Big Food: cómo las empresas de alimentos ultraprocesados usan los tribunales como arma en América Latina
(23/07/2026)
De las 239 demandas judiciales presentadas por las grandes industrias de alimentos en seis grandes mercados en el mundo, el 95 % se concentraron en América Latina. Así actúan las Big Food en la región para frenar las leyes que las regulan.
El reto de salud pública, en un escenario donde los alimentos ultraprocesados ya representan más de la mitad de la dieta de los consumidores contemporáneos, está directamente ligado al dominio de los gigantes de la industria alimentaria, las llamadas Big Food.
La salud pública es un asunto político, pero en toda América Latina —pese a la existencia de numerosas leyes orientadas a fortalecer la regulación sobre el consumo y la publicidad de alimentos ultraprocesados— las grandes corporaciones, con un poder económico aún mayor, libran una intensa batalla en los tribunales y a menudo logran imponerse, aunque solo sea para ganar tiempo.
Una investigación transnacional de Lighthouse Reports, en colaboración con Agência Pública (Brasil), Cuestión Pública (Colombia), Follow The Money (Países Bajos), Il Fatto Alimentare (Italia), L’Espresso (Italia), O Joio e o Trigo (Brasil), Quinto Elemento Lab (México), The Guardian (Reino Unido) y The Wire (India), reveló una operación sistemática de la industria para sabotear leyes y manipular el sistema judicial con el fin de bloquear regulaciones.
En los últimos 15 años (2010-2025), el sector de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados ha presentado al menos 239 demandas en seis grandes mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia), dirigidas contra agencias reguladoras o gobiernos, a través de impugnaciones legales presentadas por empresas de alimentos o sus aliados.
De los casos promovidos por empresas privadas en los que se pudo identificar al demandante, más de un tercio fueron presentados por apenas nueve compañías, entre ellas firmas vinculadas a corporaciones como Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez.
América Latina ha estado a la vanguardia de la política de salud pública en las últimas décadas, y la regulación de los alimentos ultraprocesados ha seguido un modelo similar al adoptado previamente para el control del tabaco en países como Chile y Brasil.
“América Latina ha sido líder mundial en la adopción de algunas de las primeras políticas sólidas de entornos alimentarios, lo que la convierte en un terreno de prueba clave tanto para la innovación en salud pública como para la resistencia de la industria. Vimos patrones similares con las leyes de control del tabaco, cuando Australia enfrentó numerosas demandas y desafíos al introducir el empaquetado neutro y otras medidas efectivas de control del tabaco”, señaló Katherine Shats, especialista legal de la Sección de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF.
América Latina concentra el 95 % de los casos identificados como significativos por esta investigación.
Esto se refleja en las distintas advertencias nutricionales que aparecen en los empaques de productos de una misma empresa según el país, así como en las restricciones al uso de colores o personajes animados dirigidos a niños —una práctica que aún no está prohibida por ley en Brasil y Colombia.
El 80 % de todas estas demandas ha ocurrido en México, donde se identificaron más de 193 procesos judiciales, seguido por Colombia con 18. Por su parte, Brasil se destaca por tener los litigios más prolongados de este tipo, con una espera promedio de nueve años para obtener un fallo del máximo tribunal del país.
En uno de los casos más emblemáticos —que aún no tiene fecha prevista de resolución—, conglomerados empresariales llevan más de 16 años impugnando las decisiones de la autoridad sanitaria brasileña.
La avalancha de litigios en México
En los últimos años, México se ha convertido en uno de los principales terrenos de prueba a nivel mundial para políticas públicas orientadas a combatir las enfermedades relacionadas con la dieta y a regular los alimentos ultraprocesados.
Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos de alto contenido calórico, las restricciones a la publicidad dirigida a la niñez, un sistema de etiquetado frontal de advertencia —etiquetas que alertan sobre el exceso de azúcar, grasa, sodio y otros aditivos— y la prohibición de su venta en escuelas han posicionado al país como líder internacional en la adopción de medidas regulatorias de salud pública. Un enfoque que también se ha replicado en Brasil, Chile y otros países de América Latina.
