¿Qué hay detrás de la lonchera de tus hijos? Exceso de azúcar y un negociazo para los partidos

Casi una veintena de demandas para tumbar los impuestos saludables y el etiquetado frontal; 15 proyectos de ley para regular alimentos ultraprocesados en la última década frustrados, principalmente, por partidos financiados en un 42 % por este sector. La obesidad infantil aumenta y, en campaña, los políticos siguen jugando del lado del negocio.

Una nena de seis años colapsó tras una semana con estreñimiento crónico. Su evaluación nutricional reveló que la constipación había sido causada por un consumo diario de productos ultraprocesados de paquete como chitos, galletas y snacks. Sucedió en Bogotá en 2025. Es uno de tantos casos analizados por el nutricionista Rubén Orjuela Agudelo, exdirector nacional de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a quien Cuestión Pública buscó para documentar esta investigación.

“Cuando hicimos el análisis, resultó que la niña no comía casi comida real, sino solo ultraprocesados porque la mamá pensaba que esa era la forma de tenerla contenta; se volvió readicta a los paquetes. Casi la tienen que operar y no era una niña obesa”, explicó Orjuela.

No era un caso aislado. Hace dos años, Orjuela atendió a una bebé de 13 meses diagnosticada con gastritis. También a cuatro menores de 17 años que resultaron con diabetes adquirida, sin que ninguno fuera obeso, y a una de 16 con hipertensión. 

—El pediatra casi no me cree que la niña tenía gastritis. Finalmente, me hizo caso y le hicieron la endoscopia, señaló el nutricionista. 

—¿Y por qué le dio gastritis tan chiquita?, preguntamos. 

—Porque cuando consumes productos ultraprocesados, las afecciones a la salud son diversas: gastritis, colon irritable y muerte de la microbiota que protege al intestino, concluyó.

La industria de ultraprocesados convirtió a los menores de edad en sus principales consumidores en Colombia: diseñó productos irresistibles, asociados con el aumento de enfermedades no transmisibles como la obesidad. Los impulsó con una estrategia de marketing agresiva. 

La sociedad civil y algunos congresistas respondieron con propuestas para limitar su impacto en la salud pública: restringir la publicidad dirigida a niñas y niños, sacar estos productos de los colegios, imponer el etiquetado frontal de advertencia y crear impuestos saludables.

Aunque estas dos últimas se convirtieron en ley (ley 2120 de 2021 y ley 2277 de 2022), una investigación transnacional de Lighthouse Reports en asocio con Cuestión Pública destapó una sistemática operación de la industria para tumbarlas con un arsenal de litigios, injerencia de lobbistas para sabotear proyectos de ley y una robusta financiación electoral que sostuvo toda la estrategia.

El Centro Democrático, partido cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, estuvo presente en cada frente de batalla identificado por esta alianza para tumbar o frenar estas leyes: en los litigios, en las visitas de lobbistas en el Congreso durante la discusión, en la presentación de proyectos de ley para frenarlas y en la financiación recibida por esta industria.

Paloma Valencia, candidata presidencial de este movimiento, prometió eliminarlos de llegar a la Casa de Nariño. La primera vuelta de la elección presidencial en Colombia será este próximo 31 de mayo y hasta ahora, Valencia está de tercera en las encuestas.

El visaje raro de los ultraprocesados en elecciones

Cuestión Pública y Lighthouse Reports analizaron 14.302 publicaciones de TikTok e Instagram de Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella vinculadas a alimentos ultraprocesados, impuestos saludables, regulación y comida chatarra, empleando inteligencia artificial.

Aunque este no ha sido un tema central en la agenda digital de los tres candidatos que se disputan la presidencia, los datos arrojaron que Valencia fue la única que se pronunció directamente en redes en dos ocasiones contra este gravamen.

Una de ellas fue el 23 de enero de 2026, cuando la precandidata Paloma Valencia cuestionó la utilidad de los impuestos saludables a través de un video en sus redes: “Petroeconomics son todas las locuras económicas en las que nos ha metido Petro. En esta segunda entrega, hablamos del llamado impuesto saludable que no educa ni previene, solo castiga el bolsillo de las familias y pequeños negocios”.  

