Foto por: Edward Goyeneche
El detonante de los ‘Falsos positivos’, un eufemismo que logra encapsular lo sucedido, fue la directiva ministerial 029 del minDefensa, del 17 de noviembre de 2005 . Bajo esa circular “secreta”, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe otorgó recompensas de dinero por “la muerte o captura” de cabecillas de miembros de guerrillas y terroristas, lo que exacerbó las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares. No se sabe cuántas víctimas hay. Se presume que son muchas más de 3.700 ciudadanos, los que fueron asesinados y presentados como guerrilleros en combate con el propósito de cobrar las platas de las recompensas sumarlo a las cifras de “positivos” dados de baja. Entre esos, Fair Leonardo Porras, el hijo y de Luz Marina. En el reportaje Crímenes Abyectos está narrada, no solo la historia de ellos, está reconstruida la estrategia que urdieron los militares para asesinar jóvenes; incluyó la creación de una empresa criminal. El de Fair Leonardo es un caso reseñado por los jueces de Tribunal como un crimen de lesa humanidad.
La jueza que llevó el caso en primera instancia nos atendió en su momento y le preguntamos: “¿Qué le queda por aprender al Ejército?”. Ella respondió sin titubear: ellos deben tener el compromiso con Colombia, no solamente con la institución. La institución hace parte de todo un andamiaje y ellos tienen una función constitucional que tiene que estar por encima de sus propios intereses”. Pasen y lean:
Crímenes Abyectos
Sentado en una silla, frente al computador, estaba el teniente militar que pronunció la frase. Recibía el informe de un ‘falso positivo’.
–Eso sí pasó, doctora.
Le dijo el teniente a la abogada Ana González, quien para ese entonces era contratista del Ejército.
– ¿Qué cosa?
–Los ‘falsos positivos’. El problema fue cuando empezaron a matar a los ‘bobos del pueblo’. Ahí sí le dolió a la gente.
Era diciembre de 2014. Olía a café y a comida rápida en una oficina provisional del ministerio de Defensa, diagonal al Palacio de Justicia y a una cuadra de la alcaldía de Bogotá. El tercer piso de un edificio alto, esquinero, de la carrera 8 con calle 12.
El coronel Raúl Parra, a cargo de lo que para ese momento se llamó Dirección de Asuntos del Contencioso Administrativo del Ejército, DIACA, le solicitó días atrás a ese teniente recibir el balance y las respuestas de todos los procesos jurídicos en curso.
Tanto en las tupidas callejuelas del centro, como en el tercer piso de ese edificio la algarabía alcanzaba su grado de ebullición por el alboroto que provocaba la entrega de los informes jurídicos que había solicitado el coronel Parra. Las abogadas, unas ocho, iban de un lado para otro con documentos. Hablaban en voz alta de los casos. Sobre los puestos de trabajo reposaban carpetas blancas marcadas con los nombres de los demandantes.
Seis años atrás se habían destapado los ‘falsos positivos’ de Soacha. Se trató de la desaparición y ejecución de 19 muchachos por parte de miembros del Ejército Nacional, que fueron presentados como jefes de bandas criminales y guerrilleros. Con el tiempo se supo que los militares lo hicieron a cambio de permisos, primas y ascensos.
Cuando ese teniente, militar, funcionario público, abogado, mencionó a los ‘bobos’ del pueblo, se refería peyorativamente a jóvenes seleccionados por los militares, justamente por su condición de discapacidad.
Un patrón discriminatorio denunciado por organizaciones como la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD y el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Situación conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
De los 3.700 ‘falsos positivos’ en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha solo hay 10 víctimas identificadas con alguna discapacidad. Una vez la doctora González escuchó la frase detuvo la rendición del informe en aquella oficina improvisada del centro. La algarabía seguía. Pero ella sintió, de un momento a otro, un silencio ensordecedor.
Ana González recuerda la escena desde su casa. Es agosto de 2017.
–¿Al Ejército le hace falta pedirle perdón a la sociedad colombiana? La pregunta queda en el aire.
*Algunos nombres fueron cambiados por seguridad de las fuentes.
Esa propiedad es el consultorio en el que atendía Hernando Padauí Meola, su padre y médico cirujano; que en la actualidad tiene tres pisos: en el primero funcionan dos locales comerciales y en los otros dos hay apartamentos
Nacer y morir varias veces en la misma vida
Si se parte del norte camino al sur, Bogotá es una ciudad odiosamente desigual. A la mitad del recorrido los grafitis dejan de hablar para gritar una sinfonía in crescendo, cuyo fin son los decibeles de un heavy metal apasionado. Son signos de la selva de cemento. Parecen decir: “no nos fuimos aunque nos mandaran(s) al sur”.
San Mateo, la última estación de TransMilenio, aparece después de 15 kilómetros de recorrido. La capital se ha terminado y empieza un municipio reverberante.
Soacha es una ciudad del extrarradio de Bogotá. Tiene 700 mil habitantes, pero son cálculos no oficiales de la actual administración. La proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sostiene que hay 527.644 personas viviendo en la cabecera.
Sea como fuere, la superpoblación es un coctel social de pobreza, desplazados, desmovilizados del paramilitarismo y transeúntes del conflicto. La tensión es latente. En parte alimentada por el estigma y la crónica roja. En parte por el paisaje atiborrado de ladrillo y las calles a medio hacer.
El cielo es una capota de nubes grises. Luz Marina Bernal, la madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años asesinado a comienzos de 2008 por miembros del Ejército, continúa viviendo en el mismo lugar.
Tiene 57 años, los ojos claros, el cabello rizado, largo hasta la cintura. Nació en Turmequé, Boyacá. Se casó en 1980 con Carlos Faustino Porras, un conductor de tracto mula. Seis años después se trasladaron a Bogotá. En 1987 toda la familia se radicó en Soacha, en un segundo piso con un gran ventanal.
