El ahorro de toda una vida le ha servido a las AFP para invertir en proyectos que desangraron al país

(28/06/2021)

Parte del ahorro de los colombianos en el sistema privado de pensiones se ha invertido en las principales empresas de Colombia mediante la adquisición de bonos o acciones emitidas por estas compañías.

Cuestión Pública analizó 2.6 millones de transacciones financieras del portafolio de inversión de los fondos privados de pensiones entre 2005 y 2021. Encontramos dinero de los cotizantes a los fondos de pensiones en las obras que consiguió la brasileña Odebrecht mediante sobornos, en la concesionaria del puente fallido de Chirajara, en la saqueada Triple A de Barranquilla, en los “Bonos de Agua” que quebraron a varios municipios, en la ya liquidada petrolera Pacific Rubiales y en el banco del clan político-empresarial Char y ahora financiero, Serfinanza.

En estos proyectos y empresas invirtieron tu ahorro pensional los fondos privados de pensiones.

Conoce en detalle los casos de nueve proyectos o empresas en los que los fondos privados de pensiones invirtieron las pensiones de los colombianos. Haz clic en los nombres de cada una de ellas.

Es una empresa que en 2020 reportó 9.4 billones de pesos en patrimonio y utilidades por $1.7 

billones. Es el músculo financiero para proyectos de inversión en infraestructura, servicios financieros, agroindustria, hoteles, energía y gas del Grupo AVAL, matriz de los negocios del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y 200 del mundo, según la revista Forbes, que le calcula un capital de 11 mil millones de dólares. El 7.5% de los accionistas de Corficolombiana son los fondos de pensiones.

Corficolombiana constituyó una filial, Episol, que se asoció con el constructor brasileño Marcelo Odebrecht y sus empresas, a través de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. que obtuvo el contrato para la construcción de la Ruta del Sol II. Contrato obtenido en parte por el brasileño Marcelo Odebrecht mediante los sobornos de sus “operaciones estructuradas” por la que fue condenado en su país.

En diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso a Corficolombiana una multa de 55 mil millones de pesos y a Episol otra de 33 mil millones, por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato.

En la misma investigación, en 2018, la SIC formuló cargos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (hijo de Sarmiento Angulo) por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el comportamiento restrictivo de la libre competencia económica. La SIC archivó la investigación en favor de Sarmiento el 28 de diciembre de 2020.

Entre 2005 y 2021 todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) compraron y vendieron participaciones en las fiducias y negocios de Corficolombiana. Al 31 de diciembre de 2020, la inversión de las AFP en Corficolombiana sumaba 2.5 billones de pesos, de los cuales el 41% era de Porvenir S.A., la AFP del Grupo AVAL, matriz de Corficolombiana.

En diciembre de 2009, cuando fue adjudicada la construcción de la Ruta del Sol II, Porvenir S.A. tenía inversiones por $405 mil millones en Corficolombiana. En mayo de 2011, cuando empezó la construcción de la vía, la inversión de Porvenir S.A. en Corficolombiana era de $447 mil millones. En enero de 2017, año en que la Agencia Nacional de Infraestructura pidió declarar la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II, Porvenir tenía inversiones por $731 mil millones en productos de Corficolombiana.

El punto de quiebre del escándalo de Odebrecht fue a finales de 2018, cuando el 8 de noviembre murió el ‘controller’ Jorge Enrique Pizano, quien advirtió de los pagos irregulares en la Concesionaria Ruta del Sol II. También, cuando la SIC formuló cargos a los directivos de la mencionada concesionaria, incluidos los de Corficolombiana, el 13 de septiembre.

➤ Lee nuestra serie «Las mordiditas de Odebrecht» aquí

Sin embargo, las AFP no han dejado de invertir el ahorro de sus cotizantes en productos del portafolio de Corficolombiana.