El pasado 19 de abril, Ligia Estela Gil Pérez, tendera y excandidata a la Cámara del Centro Democrático en Antioquia, publicó un video junto a Paloma Valencia, en el cual la candidata hizo más explícita su posición. “Les voy a quitar esos impuestos saludables, vamos a darle estímulo a la comida sana, pero que ustedes puedan vender bien. Ayúdenme, que yo les respondo como buena mujer”.

La candidata presidencial Paloma Valencia en un evento de campaña en Antioquia el 19 de abril de 2026.

Lo de vender bien se refería a los productos de las empresas de ultraprocesados, las mismas que han financiado en el pasado su campaña y su partido. Cuestión Pública encontró que en todas sus campañas al Congreso recibió aportes de este sector empresarial. 

En 2022, su última elección, sus principales aportantes, luego de su partido, el Centro Democrático, fueron Riopaila Castilla y Colombina, esta última productora del famoso dulce Bon Bon Bum. Junto con la empresa Manuelita, representaron el 22 % del dinero que recaudó ese año. También recibió dinero de las farmacéuticas como JGB y Tecnoquímicas.

La campaña de Valencia no se pronunció sobre la financiación recibida en campañas al Congreso, pero señaló que la primera vuelta presidencial se costeó “el cien por ciento mediante recursos provenientes de un crédito bancario” y que no recibió aportes de la industria azucarera ni de alimentos procesados. 

La elegida del expresidente Uribe, una mujer de derecha, nieta del fallecido expresidente Guillermo León Valencia (abuelo paterno) y del fundador de la Universidad de Los Andes, Mario Laserna (abuelo materno), ha sido descrita en la prensa tradicional como “una senadora disciplinada, técnica y consistente”.

Como congresista estuvo en contra del Proceso de Paz. También defendió al grupo Aval, un financiador de su partido, sancionado en Estados Unidos por pagar sobornos a través de Corficolombiana junto a Odebrecht para construir el tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, durante los debates de control político por este escándalo. 

Fue pupila y férrea defensora del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante el juicio en su contra por fraude procesal y soborno en actuación penal. Uribe, además, ha sido un aliado histórico de Fenalco y la ANDI, dos de los principales gremios empresariales del país. Esa cercanía política y empresarial convierte a Paloma, en esta campaña, en la única candidata con vínculos directos con los conglomerados de los ultraprocesados.

Por su parte, su postura frente a los impuestos saludables la erigió en defensa de tenderos, comerciantes y el sector privado, principalmente, como arrojó el análisis de datos de redes.  

Su campaña confirmó por escrito que retirar los impuestos saludables “contribuiría a estabilizar la canasta básica familiar, sin comprometer la estabilidad fiscal del presupuesto general”. Y propuso reemplazarlos por “mesas técnicas de reformulación industrial” con exenciones para las empresas que reduzcan sodio y azúcares.

Para muestra, el 27 de septiembre de 2024, durante un encuentro de Fenalco en Barranquilla, el gremio que reúne a los comerciantes del país, la entonces senadora dijo que allí se encontraban “una de las personas que a mí más me importan”, y que “este gobierno los afecta con los impuestos saludables y la posible eliminación del régimen simple. Hoy nos reunimos para dialogar y construir juntos una Colombia más grande y justa”.

Aunque Colombia no tiene datos actualizados sobre la situación nutricional de su población desde 2015, cuando se hizo la última encuesta, médicos y nutricionistas consultados por esta alianza advirtieron que la diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión asociadas al consumo excesivo de ultraprocesados estarían aumentando en menores de edad en el país. 

En 2025, el gravamen a los alimentos ultraprocesados llegó al 20 % cobrado al producto final, convirtiéndose en uno de los más ambiciosos de la región. Y en las bebidas azucaradas empezaron a cobrarse 38 pesos por seis o más gramos de azúcares añadidos y 65 por cada 10 gramos o más en cada 100 mililitros. 

Este impuesto, junto a la ley de etiquetado frontal, puso a Colombia a la vanguardia en materia de salud pública. Pero esta alianza periodística encontró que las leyes han estado amenazadas por lobbistas, congresistas, abogados disfrazados de ciudadanos del común y por el partido del que hace parte Paloma Valencia. 

