Los desaparecidos del terremoto en Pereira: entre el olvido oficial y la demolición

“¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento”

Rubén Blades

Por Claudia Julieta Duque.

El 13 de agosto, mientras decenas de rescatistas y voluntarios buscaban sobrevivientes entre los escombros del terremoto que sacudió el occidente colombiano 72 horas antes y el país se volcaba en campañas espontáneas de recolección de alimentos, cobijas, carpas y medicamentos para los miles de afectados por el sismo, la Alcaldía de Pereira llamó a la donación de materiales de construcción. “Al recio empuje de los titanes, entre todos vamos a reconstruir Pereira”, decía el mensaje distribuido en el canal oficial de WhatsApp, que a la fecha, contaba con más de ocho mil suscriptores. 

El anuncio, repetido dos días después en redes sociales, abrió una grieta todavía más fuerte que las ruinas entre las cuales se presumía aún había personas vivas: la de la incertidumbre de centenares de familias que esperaban noticias de sus seres queridos, con quienes habían perdido comunicación desde la mañana del 10 de agosto. Para entonces, las cifras oficiales registraban en Pereira un total de 260 personas desaparecidas, 93 fallecidas y 259 heridas.

Ya en ese momento, y desde el primer reporte oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), figuraba como desaparecido Edwin Jar Ríos Gañán, un vendedor de chuzos en el barrio La Romelia de Dosquebradas que ese lunes, como cada semana, salió de su casa hacia las siete de la mañana rumbo al centro de Pereira a comprar los 40 kilos carne que abastecerían el negocio con el que sostenía a su familia.

Para las 7:34, cuando un potente sismo de 7.4 grados en la escala de Richter sacudió el país, Edwin debería haber llegado a su lugar de destino, que resultó ser uno de los más golpeados: en el centro y sectores aledaños, hoteles, iglesias, edificaciones y comercios se derrumbaron o sufrieron daños estructurales severos. En el barrio Corocito, una carnicería quedó sepultada bajo los escombros, y entre las calles 13 y 21 y carreras 6 a 12, una nube de polvo ocultó la grave devastación que para los pereiranos hoy llora sangre y, en algunos sitios, aún huele a mortecina.

En el listado también se encontraban Víctor Rodrigo Ríos Fierro, de 40 años, proveniente de Soacha (Cundinamarca), quien vivía en una de las residencias pagadiario del sector aledaño al parque de La Libertad, también en el centro de Pereira, donde hubo mayor número de muertos y desaparecidos por el terremoto; y Gilberto Quintero, de 62 años, quien dormía entre los puentes cercanos a la avenida del Ferrocarril, una zona de tolerancia que se derrumbó o tuvo que ser demolida en su totalidad.

Para Humberto —hermano de Edwin—, Claudia —hermana de Víctor— y Frank —sobrino de Gilberto— el rápido aliento institucional a las labores de reconstrucción hizo añicos las expectativas de obtener ayuda en la búsqueda de sus familiares, pues las prioridades parecían ser otras.

Si bien era apenas lógico que las autoridades intentaran despejar vías y garantizar la seguridad de los rescatistas y voluntarios que trabajaban en medio de estructuras inestables y materiales peligrosos, iniciar llamados a la reconstrucción no lo era tanto: en todas las emergencias, y así lo plasma la ley 1523 de 2012, la primera fase de una emergencia siempre debe corresponder a la identificación de cadáveres, la búsqueda de desaparecidos y sobrevivientes, la atención de personas heridas y la adecuación de sitios de albergue para los damnificados. ¿Por qué Pereira empezó a hablar en clave de reconstrucción de forma tan preliminar?

Carrera 8 con 14, cerca del parque La Libertad.

“Las vidas no se compran ni reconstruyen, lo material es lo material, me refiero a los edificios y las cosas que se perdieron, pero las vidas humanas no se recuperan, deberían pensar eso”, afirma, apesadumbrado, Humberto Ríos Gañán.

“Cuando se anunció que ya no buscaban más personas vivas, que cesaba la búsqueda, imagínese el dolor, el desespero de decir: ‘mi hermano se queda en el olvido’, así como si nada, como si no les importara”, recuerda entre sollozos Claudia Ríos Fierro, quien viajó desde Bogotá a buscar a Víctor y se devolvió sin encontrarlo la noche del 22 de agosto. “Yo iba a pasar una carta a la Gobernación y a la Alcaldía pidiéndoles que no fueran tan inhumanos, diciendo que si había personas desaparecidas es porque debían estar en esos escombros, que cómo iban a meter las máquinas ahí”.