Incluso el 31 de enero de 2021 se registró una cifra récord de casi 2.8 billones de pesos en inversión por parte de las AFP en productos de Corficolombiana. Ese mes, el exprocurador Fernando Carrillo, exempleado del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, en su último acto antes de dejar su cargo en la Procuraduría, absolvió a Alberto Mariño Samper, el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el caso de modificación al acta 50 de la Concesionaria Ruta del Sol II, que reveló Cuestión Pública y Univisión Investiga en 2019. Dicha acta permitió legalizar de manera posterior un contrato ficticio que sirvió para realizar pagos irregulares, al parecer sobornos, según la Fiscalía.

Mariño Samper fue gerente de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y a su vez representante de Episol (Corficolombiana-Grupo AVAL) en la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol II.

Cuestión Pública encontró que Porvenir S.A., del Grupo AVAL, tenía inversiones en Corficolombiana por $733 mil millones al 31 de mayo de 2015, cuando las inversiones de las AFP en empresas de los mismos grupos económicos estaban prohibidas por el decreto 2955 de 2010.

Parte de estas inversiones venían de la compra y posterior fusión que había hecho Porvenir S.A. con AFP Horizonte en 2013, que tenía participaciones en el Grupo AVAL en ese momento. Sin embargo, al ver el portafolio de inversiones de Porvenir S.A. a noviembre de 2013, un mes antes de que se hiciera efectiva la fusión con AFP Horizonte, encontramos que Porvenir S.A. ya tenía inversiones en Corficolombiana por $666 mil millones. En ese momento, las inversiones de AFP Horizonte en Corficolombiana era de 218 mil millones de pesos.

Fue una petrolera constituida en Canadá por ex directivos de la estatal venezolana PDVSA, luego de su toma por parte del gobierno de Hugo Chávez. En 2008 asumió la explotación del campo Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, que, con 300 mil barriles de petróleo diarios, llegó a constituirse en “uno de los motores de la locomotora minero-energética colombiana”.

La inversión de fondos de pensiones en la petrolera fue uno de los primeros debates públicos y congresionales sobre la falta de diligencia debida en la selección de las inversiones.

Desde 2012, el analista de mercados José Roberto Acosta y luego el senador Jorge Robledo expusieron que en Rubiales había cerca de mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones de Colombia.

Los fondos reconocieron tener inversiones en Pacific Rubiales y reclamaron el lugar que le correspondía a su aporte de capital social en la junta directiva de la empresa. Ante la negativa de Pacific Rubiales de incluirlos, las AFP retiraron los fondos antes de que el precio del petróleo evidenciara malos manejos gerenciales e irregularidades en contratación y la llevara al desplome del valor de sus acciones en 2016.

Para abril de 2013, fecha en la que ya se habían hecho públicas algunas irregularidades de Pacific Rubiales, la Red de Justicia Tributaria, con información reportada a la Superintendencia Financiera, calculó que los fondos privados de pensiones y cesantías sumaban en su conjunto el 14% de acciones de Pacific Rubiales.

Con corte al 28 de febrero de 2013, las inversiones de las AFP tenían un valor de $1.9 billones y cinco de ellas participaban en él: Skandia S.A., Protección S.A., Colfondos S.A., Porvenir S.A. y AFP Horizonte. En esa fecha Protección S.A. tenía el 39% del valor de las inversiones de las AFP en Pacific Rubiales, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

Cuestión Pública encontró que para el 28 de febrero de 2015, días antes de la audiencia pública en el Congreso sobre Campo Rubiales, todas las AFP habían retirado sus inversiones en Pacific Rubiales.

El “Carrusel de la Contratación” que los hermanos Miguel y Manuel y su primo Guido Nule crearon era un sistema de tráfico de influencias y pago de sobornos para obtener contratos públicos de infraestructura. En su mayor contrato, la construcción de la Autopista Bogotá-Girardot, requirieron financiación adicional. Luego de asociarse con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char (de quien se rumoreó que sería precandidato a las presidenciales de 2022), accedieron a fondos pensionales, de cuatro AFP.

En 2006, comenzando el negocio, la Dirección Nacional de Estupefacientes realizó un préstamo por más de $25.980 millones a la Concesión Autopista Bogotá-Girardot. Más allá de su origen, los fondos de la DNE, que provenían de dineros que las autoridades le habían incautado y extinguido a la mafia, eran dineros públicos, de manera que el Gobierno prestaba el dinero de la financiación para que los Nule pudieran contratar con el Estado, como lo denunció El Tiempo.