¿Tiran la demanda y esconden la empresa?

La disputa antirregulatoria no terminó cuando entraron en vigencia la ley de etiquetado frontal de advertencia —que instauró sellos para advertir productos con alto contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas trans— y los impuestos saludables —creados a través del artículo 54 de la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022).

El frente de batalla se trasladó a los estrados judiciales. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, se presentaron 17 demandas de inconstitucionalidad para tumbar o modificar ambas medidas. Las demandas de inconstitucionalidad son acciones públicas que permiten a cualquier ciudadano solicitar a la Corte Constitucional que anule leyes, decretos o reformas que violen la Constitución.

Esta alianza encontró huellas de la industria de ultraprocesados en el 53 % de los litigios interpuestos. El patrón, identificado gracias a la automatización y análisis realizado con inteligencia artificial de más de 900 páginas de demandas, se desveló progresivamente: las multinacionales no presentaron las demandas directamente para tumbar las leyes que las han afectado. 

Los litigios fueron interpuestos por abogados de bufetes que trabajaron para algunas de ellas, como la firma Gómez-Pinzón, que estructuró la estrategia legal para que los Gillinski —una de las familias de banqueros más poderosas del país— se hicieran con el control de Nutresa, multinacional líder de alimentos procesados en Colombia. 

También por el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien en 2006 actuó como representante legal de Comestibles Italo, productora de chocolates y dulces, “para la defensa del debido proceso y principio de igualdad (…) en relación con el rotulado de productos alimenticios”, le dijo el abogado a esta alianza. 

Y por el fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien en 2019, como candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Avancemos, recibió $40 millones de la Fundación Nutresa, una entidad sin ánimo de lucro de la empresa homónima.

Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en Modelia por sicarios que le dispararon durante un evento de campaña en la capital del país. Murió el 11 de agosto, casi dos meses después, producto del ataque.

Todos contra los impuestos saludables

El 82 % de los litigios de inconstitucionalidad se dirigieron contra los impuestos saludables. 

La ley fijó que el impuesto se cobraba según la concentración de azúcar en las bebidas. A mayor cantidad, más debía pagar. Estas tarifas subieron cada año. En 2023 se cobraba a los que tuvieran más de 6 gramos por 100 ml; en 2025, desde 5 gramos.

Álvaro Andrés Díaz Palacios, Jimena Marroquín Aponte, Carlos Alberto Lemos Rodríguez y Mauricio Piñeros Perdomo, quienes entonces trabajaban como abogados de la firma Gómez-Pinzón, presentaron cuatro demandas exclusivamente dirigidas a tumbar este capítulo sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. 

Dos de estas (D0015401 y D0015680) replicaron literalmente las cifras, ejemplos y reparos que Juan Pablo Congote, exgerente de Big Cola en Colombia, expuso en una audiencia pública convocada por el exsenador Uribe Turbay para escuchar los reclamos de varios sectores impactados por la Reforma Tributaria, el 18 de octubre de 2022. Incluso citaron su intervención en ambas demandas. 

En una de ellas, los abogados incluyeron una tabla idéntica a la usada por Congote para argumentar que el impuesto impactaría desigualmente a las empresas: en un 8,7 % a los grandes productores como Coca-Cola y un 16,7 % a marcas pequeñas como Big Cola.

El gerente de Big Cola advirtió en la audiencia que el gravamen absorbería el 70 % del margen de las empresas pequeñas, forzándolas a subir precios hasta quebrar, mientras los gigantes del mercado saldrían ilesos. Los demandantes alegaron ante la Corte que el impuesto violaba la libre competencia y creaba un duopolio en favor de quienes ya dominan el 74 % del mercado.

Sin embargo, el escenario empresarial que proyectó Congote a finales de 2022 lo disipó Fabián Mosquera, country manager de AJE Colombia, empresa matriz de Big Cola. En un reporte 2025 del medio económico Portafolio, aseguró que en 2024 la compañía registró un crecimiento del 3 % y el año pasado proyectaba el 8 %.