Desde su llegada a Pereira el 16 de agosto hasta su regreso a Bogotá, Claudia buscó a su hermano en hospitales, albergues y refugios improvisados. Incluso viajó hasta Palmira porque alguien le informó que allí había heridos trasladados desde la capital risaraldense. Pegó carteles, fue hasta las llamadas ollas, pidió ayuda a cuanta persona quiso escucharla. 

Se quedó horas esperando que los rescatistas buscaran a ese ser vivo detectado por un perro adiestrado en una de las edificaciones del centro, y lloró al saber que se trataba de un gato que había sobrevivido a la tragedia y no de una persona. Volvió a llorar en frente de una vigilante del hospital de Santa Mónica, en Dosquebradas, mientras le rogaba que le permitiera ver si entre los tres cadáveres NN que se decía habían ingresado días antes se encontraba Víctor, pero no. Todo fue en vano.

El martes 25 de agosto, a través de una amiga suya en España que le ofreció ayuda con una médium —que ella entendió era una mediadora de alguna entidad estatal— Claudia sintió que sus esperanzas se derrumbaban de la misma forma que había caído el sitio donde dormía su hermano en Pereira. Una mujer que no conocía le hizo llegar un mensaje vía WhatsApp, de parte suya y de otras videntes que supuestamente habían intentado contactar a Víctor: “todas le percibimos que ha pasado al otro plano, (…) básicamente ya no se puede hacer nada. Y todas hemos percibido una muerte que ha sido rápida, con lo cual tuvo que ser inmediato. Por ese lado no sufras. Si esto fuera así, hay que esperar un poquito para hacer una sesión, porque más o menos se suele esperar un mes. Yo se lo puedo hacer, pero habría que esperar un poquito, ¿vale? Y decirte que él vivo no está. Entonces, por ese lado, entiendo la angustia de que le busquen, pero él falleció en el acto”.

“Yo no sabía qué era una médium, la verdad. Pensé que era como algo de la Gobernación, que me iban a ayudar a buscar a mi hermano. Pero cuando al otro día me manda el audio… imagínese, uno con esta angustia, y ella dijo que mi hermanito ya estaba muerto bajo los escombros; que él había muerto al instante. Imagínese el dolor cuando a uno le dicen eso. Y si uno no tiene respuesta, si él no ha llamado, si no hay nada, pues qué puede uno pensar”.

En medio de su duelo, Claudia Ríos regresó a su trabajo como auxiliar contable sin tener clara la ruta a seguir. Pero la mañana del miércoles 26, recibió una llamada desde Pereira: un hombre reconoció a su hermano en un albergue y los puso en contacto. ¡Víctor estaba vivo! El hombre lo identificó por los anuncios de “Se busca” que ella había difundido durante su estadía en Pereira mientras intentaba obtener información sobre el paradero de su hermano.

Víctor estaba vivo, pero desorientado y con enormes lagunas sobre lo ocurrido. Apenas recordaba que la residencia pagadiario donde se encontraba se había caído al piso y que, después del terremoto, se había convertido en un espontáneo rescatista de otras personas que pedían auxilio entre los escombros. No recordaba números telefónicos ni podía rememorar lo sucedido. Todo lo que tenía había quedado sepultado, incluido su celular.

El mismo 26 de agosto, Víctor fue retirado del inventario de desaparecidos de Medicina Legal, al igual que otras 17 personas. El de Gilberto Quintero continuó en el registro, así como la angustia de sus familiares. Extrañamente, en ese séptimo boletín de Medicina Legal el nombre de Edwin Jar Ríos Gañán desapareció del listado. 

En el caso de Edwin no hay rastro alguno y, según Humberto Ríos, ninguna autoridad los ha contactado para ayudar en la búsqueda. “El 10 de agosto, Edwin solo llevaba un costal para echar la carne, nada más. No podemos decir que se haya llevado ropa o tuviera la intención de irse para otro lugar, y hasta ahora no sabemos absolutamente nada de él, a ratos pensamos que tal vez él no haya estado allá, pero él simplemente no volvió a aparecer. Él tiene esposa y tres hijos, aunque actualmente convive solo con la esposa y una de las hijas”.

Humberto, que tampoco vive en Pereira, viajó el fin de semana del 26 de agosto a apoyar a su cuñada en la búsqueda de su hermano, pero todas las gestiones resultaron infructuosas. Solo pudo hablar con los voluntarios de la Cruz Roja que atienden en un puesto improvisado en la avenida Circunvalar, quienes le dijeron que mantendrían a Edwin en el registro de personas desaparecidas.

“Lo que sabemos es que en el centro todo quedó destruido y no tenemos ninguna información, esa es nuestra única certeza. Ya ha pasado mucho tiempo y no sabemos nada. Lo hemos buscado en hospitales, inclusive estuvimos averiguando en hospitales de municipios cercanos como Dosquebradas y Armenia, y nada. En Pereira ya están en demolición y es muy complejo el panorama”, asegura Humberto.

