De investigador a investigado

En 2021, el fiscal Álvaro Polo ordenó la captura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como el jefe de las finanzas del paramilitarismo en los años noventa. Hoy, el fiscal enfrenta una investigación penal impulsada por una denuncia presentada por el mismo hombre que ayudó a condenar.

Alias Lucas fue descrito por antiguos comandantes paramilitares como una figura clave dentro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). También está condenado por el asesinato de tres agentes del CTI, crimen ocurrido entre 1997 y 1998.

Antes de esa condena, en 2022, Lucas denunció al fiscal Polo por presunto abuso de autoridad y fraude procesal. La denuncia fue presentada ante el entonces fiscal general Francisco Barbosa y sostiene que Polo habría presionado a Lucas para declarar en contra de empresarios y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante más de un año, el expediente no mostró avances. El proceso tomó impulso cuando la fiscal Luz Samira Rodríguez, hermana del excongresista Edward Rodríguez, antiguo miembro del Centro Democrático citó a imputación de cargos.

Fue así como, a comienzos de este año, el fiscal Polo fue notificado de una medida de arraigo, que le impide salir del país. El pasado 13 de enero estaba prevista su imputación, pero la audiencia fue aplazada porque acudió sin abogado. En la diligencia apareció el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe, reconocido como víctima dentro del proceso.

Mientras tanto, en agosto de 2024, el Tribunal Superior de Medellín condenó en segunda instancia a alias Lucas a 40 años de prisión por homicidio agravado.

La audiencia fue reprogramada para el 27 de enero. El caso muestra el mundo al revés: pese a esa condena, una denuncia presentada por Lucas en 2022 avanza hoy al punto de poner en riesgo judicial al fiscal que lideró su investigación.