Las otras demandas presentadas por abogados de este bufete argumentaban que gravar las bebidas por su concentración de azúcar era inconstitucional, ya que el daño a la salud dependía de cuántas botellas se tomara la persona, y no de la formulación del producto. 

Este argumento es “totalmente inconsistente”, nos explicó el médico y sociólogo Hernando Salcedo Fidalgo, investigador del Grupo Salud y Poder (GReSP) de la Universidad Paris Cité Sorbona. “Lo que hace daño en los productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU) es el grado de procesamiento, y no solamente la concentración de nutrientes críticos (…) los PCBU no son alimentos reales y su grado de procesamiento es la base del daño a la salud”, aseguró. 

La firma Gómez Pinzón, que se integró al Bufete Pérez Llorca en 2025, declinó comentar sobre los hallazgos, señalando que “por políticas de la compañía no podemos compartir información sensible de nuestras transacciones y asesorías”.

El rastro de Big Cola apareció en otra de las demandas de inconstitucionalidad que interpuso Juan Manuel Charry contra el impuesto a estas bebidas. Cuando el abogado envió el correo electrónico el 17 de enero de 2023 a la Secretaría de la Corte Constitucional para presentar formalmente su demanda contra la tarifa del impuesto a las bebidas azucaradas, incluyó en copia la dirección corporativa de Esmeralda Ruiz (directiva de AJE Group – Big Cola). 

Allí usó el mismo argumento del oligopolio de Congote. Charry explicó a esta alianza que la presentó porque la ley “establecía un impuesto de tarifa fija que gravaba inequitativamente las bebidas azucaradas de menor costo, favoreciendo a las de mayor costo. Sí tuve interlocución con Ajegroup, en razón de que sus bebidas de bajo costo resultaban gravadas más onerosamente que otras de la misma naturaleza”.

Diana Guarnizo, directora de la línea de justicia económica en Dejusticia, cuestionó la opacidad de la participación de quienes están detrás de las demandas: “Es de elogiar que la ciudadanía pueda participar y demandar las normas. Lo que es cuestionable es que ninguno de esos abogados señale el interés directo o quiénes pagan por esas demandas. Todo eso queda oculto bajo el halo de que es una demanda ciudadana cuando realmente no es ciudadana”.

La experta enfatizó que “esta estrategia hace parte del manual de las industrias para defenderse legalmente de las medidas que ellos creen que van en contra de sus intereses”. Sin embargo, aclaró que la ley no exige a los demandantes que declaren esta información antes de presentar la acción, “y ahí sí siento que hay un fallo importante del procedimiento constitucional”. 

Sin embargo, todos los litigios resueltos, salvo dos que siguen en curso, fueron rechazados por el alto tribunal, que blindó ambas leyes. Este balance incluyó las dos demandas presentadas por el exsenador Uribe Turbay contra toda la Reforma Tributaria y los impuestos saludables, que fueron negadas. Esta última, junto a la concejal de su mismo partido, Sandra Forero.

A legislar lobbistas

Una de las estrategias más sofisticadas que identificamos durante la discusión de los impuestos saludables fue plantear darles asiento en la discusión legislativa directamente a representantes de la industria. 

¿Cómo? Proponiendo la constitución de una comisión técnica ad honorem para que estudiara la “eventual implementación” de dichos gravámenes en vez de crearlos directamente, bajándolos inmediatamente del proyecto de ley.

El detalle más revelador estaba en la composición de esa potencial comisión, que exigía la participación directa de un delegado de la industria y un delegado de los comerciantes. Ambos se sentarían a la mesa junto al Minhacienda, la DIAN, el Minsalud y Mincomercio, dos congresistas, un delegado de la sociedad civil, uno de agremiaciones médicas y uno de las universidades. Un gangazo. 

Entre líneas, esto les abriría la posibilidad a la ANDI y a Fenalco de tener un asiento para tener voz sobre el impuesto.

La proposición fue radicada por diez representantes del Centro Democrático, del Partido de la U y el Liberal en octubre de 2022, mientras se debatía la reforma. Entre ellos, Milene Jarava y Wilmer Carrillo (Partido de la U), Hugo Archila y Álvaro Monedero (Liberal), y Andrés Forero, Juan Fernando Espinal, Cristian Garcés, Alirio Barrera y Ciro Ramírez (Centro Democrático). 