Para ese momento tenía dos hijos: John Smith y Fair Leonardo. Después nacerían dos mujeres.
Al subir las escaleras del segundo piso donde vive la familia Porras Bernal se abre una sala. Una foto de Fair Leonardo vestido de traje eclipsa la llegada del visitante. Está colgada cerca de una biblioteca. La mirada y la postura es impávida: los mismos ojos azules de su abuelo materno, las facciones finas y los cachetes chapeados.
Sobre una pared exterior de la cocina hay otra foto. En ella está Luz Marina, de 21 años, con su esposo Carlos Faustino Porras Robayo. La pareja hace un brindis matrimonial. Ella tiene las uñas pintadas de rojo, el cabello recogido en una trenza. Él tiene un saco color crema y una camisa blanca. Ella no tiene puesto un vestido de novia. Luz Marina no lo mira, igual sonríe.
En la sala de la casa, ella se sienta en una de las poltronas dispuesta a contar la historia de su hijo.
Cuando habla suele mirar la foto de su hijo. Fair Leonardo nació el 22 de diciembre de 1981, apenas 11 meses después de su hermano John Smith. Desde muy pequeño se acostumbró a ser el ayudante de los vecinos barrio, sobre todo en construcción. Su mamá quiso mantenerlo escolarizado, pero no hubo manera.
–Empecé a notar la dificultad que él tenía desde los 3 años que lo matriculé en el colegio. Compramos la cartilla Nacho Lee para Leonardo y para John Smith, pero él solamente aprendió a hacer una rayita durante un año. Cuando estaba en casa le encantaba sacar su colección de 500 muñequitos, de esos que venían en los paquetes de Yupi. Cuando se cansaba de jugar con ellos sacaba la de canicas.
Cae la tarde. Un sonido de bocina de camión inunda el barrio y la casa de Luz Marina. Afuera hay una procesión de buses y carros con imágenes de la virgen del Carmen.
–Doña Luz Marina, ¿usted ha podido identificar cuál es el dolor persistente en todo este proceso, aparte del asesinato de su hijo?
–Lo que más me duele es que las personas que asesinaron a mi hijo sabían que era especial… Su inocencia… Cuando esas personas del Ejército preguntaron por “la mercancía”, porque él era una mercancía para ellos, dijeron: “¿y la mercancía, dónde está?”. El otro militar contestó: “¡ah, el bobito!, el bobito lo tenemos aquí”.
Se agarra las manos como si estuviera rezando y mira hacia la pared donde está la foto de Fair Leonardo. Su voz se quiebra.
–El otro dolor es la sevicia con que lo mataron, ¡hubo una sevicia tan grande!, si ellos sabían que él era un bobito, como le decían, por qué 13 impactos de bala, ¿qué le estaban cobrando a él? Cuando me tocó atestiguar en el juicio, el abogado de uno de los militares, dijo: “¿y si sabía que su hijo era de educación especial, por qué no lo mantenía al pie suyo?”. ¡Porque yo era una madre que respetaba las decisiones de mi hijo, no me avergonzaba de él! Yo era la mujer más feliz cuando me preguntaban: “¿está el ‘gringo’?, es que él nos va a ayudar a recoger unos escombros”. ¿Por qué yo tenía que meter a mi hijo en una pieza?
Acaba de llegar el marido de Luz Marina. Se saludan. La situación es extraña porque ya no viven en la misma casa. Es una separación reciente, casi producto de todo lo que han tenido que vivir tras el asesinato del hijo. Luz Marina había comentado que al ser don Carlos Faustino conductor de tractomula solo se veían una vez al mes o cada tres meses. Por eso casi nunca está presente en el relato de los sucesos que ella narra para este trabajo. Los hermanos también sostienen que él es muy lejano en sus vidas.
Tras el saludo, ella continúa:
–Y un tercer dolor es la mentira. ¿Cómo un fiscal se pudo reír en el momento cuando llegué a Ocaña?… “¡Ah!, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista?”, me dijo como en burla. Cuando le qué expliqué la situación de Fair Leonardo se escudó diciendo que era la versión oficial del Ejército.
– ¿Se reprocha algo, doña Luz Marina?
–La ignorancia. Vivía en mi burbuja, porque creía que mi mundo era tener un esposo, 4 hijos y una nieta. Cuando me reventaron la burbuja fue como si me hubieran dejado muerta en vida y tuve que buscar la manera de sobrevivir en ese mundo desconocido al que me metieron sin pedir ser víctima y mucho menos elegir mi victimario.
El lunes festivo 7 de enero de 2008 Luz Marina vio por última vez a su hijo Fair Leonardo. Vestía camisa y pantalón color caqui. Ese día no jugó con sus carritos ni con sus canicas. Permaneció en casa con toda la familia. Desayunó en su cuarto. Organizó sus colecciones de juguetes. Miró la biblia y se acostó con el tío Luis, un ratón de peluche.
Al día siguiente, 8 de enero, desapareció. A partir de ese momento, todos los lunes, durante siete meses, Luz Marina revisó en los álbumes de Medicina Legal donde aparecen los NN. Nada. Buscó en el sistema penitenciario. Nada. Intentó poner las denuncias por desaparición, pero ninguna entidad las recibió. Avisó a los medios de comunicación, RCN y Caracol. Nada. Preguntó en las calles y carreras del centro. Nada. Durante siete meses, nadie dio razón de Fair Leonardo.
El 16 de septiembre de 2008 a las 10:00 a.m. la llamaron de Medicina legal para que fuera a reconocer a su hijo. Luz Marina de inmediato pensó: “se acabó la búsqueda, Fair Leonardo está muerto”.