Los Nule pagaron sobornos para conseguir los contratos del carrusel de la contratación y fueron condenados a 19 años de prisión. En 2018, un Tribunal Arbitral ordenó a la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. el pago de cerca de 200 mil millones de pesos por perjuicios a la Nación, intereses de mora y desequilibrio económico.

Cuatro AFP invirtieron en la Concesión Autopista Bogotá-Girardot entre 2008 y 2015: Porvenir S.A., AFP Horizonte, Protección S.A. y, por último, ING Pensiones y Cesantías.

Al 31 de diciembre de 2012, mes en el que se declaró la nulidad del contrato de la Autopista Bogotá-Girardot, tras darse a conocer el escándalo de los sobornos del Grupo Nule, las AFP tuvieron participaciones por $48.288 millones en la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, de los cuales Protección S.A, del Grupo Empresarial Antioqueño, tenía el 68%, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

Esta autopista tardó 10 años en estar habilitada.

El 31 de enero de 2014, mes en que embargaron al Grupo Nule por el contrato de la Autopista Bogotá-Girardot, Porvenir S.A.(del Grupo AVAL) tuvo una inversión de $5,9 mil millones en la concesión.

El Fondo de Capital Privado Ruta del Sol es socio de Yuma Concesionaria, sociedad que desarrolla la Ruta del Sol tramo 3, concesión adjudicada mediante el contrato 007 de 2010. El Fondo de Capital Privado Ruta del Sol es administrado por la Alianza Fiduciaria S.A., controlada en un 50% por el Grupo DeLima.

Foto: Ruta del Sol 3. Ministerio de Transporte.

 

En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaría cargos a Roberto Prieto Uribe, el exgerente de campaña de Juan Manuel Santos e involucrado en el caso Odebrecht, por irregularidades en la adjudicación de una adición al contrato de Yuma Concesionaria.

Prieto fue condenado en 2019 por tráfico de influencias, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado, en relación con la suscripción y ejecución del contrato de la Ruta del Sol III y otros hechos. De acuerdo con la nueva imputación de la Fiscalía, Prieto habría influido en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por la adición al contrato de Yuma Concesionaria y por ello habría recibido $650 millones.

Con un 31% de la obra construida, en junio de 2017, el proyecto fue suspendido por incumplimientos del concesionario. Los contratistas de la concesionaria habían cesado sus labores por falta de pagos, que ascendían a los 200 mil millones de pesos. En febrero de 2020, el proyecto fue reactivado.

La administradora de fondos de pensión Protección S.A., del GEA, invirtió en el Fondo de Capital Privado Ruta del Sol entre 2010 y 2020, según la información entregada a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

El 30 de junio de 2017, mes en que la ANI ordenó iniciar el proceso de caducidad del contrato, Protección S.A. tenía invertidos $24.129 millones. Seis meses después, con corte al 31 de enero de 2018 (mes en el que la Fiscalía imputó cargos a Roberto Prieto), la participación de Protección S.A. valía $62 pesos y se registraban inversiones vencidas y no cobradas.

Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones de Protección S.A. en el Fondo de Capital Privado (FCP) Ruta del Sol valían $68.407.177. Sin embargo, a finales de febrero de 2021, las participaciones en el FCP Ruta del Sol, adquiridas por Protección S.A. entre 2011 y 2020, alcanzaron un valor máximo histórico de $73.774 millones.

Fue una de las principales comisionistas de bolsa en Colombia (llegó a manejar cerca de la tercera parte de las operaciones bursátiles del país) hasta 2012, cuando la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación, tras caer en quiebra por malas prácticas financieras. La firma comisionista protagonizó el mayor descalabro del mercado bursátil de este siglo en Colombia.