Tres de ellos, Garcés, Forero y Ramírez, recibieron financiación de empresas del sector como el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, que en 2022 les aportó $46 millones, $15 millones y $8.2 millones, respectivamente. El primero, quien representa al gremio agroindustrial del Valle del Cauca, incluso recibió dinero de empresas de ultraprocesados como Colombina, fabricante de Bon Bon Bum, que le donó en 2010 y 2015. La esposa de Garcés, Carolina Blum, trabajó en esa empresa.

“Que a una mesa técnica concurran los sectores impactados o interesados —como concurren también la academia, las autoridades sanitarias y las organizaciones sociales— no es una anomalía, sino el funcionamiento normal de la deliberación democrática”, le respondió Garcés a esta alianza. 

Lo segundo que encontramos fue la jugada de manual: el lobby puro y duro. Solo en el periodo de discusión de la reforma, entre el 8 de agosto y el 16 de noviembre de 2022, encontramos 261 visitas de personas relacionadas con los gremios y las empresas de alimentos al Congreso.

Como el lobby no es ilegal ni está regulado en Colombia, es muy común que los congresistas otorguen estos accesos a estos grupos de interés. Sin embargo, los lobbistas tienen mayor acceso a estos espacios deliberativos en el Congreso durante el trámite de leyes que les afectan sobre ciudadanos del común. 

“Las audiencias públicas son organizadas y dirigidas por el congresista que convoca. Los invitados suelen ser definidos por el congresista que promueve la audiencia (…) La asimetría no es producto de una irregularidad puntual, sino de la interacción entre reglas formales que dejan amplio margen a los congresistas para controlar los espacios de participación y prácticas informales —como el acceso relacional, el lobby y la capacidad organizativa”, señaló Laura Wills, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

Los días 24 y 29 de agosto de 2022, se llevaron a cabo reuniones entre el Gobierno nacional y los congresistas para definir la metodología del estudio del proyecto de ley. Esos dos días, nuevamente, ingresó al menos uno de los lobistas de la ANDI: Fernando Mancera. 

A Johana Cerpa, vicepresidenta legal y de asuntos corporativos de Coca-Cola, le dio ingreso la entonces representante, Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, un total de 14 veces, según registros oficiales entregados a Cuestión Pública por el Congreso. Pedraza dijo que, pese a que dio esos ingresos a través de una amiga personal, nunca se reunió con ninguna empresa de ultraprocesados. 

La oposición, incluyendo al entonces exsenador Uribe Turbay, expuso en diferentes instancias, como las demandas de inconstitucionalidad, que esta reforma se había pasado a pupitrazo, sin tiempo para dar una discusión de fondo. 

El exsenador también propuso archivar toda la reforma y, durante su trámite, organizó una audiencia pública el 18 de octubre de 2022 acompañado por su colega David Luna para escuchar a 34 representantes de diferentes sectores de la industria, sin lugar a representantes de la sociedad civil. El 18 % de ellos estaban vinculados a la industria de ultraprocesados, directa o indirectamente. Entre ellos el gerente de Big Cola, Juan Pablo Congote y representantes de la ANDI, entre otros. 

Esta alianza se comunicó con el equipo de UTL del exsenador Uribe Turbay para incluir su versión. De llegar, la adjuntaremos. 

Congote es el mismo que visitó en seis ocasiones el Congreso durante el trámite de esta reforma a dos congresistas del Centro Democrático: a Uribe y a la entonces senadora, hoy candidata presidencial, Paloma Valencia; a Katherine Miranda, del Partido Verde, y a Óscar Giraldo, del Conservador. 

La financiación electoral, como el sabor, es irresistible

La historia terminó de tomar sentido cuando revisamos las cuentas de los políticos. Fue como abrir un paquete de sparkies, lleno de colores, que en lugar de exceso de azúcar, tenía exceso de financiación electoral a diferentes partidos políticos, principalmente tradicionales.