El desmadre del Ejército
Hasta ahora son 10. Es el número de víctimas identificadas con alguna discapacidad, que fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército, de acuerdo con un ‘informe sombra’ de la Coalición, CDPD. Se le denomina ‘sombra’ por ser un informe alterno al que presentó el gobierno y porque es construido por la sociedad civil.
En 2016, el informe puso en conocimiento los casos ante ONU, en la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. De las 79 observaciones finales, la número 24 hace referencia al número de víctimas identificadas: “Preocupan al Comité informaciones que indican que personas con discapacidad fueron ejecutados extrajudicialmente y posteriormente reportados falsamente como “guerrilleros” en diez casos de víctimas de falsos positivos”.
Los 10 murieron entre marzo de 1997 y abril de 2010 a manos de miembros del Ejército.
La organización Human Rights Watch, HRW, realizó un documento en 2015 de los ‘falsos positivos’. En síntesis cuenta que la Fiscalía investiga 3.700 casos ocurridos entre 2002 y 2008. Entre esos, hay involucrados: 800 miembros de rango inferior del Ejército, 180 batallones, 41 brigadas, 7 divisiones del Ejército y 16 generales.
A los 10 podrían sumarse nuevos casos y llegar a ser cientos. Nayibe Sánchez, Coordinadora del Enfoque Diferencial de Discapacidad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), explica la necesidad de un sistema de información que permita llegar a más casos.
–Si pudiéramos, a través del sistema de información de la Fiscalía, cruzar los ítems de búsqueda: ‘desaparición forzada’, ‘ejecución extrajudicial’ con ‘condición de discapacidad’, seguro aparecerían muchos más casos. Pero, por otra parte, también hay que tener en cuenta el alto subregistro, porque hay todo tipo de ideas que hacen que las personas tengan temor o incluso vergüenza de decir que se trataba de una persona con discapacidad. Sánchez reflexiona sobre el presunto patrón de falsos positivos en condición de discapacidad.
–Los ‘falsos positivos’ es el resultado de la ideas negativas y estigmatizantes que tienen los colombianos asociadas a la discapacidad.
Dicho en otras palabras, los ‘falsos positivos’ revelaron el perverso imaginario de la sociedad colombiana frente a la discapacidad y las enfermedades mentales.
De acuerdo con las características de las víctimas reconstruidas por los fiscales durante el juicio en contra de los asesinos de Fair Leonardo Porras Bernal, los jóvenes seleccionados debían tener poca escolaridad, poca representatividad en la sociedad, provenir de familias humildes sin recursos suficientes para buscarlos y su arraigo debía estar alejado del lugar donde eran ultimados.
“Las víctimas debían ser hombres. No niños, no mujeres, no ancianos”, dijo Alexander Carretero, uno de los reclutadores al referirse en el juicio a las exigencias específicas que le hacían miembros de la Brigada 15 del Batallón Santander, en Ocaña.
Y una más: “Búsqueme en Soacha unos tres indigentes”, le dijo el Sargento Sandro Pérez, del Batallón GR. Santander a Pedro Gámez, otro de los reclutadores de los jóvenes de Soacha.
Michael Evans, director de The Colombia Documentation Project, de la National Security Archive, investigó el tema. “El registro más antiguo sobre este fenómeno aparece en la colección de los Archives en 1990. En un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara. «Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctima». En el documento se refiere a un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían [dado de baja] a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año”, escribió Evans en sus investigaciones.
En un intercambio de correos para este trabajo periodístico, Evans comenta: “Me pregunto si estaría interesada en documentos sobre el tema más general de los llamados asesinatos ‘limpieza social’ (…)”.
Evans cruzó el patrón con otro fenómeno, la ‘limpieza social’.
En 2015, el investigador Carlos Mario Perea Restrepo, en su libro Limpieza social, una violencia mal nombrada, desarrollado con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri), definió el tema: “Grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. […] Es una “limpieza” —dicen quienes perpetran esos crímenes—, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular… Esa identidad —dicen de nuevo los perpetradores— condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar.”
El sargento Carlos Eduardo Mora, de 33 años, quien perteneció al grupo de inteligencia de la Brigada 15 del Batallón GR. Santander, en Ocaña, descubrió la situación.
Para este trabajo periodístico Mora acepta conversar vía Skype sobre el tema:
–Como me la pasaba vestido de civil con una maletica universitaria me enteré que allá en el Batallón todos estaban comprados. No sabía hasta qué grado, pero todos tenían negocios con los paramilitares y con la guerrilla. Así fue como me di cuenta de los ‘falsos positivos’. Para inicios de 2007 se desató todo, porque en el Batallón se descararon.
Mora hizo la carrera de suboficial del Ejército en la Escuela de Caballería en Bogotá. De ahí, en 2006, pasó a formar parte de la Central de Inteligencia de Ocaña, Cioca.
Ese fue el inicio de un periplo de denuncias que casi le cuestan la vida al sargento. Tras destapar los ‘falsos positivos’, Mora fue ascendido a sargento y trasladado en 2017 por el Ejército colombiano a Estados Unidos. Durante la conversación se le pregunta a Mora si el patrón de los militares obedece a un tema de ‘limpieza social’.
–En todo lado la gente dice: “mate a ese ‘man’ porque estaba robando o porque estaba fumando marihuana en el parque”. ¡La gente lo aclama! Y después dicen qué desgraciados, que miserables por matarlos, pero más del 50% de la gente piensa que los que son considerados ‘escoria’ deberían matarlos sin enjuiciarlos y la gente lo pide más cuando son barrios donde hay mucha peligrosidad. Entonces, los militares pensaban que estaban haciendo un servicio social.
Para que este fenómeno, que ya ocurría, se disparara en el Ejército de manera desbocada se necesitó de un incentivo. “Motivos abyectos o fútiles”, dijeron los fiscales en su teoría del caso durante el juicio que hizo justicia a la vida de Fair Leonardo Porras.