Entre las prácticas aludidas estuvo su participación en una compra masiva de acciones de la textilera Fabricato para venta y recompra en días posteriores (repos). La maniobra, entre 2011 y 2012, creó una valorización presuntamente artificial de la empresa en el mercado con el fin de lograr liquidez. Fabricato hacía parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y en 2009, cuando Interbolsa empezó a adquirir las acciones de Fabricato, el GEA todavía era accionista de esta última a través del Grupo Argos y de Suramericana. En ese momento, miembros del GEA se reunieron con los nuevos inversionistas de Interbolsa para pedir explicaciones sobre los movimientos de compra y venta de acciones, según relata Gloria Castaño en su libro Interbolsa. Al no ver aclaradas ciertas dudas, el conglomerado decidió salir de su participación y a diciembre de 2010 ya no eran accionistas.

Meses después, Protección S.A., del GEA, invirtió dinero de los fondos de pensiones en Fabricato, participaciones que al 31 de agosto de 2011 valían $548 millones de pesos, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

Al año siguiente, en 2012, tras un desplome en el precio de la acción de Fabricato, Interbolsa se tuvo que declarar ilíquida y posteriormente fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2013 y liquidada en abril de 2016. Las víctimas (492 personas) del hecho reclamaron $254 mil millones.

A parte de Protección S.A., con los ahorros pensionales de los cotizantes, otras tres AFP también realizaron inversiones en Interbolsa entre 2006 y 2013: Porvenir S.A., AFP Horizonte (en fondos de capital privado) e ING Pensiones y Cesantías.

Al 30 de junio de 2012, las inversiones de las AFP en productos de Interbolsa valían $397 mil millones, de los cuales ING Pensiones y Cesantías tenía el 55% y AFP Horizonte cerca del 45%, pero en fondos de capital privado.

ING Pensiones (fusionada en 2014 con Porvenir S.A.)
 era uno de los principales accionistas de Interbolsa, con un 7% de participación, en noviembre de 2012, de acuerdo con Caracol Radio con cifras del Grupo Interbolsa.

En octubre de 2013, la Contraloría General de la República estableció un detrimento patrimonial de $55 mil millones contra ING Pensiones y Cesantías por los recursos invertidos en Interbolsa, cuyo valor por acción fue de cero tras la liquidación de la empresa.

Es otra filial del Grupo AVAL, matriz de los negocios del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y 200 del mundo, según la revista Forbes, que le calcula un capital de 11 mil millones de dólares.

Desde 1994 y hasta 2019 construyó y operó la vía Bogotá – Villavicencio, incluido el puente de Chirajara, cuya construcción empezó en 2010 y colapsó en enero de 2018, matando al menos a diez obreros. La obra lleva 26 años en desarrollo y aún no finaliza. Coviandes sigue a cargo de la construcción del nuevo puente de Chirajara.

El siniestro, según el examen técnico arbitral de 2020, tuvo lugar por un error en el diseño y por deficiencias en la construcción.

Dos fondos de pensiones invirtieron los aportes pensionales en Coviandes entre el 2007 y el 2014: ING Pensiones y Cesantías y Protección S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

En septiembre del 2010 las inversiones de estos dos fondos pensiones en Coviandes alcanzaban los $18 mil millones de pesos en valor.

Desde julio de 2014 ninguna AFP tiene participaciones en Coviandes.

Es una empresa creada en marzo de 2008 por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al dejar su primer gabinete, con quien fuera su director de Regulación Financiera, Andrés Flórez, con la intención de asesorar la financiación de obras de acueducto para los municipios pignorando sus regalías futuras, conocidos como Bonos de Agua.

Carrasquilla promovió el negocio privado después de haber sido ministro de Hacienda, en 2007, según los detalles que reveló una columna de Daniel Coronell.

Los municipios asesorados por Konfigura pagaron tasas de interés por encima de los precios del mercado, comprometieron vigencias futuras y pusieron en riesgo miles de millones de los presupuestos de saneamiento.

Tras el fin de los bonos de agua, que endeudó a 117 municipios por $441 mil millones, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) tuvo que entrar a rescatar de las deudas adquiridas a muchos de los municipios, según los detalles del negocio revelado por el senador Jorge Enrique Robledo, en debate de control político en septiembre de 2018.

Konfigura Capital, siendo representada por Carrasquilla, también suscribió contratos en 2009 con Odebrecht e Invías, como reveló Cuestión Pública en 2018.

