de Gestión del Conocimiento de la Secretaría de la Mujer sostuvo que “más del 60% de mujeres venezolanas dedicadas a la prostitución no se encuentran afiliadas a un sistema de salud, de ellas, las afiliadas al régimen constitutivo no alcanzan a hacer ni el 33% y el 60% está en el régimen subsidiado”.

¿Será posible tener políticas públicas que regulen el trabajo sexual no solo de las personas nacidas en Colombia sino posibles migrantes? Seguramente, las trabajadoras sexuales originarias de otro país buscan bienestar y calidad de vida en Colombia que pocas garantías tiene incluso a sus nacionales.

No es cuestión de alarmarse por los mitos, porque es una realidad que muchas mujeres migrantes de Venezuela están ejerciendo la prostitución. Debemos recibir las nuevas dinámicas con propuestas y soluciones a un problema que ya existe en el país. Se puede pasar de una zona gris e intocable con políticas públicas eficientes en especial de salud pública.

Y que lo diga el relato de una venezolana en un artículo de Vice Colombia: «La vida me dio una vuelta 180. Eso fue hace cinco años y medio. El país ya estaba en crisis, yo también. Terminé putiando en un bar (acá: prostíbulo). Daban 120 mil bolívares por polvo. Ahora, si acaso, te pagan con una harina pan»

Además, es fundamental no fomentar la discriminación con motivo de raza, origen nacional, condición de salud, condición económica, orientación sexual o identidad de género.

*Por María Mónica Zapata. Publicado primero en Revista Level, el 30 de noviembre del 2018.