“te aseguro que mi papá, jamás, en sus 84 años, habló ni con el señor alcalde de Magangué [Alfonso López, hijo de la gata] ni con la señora [la Gata], ni con ningún miembro de su familia”
La directiva de la muerte
Para principios del 2000, Colombia era un país sumido en el conflicto armado con el paramilitarismo y las guerrillas, especialmente con las FARC y el ELN.
Si se hace el ejercicio de mirar el pasado desde el presente, cuesta trabajo pensar en todo lo que soportó la sociedad colombiana. De acuerdo con los datos recopilados por el Centro de Memoria, CNMH, entre 1958 y 2012 murieron bajo ese contexto de conflicto armado 218,094 personas. De esas, 27,023 fueron víctimas del secuestro y 1,566 de atentados terroristas. El conflicto dejó como saldo: 1,982 masacres, que dejaron 11,751 víctimas. Otras 25,007 fueron víctimas de desaparición forzada.
Aunque esas cifras aun no eran las del principio de milenio, las estadísticas sí alcanzaban sus puntos máximos. Acabar o no el conflicto fue la medida electoral de los aspirantes a presidente para el 2002. Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en ese año, bajo el lema “Mano fuerte, corazón grande” y en su primer gobierno buscó estrategias para mostrar resultados ‘positivos’, bajo la idea acabar con la guerrilla a través del Ejército.
Una de esas estrategias quedó consignada en la directiva ministerial 029, del 17 de noviembre de 2005, revelada por el periodista Félix de Bedout, en La W Radio, a finales de 2008. En los encabezados de página rezaba la palabra: SECRETO. Firmada por Camilo Ospina, un fugaz ministro de Defensa.
La ministerial incluyó una escalonada lista de tarifas de recompensas para los militares. El último ítem pagaba hasta $3.815.000 por la muerte o captura de “cabecillas, miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas, hostigamientos, asalto a poblaciones, ataques e instalaciones militares”. Después se vino a saber que ese ítem, en especial, exacerbó las ejecuciones extrajudiciales.
Como requisito debía existir una orden de combate o captura en flagrancia. Pero, en últimas, una constancia de la realización de la operación y de los resultados obtenidos también servía, según consta en el documento.
Si bien Ospina firmó e implementó la ministerial sin reparo alguno, las prácticas de las recompensas de la ministerial aumentaron en el periodo en que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, desde 2006 hasta 2009. La gran paradoja es que Santos logró posteriormente ser el Presidente del país, el ejecutor de los diálogos de paz con las FARC y Premio Nobel de la Paz.
Tres años después de la puesta en marcha de la directiva ministerial, la sede de Medicina Legal en Ocaña, Norte de Santander, reportó un problema sanitario. “Los cuerpos se descomponían en la misma sede de la entidad por la cantidad de presuntas bajas en combate”, dijo en entrevista Gloria Silva, apoderada de víctimas en el caso de Fair Leonardo Porras.
La directiva ministerial fue una especie de caldo de cultivo que alimentó hechos de violencia como el de Fair Leonardo y el asesinato de miles de inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado. La situación avanzó de manera silenciosa hasta que a finales de 2008 estalló el escándalo con la desaparición de 19 jóvenes de Soacha.
El 7 de octubre de ese mismo año, el entonces presidente Uribe dijo en alocución y en horario prime de la televisión colombiana: “Los muchachos de Soacha no se fueron precisamente a coger café, lo hicieron con propósitos delincuenciales”.
En Soacha, Luz Marina Bernal, la mamá de Fair Leonardo Porras, fue testigo de esas palabras frente al televisor. Se paró indignada y sentenció: “te voy a demostrar que ese discapacitado no fue un delincuente” y tras pronunciar la frase sintió que el miedo que la tuvo paralizada, la abandonaba para siempre. Por esa frase las madres de Soacha, incluida Luz Marina, denunciaron a Uribe.
Fue por esos días que, el entonces cabo Carlos Eduardo Mora, denunció con gran eco la situación al interior de la entidad. No acababa el 2008 cuando el presidente Uribe no tuvo otro remedio que, tras las denuncias, anunciar la destitución de 27 militares y el retiro del General Mario Montoya, al mando del Ejército desde 2006.
“No fue por dinero”, asegura el hoy sargento Mora. “A los coroneles les convenía presentar bajas en combates para lograr el ascenso a generales”, dice.
Una década después y por orden judicial, el ex presidente Álvaro Uribe rectificó la famosa frase, a través de un comunicado: “Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no [se] refieren a ellas, les pido perdón. En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión”.
Casi 10 años después, Luz Marina logró su propósito frente al televisor.
“te aseguro que mi papá, jamás, en sus 84 años, habló ni con el señor alcalde de Magangué [Alfonso López, hijo de la gata] ni con la señora [la Gata], ni con ningún miembro de su familia”
Tres momentos antes de morir
Tras la llamada de Medicina Legal, Luz Marina fue a reconocerlo. Pero la familia de Fair Leonardo necesitó ir al día siguiente hasta el lugar para constatar que lo habían encontrado muerto. En la camioneta rumbo a la entidad iban: el padre Carlos Faustino, una de las hermanas Dolly Caterine, el hermano mayor John Smith y Luz Marina. Al llegar al sitio, John Smith presintió la soledad.
–Yo andaba con mi hermano para arriba y para abajo, como trabajaba conduciendo un bus, él siempre me acompañaba. Íbamos a los partidos de fútbol, a hacer compras y desde muy chiquitos fuimos muy unidos. Él era mi sombra.
