Quiénes rodean a Iván Cepeda y cómo han llegado al Gobierno

La red se ubica estratégicamente en entidades clave para su proyecto político, como la Agencia de Tierras, el MinInterior y el MinAgricultura.

Como es costumbre en periodo electoral, Cuestión Pública rastreó la red de contratos de las personas cercanas a los candidatos presidenciales. En esta casa periodística consideramos que es una forma de conocerlos a partir de quiénes los rodean y qué han hecho con el poder que van conquistando.

A Iván Cepeda lo investigamos en 2022, antes de la llegada del Gobierno del Cambio. En ese momento, identificamos ocho personas —entre familiares, aportantes de campaña y personas cercanas a su trabajo político— que habían recibido contratos. En esta nueva radiografía, el número aumentó a 22.

La mayoría de los casos se concentra en aportantes de campaña y antiguos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), que pareció funcionar como una especie de semillero que ha ido escalando junto a la carrera del candidato.

Aunque no identificamos una influencia directa de Cepeda en los nombramientos de quienes lo han rodeado, sí pudimos identificar que muchos se ubicaron en sectores clave para su proyecto político, como el agrario o el relacionado con el conflicto armado, y podrían servir para amplificar su visión de país.

A juzgar por nuestra búsqueda de información, a partir de las líneas de la red que ha construido y la contratación que estas han firmado, tenemos a un candidato de izquierda, con una fuerte construcción de aparato político y burocrático.

Entre los hallazgos de Cuestión Pública podemos contar que está totalmente conectado con el gobierno actual, porque su gente ha estado circulando en diferentes cargos.

Lo que, a su vez, podría interpretarse como una habilidad para consolidar redes de confianza, pero también lo convierte en un candidato vulnerable a críticas por clientelismo y cercanía entre política, contratación pública y financiadores.

Para Juan David Cárdenas, politólogo y analista político, “lo que se observa, y es algo normalizado en el sistema político colombiano y sus rutinas de gobernanza, es el querer gobernar rodeado de aquellos sectores o personas que han estado cerca a los proyectos y causas políticas”.

El contador de Cepeda

Al primero que encontramos es a José Delfín Díaz García, su contador de campaña en 2022, con once contratos —entre diciembre de ese año y enero de 2026— por $449 millones. La mayoría consiste en asesorar en temas técnicos y contables a entidades como el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), el Fondo de Adaptación y la Dirección Nacional de Bomberos.

Cuando revisamos con detenimiento también encontramos otro tipo de conexión. En estas entidades había otras personas y empresas cercanas a Iván Cepeda. 

Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Bomberos. Esta entidad también contrató la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) por mil millones de pesos.

Da la casualidad que SADI fue el mayor contribuyente particular de la campaña de la lista cerrada del Pacto Histórico en 2022, en la que estuvo Iván Cepeda. Las listas cerradas son una variante del escrutinio mayoritario plurinominal de listas de partido donde los votantes pueden solo votar por los partidos.

El aporte registrado de SADI para cada candidato del Pacto Histórico en ese momento fue de $60 millones.

De SADI hay que decir que se volvió célebre en los últimos años por dos escándalos. El primero, en 2021, por cuenta de la incautación de casi medio kilo de cocaína en una avioneta de uno de sus antiguos dueños, Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Por estos hechos, Restrepo fue condenado en 2024 a 11 años de prisión en Estados Unidos.

Además de estos casos, encontramos otras 20 personas cercanas al candidato Iván Cepeda, que han recibido contratos o cargos en el Gobierno Petro.

El segundo, tuvo que ver con la aparición del mismo Restrepo Osorio en un grupo de chat donde se discutía la logística del transporte de la campaña Petro Presidente y del que también hacían parte Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes para entonces eran dos fichas claves del equipo que llevó a la victoria electoral a Petro en 2022. 

SADI fue la empresa contratada para realizar los vuelos, pero lo que no se explica es la presencia del narco Restrepo Osorio en el chat ya que, según le dijo a las autoridades, desde 2019 había dejado de hacer parte de la compañía.

A esto se sumaron presuntas inconsistencias en las facturas presentadas por la transportadora aérea, que las cambió varias veces reduciendo el costo de los servicios prestados a la campaña de Petro, a pesar de que el recibo se emitía después de realizados los viajes.

Pero el hoy candidato presidencial no fue el único. Como se trató de una lista cerrada, la compañía financió, por el mismo valor, a otros 19 candidatos del Pacto Histórico. En total fueron $1.215 millones. Sin contar los presuntos $4mil millones de la campaña Petro que aparecían en registros de la Aerocivil, pero que ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reportaron por $1.249 millones menos.

