Julio de 2001 – Julio de 2026: Bodas de plata de la impunidad

Por Claudia Julieta Duque.

La noche del 23 de julio de 2001, mientras en el estadio El Campín de Bogotá la selección Colombia se clasificaba a la semifinal de la Copa América y en un caserío de no más de 500 habitantes se firmaba el temido Pacto de Ralito para “refundar la Patria” —hoy reciclado en la promesa de una “patria milagro” —, yo fui secuestrada.

Desde entonces, hoy hace veinticinco años, mi vida se fracturó, no solo por el secuestro en sí y la sucesiva escalada de persecuciones, amenazas y torturas que me obligaron varias veces al exilio —la última de ellas en 2022— sino también, y de forma muy particular, por lo que han implicado estas más de dos décadas de batalla permanente por justicia y contra la justicia, que no es otra cosa que un sistema diseñado para afianzar la impunidad de los perpetradores, en especial cuando se trata de personas con poder.

En veinticinco años la gente nace, crece, se hace profesional, establece relaciones de pareja, a veces se reproduce y, en ocasiones tempranas, muere. Los países sufren transformaciones profundas —o no—, los gobiernos y sus funcionarios cambian, se producen desarrollos tecnológicos y científicos, se ganan y pierden luchas sociales, se desatan unas guerras y acaban otras. Un cuarto de siglo es una medida para definir cambios demográficos, evoluciones culturales, éxitos o fracasos de un modelo económico, y hasta para determinar las consecuencias de un cambio generacional.

En los matrimonios, veinticinco años representan un hito de estabilidad y superación de obstáculos en la convivencia, la consolidación de un proyecto común, la adaptación mutua, y una verdadera prueba de compromiso y resiliencia.

Pero, cuando eres una víctima, y en especial una que lucha por justicia, veinticinco años se dicen fácil pero se viven de forma aún más compleja: son ires y venires entre amenazas directas, hostigamientos, burlas, temores constantes, expedientes judiciales que avanzan o se paralizan según la voluntad de funcionarios y funcionarias que, aunque así lo digan, no están allí para cumplir con su oficio —la definición más simple de justicia es la de dar a cada quien lo que le corresponde— sino para hacerte sentir hormiguita, minúscula, mínima, frente a su todopoderosa potestad y recursos.

Durante este tiempo he aprendido que la impunidad es la estrategia en la que está comprometido el mayor número de servidores públicos, entre civiles (fiscales, jueces, políticos), y miembros de los aparatos de seguridad (militares, policías y funcionarios de los organismos de inteligencia). Ya lo había visto de forma muy directa cuando reporté o investigué sobre los casos de Luis Carlos Galán, Gloria Lara o Jaime Garzón, pero nunca con la magnitud que significa vivirlo en primera persona.

Veinticinco años así, viéndolos pavonearse con sus poderes y capacidades, riéndose de tu nimiedad e insignificancia, haciéndote saber que obtendrás solo lo que ellos y ellas decidan, y algunas veces sorprendiéndote con las contadas pero meritorias excepciones de quienes, pese a todo, han decidido hacer justicia —excepciones que se vuelven grandiosas y te arrancan lágrimas de felicidad y constituyen un incentivo para que no desfallezcas, para que lo sigas intentando, para que persistas incluso cuando las fuerzas te abandonan.

Desde la desaparición, durante más de tres años, del expediente del secuestro hasta aquella vez en que la fiscal del caso (hoy pensionada) pidió que se me compulsaran copias por denunciar a mis torturadores y la dilación maliciosa de los procesos judiciales, esa justicia que reclama para sí el calificativo de “lesa majestad” me ha enseñado que es censora, falsa, burlona, y que su lentitud no se debe a la tan cacareada congestión sino al desdén y la burocracia con la que se arropan y arruman miles de expedientes, miles de vidas y miles de muertes, cientos de miles de pruebas y evidencias, millones de folios y audiencias que, al final, solo conducen a generar falsas esperanzas en quienes le pedimos que actúe conforme su razón de ser.