Sin embargo, estas regulaciones desataron una avalancha de demandas. El etiquetado frontal de advertencia fue el tipo de regulación que generó más fricción con la industria; de las 193 demandas presentadas ante tribunales mexicanos, el 80 % estuvo relacionado con este tema, mientras que, en menor medida, se presentaron demandas por las restricciones a la publicidad dirigida a niños y adolescentes, el aumento de los impuestos especiales a las bebidas azucaradas y la prohibición de venta en escuelas.
Del total de demandas documentadas por esta investigación en México, 154 fallaron a favor del interés público, dos se resolvieron a favor de la industria alimentaria, tres tuvieron un desenlace poco claro, 15 fueron retiradas por los demandantes y 19 permanecen pendientes de resolución.
Según activistas que han seguido los casos, la avalancha de demandas cumple un doble propósito: retrasar la implementación de estas leyes en México y enviar una advertencia a otros países que pudieran seguir el mismo camino, mostrándoles que adoptar regulaciones similares los expondría a una cascada de demandas.
Javier Zúñiga, coordinador jurídico de la organización de la sociedad civil El Poder del Consumidor, explica la estrategia detrás de las demandas: “Toman dos o tres argumentos legales y los explotan en todos los frentes. Los presentan a los legisladores en un contexto político, al poder ejecutivo en un contexto regulatorio, y luego a un tribunal en un contexto legal”. Y agrega: “Algo que confirman los casos contra el etiquetado es que las industrias saben que van a perder esos juicios y, aun así, deciden presentarlos”.
Las embotelladoras y marcas afiliadas a Coca-Cola fueron las más activas en presentar impugnaciones legales en México, con al menos 24 de las demandas presentadas contra las nuevas medidas sanitarias; les siguieron empresas como Pepsi, Mondelez, Ferrero y Danone, entre otras.
“Si los países están impulsando una política efectiva, siempre enfrentarán oposición… particularmente de las industrias transnacionales o las grandes empresas, porque cuentan con los recursos para litigar y desplegar otras tácticas de oposición”, señaló Fabio da Silva Gomes, asesor en nutrición y actividad física de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los argumentos legales de las empresas incluyeron posturas que los jueces rechazaron por infundadas: por ejemplo, Jugos del Valle alegó que el etiquetado constituía una intromisión en las decisiones familiares.
Coca-Cola sostuvo que las etiquetas en los empaques desincentivaban el consumo sin tener en cuenta la dieta global de las personas. Una embotelladora local de Pepsi argumentó que, en ciertas zonas rurales de México, era más seguro beber refrescos que el agua disponible. Yoli de Acapulco, una empresa de bebidas gaseosas afiliada a Coca-Cola, alegó que el impuesto a las bebidas azucaradas violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad al limitar la elección de hábitos alimentarios.
Las empresas también alegaron que existe evidencia insuficiente sobre los daños asociados con los edulcorantes y los azúcares, o sobre el impacto de la publicidad dirigida a niños y jóvenes.
Según los fallos judiciales, algunos de estos argumentos fueron desestimados por los tribunales con el argumento de que ciertos derechos invocados corresponden a las personas y no a las empresas. Aun así, estos procesos judiciales han prolongado las disputas regulatorias durante años y demuestran cómo el sistema judicial se ha convertido en un escenario clave para debatir el alcance de las políticas de salud.
En 2019, México ocupó el cuarto lugar entre 80 países en ventas minoristas per cápita de alimentos ultraprocesados, según la OPS, y el gasto de los hogares en estos productos creció un 29 % entre 2006 y 2022, desplazando gradualmente a los alimentos naturales, según el banco central de México. El consumo anual de bebidas azucaradas promedia 166 litros de refresco por persona, frente a 131.7 litros en Estados Unidos.
El impacto en la salud es directo: más de un tercio de los escolares mexicanos tiene sobrepeso; entre los adolescentes, la cifra llega al 41 %, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. Si la tendencia no se revierte, la obesidad podría reducir la esperanza de vida en más de cuatro años para 2050, la proyección más alta entre los países de la OCDE. Entretanto, la diabetes afecta a casi uno de cada cinco adultos mexicanos.
A pesar de la oposición de las grandes empresas y las controversias legales, en los primeros cuatro años del etiquetado frontal en productos ultraprocesados, el 52 % de las personas modificaron sus hábitos de compra, y el 30 % optó por no comprar productos con etiquetas, según la más reciente Encuesta Nacional de Salud 2024.