A raíz de estos hechos, el CNE abrió una investigación contra la campaña del Presidente, por presuntamente violar los topes. La Fiscalía también decidió investigar a todos los congresistas del Pacto Histórico. Este último proceso fue archivado luego de que no se encontró relación entre el gerente de campaña del Pacto, Guillermo Jaramillo, y alguna financiación ilegal por parte de SADI.

Que rime con revolución agraria… otra funcionaria

Cuando revisamos la red de cargos y contratos de las personas cercanas al candidato, vimos que las entidades que más se repetían eran las del sector rural. No en balde, uno de los pilares de sus propuestas gira en torno a lo que ha dado a conocer como la revolución agraria, una profundización de la reforma que ha adelantado el Gobierno Petro.

En el Ministerio de Agricultura, han estado dos integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL): Adriana López Rojas, quien fue asesora I y ejerció entre 2024 y 2025 como directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales, oficina clave para aprobar los pagos de subsidios de vivienda a campesinos.

López venía de ser la directora de Democratización de Activos Inmuebles Rurales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Al cargo llegó en septiembre de 2022, un mes después de asesorar al senador. Dicha cartera tiene a su cargo los programas de entrega de bienes incautados que han sido aprobados por la junta del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Además, en el último año, López firmó tres contratos con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT), por $237 millones.

En respuesta a Cuestión Pública, López señaló que el monto efectivamente pagado por los contratos ha sido mucho menor. A la fecha corresponde a $126 millones, estando pendiente por ejecutar cuatro meses de uno de los mismos, que corresponden a $56 millones. La diferencia en los montos radica principalmente en la terminación anticipada del contrato con la URT. Lea la respuesta completa aquí.

A la par que López gestionaba los bienes públicos rurales en el Minagricultura, Diana Paola Salamanca, también exasesora de Cepeda, estaba a cargo de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. 

Esta área es la encargada de diseñar, hacer seguimiento y evaluar las políticas de desarrollo rural, como el Proyecto de Alianzas Productivas, que tiene una inversión de $43 mil millones. Este programa vincula a productores rurales con aliados comerciales.

Encontramos que las conexiones se extienden mucho más allá de este sector. Sus antiguos asesores han pasado también por los ministerios del Interior, Minas, Energía y Defensa

Por la entidad también pasó Jorge Enrique Rojas Rodríguez, otro exasesor de Cepeda, que tuvo dos contratos para apoyar la comunicación estratégica del Sistema Nacional de Reforma Agraria y apoyar en los objetivos del Ministerio. Ambos contratos sumaron $166 millones.

A pesar de haber trabajado con Cepeda, el capital político de Rojas antecede a su relación laboral con el senador. Rojas está en la vida pública desde 1987, cuando fungió como secretario de prensa de la Gobernación de Córdoba. También fue secretario de gobierno (e) y secretario de Integración Social de la Alcaldía de Petro en Bogotá. En el actual gobierno fue viceministro de Relaciones Exteriores y director del Dapre cuando Sarabia salió para ser canciller.

En el sector también ha estado Ana Jimena Bautista Revelo, en la ANT, como directora técnica de Gestión Jurídica de Tierras. Bautista fue asesora de Cepeda.

Aún así, encontramos que las conexiones se extienden mucho más allá de este sector. Sus antiguos asesores han pasado también por los ministerios del Interior, Minas y Energía, y Defensa. 

Entre ellos está Alexandra González Zapata, la secretaria de gabinete del Mindefensa, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2022, y Kelly Johana Rocha, viceministra de Minas entre 2022 y 2025. En la Superintendencia de Notariado y Registro está Liliana Marisol Fabra como asesora.

Consultamos a las personas mencionadas en este artículo sobre posibles injerencias del senador Iván Cepeda en sus nombramientos o adjudicación de contratos. Al momento de publicación solo cuatro habían respondido. Negaron cualquier participación del hoy candidato presidencial y atribuyen sus logros a su propia trayectoria.

El candidato Iván Cepeda, también consultado, aún no responde.

Pa’ que rime mela…

Hay cuatro de los más recientes aportantes de Iván Cepeda a la consulta del Pacto Histórico por la Presidencia que han recibido contratos. Varios con entidades del Gobierno Nacional.

