¿En RUIna?: Estos son los 32 congresistas que aparecen en situación de pobreza o vulnerabilidad
(09/09/2026)
Los políticos se suman a la lista en la que estuvo el propio presidente, Abelardo De la Espriella, y miembros de su gabinete de Gobierno. Además, trece aparecen registrados también en el SISBEN. Tres representantes a la Cámara son de territorios rurales afectados por la guerra (Curules de Paz).
Jesús Armando Bedoya es representante del Centro Democrático y el Partido Conservador por el Quindío. En su más reciente declaración juramentada de bienes y rentas publicada en 2026, reportó seis propiedades por más de $368 millones y tres camionetas por $242 millones.
En el documento, el congresista reconoció tener cultivos de café y la empresa Café Jesús Martín para comercializarlo, además de haber ganado o recibido casi $500 millones el año pasado. Aún así, en el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo sistema empleado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para categorizar la realidad socioeconómica de las personas y definir a quién se destinan subsidios, aparece reportado en situación de pobreza extrema, en la categoría A1.
El RUI, que según el DNP busca transparentar la focalización de los recursos públicos, categoriza en el grupo A a los hogares con un ingreso mensual menor a 260.000 pesos por persona. Es decir, a las familias más vulnerables del país, situación que no corresponde a la realidad financiera consignada por el representante, de acuerdo a sus propias declaraciones.
En respuesta a Cuestión Pública, Bedoya dijo que no ha realizado ningún trámite ante el DNP para ser clasificado en esa categoría y afirmó que la clasificación es errónea y se puede deber a desajustes o fallas en los procesos masivos de interoperabilidad y cruce de datos.
Agregó que nunca ha solicitado ni recibido ayudas, subsidios o beneficios del Estado y aclaró que la información que allí aparece no corresponde con su realidad socioeconómica.
El problema es que la nueva metodología que usa el DNP para calcular el RUI agrega datos de otras fuentes como la Registraduría, la DIAN, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, entre otros. En ese caso, los “errores” no solo habría que corregirlos en el RUI, sino sanear las demás bases de datos que reportan la información o agregar aquellas que sí tengan información actualizada.
Y es que Bedoya no es el único en una categoría socioeconómica que no le corresponde. Cotejamos la información de los 286 parlamentarios y aparecieron ocho senadores y 24 representantes a la Cámara en situación de vulnerabilidad o en pobreza.
Es decir, uno de cada nueve congresistas.
De estos, 17 están clasificados en vulnerabilidad, siete en pobreza moderada y solo un caso en pobreza extrema, Jesús Bedoya. Siete registran una categoría D, es decir, ni en pobreza ni en vulnerabilidad, pero cuentan con registro en el Sisbén vigente.
El 28 de agosto publicamos que altos funcionarios del gabinete del presidente Abelardo De la Espriella aparecían registrados en condiciones similares, como la ministra de Trabajo Natalia López Fuentes, y los cónsules Antonella Farah Louis y Camilo Louis Castaño, de Miami y Nueva York, respectivamente. Les consultamos al respecto y la Cancillería respondió que los cónsules solicitarían formalmente la corrección de la inconsistencia. Cuestión Pública revisó si ya se había corregido la información y encontró que no.
¿Un Congreso diverso?
Vale agregar un par de cosas. Lo primero es que acaba de posesionarse un nuevo Congreso y que para ocupar una curul no se necesitan riquezas o grandes ingresos. En algunos casos pareciera ser entendible su presencia en el RUI: tres de ellos corresponden a representantes de las Curules de Paz, que se ubican en las zonas más afectadas por el conflicto armado, entre ellos: Javier Eduardo López, de la Circunscripción 3, en Antioquia, y Laura Vanessa Díaz, de la Circunscripción 14, en Córdoba.
De ellos, a la fecha, solo uno ha hecho pública su declaración juramentada de bienes y rentas —es decir, que sabemos sus ingresos del año anterior—, y lo que vimos fue una realidad completamente diferente. Se trata de Jhon Fredi Valencia, de la Circunscripción 11, en Putumayo, quien reportó ingresos por $752 millones y, aún así, está clasificado como una persona en extrema pobreza en el Sisbén.