Ya en la oficina, les advirtieron que las fotos eran fuertes, que si alguno no estaba preparado, mejor se saliera. Todos permanecieron fuertes hasta el momento cuando aparecieron las imágenes en el computador. Se veía a Fair Leonardo tirado en un terreno cultivado, con los ojos abiertos, la mirada perdida y en su cuerpo la mezcla fatal de metal y sangre. El rostro quedó desfigurado por uno de los impactos de bala.
La manera cómo había quedado hirió profundamente a John Smith. Supo, entonces, que su amigo de la infancia ya no estaría nunca más. Un gemido del padre irrumpió el silencio. Los hermanos nunca lo habían visto llorar. De eso se percató Dolly Caterine: “Él nunca llora y ese día la reacción fue llorar”.
John Smith sintió que la vida se había suspendido: “se me acabó el aire y quedé bloqueado… Pensé: ¿quién lo mató?, ¿cómo fue?, ¿qué sucedió?, ¿por qué él?”.
Dolly Caterine no pudo olvidar esas imágenes nunca más. Cuando piensa en su hermano siempre trae entre sus recuerdos la imagen de Fair asesinado: “Nosotros pensamos que mi mamá había visto otro cosa y le insistimos y fuimos todos y ahí nos dimos cuenta que sí era él”.
La única que no estuvo fue Liz Caroline, la hermana menor. “Yo no pude ir porque tenía que ir a trabajar. Pero estaba cuando llamaron a mi mamá de Medicina Legal para que fuera a ver las fotos y le dije: “vaya, pero yo sé que mi hermano no está muerto”. Ese día llegué como a las 8 de la noche a la casa y me acuerdo tanto que mi hermana abrió la puerta y me dijo: “Leonardo está muerto”, quedé shock, la verdad yo sentí que me iba a morir”, dijo mientras la voz se le quebraba en llanto.
En efecto, tras la llamada que recibió ese 16 de septiembre de 2008, Luz Marina fue la primera de la familia en ir hasta Medicina Legal. Y en el instante en que vio las fotografías de su hijo asesinado evocó, en cuestión de minutos, tres episodios de la vida de Fair Leonardo.
El primero. Cuando tenía 5 meses de embarazo, Luz Marina fue atropellada por una camioneta. Fue trasladada al hospital La Victoria. Allí un médico la examinó y dio por muerto al bebé. Todo se detuvo: la sensación del tiempo, la idea de ocupar un espacio, el corazón de Fair Leonardo.
Otra doctora entró después y la examinó. En ese momento logró sentir un movimiento. Luz Marina no sabe si fue la suavidad de la caricia, en todo caso, el bebé pareció estar vivo. Fair Leonardo nació contra de todo pronóstico un mes después, el 22 de diciembre de 1981, en Bogotá. Llegó de seis meses a este mundo sin romper la placenta. Fuera del vientre de la mamá, el médico tuvo que pincharla para sacarlo del saco. Luz Marina lloraba de emoción. El reloj marcaba las doce del día, en punto.
–Era tan hermoso, con esa carita de él tan perfecta. Cuando llegué a la casa al día siguiente llegó mi cuñado y me dijo: “¿muestre a ver qué le regalaron?”. Él lo miró y dijo: “¡es un puro gringo!”.
Ahí surgió el apodo de ‘gringo’. El segundo. A los tres meses le dio meningitis. Fair Leonardo pasó siete meses en la clínica San Rafael, en Bogotá. Permaneció conectado a cables y alimentación intravenosa.
Cumplidos los siete meses, Luz Marina lo desconectó y se lo llevó de la clínica. La situación fue azarosa. Era de noche, caía un aguacero torrencial. Envuelto en cobijas se llevó a Fair Leonardo y tomó un taxi. Primero, recogió a su otro hijo John Smith, quien estaba bajo los cuidados de una comadre. Luego, a su casa. Empacó ropa de clima caliente y las cosas del bebé. Sin pensarlo, salió rumbo al departamento del Meta, donde vivía uno de sus hermanos. Fueron a Villavicencio a una droguería cerca a la cárcel de hombres. Llegaron a las 8:00 a.m. y una fila de 300 personas los esperaba frente al consultorio de Ana Griselda Chávez, una parapsicóloga.
Ella priorizó al bebé y le pidió acostarlo en una camilla. “¿Usted está consciente que su hijo va a morir?”, le preguntó. Un “si” quejumbroso salió de los labios de la madre. Entonces, la parapsicóloga formuló unas inyecciones para el bebé, que debían ser conseguidas cuanto antes. El hermano de Luz Marina fue presuroso en busca de la fórmula médica. Una vez la obtuvo le entregó los medicamentos a la parapsicóloga. –Ella tenía un platoncito así como metálico y le prendió candela a la fórmula. Me dijo: “ayúdame a abrir estas inyecciones”. Después, como mi hijo no tenía carne, cogió su piel, lo inyectó en una pierna y me dijo: “salga”.
Después de treinta minutos, la parapsicóloga le dijo al oído: “su hijo tiene una misión muy grande en este mundo, pero no le puedo decir de qué se trata”. Luz Marina la abrazaba y lloraba. No cayó en cuenta del milagro. Frente a ella, el bebé lloraba. Vivo.
El tercero. Cuando trece impactos de bala acabaron con la vida de Fair Leonardo el 12 de enero de 2008. El episodio definitivo.
Ese día, 16 de septiembre de 2008, sentada en la oficina de Medicina Legal Luz Marina supo que lo habían asesinado cuatro días después de desaparecido.
Se preguntó tantas cosas: y si fue asesinado cuatro días después, ¿por qué hasta ahora me vengo a enterar?, ¿por qué después de ocho meses de estar buscando, Medicina Legal hasta ahora me muestra las fotos?, ¿quién lo mató?, ¿por qué?, ¿por qué tan lejos de casa?, ¿por qué mi hijo?