“La justicia me ha fallado, como le falla día a día a miles de víctimas y familiares que no tienen la voz, la fuerza, la capacidad, los recursos ni la memoria que exige el convertirse en tu propia abogada”.

En este tiempo se han sucedido abogados, fiscales, agentes del Ministerio Público, investigadores y jueces diversos. Los únicos que seguimos siendo los mismos somos los victimarios y yo. Ellos saben que yo sé, que los conozco, que puedo identificarlos donde quiera que estén, y que aunque lo intente y haya intentado millones de veces, seguiré batallando en su contra. A mí la señora justicia podría dedicarme la ranchera de José Alfredo Jiménez cuyo estribillo reza “estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido”.

He renunciado mil veces: lo hice cuando la fiscal ordenó allegar al proceso mi historia clínica psiquiátrica a partir de mis 10 años para determinar si yo estaba loca desde antes de la tortura; cuando leí un documento en el que otro fiscal —asignado al proceso durante seis meses— aseguraba ante el clausurado DAS que yo aparentaba ser esquizofrénica y paranoica; cuando la juececita segunda me ordenó no opinar nunca más sobre mi caso dizque para proteger “la majestad” de la justicia que ella nunca impartió, so pena de irme diez años a prisión por fraude a resolución judicial —orden que sigue vigente y que seguiré incumpliendo hasta el fin de los tiempos, de mi tiempo—, mientras ella dejaba libres a todos los perpetradores y paralizaba los casos para hacer que coincidieran con la llegada de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hoy tres de ellos siguen gozando de impunidad… 

Renuncié de nuevo cuando una investigadora de la Fiscalía me dijo que cerrarían por “falta de solidez” en mis denuncias el caso sobre aquel hombre que, con una foto mía y un mapa de seguimiento de mis movimientos vía GPS, fue interceptado por los escoltas de una de mis fuentes. En aquella ocasión le respondí, vía correo electrónico, que en Colombia lo único sólido son los cadáveres y las balas que deja la impunidad. Hoy ella está presa por haber manipulado una investigación en la que favorecía a una paramilitar, pero ese proceso quedó cerrado.

Mandé una vez más al carajo a la señora justicia cuando una fiscalita me impidió obtener copias de la totalidad del expediente sobre un plan criminal en mi contra en el que ahora, seis años después, hay seis personas identificadas. Y lo hice con un escrito a mano en el que dejé constancia de que esa era la última vez que me presentaba ante el ente investigador “no sólo por su total inactividad en mis casos y en éste en particular, sino también porque la actitud y decidido secretismo frente a la misma, demuestran que sólo buscan desgastarme como víctima y seguir obligándome a asumir la carga de la prueba que he debido sobrellevar durante años. La próxima vez que me encuentre en un expediente judicial será mediante necropsia de mi cadáver”.

“Veinticinco años así, viéndolos pavonearse con sus poderes y capacidades, riéndose de tu nimiedad e insignificancia, haciéndote saber que obtendrás solo lo que ellos y ellas decidan”.

Lo cierto es que en este cuarto de siglo, y pese a ocho condenas contra mis victimarios, la señora justicia está lejos de ser realidad, al punto que aún falta una sentencia de primera instancia en uno de los casos cuyo juicio culminó en noviembre de 2017, es decir, hace ya nueve años. Mi caso, el primero en el mundo por tortura psíquica agravada que se lleva a cabo en un sistema penal sin que ese delito esté conexo a otros crímenes —lo que también es un logro de esta lucha— fue fragmentado en cerca de una decena de procesos, hecho que me obligó a multiplicar esfuerzos y a dejar en muchas ocasiones mi trabajo para ir en busca de un fallo condenatorio.

La justicia me ha fallado, como le falla día a día a miles de víctimas y familiares que no tienen la voz, la fuerza, la capacidad, los recursos ni la memoria que exige el convertirse en tu propia abogada, escribir tus alegatos, presentar tus objeciones en un juicio —y aprender los argumentos que sirven para objetar—, pelear por la simetría procesal y la igualdad de armas hasta que te dejen hacerles preguntas a los acusados, mirarlos a la cara y comerte el miedo que te recorre el cuerpo, tocar y hacer que se abran todas las puertas para exigir que se cumplan órdenes de captura y se emitan circulares de la Interpol, o gritar y gritar que, si bien han pasado veinticinco largos años, cinco lustros, tu vida sigue empeñada —y en riesgo— por seguir luchando.