En Brasil, las empresas se benefician de los procesos judiciales
A diferencia de México, el litigio en torno a la regulación de los alimentos ultraprocesados no involucra directamente a las empresas en Brasil.
De los 17 casos identificados ante el Supremo Tribunal Federal, 16 fueron presentados por asociaciones empresariales —algunas del sector alimentario y otras del sector de radiodifusión— interesadas en las normas que rigen la publicidad en el país. La estrategia de mantener a las marcas al margen de los tribunales sigue el ejemplo de Estados Unidos, donde las demandas son presentadas por organizaciones empresariales.
Sin embargo, 12 de estos casos corresponden a la misma disputa: la RDC 24.
Durante 16 años, una normativa brasileña creada para exigir advertencias sanitarias en la publicidad de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio ha permanecido estancada en los tribunales. La resolución, aprobada en 2010 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), nunca llegó a entrar en vigor. Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo perdurable de cómo los sectores empresariales pueden retrasar y socavar las regulaciones de salud pública incluso antes de que exista un fallo definitivo.
La RDC 24 establecía, entre otras cosas, que la publicidad de productos con alto contenido de azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio debía incluir advertencias sobre los riesgos asociados a su consumo frecuente. La medida seguía una lógica ya establecida en otras áreas de la salud pública: garantizar que las comunicaciones comerciales estuvieran acompañadas de información clara sobre los posibles riesgos para la salud.
La disputa volvió a avanzar en el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2025, a partir de una demanda presentada por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert). La asociación impugna la constitucionalidad de la RDC 24 y de otra norma de Anvisa relativa a la publicidad de medicamentos.
El punto central del litigio consiste en determinar si la agencia sanitaria tiene la facultad legal de regular la publicidad de productos que puedan afectar la salud pública, o si esa regulación corresponde de manera exclusiva al Congreso Nacional.
El caso permanece pendiente de una decisión final. Bajo la supervisión del ministro Cristiano Zanin, el Supremo Tribunal Federal (STF) realizó una audiencia pública en agosto de 2025 y posteriormente inició un proceso de conciliación entre Abert y el Gobierno federal. Está prevista una nueva audiencia para el 17 de agosto de 2026. Mientras tanto, la RDC 24 sigue sin surtir efectos concretos, y el principal mecanismo de control de la publicidad de alimentos en Brasil sigue siendo la autorregulación ejercida por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), un organismo creado por la propia industria.
La primera propuesta de Anvisa, sometida a consulta pública en 2006, tenía como objetivo principal proteger a niños y adolescentes, considerados particularmente vulnerables a las estrategias de mercadeo. El texto original incluía advertencias sanitarias, restricciones a los mensajes engañosos y límites a la publicidad dirigida a la niñez, incluida la prohibición de comerciales de televisión entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.
Organizaciones que representan a las industrias de alimentos, bebidas, publicidad y comunicaciones actuaron para limitar el alcance de la regulación, y la propuesta fue diluyéndose de manera gradual. Finalmente, en 2010, se aprobó una versión mucho más limitada, que dejó de lado buena parte de las restricciones originalmente previstas.
Exfuncionarios de la agencia afirman que la presión no provino solo de la industria alimentaria, sino también de los medios de comunicación, que se verían directamente afectados por cualquier regulación que impactara la publicidad. “Anvisa tenía un historial de multas y otras sanciones contra Rede Globo (la principal cadena de televisión de Brasil) y contra Editora Abril (una de las mayores editoriales del país)”, recuerda el expresidente de Anvisa, Dirceu Barbano, en referencia a los tres grandes conglomerados mediáticos brasileños de los años 2000.
Con el paso de los años, la controversia generó un vacío regulatorio. Sin una decisión final, la RDC 24 quedó, en la práctica, suspendida. Para las organizaciones de salud y defensa del consumidor, este desenlace benefició al sector regulado: los alimentos ultraprocesados siguieron siendo publicitados sin las advertencias exigidas, mientras la propia capacidad institucional de Anvisa para regular la publicidad se fue erosionando.
En la audiencia pública realizada por el STF, la disputa quedó planteada en términos claros. Representantes de las industrias de publicidad, radiodifusión y alimentos argumentaron que la autorregulación ya era suficiente. La industria también cuestionó el uso del término “alimentos ultraprocesados” y sostuvo que las advertencias genéricas no serían capaces de mejorar la salud pública.