Y aunque desde el 10 de agosto el teléfono de Edwin Jar aparece desconectado, sus familiares siguen marcando ese número de forma incesante. “Empezamos a marcarle desde el 10 de agosto, apenas regresó la señal. El celular de Edwin timbró hasta las 6 de la tarde, pero luego se apagó y ya no volvió a sonar… uno ya no halla ni qué pensar, si era que él no estaba allá o lo botaron entre los escombros…  realmente uno no sabe. En este momento estamos en el limbo”. 

¿Quién y por qué desapareció a un desaparecido?

LA BRECHA ENTRE LOS REGISTROS Y LA REALIDAD

Gilberto Quintero, un adulto mayor que se quedó solo en diciembre pasado cuando su hermana se residenció en España, desapareció en medio de la destrucción del centro de Pereira. Su familia sabía que vivía “por los lados del Ferrocarril”, un sector de alta vulnerabilidad social en el que confluían habitantes de calle, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, consumidores de sustancias psicoactivas y personas involucradas en dinámicas delictivas.

Gilberto trabajaba en el rebusque, de cotero a mandadero, y, si ganaba lo suficiente, dormía en pagadiarios. Su rastro se perdió durante 20 días, hasta cuando fue identificado gracias a los avisos que habían puesto sus sobrinos en el centro de la ciudad. Lo habían buscado en hospitales, en Medicina Legal, en albergues, y se habían cansado de hablar con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y llamar a cuanta línea se anunciara como contacto para la búsqueda de personas perdidas durante el terremoto. Gilberto apareció en una cafetería la noche del 30 de agosto, cuando la capital risaraldense conmemoraba un triste cumpleaños número 163. El dueño del local lo reconoció y le dijo: “a usted lo están buscando”. Él, sorprendido, logró contactarse con su familia y llegar hasta ellos.

Emocionado, Frank Giraldo, sobrino de Gilberto, agradece desde Alicante (España) que su tío no haya sido uno de los cadáveres sin recuperar de entre los escombros. “La búsqueda se paró y empezaron a demoler las edificaciones, pero ahí abajo tiene que haber cuerpos. Es muy difícil para uno tener un familiar desaparecido pensando que van a sacar los cuerpos hechos pedazos, si es que los sacan. En el caso de nosotros que estamos tan lejos, debería haber páginas donde uno pueda escribir y uno reciba la respuesta, el apoyo de la autoridad, pero mientras mi tío estuvo desaparecido sentí más el apoyo de personas particulares que de las mismas entidades gubernamentales”. 

El caso de que Gilberto aún figure en los listados de la Alcaldía de Pereira y Medicina Legal como una de las personas desaparecidas tras el sismo del 10 de agosto —pese a que sus familiares ya informaron a la Fiscalía que su tío fue hallado vivo y se reencontró con sus seres queridos— no es un caso aislado. Más bien sirve de ejemplo para describir una de las principales dificultades que surgen al contrastar las cifras oficiales: los reportes no solo no coinciden entre sí sino que, en su mayoría, no se actualizan o lo hacen sin mayor comprobación.

Cuestión Pública se dio a la tarea de revisar y cruzar los registros de personas reportadas como desaparecidas que hicieron públicos la Alcaldía de Pereira y Medicina Legal, y encontró diferencias más allá de las cifras. 

Tras depurar homonimias, errores tipográficos y registros duplicados, este medio estableció que la Alcaldía tenía registrados 120 casos al 17 de agosto, mientras Medicina Legal reportaba 100 para Pereira en su corte del 26 de agosto. Aunque lo razonable sería que la discrepancia correspondiera a la actualización de una misma lista, lo cierto es que buena parte de los 100 registros del INML no está contenida en los 120 de la Alcaldía: solo 28 personas aparecen en ambas bases de datos. Es decir, 92 personas figuran únicamente en la lista de desaparecidos de la Alcaldía y otras 72 solo aparecen en la de Medicina Legal. 

En total, son 192 personas distintas, número que dista mucho de los 62 que manejaba la Fiscalía Seccional Risaralda y los 78 reportados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cifras aún demasiado altas para una ciudad en la que, según los registros oficiales de Medicina Legal, hubo un total de 109 personas fallecidas.

Más grave aún: este medio conoció el caso de dos personas que aún no han sido ubicadas pero que no se encuentran en ninguna de las bases de datos oficiales. Sus nombres fueron publicados en la página web del periódico popular Q’hubo: Álvaro Sánchez Romero y María José Díaz Quintero, de quienes sus familias confirmaron que, pasado un mes, aún no tienen noticias. Las otras dos personas cuyos nombres fueron difundidos por el diario local fueron localizadas con vida y solo una de ellas estaba en el registro de Medicina Legal.