El plan macabro
He aquí las pruebas recopiladas por la Unidad de Derechos Humanos del ente investigador, presentadas como teoría del caso.
Todo comenzó en familia. En 2005, Alexander Carretero Díaz y su esposa Edith del Carmen Palomino Ballesteros se instalaron en el sector Soacha San Nicolás. Muy cerca de la casa de Fair Leonardo y de las de otros jóvenes engañados por esa red criminal, que a continuación se va a describir. Para empezar, crearon la tienda “Los costeños”. El lugar servía como punto de encuentro para atraer la “mercancía” solicitada en Ocaña, por miembros de la Brigada 15 del Batallón GR. Francisco de Paula Santander.
El soldado Dairo José Palomino, cuñado de Carretero, fue el enlace con el Batallón GR. Santander, en Ocaña. También, el soldado Medardo Ríos.
Dos años después del funcionamiento de la tienda, Carretero conoció a los hermanos Ender Obeso Ocampo, ‘Pique’, y Uriel Ballesteros, ‘Pocho’, ambos primos de su esposa. Pedro Gámez, otro reclutador, vivía a tres cuadras de la tienda.
Mientras, Fair Leonardo ayudaba de vez en cuando a Carretero a vender empanadas en el barrio y en la fábrica Alfagres, frente a la tienda.
Días antes al martes 8 de enero de 2008, una llamada del soldado Palomino pidiendo “mercancía” a ‘Pique’ inició la estrategia para desaparecer y matar a Fair Leonardo.
Cuando llegó el martes, Carretero llamó hacia el mediodía a la casa de ‘gringo’ para pedirle que lo ayudara a vender empanadas. La llamada la contestó el hermano, John Smith y lo comunicó con el reclutador. Era la carnada para que ‘gringo’ saliera de su casa hacia la tienda “Los costeños”. En efecto, ‘gringo’ fue al encuentro y desde entonces su familia no supo más de él.
En el relato de Carretero no sé sabe qué hizo con Fair Leonardo hasta el otro día. Lo cierto es que el 9 de enero, a las 10:15 p.m., Carretero y Fair Leonardo viajaron en un bus de la empresa Brasilia rumbo al departamento de Norte de Santander.
Llegaron a Aguas Claras, en Ocaña. Allá se encontraron con Pedro Gámez. Se hospedaron en las residencias “Santa Clara”. El jueves 10 de enero vieron televisión todo el día. Fair Leonardo permaneció toda esa tarde y la noche en un billar, propiedad del soldado Palomino. Hicieron lo mismo el 11 de enero. Aprovecharon también para comprarle ropa. Todos los gastos los pagó Carretero.
El viernes 11 de enero a las 7:30 p.m. una moto DT blanca, sin placas, otra azul y una camioneta Trooper vino tinto, placas BIA 306, con vidrios polarizados, esperaban a Pedro Gámez y a Uriel Ballesteros ‘Pocho’ fuera del hotel.
Le quitaron los documentos a ‘gringo’, también el celular.
Como no los tenía, lo apartaron. Lo llevaron hacia un cultivo de tomate. Carretero dio la vuelta y se fue. Entre las 2:00 a.m. y 2:30 a.m. sonaron trece disparos en la vereda El Tabaco. El cultivo quedó intacto. El espacio abierto. Vacío. Mudo.
Carretero condujo la moto blanca con Fair Leonardo de parrillero. Llegaron a la vereda el Tabaco del municipio de Ábrego, a 23 kilómetros de Ocaña. En un camión de la tropa del Ejército venían el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso y los soldados Carlos Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar. Los militares armaron un retén y detuvieron la moto sin placas: “¿Documentos?”.
En las fotos forenses, se observa a Fair Leonardo con una herida letal en la barbilla. Según dijo Roberto Bux, un perito internacional que analizó la trayectoria de la bala, estaba de rodillas y sus ojos miraban en dirección al asesino.
‘Operación Soberanía’, así titularon el falso combate. El informe de la misión de operaciones fue firmado por el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, comandante del pelotón búfalo 1, del plan Meteoro. “En el cumplimiento del dever”, escribió a mano Vargas Cortes, con error ortográfico y todo.
En el libro de programas del Batallón quedó registrado el combate el 12 de enero de 2008 a las 2:20 a.m. “Sostuvieron combates contra terroristas, bandas criminales al servicio del narcotráfico, los cuales se encontraban extorsionando, intimidando en el sector”.
Pasada la escena, los militares plantaron un arma 9 mm en la mano derecha de Fair Leonardo. Ni siquiera notaron la falta de destreza del lado derecho de su cuerpo.
Después de las 6:00 a.m. avisaron al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para hacer el levantamiento. En el acta de actuación del primer respondiente, la víctima fue sepultada como NN.
A las 7:00 a.m. el mayor Marco Wilson Quijano Mariño firmó la “Orden semanal No. 003 de la compañía motorizada de control vial No. 03, división II”, en la que felicitó a todos los soldados por los excelentes resultados de esa madrugada. Incluyó una perversa frase de saludo: “Quien no sirve para servir no sirve para vivir”.
Quijano Mariño tenía al mando la compañía de control vial Meteoro No. 3, a cargo de las unidades Búfalo 1, 2, 3. Unidades integrantes de la Segunda División del Ejército de Bucaramanga, bajo las órdenes del General José Joaquín Cortez Franco, destituido a finales de 2008 por estos hechos.
Pagaron la recompensa de la directiva ministerial. El 30 de enero de 2008, el soldado Dairo José Palomino giró desde Tibú hacia Ocaña $1’.070.000.
Quijano Mariño adquirió una casa en un lujoso condominio de Cúcuta, Norte de Santander, el 27 de agosto de ese mismo año.