En 2022, el año en que se discutieron y aprobaron los impuestos saludables, las empresas de bebidas azucaradas y ultraprocesados le donaron $25 mil millones, sumando todas las colectividades. Esto fue el 40 % de todo lo que recibieron ese año. Esto equivale al costo de atención anual de más de nueve mil pacientes de diabetes tipo 2, según cifras de 2019.

La financiación provino principalmente de Postobón, Gaseosas Lux (ambas de la Organización Ardila Lülle) y Bavaria.

Pero ahí no estaba toda la plata. Ese año se eligió un nuevo Congreso y por ahí también fluyó el dinero.

En 2022, a los candidatos, en su mayoría de Cambio Radical y el Centro Democrático, les donaron otros $3.613 millones. ¿A quiénes les aportaron más? En el top 10 hubo dos nombres que nos llamaron la atención: Paloma Valencia y Christian Munir Garcés.

A Valencia, la hoy candidata presidencial, le dieron $157 millones entre Colombina, Manuelita y Riopaila en 2022. Ahora, como parte de su campaña, ha asegurado que, de llegar a la Casa de Nariño, los tumbará.

El caso de Christian Garcés es aún más directo, como ya les contamos. El representante a la Cámara jugó un papel central en las discusiones y la oposición de la Reforma Tributaria, y en ese año recibió $106 millones de Riopaila, Manuelita y el Ingenio Pichichí. 

Como era de esperarse, Garcés se opuso completamente a la creación de los impuestos saludables. El congresista presentó proposiciones conjuntas (junto a Olmes de Jesús Echeverría, Hugo Danilo Lozano y Yenica Sugein Acosta) solicitando la eliminación completa del bloque de artículos que daba vida a estos gravámenes (del artículo 43 al 54 del proyecto original).

Además, fue uno de los que lideró el bloque de congresistas que propuso la modificación del artículo 9 en la ley de etiquetado frontal que buscaba prohibir la publicidad de ultraprocesados en franjas familiares y dirigidas a menores de edad. “Propuse reemplazar la prohibición total de publicidad por lineamientos de buenas prácticas en la promoción publicitaria a cargo del Ministerio de Salud e INVIMA (…) La finalidad de proteger a la niñez se mantenía; lo que se planteaba era un mecanismo distinto”, le explicó Garcés a esta alianza.

En 2022, la Fundación Despierta Valle le dio un crédito de $36 millones a la campaña de Garcés. Ese mismo año, recibió una donación de $40 millones por parte de la Fundación Bavaria, que a su vez recibió el dinero de la cervecera.

A Despierta Valle la rastreamos en donaciones desde 2018, que suman $829 millones. Todas a candidatos con aval del Centro Democrático.

Pero el apoyo que han dado las empresas de ultraprocesados y bebidas a los partidos y candidatos no ha sido coyuntural; al contrario, ha sido crucial para su funcionamiento y para sus campañas. 

Entre 2016 y 2024, aportaron el 30 % de los ingresos reportados por las agrupaciones políticas. Esto es casi uno de cada tres pesos. En algunos partidos representa más de la mitad del dinero que recibieron en donaciones, como el Liberal, De la U o el Conservador.

Ese caudal luego se filtró a las campañas a través de los aportes que los mismos partidos hicieron a sus candidatos. Además, las compañías también les donaron de manera directa. Entre las campañas al Congreso de 2010 a 2022, sumaron $7.760 millones.

Les salió en un paquete de papas

Con tanta cantidad de dinero en juego, ¿qué ganaba la industria con la generosa inversión?  En la última década, identificamos 20 iniciativas del legislativo para regular las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Las medidas buscaban regular la publicidad de ultraprocesados a menores de edad, restringir su comercialización en entornos escolares, gravarlos o hacer más evidentes los ingredientes no tan saludables.

De estos, como ya les dijimos, solo dos proyectos de ley pasaron, incluyendo los impuestos saludables, que hacían parte de la Reforma Tributaria. Los demás fueron bloqueados de múltiples maneras por los partidos que más donaciones recibieron de esta industria.

¿Por qué? En el caso de la ley del etiquetado, Mauricio Toro, entonces congresista del Partido Verde, uno de los líderes de la iniciativa del etiquetado frontal en el Congreso, explicó que el hecho de que la discusión de la ley coincidiera con la pandemia de Covid-19 fue clave.