Uno de los contratos tuvo por objeto la entrega formal de un borrador del Conpes Ferrocarril del Carare a Invías. El proceso llamó la atención de la revisora fiscal PricewaterhouseCoopers, en especial porque la firma brasilera no entregó información sobre el proceso contractual a la auditoría.

Cuatro fondos de pensiones (AFP Horizonte, Colfondos S.A., Porvenir S.A. y Protección S.A.) realizaron movimientos bursátiles en Konfigura Capital con los ahorros de sus cotizantes, entre 2010 y 2014, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

Al 28 de febrero de 2014, mes en el que Findeter entró a rescatar a los municipios endeudados con los bonos de agua, las inversiones de tres de esas AFP en Konfigura Capital sumaban $6.747 millones, de los cuales Porvenir S.A.(del Grupo AVAL) tenía invertido el 73% del total, es decir $4.911 millones.

Es la empresa de servicios públicos que gestiona el acueducto de Barranquilla desde 1992. A la fecha opera en otros 14 municipios del departamento del Atlántico. En 2018 las acciones de Inassa en la empresa fueron embargadas por la Fiscalía y pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales con motivo del desangre de capital por cuenta de un “contrato ficticio” de asesoría con su mayor accionista, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa, filial de la empresa Canal Isabel II de Madrid, España, según documentó la Fiscalía General de la Nación en 2018, en el anuncio de la imputación a los directivos.

El presidente de Inassa y también expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, está siendo procesado en España, con otros 22 políticos y empresarios del Partido Popular de ese país, por una presunta red de corrupción establecida por Inassa para tomar control de empresas de servicios públicos en América Latina.

El proceso judicial es conocido en ese país como el Caso Lezo, en honor al almirante español Blas de Lezo, quien defendió la propiedad real de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741. El caso se inició con la publicación de un video de espionaje en el que se ve a Ignacio González en Cartagena, en 2008, con una bolsa que contenía un presunto soborno, de acuerdo con El Confidencial de España. En su viaje a Colombia, González presuntamente también visitó el Palacio de Nariño y se reunió con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal Isabel II y quien acompañó a González a Colombia, informó Connectas. El medio también señala que Alejandro Char negó haberse reunido con ellos.

Entre 2006 y 2013 cinco AFP realizaron movimientos bursátiles en la Triple A con los ahorros pensionales de sus cotizantes: AFP Horizonte, Colfondos S.A., ING Pensiones y Cesantías, Porvenir S.A. y Protección S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación la apropiación de dineros por $27 mil millones de la Triple A se llevó a cabo entre 2012 y 2015 por parte de la firma Inassa SA y Recaudos y Tributos SA.

Al 30 de abril de 2013, las AFP tenían participaciones en la Triple A por $2.414 millones, de los cuales el 59% fueron inversiones realizadas por Protección S.A., del GEA.

Es un establecimiento de crédito propiedad de una de las familias más poderosas del norte del país por sus negocios, su influencia política y por ser dueños del equipo de fútbol Junior F.C.

El patriarca de esta familia es Fuad Char, excongresista y padre de Alejandro Char, varias veces alcalde de Barranquilla, y de Arturo Char, presidente del Senado.

El banco, inicialmente llamado Compañía de Servicios Financieros de Santander S.A, fue comprado por los Char al Grupo Santodomingo. Los Char están en el top 10 de empresarios y familias con más patrimonio en el país según Forbes.

Serfinanza hace parte del grupo empresarial Olímpica, cuya matriz es Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., que controla el 84.6% de las acciones de Serfinanza y cuyos activos totales en 2020 ascendieron a $6,7 billones. De acuerdo con el balance financiero de Serfinanza de 2019, esta maneja más de 775 mil tarjetas de crédito Olímpica.

En 2015, siendo senador, Arturo Char fue ponente y votó el proyecto de ley del Plan de Desarrollo, que una vez aprobado, le dio acceso y consulta de los datos biométricos de todos los colombianos/nas al Banco Serfinanza (entonces Servicios Financieros – Serfinansa Compañía de Financiamiento). Al momento de la votación, el senador no hizo pública su relación con el banco, como lo dio a conocer Cuestión Pública en 2020.