5449860001135200880006
Es de día. Bogotá se levanta con 7º de temperatura. La oficina del Juzgado 44 Penal del Circuito está cerrada, como todas las del Bloque C y del piso tercero del Complejo Judicial Paloquemao. Diez minutos después aparece la jueza Sonia Castillo.
–Tuvimos una especie de suerte de que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera la voluntad política para que los jueces se quedarán solo resolviendo esos casos.
–¿A qué se refiere?
–Cuando hubo toda esa presión de organismos internacionales, el gobierno dijo “sí, hagan lo que sea que aquí les damos el presupuesto”. Hubo trabajo de la mano del Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia de la República.
La justicia marcó el proceso en contra de los militares responsables del asesinato de Fair Leonardo con el radicado 5449860001135200880006.
Es tan conocido el serial, que las personas que atienden en el archivo de los juzgados lo saben de memoria, porque en los últimos nueve dígitos “200880006” está el año y la marca del proceso. “Ese es el de los ‘falsos positivos’, dicen sin necesidad de chequear.
El Proceso marcado con el serial llegó al despacho de la Jueza Sonia Castillo en 2010, quien para ese momento fungía como Jueza Segunda Penal de Cundinamarca.
El juicio terminó en 2012. La sentencia fue apelada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un año después fue ratificada por ese Tribunal. En 2014, la sentencia quedó en firme en última instancia en la Corte Suprema de Justicia.
El mayor Marco Wilson Quijano Mariño fue condenado a 51 años de prisión. El teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 52 años. Los demás a 35 años de prisión. Todos fueron condenados por los delitos de desaparición forzosa, homicidio agravado, falsificación en documento público y concierto para delinquir. El Tribunal de Cundinamarca declaró el asesinato de Fair Leonardo como delito de Lesa Humanidad.
–¿Por qué doña Luz Marina Bernal, la madre de Fair Leonardo, dice que nunca va a saber toda la verdad?
–Es que la verdad nunca se va a llegar a saber, porque hay una verdad jurídica que surte sus trámites y por obvias razones tiene una estructura jurídica. Esa verdad que alguien quiere conocer digamos, de principio a fin, no se da. Además, entre más se demoren los procesos más lejos la verdad. Creo que en este caso se logró reconstruir bastante.
Gloria Silva, representante de las víctimas en el juicio, aporta otro detalle acerca de esa sed de verdad.
–Los militares rindieron declaración en la Justicia Penal Militar (JPM) y ahí contaron su versión de los hechos. Qué es lo que pasa, esas versiones no podían ser tenidas en cuenta en el juicio para ningún efecto, porque si bien eran válidas conforme a la ley que rige la JPM, no eran válidas para el sistema penal acusatorio, porque conforme a la disposición de la ley 906 guardaron silencio.
Gloria coincide con la Jueza Sonia Castillo: “La verdad es como un caucho, tiene un límite”.
En minutos, el despacho de la Jueza se vuelve una oficina transitada. La mañana se abre en Bogotá.
–Hubo una cosa muy sui generis, no sé si tú supiste y es que a los de menor rango no los dejaron aceptar cargos. Con estas pruebas, esas personas debieron haber aceptado para que la pena fuera más benigna.
La Jueza Castillo plantea un tema crucial.
La estrategia de la Fiscalía, de ‘hacer cantar a los militares de bajo rango’ para llegar a la cadena de mando y así llegar a la responsabilidad de los generales y coroneles, prendió las alarmas en el ministerio de Defensa. En respuesta, crearon Fondetec.
Un fondo del Ministerio de Defensa con recursos para la defensa técnica de los militares. En especial para los involucrados en los ‘falsos positivos’. En el Ministerio tuvieron la idea de proteger especialmente a los soldados rasos para evitar que se volvieran testigos de la Fiscalía. La jueza continúa la conversación, como si pensara en voz alta.
–Ahora los militares implicados se irán para la Justicia Especial para la Paz (JEP). La JEP es el nuevo mecanismo de justicia producto de los acuerdos de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Los militares implicados en ‘falsos positivos’ esperan la implementación para ingresar al nuevo sistema. En parte porque en la JEP no se juzgará la cadena de mando.
Queda una última instancia para las víctimas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un reporte de 29 altos oficiales, implicados en ejecuciones extrajudiciales. Si la justicia ordinaria o la JEP no juzgan los casos sí lo haría la Corte Penal Internacional.
Son las 9:00 a.m. El ruido del tráfico de la ciudad se cuela por el ventanal del despacho. El equipo de Sonia Castillo trabaja a full y ella, entre pregunta y pregunta, firma documentos.
–¿Qué le queda por aprender al Ejército?
–Ellos deben tener el compromiso con Colombia, no solamente con su institución. La institución hace parte de todo el andamiaje y ellos tienen una función constitucional que tiene que estar por encima de sus propios intereses.
Coraje
En otro lugar, en otro momento, al sur, en la casa de los Porras Bernal el tiempo al fin dejó de estar suspendido. Se nota en los títulos de los libros de la biblioteca que la búsqueda ya pasó. Así como la incertidumbre de saber si Fair Leonardo aguantó hambre o frío. Ahora la casa y sus libros hablan de derechos humanos, de justicia, de mujeres líderes. Se nota que una nueva vida inició para todos, porque sobre la mesa comedor están los atuendos de las obras de teatro en las que Luz Marina hace catarsis. En su presente hay viajes a Europa y Estados Unidos cual vocera de la historia de su hijo como un sino de una tragedia que busca detener eternamente. En Youtube quedó el rap con el que una de las hermanas de ‘gringo’ plantó los hechos en la memoria musical de la web. La habitación que fue de Fair Leonardo se desvaneció en las circunstancias del presente de la familia Porras Bernal.