 “Las sesiones virtuales imposibilitaban mucho el contacto de los lobbistas que suelen ingresar al Congreso y convencer a los grupos, pasar las proposiciones, incluso irles a pedir la firma (a los congresistas) y radicarlas. El proceso presencial facilita mucho las cosas porque convencen bloques grandes en todo un día y van orientando cómo deben votar, qué deben decir”, dijo. 

El congresista señaló que los impuestos saludables lograron lo que el etiquetado no pudo: una bancada amplia. Cuando se aprobó el etiquetado, apenas 14 congresistas lo respaldaban, mientras los partidos tradicionales, aliados históricos de la industria, eran mayoría. 

La ANDI presionó para que el MinSalud aprobara sellos redondos y menos agresivos para el etiquetado en 2021. Pero en 2022 tuvo que expedir una nueva resolución ajustándose a las recomendaciones académicas.

En 2022, la ecuación cambió con el cambio de gobierno. Gustavo Petro alineó a varios de esos mismos partidos tradicionales detrás de su Reforma Tributaria. “La máquina del gobierno funcionó”, dijo, y el impuesto pasó sin tanto problema después de años de intentos fallidos.

Uno de los partidos que tuvo un alto grado de injerencia en el trámite de las propuestas fue el Centro Democrático. Sus miembros parecieron seguir varios patrones para bloquear las iniciativas.

El primero tuvo lugar entre 2016 y 2018. En este periodo, varios congresistas, entre ellos el entonces senador Álvaro Uribe, presentaron ponencias negativas para tres proyectos de ley en primer debate.

Las discusiones eran sobre el etiquetado y un impuesto a los productos ultraprocesados. 

En 2018, la cosa cambió cuando el partido llegó a la Presidencia con Iván Duque. La estrategia pareció girar al incluir de manera directa los intereses de la industria en los proyectos o a simplemente no agendar los debates. Así encontramos tres casos, incluyendo la hoy Ley de Etiquetado Frontal, que ya denunció La Liga Contra el Silencio, en el que, por ejemplo, los congresistas de ese partido lideraron la eliminación del artículo 9 de esa ley que buscaba regular la publicidad de ultraprocesados en franjas infantiles.

Tras la aprobación de esta última, aparecieron nuevos proyectos que buscaron limitar la exposición de los niños y niñas a los alimentos ultraprocesados. Se planteó que no se pudieran vender en entornos educativos, o que se exhibieran de forma separada de los alimentos saludables. También se habló de limitar el consumo de azúcares en toda la población.

Dos se hundieron por falta de debate. No fueron agendados por los presidentes de las comisiones, Néstor Leonardo Rico y Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical.

Al final, un último patrón emergió. Luego de que se aprobó la Reforma Tributaria que incluía los impuestos saludables, y que las demandas ante la Corte Constitucional no surtieron efecto, la estrategia fue presentar proyectos de ley para tumbar los impuestos o exonerar productos.

A la fecha van tres iniciativas en este sentido: 1. Reducir el IVA de los aceites y margarinas, 2. Derogar los impuestos saludables, 3. Excluir derivados de la leche de los impuestos saludables. Cuando revisamos los autores, vimos que en los tres había congresistas del Centro Democrático.

Con la aplicación del etiquetado frontal y los impuestos saludables, Colombia pasó a la vanguardia en materia de salud pública. Pero ese logro no lo protege ningún gobierno ni ninguna mayoría legislativa: lo sostiene, por ahora, la Corte Constitucional.

Esta alianza consultó a las personas y partidos mencionados en esta investigación, pero algunas no respondieron. La versión de quienes allegaron respuesta fue agregada en su totalidad en aras del equilibrio informativo y se puede consultar en el siguiente recuadro. 

Después de la publicación de esta investigación, Colombina adjuntó su versión. La empresa aseguró a esta alianza que “la Compañía no ha promovido ni condicionado iniciativas legislativas particulares relacionadas con impuestos saludables o su derogatoria” y agregó que “las donaciones o contribuciones efectuadas a campañas o colectividades políticas se han realizado de manera transparente”.

Actualizado el 3 de junio de 2026.