Martha Isabel Fajardo Pulido le aportó $6 millones para la consulta de octubre y en enero de este año firmó un contrato de $116 millones con el Departamento Nacional de Planeación para apoyar el monitoreo y reporte de avances en la implementación de políticas públicas de Derechos Humanos.

Por su parte, Laura Ballesteros puso $4 millones y en lo que va de 2026 reportó tres procesos contractuales por $183 millones, es decir 45 veces más que lo que aportó. Uno fue con el Ministerio de Educación Nacional, para prestar servicios profesionales de apoyo al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. 

También contrató con la Superintendencia de Servicios Públicos para prestar servicios jurídicos y con la Cámara de Representantes para acompañar jurídicamente a la Comisión Primera. Con esta última entidad ya había contratado antes de su aporte a Cepeda, entre 2023 y 2025.

A la Cámara también llegó Luis Carlos Montenegro, que contribuyó con $980.000, y venía de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. A diferencia de Ballesteros, este último aterrizó en la Comisión de Investigación y Acusaciones, con un contrato por $50 millones para analizar trámites jurídicos, judiciales y administrativos.

Cerró la lista Néstor Aníbal Bruges, que aportó $1.400.000 y en enero de este año fue contratado por el Ministerio del Interior por $56 millones para apoyar la Dirección de Derechos Humanos.

Todos estos procesos se hicieron mediante contratación directa.

Encontramos también que uno de los aportantes de Cepeda era contratista al momento de contribuir a la campaña. Se trató de Álvaro Antonio Durán Bruno, quien contribuyó con $6 millones y prestaba servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El 30 de septiembre de 2025, cuando Iván Cepeda ya era candidato para la consulta, Durán aceptó una prórroga de su contrato, que se extendió hasta el 31 de diciembre de ese año. Con la adición, el proceso costó $43 millones.

Al final apareció también un contrato adjudicado a Samat Publicidad SAS, el mayor aportante de Iván Cepeda en la consulta. Junto con su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez, representaron el 75 % de todo el dinero recaudado por Cepeda para esa elección. El proceso fue con la Institución Universitaria del Caribe por $36 millones, para imprimir diplomas y papelería.

Bonustrack: ¡Se le pone cultura!

Otro de los intereses de la red de Iván Cepeda parece estar en la música. David García Rodríguez, quien fue asesor suyo en 2016, es actualmente el director de la Filarmónica de Bogotá. García ocupó el cargo entre 2013 y 2016, designado por el entonces alcalde Gustavo Petro, y ahora volvió.

Como les contamos en 2024 en el artículo “Pacto Histórico fortalece sus filas en la Comisión de Regulación de Agua Potable”, tras su regreso, García Rodríguez nombró como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología en la Orquesta a Efraim García, dos veces aportante de campaña de Iván Cepeda. Sumando las elecciones de 2014 y 2018, le dio créditos por $60 millones.

García es ahora miembro de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), una entidad a la que el presidente Petro le echó el ojo en 2024, cuando propuso “retomar el control de los servicios públicos”.

Consultado en su momento por Cuestión Pública, Cepeda negó mantener algún vínculo o haber incidido en su nombramiento.

Durante la administración de David García, la Filarmónica contrató a Carlos Saúl Garzón Urrea, quien tiene la particularidad de ser también otro aportante de campaña electoral de Iván Cepeda, con un crédito por $60 millones en 2014. Además, también fue donante suyo a la consulta presidencial del Pacto Histórico en octubre de 2025.

Carlos Garzón y Efraim García han estado en las mismas sociedades: la Asociación Mutual para La Cooperación Gestión y Financiación de Proyectos, una entidad de economía solidaria que se constituyó en 2013 y de la que ambos fueron socios, y Construcciones Velandia Poveda y Compañía Ltda., constituida en 2010, en la que Garzón le compró las acciones a García. Ninguna de las dos se encuentra activa actualmente.

En la Filarmónica, Garzón fue contratado por $32 millones, para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología, la misma en la que fue nombrado Efraim García, quien ejerció como supervisor del contrato.

Para el analista Juan David Cárdenas hay un detalle que debe quedar en evidencia: “Es importante considerar un elemento adicional y es la llegada de un gobierno de izquierda a un sistema burocrático-institucional cooptado por prácticas y lógicas de quienes han instituido, desde la derecha, los cuadros burocráticos y administrativos del Estado.”

Y concluyó: “En ese orden de ideas, la presencia de muchos de estos funcionarios no debe leerse únicamente como favores burocráticos, sino como una estrategia de ocupación administrativa y política del aparato estatal”.