John Smith, el hermano mayor, lo ve todo el tiempo, como una ilusión que rápido se desvanece y lo deja aturdido: “cuando estaba trabajando tuve unas pequeñas recaídas porque lo veía en todo lado”. Tras la ausencia de su hermano se fue de la casa. Pero las amenazas que llegaron por las investigaciones judiciales recayeron directamente en él. Hasta que Luz Marina decidió que solo ella se haría cargo. John Smith regresó a casa y ahora vive con el padre, Carlos Faustino.
–A veces la soledad me afecta, poco a poco he aprendido a asimilar que no está con nosotros, pero no puedo decir que eso quedó en el pasado. Sigo teniendo recaídas, lo sigo viendo en todas partes, como un fantasma”.
Dolly Catherine, otra de las hermanas, siente que a partir de ese suceso la vida cambió para siempre: “él era nuestra unión como hermanos, ahora cada uno vive su vida aparte. Él era el que estaba pendiente de todos y la ausencia de él nos distanció mucho”, comenta.
La menor, Liz Caroline, aún no lo acepta. “Esta es la hora en que yo no creo que él está muerto. Nunca lo vi muerto, sabía que estaba en ese cajón pero prefería conservar la imagen de mi hermano tal como yo lo conocía”. Ella escribió y dejó para siempre una canción de rap llamada, Lágrimas. Fue la manera de tramitar el dolor.
Y el padre Carlos Faustino siguió lejano y ausente por su trabajo, en el que se refugió tras el asesinato de su hijo.
En cambio, la vida de Luz Marina se partió en dos. Después del asesinato de Fair Leonardo nació una nueva madre y mujer.
–Para mí este proceso de investigar unos crímenes de Estado, de ‘falsos positivos’ a lo largo y ancho del país me ha generado mucho dolor, mucha tristeza, mucha indignación. También mucho compromiso y cambió mi vida al 100%. Asumí una responsabilidad de lucha, de búsqueda de la verdad, de la justicia y creo que me convertí en una mujer con mucho coraje.
Tanto así, que en 2016 fue postulada para el Premio Nobel de la Paz. Sentada en la misma poltrona de la sala, en aquella casa de Soacha, Luz Marina detiene la entrevista y dice una frase que sorprende. Quizá la frase final.
–Venga le muestro por qué Fair Leonardo está vivo.
Se levanta del asiento, va hacia la mesa comedor. Trae una cajita azul. Dentro hay un cubo de vidrio con una imagen de Fair Leonardo. Al darle vueltas con su mano, la imagen parece girar sola. Parece tener vida propia.
–¿No le parece que está vivo?
En memoria*
- Alexander Quirama Morales. Ejecutado extrajudicialmente el 17 de septiembre de 2008, por miembros del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar, en Chivor, Boyacá. Discapacidad: trastorno bipolar.
- Ebin David Patermina. Ejecutado extrajudicialmente el 8 de agosto de 2007, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta, en Chinú Córdoba. Discapacidad: cognitiva. Menor de edad.
- Fabio Nelson Rodríguez. Ejecutado extrajudicialmente el 18 de marzo de 2005, por miembros del Batallón de Infantería No. 32, en Buriticá Antioquia. Discapacidad: auditiva.
- Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años. Ejecutado extrajudicialmente el 12 de enero de 2008, por miembros de la Brigada 15 del Batallón Santander, en Ocaña. Discapacidad: cognitiva.
- Genaro Potes. Ejecutado extrajudicialmente el 26 de mayo de 2007, por miembros del Batallón 21 Vargas, en El Castillo, Meta. Discapacidad: cognitiva.
- Gonzalo de Jesús Agudelo. Ejecutado extrajudicialmente el 11 de diciembre del 2002, por miembros del Batallón de contraguerrilla No. 4 “Granaderos”, en campamento, Antioquia. Discapacidad: física.
- Heliberto Guerra. Ejecutado extrajudicialmente el 29 de marzo de 1997, por miembros de la Brigada 17 del Batallón Vélez, en San José de Apartadó, Antioquia. Discapacidad: ‘desorden mental’.
- Jorge Luis Villanueva López. Ejecutado extrajudicialmente el 6 de noviembre de 2007, por miembros del Batallón La Popa de Valledupar, en Guatapurí. Discapacidad: trastorno bipolar. Habitante de calle.
- José María Valencia Morales. Ejecutado extrajudicialmente el 10 de abril de 2010, por miembros de la escuadra de contraguerrilla del Batallón de Artillería No. 4, en El Peñol, Antioquia. Discapacidad: ‘desorden mental’.
- Luis Carlos Zuluaga. Ejecutado extrajudicialmente el 15 de marzo de 2004, por soldados del grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral”, Guarne, Antioquia. Diagnóstico médico: epilepsia.
- Luis Francisco Pamplona Imbacuen. Ejecutado extrajudicialmente el 16 de diciembre de 2007, por miembros del Batallón de Infantería Bárbula, en la vía Bogotá- Medellín. Discapacidad: auditiva.
- Roger Acero Hernández. Ejecutado extrajudicialmente el 24 de febrero de 2009, por miembros del Pelotón Guerrero 3, de la compañía del Batallón de Infantería No. 44, en Aguazul, Casanare. Diagnóstico médico: osteoporosis.
*La lista fue reconstruida a partir del artículo Diez crímenes aberrantes del Ejército, publicado en El Espectador el 6 de agosto de 2016. Agradecimientos especiales a la periodista María José Medellín Cano por compartir información; al Colectivo Orlando Fals Borda, que facilitó los datos del caso de Genaro Potes. El caso de Alexander Quirama Morales se sumó a la lista y fue encontrado a partir de la búsqueda de información en internet.
Bogotá, Colombia
Agosto 2017
*Esta investigación fue publicada previamente en el libro: Memorias: 12 historias que nos deja la guerra» de Consejo de Redacción.