Según Diogo Rosenthal Coutinho, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo (USP), coautor de una próxima publicación sobre litigios de Big Food elaborada en conjunto con esta investigación, es evidente que buena parte de las demandas presentadas por el sector privado terminan con resultados desfavorables para las empresas.
Sin embargo, también es poco probable que una entidad pública pueda litigar en igualdad de condiciones frente a grandes corporaciones, y existen beneficios indirectos fácilmente identificables para estas últimas.
“Es legítimo impugnar en los tribunales nuevos intentos regulatorios o leyes que entran en vigor, pero esa estrategia ya incorpora un componente relacionado con el tiempo. Si la regulación es desfavorable para la empresa —como ocurre en el caso de la industria—, le conviene que el proceso se prolongue. Sabe que va a ganar tiempo. Independientemente del resultado final del litigio, aunque el fallo le sea desfavorable, la demora y la lentitud del proceso pueden beneficiarla. Estos beneficios son indirectos”, afirma el profesor.
Dieciséis años después, la RDC 24 todavía no ha entrado en vigor, pero su historia ya ha tenido consecuencias: desmanteló una estructura de vigilancia, desvió los esfuerzos de Anvisa hacia otras prioridades y consolidó al litigio como una herramienta capaz de aplazar indefinidamente las decisiones de salud pública.
Mientras la RDC 24 sigue sin aplicarse, el consumo de alimentos ultraprocesados en Brasil ha aumentado con el tiempo. Según una encuesta dietética nacional, en 2002 los brasileños obtenían el 12.6 % de su ingesta calórica diaria de alimentos ultraprocesados. Para 2018, esa proporción había subido al 18.4 %.
La tendencia al alza parece haber continuado, pero la última encuesta nacional de consumo de alimentos no se publicará hasta 2027. Entretanto, la proporción de adultos con sobrepeso y obesidad en Brasil aumentó un 118 % entre 2006 y 2024, según el Ministerio de Salud.
Colombia: primero la política y la publicidad, la protección de la población después
La industria de los alimentos ultraprocesados convirtió a los menores de edad en sus principales consumidores en Colombia: diseñó productos irresistibles vinculados al aumento de enfermedades no transmisibles como la obesidad. Los promocionó mediante una estrategia de mercadeo agresiva. El presidente recién electo llegó incluso a convertir al tigre de los cereales Zucaritas de Kellogg’s en uno de los emblemas de su campaña.
La sociedad civil y algunos congresistas respondieron con propuestas para limitar el impacto de la industria en la salud pública: restringir la publicidad dirigida a la niñez, retirar estos productos de las escuelas, exigir etiquetados frontales de advertencia e implementar impuestos saludables.
Estas dos últimas se convirtieron en las leyes 2120 de 2021 y 2277 de 2022, pero también hubo una campaña sistemática de litigio por parte de la industria, interferencia de cabilderos para sabotear proyectos de ley, y una considerable financiación electoral que sostuvo toda la estrategia antirregulatoria.
La batalla antirregulatoria no terminó cuando entraron en vigor la ley de etiquetado frontal de advertencia —que introdujo etiquetas para alertar a los consumidores sobre productos con alto contenido de azúcares añadidos, sodio y grasas trans— y los impuestos saludables —creados mediante el artículo 54 de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022).
El frente de batalla se trasladó a los tribunales. Entre enero de 2023 y agosto de 2025 se presentaron 17 demandas de inconstitucionalidad para derogar o modificar ambas medidas. Las demandas de inconstitucionalidad son acciones públicas que permiten a cualquier ciudadano solicitar a la Corte Constitucional que anule leyes, decretos o reformas que vulneren la Constitución.
Esta alianza encontró evidencia de la participación de la industria de alimentos ultraprocesados en el 53 % de las demandas presentadas. El patrón —identificado mediante automatización y análisis con inteligencia artificial de más de 900 páginas de expedientes judiciales— salió a la luz de manera gradual: las multinacionales no presentaron las demandas directamente para derogar las leyes que las afectaban.
Las demandas fueron presentadas por abogados de firmas que trabajaban para algunas de estas empresas, como la firma Gómez-Pinzón, que diseñó la estrategia legal que permitió a los Gilinski —una de las familias bancarias más poderosas del país— tomar el control de Nutresa, la multinacional líder de alimentos procesados en Colombia.