Al sumar los tres casos publicados por Q’hubo que no estaban en ningún listado, Cuestión Pública construyó una base de datos consolidada con 195 personas reportadas como desaparecidas en Pereira: ese es el universo de casos identificados al cruzar las tres fuentes, lo cual demuestra que semanas después del terremoto las instituciones encargadas de registrar y buscar a los desaparecidos no estaban contando a las mismas personas.

Incluso tomando la cifra oficial más baja –la de la Fiscalía de 62 personas– los desaparecidos equivalen a más de la mitad de las víctimas mortales del sismo en Pereira. No obstante, al cruzar la información de los registros disponibles, los reportes de desaparición casi duplican el número de muertos identificados, pues equivalen al 178,9 % de las víctimas mortales identificadas. Es decir, serían casi 1,8 veces el número de fallecidos.

Durante tres semanas, Cuestión Pública intentó ubicar a las familias que publicaron sus teléfonos para recibir información de sus parientes, con el propósito de verificar lo ocurrido con las personas desaparecidas. De esas 195 personas, fue posible realizar un rastreo telefónico en 46 casos, en 30 de los cuales se estableció que habían aparecido con vida; en tres, se confirmó que continuaban sin ser localizadas: Edwin Ríos Gañán, Álvaro Sánchez Romero y María José Díaz Quintero. De los 13 casos restantes, siete teléfonos enviaban al buzón de voz y otros seis se encontraban inactivos. En otras palabras, en más de uno de cada tres casos (34,8 %) no fue posible confirmar si la persona había aparecido.

EL CENTRO DE LAS DESAPARICIONES

De acuerdo con las fichas de la Alcaldía de Pereira (SOS Pereira), el centro de la ciudad concentra el mayor número de personas reportadas: 37 de los 120 casos depurados —30,8 %— hacen referencia a esa zona como el lugar de desaparición, la última referencia de ubicación o algún otro vínculo territorial.

En 17 de los 36 reportes se destacan las alusiones al Parque La Libertad, como sector donde los reportados permanecían o dormían habitualmente, vivían en condición de calle, o fueron vistos allí por última vez. 

La caracterización social revela además que 11 desaparecidos (9,2%) fueron identificados explícitamente como personas en situación de calle. Las fichas mencionan también a consumidores de sustancias psicoactivas, trabajadores informales, y a quienes vivían en hoteles o residencias pagadiario, como Víctor Ríos, Gilberto Quintero y otros más. Se trata, en suma, de personas marginadas, a quienes en Pereira distintos sectores de la ciudad han llegado a considerar como desechables, cuyas condiciones de vida hacen más difícil su localización y seguimiento después del terremoto, y sobre quienes existe la creencia de que no tienen dolientes.

Los registros de desaparecidos en las calles aledañas a la avenida del Ferrocarril contrastan con las noticias e imágenes de maquinaria pesada, cierres viales y demoliciones realizadas durante la última semana, al igual que los allanamientos de la Policía en el albergue espontáneo del Parque La Libertad para detectar estupefacientes, sin que en la información pública sobre esos operativos aparezca una sola acción orientada a localizar personas sin localizar tras el terremoto del 10 de agosto.

Hasta inicios de septiembre, en La Libertad se encontraban alojadas en carpas 316 personas, entre ellas decenas de niños y niñas, de acuerdo con el censo realizado por los voluntarios que apoyaron en las labores de atención y alimentación en el sector. Allí, Cuestión Pública logró ubicar con vida a dos mujeres que a la fecha aún figuran como desaparecidas en los registros de Medicina Legal gracias al intercambio de información con los líderes de la comunidad albergada. También fue posible confirmarle a la familia de Gilberto Quintero que éste se encontraba con vida. 

Estos hechos revelan una paradoja difícil de ignorar: mientras las instituciones mantienen como desaparecidas a personas que están vivas pero sin comunicación con sus familias, las intervenciones oficiales sobre el lugar han estado marcadas por una lógica de control y estigmatización antes que por la búsqueda. Es la misma lógica de exclusión que los habitantes del sector han tenido que soportar durante buena parte de sus vidas y que, después del terremoto, ahondó su situación de marginalización.

Según el último boletín de Medicina Legal, con un 65,8% del total, Pereira es la ciudad del país con mayor número de desaparecidos. Por cada uno de ellos, la ciudad ha removido 1700 toneladas de escombros. ¿Quién los está buscando, ahora que la agenda local y nacional han priorizado el tema de la reconstrucción?