A la era digital y sus teléfonos ahora “inteligentes”, a la masificación de los sistemas de GPS y su utilización en los temas más simples de la vida cotidiana, a la medición de tus pasos a través de un dispositivo móvil y el seguimiento en tiempo real de tus movimientos, a la llegada de las redes sociales y su capacidad para que c-u-a-l-q-u-i-e-r-a te haga saber de su existencia o se crea capaz de reemplazar tu trabajo periodístico, se suman vigilancias sofisticadas, virus diseñados para acceder a tu trabajo o tu vida sin irrumpir violentamente en ellos, intimidaciones cada vez más refinadas, y la generalización de ataques que antes parecían reservados para quienes tenían los recursos del Estado para hacerte daño y ahora provienen de todo aquel que quiera denigrarte por el solo hecho de ser alguien que no se alienó ni alineó al poderoso de turno —en veinticinco años han sido muchos y variopintos— y que desde su trabajo los ha criticado y denunciado a todos por igual.

A la irrupción del terrorismo internacional y sus —en apariencia— consecuentes respuestas en torno al control sobre la vida cotidiana con la excusa de la seguridad, se te obliga a registrarte para desplazarte fuera del país, se te piden teléfonos y direcciones que saben pueden dejarte vulnerable, se te obliga a dejar tus datos biométricos para hacer de una fila interminable un paso más rápido hacia algún sitio… y sabes que todo aquello, que para una persona cualquiera es un avance, para ti representa un riesgo, un peligro, porque aquellos que te torturaron (y hasta sus familiares) aún trabajan en las instituciones que tendrían que haberte brindado justicia años atrás, o haberte ayudado a “cruzar” zonas y sectores sin el miedo de sentirte en un limbo en el que no tienes posibilidad de obtener ayuda alguna.

En estos años, logré identificar a uno de mis secuestradores, así como al hombre que me llamó a torturarme la noche del 17 de noviembre de 2004, y a varios de quienes me siguieron de forma incesante durante aquellos tiempos aciagos. La mayoría de ellos ni siquiera fue investigado, como tampoco se ha indagado a los diez exfuncionarios a quienes, desde agosto de 2024, la juez Décima Penal Especializada ordenó investigar. Solo uno de quienes señalé terminó condenado, pero fugitivo, hecho que a la señora justicia —y a la señora impunidad— no parece significarles nada más que una sus tantas de miles de promesas incumplidas.

“Estoy viva, y seguiré luchando. Felices bodas de plata, señora impunidad”.

Con enorme grandilocuencia, un exmagistrado de la Corte Suprema solía decir que la justicia es el servicio público más importante que un Estado puede brindar a sus ciudadanos. Qué bonita manera de definir un sistema inoperante, frío, en el que los carteles de la toga imperan desde las primeras hasta las últimas instancias.

En estos veinticinco años yo podría haber muerto de muerte no natural. Tanto así que de las seis personas mencionadas por la Fiscalía en un informe sobre crímenes de Estado enviado a la JEP en 2019, yo soy la única que sigue con vida. Si no me mataron fue gracias a la solidaridad y el acompañamiento activo de decenas, si no cientos, de personas de todo el mundo que, de una manera u otra, me dieron refugio, trabajo, apoyo, amor, y multiplicaron mi voz y mis denuncias de forma tal que sucedió como en aquel poema de Mario Benedetti: “que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo”.

Tristemente, mi caso también sirvió para que otros y otras manipularan mi historia, se burlaran de ella o me reivindicaran en forma de bandera, me convirtieran en objeto de discurso o mártir. Pero olvidaron que una bandera no habla, un objeto pertenece a otros y un mártir ya no puede responder, pero una mujer viva sí.

Estoy viva, y seguiré luchando. Felices bodas de plata, señora impunidad.