(15/12/2020)
Por: Cuestión Pública en alianza con Unisabana
El plumón con el que plasmó la firma se notaba gastado para el 30 de abril del 2020. El estado de emergencia por COVID-19, una medida que autorizó al presidente en la toma decisiones con fuerza de ley sin contar con el Congreso, había sido declarado hace un mes y 17 días. Desde entonces, Iván Duque firmaba en promedio tres decretos por día. Quizá por eso los trazos reflejaban cansancio en el decreto No. 611, cuando autorizó el pago de horas extras para el personal del Instituto Nacional de Salud (INS), a finales de abril, tras la expedición de casi 100 decretos.
Al parecer varios plumones tuvieron que ser usados porque se produjo otra decretitis en mayo, cuando el presidente firmó el segundo estado de emergencia. #DeQuéDecretosMeHablasViejo es una recopilación de esas medidas a través del periodismo de datos, realizada en alianza con un equipo de estudiantes de Unisabana Medios, Juan David Oviedo, asesor e investigador de políticas públicas y Cuestión Pública.
Identificamos 168 decisiones gubernamentales que hacen referencia al estado de emergencia y que, a su vez, varían entre decretos con fuerza de ley y otros que aparentemente no tienen relación, pero hacen alusión a la pandemia dentro del documento.
Identificamos 168 decisiones gubernamentales que hacen referencia al estado de emergencia y que, a su vez, varían entre decretos con fuerza de ley y otros que aparentemente no tienen relación, pero hacen alusión la pandemia dentro del documento. En la tabla que los agrupa vas a encontrar una descripción de cada medida con los aspectos claves, como el objeto de cada decreto, la descripción, la entidad encargada que lo emitió, si trae dineros transferidos del FOME, si se trata de nombramientos, número de decreto, entre otras columnas.
Le sumamos alertas de riesgos de corrupción, que por ahora obedecen exclusivamente a la ruta de los supuestos $117 billones, el 11% del PIB, que fueron desregularizados para atender la pandemia.
La explicación de esas alertas y la clasificación de las mismas obedecen al rastreo de la transparencia en el uso, gasto y traslado de esos dineros. Además, te contamos cuáles de esos están revisados por la Corte Constitucional y su estado jurídico, entre otros. Puedes filtrar búsquedas según tu necesidad, para eso son los botones que encuentras alrededor de la tabla. Sin embargo, si quieres filtrar por palabras, también lo puedes hacer.
Clasificamos las alertas de corrupción por colores: rojo, alerta de riesgo grave; amarillo, alerta de riesgo medio; verde: sin riesgo. La mayoría están sujetas a la falta de transparencia en los decretos para conocer la ruta del dinero y saber realmente el destino e inversión de esos recursos.
Este trabajo es el inicio de una veeduría que busca determinar si toda la ampliación de este poder a través del estado de emergencia se correspondió con la mitigación y los efectos de la situación de pandemia en el país.
Por ejemplo, en los decretos 412, 575 y el 557 hay medidas que directamente son benevolentes hacia el transporte aéreo.
A través de esta base de datos es posible olfatear algunos detalles cuando apliquen filtros. Por ejemplo, en los decretos 412, 575 y el 557 hay medidas que directamente son benevolentes hacia el transporte aéreo. Recuerden que el Ministerio de Hacienda pretendió prestarle Avianca, una aerolínea en crisis, 370 millones de dólares a través del FOME, uno de los fondos creados para atender la pandemia, y que el 10 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca detuvo esta transacción por ver amenazados los derechos colectivos al patrimonio público.
En los decretos 459 y 547 hay nombramientos ad hoc por conflictos de interés de algunos miembros del gabinete, pero no nos cuentan sobre los impedimentos y no hay cómo saber si esos nombramientos fueron correctos.
Hay sectores empresariales favorecidos con créditos que otorgó el Gobierno a través de Findeter con dineros públicos y un impuesto, declarado inconstitucional por la Corte, que el Gobierno pretendió imponer a los funcionarios que ganan $10 millones para subsidiar a la clase vulnerable.