El ochenta y dos por ciento de las demandas de inconstitucionalidad se dirigieron contra los “impuestos saludables”, que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo —fórmula vicepresidencial del nuevo presidente de extrema derecha, Abelardo De la Espriella— prometió eliminar.
La financiación electoral, como el sabor, es irresistible
En 2022, año en que se debatieron y aprobaron los “impuestos saludables”, las empresas productoras de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados donaron 5.87 millones de dólares a políticos de todos los partidos. Esto representó el 40 % de todas las contribuciones de campaña recibidas ese año. La financiación provino principalmente de Postobón, Gaseosas Lux (ambas parte de la Organización Ardila Lülle) y Bavaria.
En la última década identificamos 20 iniciativas legislativas para regular las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Las medidas buscaban regular la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a menores, restringir su venta en entornos escolares, gravarlos o hacer más visibles los ingredientes menos saludables.
De estas, como ya mencionamos, solo dos proyectos fueron aprobados, incluidos los “impuestos saludables”, que formaron parte de la reforma tributaria. Los demás fueron bloqueados de distintas maneras por los partidos que más donaciones recibieron de esta industria.
Uno de los partidos que ejerció un alto grado de influencia sobre el proceso legislativo fue el Centro Democrático. Entre 2016 y 2018, varios congresistas, entre ellos el entonces senador Álvaro Uribe, presentaron ponencias negativas a tres proyectos de ley en su primer debate. Las discusiones se centraron en el etiquetado y en un impuesto a los productos ultraprocesados.
En 2018 todo cambió cuando el partido llegó a la presidencia con Iván Duque. La estrategia pareció desplazarse hacia incorporar directamente los intereses de la industria en los proyectos de ley, o simplemente hacia no programar los debates.
Finalmente, surgió un patrón definitivo. Tras la aprobación de la reforma tributaria —que incluía los “impuestos saludables”— y el fracaso de las demandas presentadas ante la Corte Constitucional, la estrategia se desplazó hacia la presentación de proyectos de ley para derogar los impuestos o eximir a determinados productos.
El reto de la salud infantil más allá de América Latina
A partir de 2025, por primera vez, el número de niños con sobrepeso y obesidad a nivel mundial superará al de quienes sufren desnutrición, según el informe Feeding Profit: How Food Environments Are Failing Children (“Alimentando la ganancia: cómo los entornos alimentarios están fallando a la niñez”). La prevalencia de la desnutrición entre personas de 5 a 19 años disminuyó del 13 % en 2000 al 9.2 %, mientras que, en el mismo período, las tasas de obesidad aumentaron del 3 % al 9.4 %, afectando ya a 188 millones de niños, niñas y adolescentes.
Ya en 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) habían advertido sobre una epidemia de obesidad en América Latina y el Caribe, donde la prevalencia de la obesidad se triplicó en cuatro décadas y la condición ya afectaba a casi el 60 % de la población, superada únicamente por América del Norte.
Por su parte, el Global Obesity Atlas 2025 señala que 98 millones de niños en el mundo ya presentaban enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica; 47 millones tenían niveles elevados de triglicéridos; 34 millones sufrían de hipertensión; y 14 millones tenían hiperglucemia. Estos datos muestran una clara asociación entre la obesidad infantil y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes desde los primeros años de vida.
La publicación también advierte que otros 120 millones de niños en edad escolar podrían desarrollar signos tempranos de enfermedades crónicas relacionadas con un índice de masa corporal (IMC) elevado.
Este es el reto que une a los países de América Latina y sobre el cual es indispensable legislar. Es también un recordatorio de que, en medio de un panorama de litigio depredador en la región, el otro lado del conflicto no se limita a los gobiernos o las agencias reguladoras: también está representado por la salud de la población, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.
Créditos: Una investigación de Lighthouse Reports, en colaboración con la coalición periodística conformada por Agência Pública (Brasil), Cuestión Pública (Colombia), Follow the Money (Países Bajos), The Guardian (Reino Unido), Il Fatto Alimentare (Italia), L’Espresso (Italia), O Joio e O Trigo (Brasil), Quinto Elemento Lab (México), Santa Cruz Local (Estados Unidos) y The Wire (India).