Valencia nos dijo que desconoce por qué sale así su clasificación y que es una inconsistencia. Que su verdadera situación socioeconómica se refleja en su declaración de renta. En su comunicación señaló que ya solicitó explicación y rectificación al DNP, y que les preguntó si su aparición en el sistema se usó para determinar el acceso o permanencia a algún programa o beneficio estatal.
Lo segundo es que el RUI no tiene en cuenta la riqueza, o las propiedades que tiene, sino cuánto dinero recibe la persona. Así, en teoría, no importa si tienen o no propiedades o el monto que tienen en sus cuentas bancarias. Esto lo hizo el Estado para no excluir de las ayudas a personas con propiedades, pero que no perciben ingresos.
Y es que, en el caso de los congresistas, los ingresos sí los tienen garantizados. En principio, ninguno debería estar en el listado, menos aún quienes llevan más de un periodo legislativo, porque llevan recibiendo alrededor de $30 millones mensuales (quitando las deducciones) durante años. Ese sería el caso de Valencia y de la senadora del MAIS, Martha Peralta.
Hay otro grupo que nos llamó la atención: trece aparecían en el Sisbén IV, la herramienta previa para clasificar a quiénes podían acceder a beneficios sociales. Entre ellos cuatro en estado de pobreza:
- Jhon Fredi Valencia Caicedo, del Consejo Comunitario Los Andes
- Kamelia Zuluaga Navarro, del Pacto Histórico
- Laura Vanessa Díaz Cura, de la Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro
- Miguel Ángel Grisales, del Pacto Histórico
En el Sisbén, la caracterización de las personas no se obtenía cruzando bases de datos, sino a partir de encuestas hechas por los municipios directamente a los hogares.
En ese caso ya no sería un error de cruce de información. Les consultamos a los congresistas sobre su inclusión en estos sistemas y de los 32 nos respondieron 21. En su mayoría aseguran que no tenían conocimiento de su clasificación y que nunca la pidieron. Además, coinciden en que no han solicitado ni recibido ayudas por parte del Estado.
La senadora Kamelia Zuluaga y las representantes Laura Vera y Paola Andrea Quiñones, del Pacto Histórico, afirmaron que su clasificación en el Sisbén corresponde a situaciones socioeconómicas previas a su llegada al Congreso.
En 2025, Zuluaga fue contratista de la Agencia Colombia Compra Eficiente hasta septiembre, cuando renunció justo en campaña al Senado. Por dicho contrato recibió $26 millones. Vera Zapata fue contratista de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) entre febrero y julio, por $17 millones. Por su parte, Quiñones no tuvo contratos con el Estado en 2025, pero sí en 2024 con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (DAGMA).
Consultado por este medio, un funcionario del Departamento Nacional de Planeación señaló que desde la entidad se busca posponer la entrada en vigencia del RUI. Confirmamos que entre el 2 y el 7 de septiembre estuvo abierto para comentarios un proyecto de decreto para modificar el régimen de transición del SISBEN al RUI por un año.
Entre los argumentos para pedir el aplazamiento está el “alto incremento de reclamaciones ciudadanas sobre la nueva clasificación”.
De llevarse a cabo, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo primero del nuevo decreto, la clasificación del SISBEN se mantendría durante este periodo y no hasta el 31 de octubre de este año, como se afirma en la página web. Es decir, mientras tanto, los trece congresistas seguirían en el SISBEN.
Éranse unos congresistas
Sin nadita quequé reportar
Sino decenas y cientos de millones
En sus cuentas de ahorrar
Poseían carros, oficinas, ganado
sembrados y café también,
y los pobres aparecían en el RUI,
con pobreza, vulnerabilidad o en el SISBEN.
Y estos viejos no tenían
ni ranchito, ni habitaciones,
fuera de apartamentos, lotes y fincas,
de 200, 500 y 800 millones.
A no ser por sus empresas
Paiandú y Papachama Asociados,
andarían sin nadita, desahuciados.
Duerman tranquilos, y Dios permita
que logremos disfrutar
las pobrezas de estos pobres
y, como ellos, legislar.