En los decretos 459 y 547 hay nombramientos ad hoc por conflictos de interés de algunos miembros del gabinete, pero no nos cuentan sobre los impedimentos y no hay cómo saber si esos nombramientos fueron correctos.
Hay unos tan escuetos que parecen un deseo a una lámpara mágica. Sin rutas financieras y, en general, con un nivel de abstracción que no permite rastrear más que un cifra de adiciones a un fondo. Autorización de créditos sin claridad de quiénes son sujeto de esos recursos, cuáles son los requisitos.
Hay quienes dicen que los decretos son así. Pero, a la par, el Gobierno también omitió las rutas que ya existían de transparencia para seguirles el rastro.
Se desconoce aún el alcance de algunos decretos que no tienen destinación de recursos públicos, como nombramientos u otro tipo de medidas. ¿Qué tanto favoreció el presidente a sus amigos?, ¿pasó por alto los conflictos de interés que tenían no solo algunos de sus ministros y ministras, sino funcionarios del gobierno?, ¿qué tan privilegiados resultaron los amigos y familiares de los miembros del gabinete en esta situación? Todavía falta investigar para saber si se aprovechó el río revuelto para hacer nombramientos a dedo, contrataciones directas por fuera de lo que permitía la emergencia. Todos estos aspectos pretendemos trabajarlos en el 2021.
¿Qué tanto se movieron los recursos públicos en pandemia?
Mediante el feriado de decretos crearon el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) inicialmente con $25,6 billones. Este fondo ahora cuenta con $40,5 billones, tras la Ley 2060 de 2020 en la que se agregaron $15 billones para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en el 2021. Para juntar los dineros hicieron una movida de recursos de otros fondos y entidades como el de los pensionados territoriales. También asignaron recursos al Fondo Nacional de Garantías (FNG) por más de $3,3 billones; se creó el Fondo Solidario para la educación superior con recursos del ICETEX. Abrieron los candados del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse) para otorgar créditos al Fondo empresarial de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Trasladaron recursos del Ministerio de Minas y Energía por $129 mil millones y al Ministerio de Educación por $133 mil millones.
Los mecanismos de transparencia estatal que ya existían en la Ley 1712 de 2014 no se emplearon muy bien en ese periodo, lo que dejó a oscuras la veeduría del gasto, de las compras y de esos recursos billonarios que se movieron con una desregularización sui generis.
Es así como también quitaron los broches legales de las importaciones para facilitar la traída de mascarillas, respiradores y otros; rutas que eran públicas se privatizaron para contratar sin pasar por las reglas establecidas para esto; bajo el liderazgo del ministerio de Hacienda los bancos fueron incluidos como un tercer actor para llegar con créditos a los empresarios.
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¿Qué tanto se ha gastado de esos dineros?
Cuestión Pública encontró en julio que, de cada 10 pesos que había dispuesto el Gobierno para atender la salud en la pandemia, se había ejecutado menos de un peso, cuando habían más de 165 mil personas contagiadas de COVID-19 y 5.814 fallecidos por Coronavirus, investigación que llamamos ‘Sabemos lo que hiciste con los dineros de la salud para atender la emergencia por COVID-19’.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha hecho varios rastreos a estos dineros y ha encontrado de todo. Hasta disparidad entre las cifras reportadas en los decretos y en la página web del Ministerio de Hacienda: “Las magnitudes del FOME expuestas en la página web y la estimada a partir de los decretos tienen una diferencia del orden de $0,1 billones. Esta magnitud, de $100 mil millones de pesos, no es una cantidad trivial de dinero: por ejemplo, alcanza más o menos para financiar un giro adicional a los beneficiarios de Colombia Mayor como los que se han venido realizando durante la pandemia.”
Y es por razones como esta que lanzamos #DeQuéDecretosMeHablasViejo.
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