El Banco Serfinanza también financió por lo menos las campañas políticas de tres senadores de la República electos en 2018 (Luis Eduardo Díaz Granados, Laureano Acuña y Andrés García Zuccardi) como lo reveló Cuestión Pública y ha tenido negocios inmobiliarios con otro senador (Juan Samy Merheg). Los legisladores eligieron a Arturo Char presidente del Senado en 2020.

Los fondos privados de pensiones empezaron a invertir en las empresas del grupo Char desde el 2006, mediante bonos de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia. Y lo hicieron hasta mediados de 2012 cuando entra en el panorama de inversiones el banco del clan político-empresarial Char, Serfinanza (2013).

Cuatro fondos de pensiones invirtieron en acciones de Serfinanza entre 2013 y 2021: Colfondos S.A., Protección S.A., Skandia S.A. y Porvenir S.A. Un mes después de las elecciones a Congreso en las que Arturo Char renovó su curul en el Senado, el valor de las participaciones en Serfinanza de los fondos privados de pensiones se duplicó y pasó de $37.5 millones en marzo 2018 a $77 millones en abril 2018.

Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones de las últimas tres AFP en Serfinanza sumaban $88.715 millones, de los cuales el 45% fueron de Protección S.A. y el 37% de Skandia.

Lee nuestra investigación ‘Sabemos lo que hiciste con nuestro ahorro pensional. El pecado original de las AFP’

La manzana prohibida: las autoinversiones

A finales de 2020, los bancos del Grupo AVAL (Bogotá, Occidente, AV Villas y Popular) y del GEA (Bancolombia) alcanzaron $13.7 billones en inversión de las AFP. Si a eso le sumamos las inversiones en las demás empresas de cada conglomerado, $23 billones de los ahorros de los colombianos estaban invertidos en el portafolio de empresas del GEA y $6 billones en las empresas que pertenecen al Grupo AVAL.

Recorre la línea de tiempo de los decretos y decisiones que desregularizaron la prohibición a que conglomerados económicos, dueños de las AFP (Grupo AVAL y GEA), puedan invertir los ahorros de sus afiliados en empresas de su propio grupo económico.

  • EL PECADO ORIGINAL
  • DE LAS AFP

¿Sabes a quiénes has financiado por años con tu fondo de pensiones?

Cuestión Pública obtuvo los datos de 2.651.561 transacciones financieras de las AFP realizadas entre 2005 y 2021 en la Bolsa de Valores de Colombia a través de derechos de petición y un recurso de insistencia a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Creamos una herramienta ciudadana para que 17.266.418 colombianos puedan conocer cómo se administra el dinero que les han descontado de sus pagos laborales y examinar los datos de 15 años de portafolio de inversión de los fondos privados de pensiones.

Averigua a quiénes has financiado con tu ahorro pensional en nuestra aplicación.

Compara la inversión de los fondos privados de pensiones de seis países latinoamericanos

¿Qué empresas y gobiernos se han beneficiado de tu fondo de jubilación?

Cerca de 300 mil millones de dólares es lo que acumularon los trabajadores de Colombia, Chile, Perú, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana hasta antes de la pandemia. Aquí podrás conocer a qué entidades y empresas financiaste a lo largo del periodo 2010-2019.

A pesar de insistir por transparencia, los reguladores de pensiones de México y Uruguay no estuvieron dispuestos a informar dónde ha sido invertido el dinero de los trabajadores, por considerarlo información confidencial. La entidad competente en Panamá tampoco brindó la data solicitada.

BonusTrack: La AFP Habitat, de Chile, compró la participación que Scotiabank y Mercantil Colpatria tenían en Colfondos en 2019, convirtiéndose así en su nueva propietaria. AFP Habitat era accionista de La Polar, una multitienda chilena que en 2011 protagonizó un desplome de sus acciones que, como consecuencia, hundió los ahorros de los fondos de los futuros pensionados.

Con el apoyo de:

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad.

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